Correcciones al nuevo sistema previsional con perspectiva de género

La reforma al sistema previsional fue presentada como proyecto estrella en materia social del gobierno de Michelle Bachelet, al asumir su mandato. Sin embargo, vacíos en materia de equidad y género, menoscaban a una buena parte de la sociedad chilena: las mujeres.

El Observatorio de Género y Equidad, que agrupa a 26 instituciones y organizaciones de mujeres, formadas por académicas, activistas y expertas evalúan esta iniciativa, y sugieren propuestas de corrección.

Durante la década de los ’80 el sistema previsional chileno experimentó un cambio radical, con la creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Fuimos el primer país de la región que pasó de un sistema de reparto solidario a uno de capitalización individual, en que cada persona debe hacerse cargo de sus provisiones económicas, de acuerdo a la capacidad de permanencia en el mercado laboral y de ahorro. 

Dicho sistema previsional significó un cambio radical al anterior modelo de protección social, basado en los derechos fundamentales de las personas y que buscaba -en la práctica- garantizar principios básicos de solidaridad e igualdad.

A 16 años de aquella modificación, la actual propuesta de reforma se encuentra en periodo de indicaciones, luego del contundente respaldo del Senado, y se espera que el 12 de noviembre de este 2007 -plazo fijado por la Presidenta para presentar correcciones- quede listo para la votación final y su próxima entrada vigencia. 

El Observatorio de Equidad y Género, en su rol fiscalizador y como espacio abierto al debate, se hace parte de la discusión en torno a la reforma previsional y plantea una mirada crítica sobre el tema, dejando al descubierto  las imperfecciones que presenta el proyecto.  

Esta reforma previsional contempla: la creación de un sistema de pensiones solidarias, una nueva institucionalidad pública del sistema de pensiones, equidad entre los géneros, aumento de la cobertura e inclusión de nuevos conceptos como inversión, competencia, APVC (Ahorro Previsional Voluntario Colectivo) y beneficios compartidos.

Incluye un conjunto de medidas especiales, cuyos objetivos son corregir desigualdades e inequidades entre hombres y mujeres, originadas en el sistema previsional o como consecuencia de la estructura del mercado de trabajo, posibilitando por aquellas vías, que las mujeres accedan a una mejor pensión.

CORRECCION DE INEQUIDADES 

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Regina Clark, abogada ex fiscal del INP e integrante de la Comisión Marcel – organismo encargado de proponer la reforma en discusión- presentó su análisis ante el Observatorio de Género y Equidad, explicando en qué puntos se conserva un trato discriminatorio hacia las mujeres. 

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Es un hecho de una de las cuestiones que sí aborda la reforma es dar cobertura al sector más excluido que no han tenido capacidad de ahorro y que pertenece al 60% más pobre del país, principalmente mujeres que con la Reforma al Sistema Provisional van a tener acceso a una Pensión Básica Solidaria y aquellas que han tenido cierta capacidad de ahorro, o estén pensionadas en otros de los regímenes con monto inferior a la Pensión Básica Solidaria van a tener Aporte Previsional Solidario para mejorar sus pensiones o incrementar su monto. Ese será un subsidio que se va quitando en la medida que se acerca la pensión autofinanciada a la suma de $ 200.000. Sin duda, ese es un avance. 

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Sin embargo, las correcciones que se sugieren pasan porque las medidas de equidad previsional no son suficientes para lograr la igualdad que es el objetivo de los sistemas de protección social y que deben hacerse cargo de las inequidades de la realidad. 

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El problema radica en el acceso al sistema solidario ya que es aquí donde se le exige a la mujer 65 años de edad conservándose la lógica de los subsidios asistenciales que era a esa edad para ambos sexos. “Por un lado reconocemos a la mujer su titularidad como derecho a la pensión y "visibilizamos" el trabajo doméstico, haciéndonos cargo del doble rol y desgaste; y por otro lado, igualamos la situación  con los hombres sin  tratamiento diferenciado, acentuando nuevamente la discriminación, máxime si ello va ha producir una discriminación entre las mujeres pobres y no pobres, ya que la edad para jubilar se mantiene  a los 60 años para las mujeres. Por ende,  no se entiende el por qué de esta medida, salvo que se vuelva a desconocer el carácter de derecho de la pensión”, precisa la experta. 

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MECANIMOS DE RETRIBUCIÓN Y COMPENSATORIOS

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En segundo lugar, debe avanzarse en mecanismos de retribución y no sólo compensatorios para paliar las graves diferencias que se derivan de la división de roles al interior de la familia y en la inserción en el mercado laboral que los sistemas de capitalización individual no son capaces de resolver. 

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Tanto la Pensión Básica Solidaria como el bono por hijo nacido vivo van en esa dirección, como también permitir la división de las cuentas de capitalización individual en caso de ruptura de vínculo matrimonial, la separación del seguro de Invalidez y Sobrevivencia entre hombres y mujeres y licitación única del mismo. 

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Explorar otras medidas parece necesario, tales como subsidiar con cinco años de cotizaciones nivelando así la brecha que se genera por no cotizar hasta los 65 años, que por lo demás es una quimera ya que se requiere que la mujer más allá de los 60 años tenga un ingreso, tenga un trabajo, es claramente desconocer el comportamiento de nuestro mercado laboral. 

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SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL V/S SISTEMA PÚBLICO SOLIDARIO 

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Sin embargo, esas medidas no son suficientes dado que la reforma mantiene el sistema de capitalización individual y lo integra con un sistema público solidario que deberá suplir las carencias de cobertura y suficiencia de los sistemas de capitalización individual que –dada su naturaleza esencialmente contributiva-, siempre van a generar discriminación con la mujer. 

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Esto se debe porque, al tener la naturaleza de seguros privados, el sistema es neutro en cuanto a la problemática social, dependiendo sólo de la capacidad de contribución y ahorro (ingresos económicos) y del comportamiento del mercado financiero. Existe en su construcción ausencia del enfoque de género que deben tener los sistemas de protección social. Ello no favorece a la mujer ya que su inserción laboral es aún insuficiente y precaria y con serias brechas de ingreso, trato y oportunidades en relación a los hombres. 

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Por último, la problemática del enfoque de género, especialmente en el comportamiento de los sistemas esencialmente contributivos pone siempre en jaque al sistema de pensiones de capitalización individual, que por lo demás fue concebido como el motor del modelo neoliberal en nuestro país en la década de los 80.  

 

SOLIDARIDAD Y MERCADO 

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En el debate político, se han evidenciado tanto lógicas solidarias, dirigidas a los pobres, como también aquellas vinculadas al mercado. Así lo entiende Virginia Guzmán subdirectora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM), integrante del Observatorio de Género y Equidad, al señalar que “hubo un acuerdo Concertación-Gobierno en torno a los puntos que se iban a mejorar durante el debate de la ley- cosa que se ha logrado, por ejemplo con la AFP estatal”. 

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La profesional agrega que “no ha habido mucha dificultad de aceptar el pilar solidario, porque lo paga el Estado; pero lo central -que es cómo introducir competencia o más control a las AFP- ha sido un punto culminante, oponiendo los intereses de AFP y bancos”. 

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En temas de equidad de género los avances en esta Reforma no son menores, por cuanto existirán los siguientes beneficios para las mujeres: 

  • Bonificación especial por cada hijo, equivalente a 12 cotizaciones previsionales de un salario mínimo e interés anual al momento de pensionarse 
  • Separación por género de la licitación de seguro de invalidez, con lo que se aumenta el aporte a las cuentas de capitalización individual de las mujeres. 
  • Se incluye como beneficiario de pensión de sobrevivencia al ónyuge hombre, reconociendo con esto la contribución del ingreso monetario de la mujer a la estructura de ingresos familiares. 

 

Comunicado publicado 8/11/2007 Diario La Tercera 

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