Las reflexiones que numerosas organizaciones feministas han realizado en las últimas décadas en América Latina y el Caribe relativas al acceso al aborto libre y seguro y a los cambios legislativos que hagan esto posible, se sustentan en la defensa irrestricta de la libertad sexual y reproductiva de las mujeres y de su autonomía para tomar decisiones en estos ámbitos sin ser objeto de coerción, imposiciones o violencias…..leer más
28 de septiembre. Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe Aborto libre y seguro: Una demanda de derechos humanos y justicia social
Las reflexiones que numerosas organizaciones feministas han realizado en las últimas décadas en América Latina y el Caribe relativas al acceso al aborto libre y seguro y a los cambios legislativos que hagan esto posible, se sustentan en la defensa irrestricta de la libertad sexual y reproductiva de las mujeres y de su autonomía para tomar decisiones en estos ámbitos sin ser objeto de coerción, imposiciones o violencias. Esto implica el reconocimiento, por una parte, de la calidad de sujetas morales de las mujeres, y por otra, que la decisión sobre un aborto es siempre una determinación ética que ellas pueden responsablemente asumir y llevar adelante pues concierne a sus propias vidas.
El acceso al aborto alude, por lo tanto, a la libertad, la autonomía y el ejercicio de derechos humanos de las mujeres, en especial los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Constituye, por lo tanto, una demanda de derechos humanos fundamentales y para el feminismo debe entenderse como un principio ético no negociable. Pues si una mujer enfrenta impedimentos para ejercer dichos derechos en un ámbito tan íntimo y personal y a la vez tan político como es su cuerpo, entonces se le estaría negando esta calidad de sujeta moral con plena capacidad para la toma de decisiones.
En la mayoría de los países de nuestra región esta negación es evidente en un discurso público que valora la igualdad y equidad de géneros, pero que se invalida a partir de las permanentes barreras que las mujeres enfrentan para ejercer ciudadanía sobre su territorio corporal.
Barreras colocadas por:
· un sistema político (gobiernos, parlamentos) que no defiende ni promueve sus derechos humanos, en especial sus derechos sexuales y reproductivos, y que rechaza incluso el debate democrático sobre el tema;
· por un poder de facto, las iglesias, que a través del fundamentalismo exacerbado de sus jerarquías preconizan el estricto control de la sexualidad de las mujeres y su sujeción a la maternidad impuesta, interviniendo de paso en la vigencia del Estado laico y desconociendo la pluralidad de opciones;
· por un imaginario colectivo que continúa visualizando al aborto inducido como un crimen en cualquier circunstancia, y a las mujeres que abortan como asesinas;
· por medios de comunicación totalmente ajenos e insensibles a las causas multifactoriales que inciden en la ocurrencia del aborto, entre otros aspectos.
Aun cuando los escenarios en cada país son distintos, el denominador común en América Latina y el Caribe es la penalización del aborto inducido, el cual solo es permitido por ciertas causales (violación, riesgo de salud o vida de la mujer, entre otras), y aun así las mujeres enfrentan múltiples dificultades para acceder a las intervenciones que contempla la ley, tanto por falta de reglamentaciones claras como por los obstáculos y objeciones personales de las autoridades de turno. El caso emblemático de esta situación fue Paulina, adolescente mexicana que teniendo acceso al aborto legal por violación, hace unos años vio cercenado este derecho por un sistema médico, administrativo y legal represor.
O bien, en casos extremos, el aborto inducido está totalmente prohibido, como sucede en Chile, República Dominicana, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Saint Martin (Antillas Holandesas). Cuba, Guyana, Guyana francesa, Barbados y Puerto Rico, por otra parte son las excepciones en la región, ya que el procedimiento allí es legal.
En los últimos meses, han ocurrido, sin embargo, hechos significativos para el avance hacia la despenalización del aborto. Uno de ellos es lo logrado en Colombia, donde el aborto estuvo totalmente prohibido hasta que en 2006 la Corte Constitucional aprobó la despenalización del aborto en tres circunstancias: peligro de la salud y vida de la madre, en caso de violación, o por malformaciones gravísimas del feto. El aborto inducido, sin embargo, en general continúa considerándose un crimen.
En el Distrito Federal mexicano, por otra parte, en una decisión histórica y con gran impacto político, la Asamblea Legislativa despenalizó el aborto hasta el primer trimestre del embarazo, reconociéndole a las mujeres su capacidad plena de decidir sobre su maternidad o no maternidad en ese lapso.
Paralelamente, continúa afianzándose la Campaña por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, bajo una coordinación regional ahora asentada en Nicaragua, en organizaciones agrupadas en el Movimiento Autónomo de Mujeres.
Hay escenarios regionales, sin embargo, que continúan sin resolverse a cabalidad y donde las demandas de las organizaciones de mujeres continúan pendientes:
· Uruguay, donde la aprobación de la Ley de Defensa de Salud Reproductiva, que incluye la despenalización del aborto en el primer trimestre, recomienza un trámite parlamentario que ha enfrentado múltiples dificultades y obstáculos colocados por la Iglesia Católica y aliados políticos.
· Brasil, donde la reciente visita del Papa Benedicto XVI no logró acallar las voces de la ciudadanía que claman por mayores avances en la despenalización del aborto, demanda que es compartida por amplios sectores del país, incluso en el mismo gobierno,
· Argentina, donde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, iniciada el año 2005, continúa ampliándose y recibiendo adhesiones desde sectores que rebasan al movimiento de mujeres.
· Nicaragua, donde la penalización del aborto terapéutico, vigente en el país durante más de 100 años, ha indignado al país y a la región al traslucir un claro arreglo político con la Iglesia Católica, a desmedro de la salud y derechos de las mujeres.
· República Dominicana, donde se están abriendo espacios de debate para cambios legislativos sobre el aborto en una situación de restricciones absolutas, pero donde, al mismo tiempo, la Iglesia Católica refuerza su discurso fundamentalista y castigador para impedir estos avances.
· Chile, donde las mujeres enfrentan un panorama legislativo totalmente punitivo y represor, pero donde están resurgiendo acciones articuladas desde organizaciones que exigen renovar discursos y generar alianzas ciudadanas a favor del aborto libre y seguro como un derecho de las mujeres.
La extensión del aborto clandestino e inseguro, los daños a la salud de las mujeres y los costos que demandan sus complicaciones al sistema de salud, hacen del aborto un grave problema de salud pública. Al mismo tiempo, las dificultades que enfrentan las mujeres de escasos recursos y las jóvenes para acceder a un aborto seguro constituyen una evidente inequidad. Esto determina que el aborto también se constituya en un problema de justicia social y de derechos humanos de primera prioridad.
Por lo tanto, no podemos seguir en silencio frente a la realidad del aborto en América Latina y el Caribe. En cada uno de nuestros países y a nivel de la región, las mujeres exigimos el reconocimiento de nuestros derechos humanos, en especial nuestro derecho a decidir libre, autónoma y dignamente sobre nuestra vida y nuestro cuerpo; nuestra salud, nuestra sexualidad y reproducción.
La maternidad no puede ser producto del miedo que imponen las leyes, sino que debe constituirse en una opción libre, protegida y gozosa para todas quienes así lo deciden y lo desean.
Fuente: Boletina Mujer SaludHable, Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
COMMENTS