Camila Maturana, abogada Corporación Humanas: “Las candidaturas presidenciales tienen que tener una opinión, una posición, una propuesta de cómo se va a regular, garantizar y proteger la salud y la vida de las mujeres,  las niñas y de las personas con capacidad de gestar”

Camila Maturana, abogada Corporación Humanas: “Las candidaturas presidenciales tienen que tener una opinión, una posición, una propuesta de cómo se va a regular, garantizar y proteger la salud y la vida de las mujeres, las niñas y de las personas con capacidad de gestar”

Fernanda Robles Morales

El próximo martes 14 de septiembre se cumplen cuatro años de la promulgación de la Ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Cuatro años de marchas, procesos legislativos y debate, cuyo abordaje ha marcado diferencias entre los distintos sectores políticos de cara a las  elecciones presidenciales y parlamentarias que se aproximan en noviembre próximo.

“Es un tema de políticas públicas, ¿cierto?,” comenta Camila Maturana, abogada feminista de Corporación Humanas, en conversación con el Observatorio Género y Equidad al ser consultada sobre la instalación que ha tenido, desde 2017, la discusión del aborto en Chile luego de la despenalización en tres  causales. Hecho que cambió el paradigma y posicionó la discusión en torno a los  derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

“Las candidaturas  presidenciales tienen que tener una opinión, posición, propuesta de cómo se va a regular para garantizar y proteger la salud y la vida de las mujeres y las niñas y las personas con capacidad de gestar”, remarca  la abogada.

Debate que, según anticipa, se llevará a cabo en la antesala del debate legislativo que se está desarrollado en la Cámara de Diputados y Diputadas. Esto, puntualmente, respecto a la votación del  proyecto que protegerá a personas con capacidad de gestar en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Moción que fue discutida el miércoles 1 de septiembre y que obtuvo  82 votos a favor, 48 en contra  y seis  abstenciones.

“Se va a dar en plena campaña para la reelección, ya sea para quienes van a la reelección como diputadas y diputados, o para quienes quieran ir al Senado. Eso es importante, porque la ciudadanía puede conocer qué es lo que piensan y qué es lo que va hacer el candidato o la candidata; cómo se posiciona respecto de los derechos de las mujeres y las niñas. Si legisla en base a las obligaciones que el Estado de Chile tiene en materia de derechos humanos, a lo que dicen los tratados internacionales, o legisla de acuerdo a sus convicciones personales”, reflexiona Maturana.

Según plantea, las y los chilenos no han tenido la oportunidad de conocer a quiénes piensan que las mujeres deben seguir siendo encarceladas, o en otras palabras, abortar bajo la amenaza del castigo penal, y quiénes piensan que las mujeres deben ser protegidas, y que la decisión de interrumpir el embarazo no sea impuesta a través del Código Penal.”

Seguir ese camino permitiría “avanzar un paso más allá, lo que implica dar garantía en la atención de salud para evitar que se continúe reproduciendo la desigualdad entre las mujeres, porque “si no está despenalizado y eres una mujer migrante o una adolescente migrante, no podrás acceder a un aborto seguro y en un entorno digno y protegido”

Aborto, la deuda de la política chilena

Con más de 20 años en organizaciones feministas y participando activamente desde entonces en la discusión del aborto en Chile , Camila Maturana, abogada feminista de Corporación Humanas, recuerda con gran entusiasmo lo que fue el inicio de un camino de lucha por posicionar y visibilizar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.

Comenzó trabajando en la Casa de la Mujer de Valparaíso una línea de trabajo sobre maternidad voluntaria, paralelamente participó en Kaleitas, colectiva feminista, y en el Foro Red de Salud y Delitos Sexuales y Reproductivos. Esta última, según comenta, fue una organización sumamente importante en la discusión de aborto en los 90.

En ese entonces, recuerda Maturana, se derogó el aborto terapéutico y comenzó la reinstalación del parlamento elegido democráticamente. “Las feministas ingenuamente pensamos que una de las primeras medidas que el parlamento iba a tomar, era cambiar esa ley que acababa de aprobar la dictadura para impedir a las mujeres su derecho a la salud. Y bueno, se presentaron proyectos de ley por parlamentarias feministas”.

Reflexiones que también rememoran manifestaciones en las que participaba junto a otras feminista de Valparaíso, sagradamente el último viernes de cada mes. “Por supuesto, que hacíamos muchas actividades callejeras, íbamos al Congreso con pancartas y nunca, ningún medio cubría lo que nosotras hacíamos”.

En ese entonces, describe, las demandas feministas por el aborto y todos las temáticas que derivan de este en el marco del derecho sexuales y reproductivos, se tradujeron en levantar un trabajo que permitiese modificar las legislaciones y abolir su criminalización del Código Penal; demanda que se mantiene hasta hoy.

Luego de la incorporación y escalada del aborto en la agenda pública como una violación a los derechos humanos, se  instaló en el debate la criminalización, el maltrato y los problemas que traían las denuncias contra las mujeres en los hospitales. Desde entonces “los partidos políticos mantienen una deuda en esta materia que incluso empieza a ser representada y reprochada por organismos de Naciones Unidas a Chile”, relata Maturana.

Posteriormente, en 2017,  con la ley circunscrita a tres casuales,  se plantean varios problemas. El principal: “No reconocer a las mujeres y las niñas como sujetas plenas de derechos. Sólo se garantiza la atención de salud cuando se trata de estas tres causales; muy específicas y acotadas. Todas las otras mujeres que necesitan o deciden abortar fuera de las tres causales, siguen estando forzadas a interrumpir su embarazo en condiciones de ilegalidad y de clandestinidad. Además, esta ley instaura esta figura de la objeción de conciencia”, explica Camila Maturana.

La abogada recuerda que al inicio del debate en torno a las tres causales y como feministas, algunas apoyaron la iniciativa a pesar de no estar de acuerdo con la proyección de la normativa implementada porque “consideramos que era un paso necesario para salir de esta situación de criminalización total”.

Así, Camila Maturana cuenta que desde Corporación Humanas elaboraron una propuesta de ley sobre despenalización dentro de las primeras 14 semanas. La iniciativa fue presentada a otras organizaciones feministas quienes apoyan el documento, y finalmente, fue entregada a las parlamentarias feministas.

Durante el 2018,  se comenzaron a reunir los apoyos entre las y los parlamentarios, socializando el proyecto y discutiendo el contenido. Era una moción bien simple: modificar el Código Penal para que el aborto no sea delito.

En ese entonces, el escenario era más bien complejo. Las movilizaciones tras el mayo feminista recién habían comenzado a tomar vuelo y la posibilidad de modificar la Constitución para instalarlo como dentro del debate constituyente , parecía una opción más bien lejana. “Como estamos en un gobierno conservador, opositor a los derechos sexuales y reproductivos, sabíamos que no había ninguna posibilidad de que apoyaran la iniciativa. Por lo tanto, no podíamos pensar en que ese era un proyecto que estableciera garantías de atención, porque estas implican un financiamiento y un gasto público que sólo puede presentar en el Ejecutivo”, detalla Maturana.

“Presentamos este proyecto, muy acotado, sin duda. No es una propuesta feminista que garantice la atención de las mujeres, porque si tú despenalizas, finalmente se mantienen inalteradas prácticamente las desigualdades estructurales entre las mujeres, porque las mujeres no abortamos en las mismas condiciones, la ilegalidad o la falta de garantía de atención de salud, perjudica y afecta de manera mucho más grave a mujeres pobres, jóvenes y niñas, pobres y migrantes, principalmente”.

El proyecto tocó puerto y fue presentado junto a varias mujeres que marcaron presencia dentro del parlamento. Cada una con su pañuelo verde colgado en el cuello y otros que fueron instalados en los pasillos de la Cámara de Diputados, “¡ fue hermoso!”, recuerda Maturana. “Y ahí quedó”, dice inmediatamente.

“La Comisión de la Mujer recién estaba creada –en el 2018–, había muchos proyectos pendientes, urgentes, que generaban más apoyo que este. Las diputadas decidieron dejarlo para más adelante y avanzar en iniciativas que tenían apoyo transversal, que no era el caso lógicamente la despenalización”, explica.

Criminalización del aborto en Chile

En enero 2021, a partir de la aprobación en Argentina de la ley de aborto, cuenta que las diputadas vuelven a poner en discusión el proyecto que incorpora la despenalización dentro de las primeras 14 semanas. “Sabiendo que no tenía apoyo transversal. En esa discusión en la Comisión de la Mujer, que tuvo lugar hasta el lunes 9 de agosto, se recibieron en sucesivas ocasiones a organizaciones a favor y en contra de la moción.  Sin embargo, al momento de la votación, quedó en evidencia que no sólo las diputadas oficialistas no apoyaban este proyecto, sino también las diputadas de la Democracia Cristiana, que era algo esperado”.

Camila Maturana plantea que “es difícil entender cómo las diputadas pueden decir ‘yo no estoy de acuerdo’, no encuentro justo que una mujer vaya a la cárcel por abortar, pero que aún así voten en contra de una ley que permitiría que las mujeres no sufran la amenaza del castigo penal. Es una contradicción, porque si tú votas en contra de despenalizar lo que estás diciendo, es que ¡esto es lo que corresponde’, que las mujeres vayan presas”.

La criminalización de las mujeres es una realidad.  Un hecho conocido, abierto y público. “Gendarmería dijo que no había ninguna mujer condenada por aborto, pero resulta que si tú miras las cifras del Ministerio Público, desde el 2010 hasta el 2020, es decir en los últimos 11 años, tienes en promedio más de 170 mujeres ingresadas al Ministerio Público por delito de aborto fuera de las tres causales. La criminalización existe, y cómo esas cifras no están desagregadas, no sabemos a quién impacta directamente. Esto quiere decir que la actual ley no soluciona el problema porque siguen existiendo denuncias, casos nuevos investigados”.

Así, la ruta de la criminalización, comenta, se inicia desde el momento en que surgen las complicaciones, en que es necesaria la atención médica y en el momento en que se instala el temor por ir al hospital; miedo al maltrato y a la denuncia. “Los equipos de salud permiten que la policía entre a tomarles declaración estando hospitalizadas. Hay mujeres que son atendidas engrilladas para que no se escapen porque están bajo una investigación penal. En otros casos, cuando no van presas, tienen que dar declaraciones. Hay mujeres que viven en la incertidumbre de si  serán condenada o si finalmente su caso se va a  archivar, qué es lo que ocurre la mayoría de las veces”.

Según lo establecido por Naciones Unidas, los estados no deben penalizar a las mujeres que interrumpen su embarazo porque la criminalización incrementa los riesgos para la salud y la vida de las mujeres. En este sentido, Camila Maturana insiste que el impulso y la visibilización que ha tenido el aborto en Chile ha marcado pauta, transformándolo en un tema que va más allá de lo valórico.

Derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución

En atención al abordaje que tendrán los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y para todas las personas, Camila Maturana es tajante: “Deben plantearse sin discriminación de ejercer la sexualidad plena como fuente de desarrollo personal, y elegir y adoptar decisiones en materia de reproducción, que evidentemente,  involucran a las disidencias sexuales y afectan, principalmente, a las mujeres, ante la falta de protección a estos derechos”.

En esa misma línea, Maturana agrega: “Esperamos que las y los constituyentes tengan un compromiso con los derechos humanos, así lo han manifestado, que apoyen los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución. Desde la plataforma Nada Sin Nosotras, hicimos un mapa (Zoom Constitucional) en que revisamos los programas de candidaturas de los 155 constituyentes electos, y el 45% tiene compromisos expresos con derechos sexuales y reproductivos. Necesitamos una Constitución que reconozca expresamente la autonomía de las personas para decidir respecto de su cuerpo, su sexualidad y su reproducción a todas las personas, incluyendo a  mujeres, adolescentes, niñas, disidencias sexuales y otros colectivos vulnerabilizados”.

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