Carmen Andrade y protocolo contra acoso sexual en la Universidad de Chile: “Nos pusimos en los zapatos de las víctimas y les facilitamos el camino”

Carmen Andrade y protocolo contra acoso sexual en la Universidad de Chile: “Nos pusimos en los zapatos de las víctimas y les facilitamos el camino”

Por Marcel Pavez

Carmen Andrade directora de la Oficina de Igualdad y Género de la Universidad de Chile, conversó con el OGE sobre la implementación de la política institucional que busca tratar las denuncias de acoso sexual, así como también prevenir y generar conciencia tanto al alumnado como en sus profesores y funcionarios.

En la oficina 235 de la histórica Casa Central de la Universidad de Chile se encuentra Carmen Andrade, ex ministra del SERNAM del primer gobierno de Michelle Bachelet y actual directora de la Oficina de Igualdad. La entidad, dependiente de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, nació a finales de 2013 para formar e instalar un mecanismo institucional encargado de investigar las brechas de desigualdad y proponer políticas universitarias.

“Creo que ha sido la decisión política más importante de la Universidad porque en ese minuto se tomó la decisión valiente de decir: ‘Miremos cómo está la situación de igualdad entre hombres y mujeres en la u, y lo que veamos como injusto, discriminatorio o desigual; enfrentémoslo’”, relata Andrade.

Para que la iniciativa tuviera éxito, las encargadas de la Oficina de Igualdad debieron generar las voluntades mediante conversaciones con las autoridades de la universidad para expresar la necesidad de visibilizar este tema. “Llevo 40 años trabajando con temas de género, tengo claro que el acoso sexual es algo que existe, pero ante las autoridades tuvimos que realizar estudios para demostrar con datos empíricos que este fenómeno era real”, dice y agrega que en ese trabajo, la oficina de contó con la colaboración de “la Federación de Estudiantes de la universidad y una de sus organizaciones, la Secretaría de Sexualidades y Género, que está compuesta en su mayoría por alumnas feministas”.

El estudio evidenció que en la universidad el acoso sexual era un fenómeno que existía. Sin ir más lejos, un 25% de los alumnos y alumnas había sido testigo de un caso de acoso sexual dentro de la institución, mientras que un 15% lo había vivido en carne propia. “También descubrimos que la mayoría de los acusados son hombres, incluso cuando la víctima también lo era”. Agrega que “la cantidad de casos de acoso de docentes hacia estudiantes son similares a la que se da entre los estudiantes”.

“Esto motivó la decisión de empezar a hacer un trabajo de difusión, prevención y concienciación del problema, lo que generó acciones como talleres, seminarios, manuales con orientaciones para prevenir el acoso sexual”, detalla Carmen Andrade. Si bien las iniciativas de prevención fueron un trabajo que se hizo directamente con profesores y personal administrativo de la universidad, entre los que participaron autoridades como decanos, direcciones de carrera, reconoce que estas actividades “siempre estuvieron abiertas para la comunidad entera”.

Protocolo de acción frente al acoso sexual

“Después de estas conversaciones, se hizo una Comisión de Dirección Jurídica compuesta por miembros de la FECH, de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile (Fenafuch), de la Oficina de Igualdad y Género y la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, en la que se decidió de forma unánime la modificación del reglamento para tipificar el acoso”. Explica que además la comisión elaboró una política universitaria de prevención del acoso sexual que también fue aprobada por unanimidad. Esta política fue asumida por el rector quien la envió al senado universitario, donde fue discutida y aprobada. Así nació el protocolo de actuación frente al acoso sexual.

Según Andrade, este protocolo “establece la posición de la universidad sobre el acoso, considerándolo una conducta intolerable y violatoria de derechos fundamentales y, por lo tanto, incompatible con los principios y valores de la institución”. La directora de la Oficina de Igualdad y Género agrega que el procedimiento tiene tres líneas de acción: “en primer lugar, la prevención y la formación a estudiantes de pregrado para desnaturalizar el acoso. En segundo lugar, una línea de modificaciones reglamentarias para generar todas las normas y protocolos internos que permitan enfrentar el problema. Y en tercer lugar, la aprobación de una oficina especializada en donde vamos a tener un par de profesionales encargados de acoger y acompañar a las víctimas mientras dure su proceso, darles atención psicológica, brindarles asesoría jurídica”.

Fiscales ad-hoc

Sobre el punto en materia de normativa interna, Carmen Andrade destaca cómo el protocolo ha ayudado a hacer más fácil el proceso de denuncia así como el de investigación. “Anteriormente (sin protocolo), si tu hacías una denuncia ante tu jefe sobre una situación de acoso sexual, él tenía que constituir una comisión con un fiscal, el cual podía ser cualquier funcionario de la universidad”. Esto abría la posibilidad a que en algunos casos el fiscal mantuviera relaciones de amistad, de colegas o de cualquier tipo con el acusado, haciendo de esta forma menos transparente la investigación del caso que se estaba denunciando.

Por esta razón, la universidad realizó un curso especial para capacitar a personas que puedan actuar como fiscales en el que asistieron más de 30 personas entre docentes, funcionarios y funcionarias de distintas facultades. Para Carmen Andrade esto hace que “la Universidad de Chile sea la única que cuenta con un registro especial de fiscales que pueden actuar en ese rol, lo que permite que, en caso que hubiese una situación en una facultad, el decano recurra a fiscales que no sean de la misma y que no tengan ningún vínculo con la persona que se acusa”.

Andrade reconoce que no todos los casos de acoso sexual se dan en el quehacer de universitario. Uno de los problemas recurrentes, y que muchas veces se invisibiliza, es el acoso sexual en las prácticas laborales que realizan estudiantes de la Chile, el que muchas veces no se denuncia por el miedo de las víctimas a que esto afecte su rendimiento académico. No obstante, “el trabajo de la Universidad de Chile en la creación del protocolo también incluye el acoso sexual en las prácticas”. “Hemos tenido denuncias de acoso de parte de alumnas en práctica y lo que nosotros hemos hecho ha sido, en primer lugar, suspender las prácticas, entendiendo que esas instituciones no dan garantías, y en segundo lugar ponernos en contacto con la institución para exigir que en esta haga un sumario respectivo”.

Denuncias y sanciones

Antes de la creación de la Oficina de Igualdad y Género, no existía un registro de denuncias sobre acoso sexual, por lo que no es posible saber en qué número estas han variado desde la implementación del protocolo. Sin embargo, su directora es enfática y advierte que éstas sí han aumentado considerablemente desde la puesta en marcha de esta herramienta de denuncia.

Una de las razones que pueden explicar esto, es el aumento de instancias y lugares en los cuales las víctimas de acoso sexual pueden denunciar. “Nosotros preferimos abrir varias puertas”, señala Andrade y agrega que “ahora las denuncias pueden entrar por distintas vías tales como la Oficina de Igualdad y Oportunidades de Género, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, Decanato e incluso a través de una página web que hicimos”.

De esta forma, se busca facilitar la denuncia, ya que anteriormente “el camino más conocido para hacerlo era acudiendo a la autoridad de la facultad en la que ocurrió el acoso, como por ejemplo, el decano”. Sin embargo, no todas las alumnas y académicas tienen la confianza para hacerlo ante esa instancia, lo que se complejiza si el acusado tiene algún tipo de relación con alguna de las autoridades. “Por eso nosotros decimos ‘si no quiere denunciar por ahí, hágalo por esta otra vía’”, explica Carmen Andrade enfatizando que “lo que hicimos fue ponernos en los zapatos de la víctimas y facilitarles el camino, porque sabemos que es difícil denunciar”.

En caso de que la investigación concluya que hubo efectivamente acoso sexual, las sanciones para funcionarios y académicos pueden llegar al despido y cinco años de prohibición para trabajar en una institución pública. Esto ya ha ocurrido en la universidad anteriormente: a raíz de la denuncia contra el ex profesor de la Facultad de Historia, Fernando Ramírez, destituido el año pasado luego de que se concluye que durante su periodo como docente acosó a cuatro alumnas. A este caso, se suma la renuncia de Leonardo León, ex director de la misma carrera-y superior directo de Ramírez-, quien también fue acusado de los mismos cargos por similar periodo.

Carmen Andrade reconoce que las situaciones de acoso sexual también se dan entre los mismos estudiantes, quienes también pueden ser investigados y sancionados. “En el caso de los alumnos, dependiendo de la gravedad de las faltas según el reglamento estudiantil, las sanciones están desde la amonestación, la suspensión de la universidad y hasta la expulsión. En esas situaciones, es el fiscal el que pondera y propone las sanciones”.

Para la directora de la Oficina de Igualdad y Género de la Universidad de Chile, la creación de este protocolo ha ayudado a ordenar las normas, difundirlas y estimular a que las personas que son acosada sexualmente se atrevan a denunciar. “No es que antes no existieran normas similares, solo que no se conocían, eran más ambiguas, más dispersas y tampoco habían caminos claros de denuncia”. Carmen Andrade sostiene que “anteriormente, si se hubiese comprobado acoso sexual en algún caso denunciado, el acusado también podría haber sido desvinculado de la universidad. Lo que pasa es que antes, las denuncias prácticamente no existían”, haciendo énfasis en lo clave que resultó el reordenamiento de las normas internas y el protocolo.

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