Por Artemisa Noticias/AMECO/Canalsolidario.org
Se estima que hay cerca de 4 millones de personas (aproximadamente el 10 por ciento de la población total de Colombia) desplazadas forzadamente por los grupos armados. El 75 por ciento son mujeres, niñas y niños y la violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado se produce en el 95 por ciento de los casos. Este subregistro fue dado a conocer por diversas ONG’s nacionales e internacionales que miran de cerca la permanente vulneración de los derechos humanos.
Colombia ha vivido un conflicto armado desde hace más de cuatro décadas, entre las guerrillas y el Estado. Este último, en respuesta a la violencia generalizada que vivía el país, desarrolló una legislación entre la década del 60 y finales de la década del 80, en la que se permite a la población civil ampararse en armas de uso privativo de las fuerzas armadas, que deriva en la creación de grupos de autodefensa con el fin de auxiliar a la Fuerza Pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros. Estos grupos de autodefensa, por tratarse de una estrategia contrainsurgente del Estado, que ofrece apoyo legal, económico y especialmente militar, son conocidos como »grupos paramilitares».
Liliana Chaparro, representante de Sisma Mujer-Colombia, señaló que los efectos del conflicto armado en Colombia no se ha cuantificado en su totalidad, pero de acuerdo a la información a una fuente no gubernamental como la Comisión Colombiana de Juristas, en el periodo entre julio de 1996 y junio de 2006, fueron ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas por razones sociopolíticas 31.656 personas, de las cuales el 45.63 por ciento (14.444 personas) son atribuidas a grupos paramilitares, el 13.55 por ciento (4.288 personas) a guerrillas, el 5.12 por ciento (1.620 personas) a agentes del Estado y las restantes a grupos no identificados. Chaparro señaló que se estima que hay cerca de 4 millones de personas (aproximadamente el 10% de la población total de Colombia), desplazadas forzadamente por cualquiera de los grupos armados, y el 75 por ciento son mujeres, niñas y niños.
»No se conocen datos sobre el número de mujeres víctimas de cualquier forma de violencia sexual en el marco del conflicto armado, ni de los impactos que ese conflicto ha tenido en la vida de la mujeres y de las familias en el país», indicó Chaparro durante un debate realizado en España.
Esta desinformación obedece a diferentes causas de origen externo e interno de las mujeres, »que implican que el sub-registro de la violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado llegaría a ser del 95 por ciento». La desinformación se debe a la renuncia a denunciar ante las autoridades de los hechos de violencia sexual por temor de las mujeres a ser estigmatizadas, señaladas, rechazadas y culpabilizadas por su entorno familiar y social, »la violencia sexual es el único delito en el que quien afronta la culpa es la víctima y no el victimario». Como consecuencia de esta renuncia a denunciar se produce la »desestructuración emocional», los estados depresivos, alteraciones en la sexualidad, y muchos más trastornos psicológicos.
»Las mujeres colombianas se han convertido en objetos y se usan para hacer la guerra»
Leonora Castaño creó hace dos décadas la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC). Por su trabajo, en 2003 tuvo que exiliarse y se acogió a un programa de protección para defensoras de los Derechos Humanos en Alicante.
En una entrevista concedida a la ACCD (Cooperación para el Desarrollo), Castaño expresó que »la cultura patriarcal, en mitad del drama del conflicto y de los desplazamientos, todavía se hace más evidente. Hemos sufrido violencia e intimidación de los grupos armados, especialmente de los paramilitares. Más de 7.000 mujeres de la asociación han sufrido desplazamiento y han sido obligadas por los grupos armados a dejar sus tierras y cooperativas agrarias. Casi 40 de nuestras mujeres han sido asesinadas. Calculamos que esta represión violenta ha reducido hasta la mitad la capacidad de acción de la ANMUCIC.
»La clase campesina colombiana ha sido tradicionalmente desvinculada del desarrollo del país y de la redistribución de los recursos. Hay una desigualdad de oportunidades evidente entre la población urbana y la de las áreas rurales. Todo esto se agrava cuando esta población campesina es, además, mujer, negra o indígena, y es cabeza de familia. Además, las mujeres sufrimos más la violencia del conflicto: somos las víctimas principales. Sufrimos violencia sexual, reclutamiento de niñas como esclavas sexuales de los mandos de los grupos armados o para hacer trabajos domésticos; sufrimos violencia contra las mujeres que acontecen líderes o portavoces… Se agudiza la feminización de la pobreza. El cuerpo y la vida de las mujeres colombianas se convierten en objetos y se utilizan para hacer la guerra» señaló.
Castaño sigue diciendo que muchos padres dejan de escolarizar a sus hijos por miedo al reclutamiento forzoso de grupos armados: »Nosotras pedimos una auténtica justicia social, étnica y de género. Las mujeres colombianas revindicamos el derecho a sacudirnos la violencia, y a morir de viejas, de mayores. A las mujeres exiliadas se nos condena a la muerte social. Muchas de nosotras hemos pasado de sujetos de protección de los derechos humanos a objetos de protección. Dejando atrás Colombia, también dejamos atrás todo un proyecto de vida. Lejos de nuestro país, sufrimos valores culturales diferentes, pérdidas afectivas, dificultades para un reconocimiento laboral o social como el que teníamos en Colombia, nuevos procesos de aprendizaje y relacionales».
El desplazamiento forzoso de población rural hacia los cinturones de miseria de las grandes ciudades es uno de los principales fenómenos del conflicto colombiano. Es un fenómeno que crece y que afecta a cerca de 4 millones de personas, el 10 por ciento de la población.
Demandan una Comisión Ética Internacional y presión exterior para el Acuerdo Humanitario
En el reciente encuentro Mujeres y Conflicto celebrado en Barcelona, la sindicalista Aída Avella señaló que »este Estado extraño, es muy observado, por su récord en violaciones a los DDHH; el más visitado por relatores exteriores de DDHH, hasta el punto, de tener oficinas permanentes; el más asistido por la Cruz Roja Internacional por su conflicto interno». Desde hace 20 años no existe Informe Internacional que no inculpe a Colombia, como violadora de los DDHH.
Esta histórica dirigente del Comité Ejecutivo de la CUT (www.cut.org.co) no se tomaba demasiado en serio las amenazas de muerte, hasta que le dispararon directamente al automóvil. Desde dentro del vehículo llamó a un periodista radiofónico, denunciando que trataban de matarla. Su interlocutor acaba de recibir un premio periodístico por ese testimonio en directo del programa. Ella sobrevivió al embate de la balacera pero entendió que debía marcharse de Colombia y ahora está en Suiza en la sección de Derechos Humanos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
»Ninguna dictadura ha tenido tantas víctimas: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya tiene 4.000 casos documentados; una de cada 3 mujeres son violentadas según Amnistía Internacional… ¿la prensa no estará siendo actor de la violencia? se preguntaba, ¿que está pasando en Colombia?. En mi opinión, concluyó Avella, »la violencia siempre ha ido unida al poder en Colombia». Pero seguimos trabajando. Y si no nos dejan dentro, lo haremos fuera’‘.
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