San Salvador, 19 sep (EFE).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) pidió hoy a un tribunal de El Salvador que revoque la prisión preventiva impuesta a una joven encarcelada por intento de homicidio, cometido supuestamente al tratar de abortar a una niña producto del abuso sexual de su padrastro.
“Solicitamos que se revoque la prisión preventiva en caso de Imelda Cortez”, dado que el juez instructor no ha fundamentado las sospechas de “peligro de fuga” o de obstrucción a la Justicia para mantener en prisión a la joven.
La organización, que presentó un escrito de “amicus curiae” ante una corte de apelaciones del occidente de El Salvador, sostuvo que dichas sospechas deben cumplirse por la jurisprudencia dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
“El tribunal interamericano ha señalado que la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar a una persona acusada de un delito, por lo cual su aplicación debe tener un carácter excepcional”, y “la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal”, acotó el Cejil.
Explicó que “la decisión del juez no respetó estos y otros estándares citados” y pidió al tribunal colegiado que “admita el recurso de apelación presentado por las representantes de Imelda y se revoque la medida cautelar impuesta”.
El pasado 3 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia de la localidad de Jiquilisco, en el occidental departamento de Usulután, envió a juicio la causa contra Cortez, cuya defensa solicitó un “sobreseimiento definitivo”.
De acuerdo con una organización feminista que apoya a la joven, ella “experimentó un parto extrahospitalario el 17 de abril de 2017 y desde entonces está privada de libertad” y “podría ser condenada a 20 años de prisión”.
“Ella sufrió violencia sexual sistemática desde que era una niña. Tenía 12 años cuando su padrastro, Pablo Henríquez, de 70 años, la comenzó a agredir” y resultó embarazada, según el relato de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto.
El Salvador es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias, y donde las mujeres que sufren complicaciones del embarazo, que provocan abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son a menudo acusadas de homicidio agravado por la Fiscalía.
En octubre de 2016, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso la despenalización del aborto en los casos en que exista violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal.
No obstante, entidades que promueven la despenalización del aborto han señalado que esta iniciativa tiene pocas probabilidades de avanzar dado que la derecha, que se opone a la reforma, tiene la mayoría de los escaños del Congreso. EFE
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