Cristina Rosero del CRR: «Latinoamérica es una de las regiones donde hay más restricciones a la interrupción legal del embarazo»

Cristina Rosero del CRR: «Latinoamérica es una de las regiones donde hay más restricciones a la interrupción legal del embarazo»

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Por Catalina Arenas

El peso de la estigmatización a menudo se carga sobre los hombros de las activistas que defienden el acceso al aborto y, en general, los derechos sexuales y reproductivos. Así lo resiente Cristina Rosero, asesora legal para América Latina y el Caribe e integrante del Centro de Derechos Reproductivos. Anteriormente, fue vocera de la organización internacional Women’s Link y hoy promueve el reconocimiento de la autonomía reproductiva de las personas como un derecho fundamental que debiesen garantizar todos los Estados.

La interrupción voluntaria del embarazo en situaciones excepcionales es ley que rige en Colombia hace 13 años. En 2006, la Corte Constitucional de ese país decretó que la prohibición del aborto era inconstitucional. Sin embargo, las mujeres colombianas todavía enfrentan obstáculos para el pleno acceso a la prestación que permite detener un embarazo. La similitud con Chile es tal que se evidencian casi los mismos obstáculos en los sistemas de salud y en la sociedad en general. Pero la discusión en Colombia en torno a los derechos sexuales y reproductivos -entre ellos el aborto- ha tomado una ligera delantera. “Después de 13 años ya no estamos debatiendo qué causales sí y cuáles no”, recalca la asesora legal.

Crónica roja: barreras para la implementación

El Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés) donde trabaja Cristina Rosero, es una organización con presencia global. Su oficina regional se encuentra en Bogotá y desde ahí la abogada colabora con otras ONG latinoamericanas entre ellas Corporación Humanas. Estas alianzas tienen por objetivo visibilizar las violaciones a los derechos reproductivos que se cometieron durante el conflicto armado que ha existido en Colombia, El Salvador y Perú, por ejemplo. “Desde el fallo constitucional, la Corte ha mantenido una posición y en unos 16 casos posteriores revisó acciones para el amparo de mujeres que no tuvieron acceso a la interrupción”, comenta.

De acuerdo con la experiencia de Rosero, el éxito de la implementación de una ley que permita interrumpir voluntariamente un embarazo (IVE) depende fuertemente del contexto de cada país. En especial, considerando las pautas de la agenda política y mediática que allí se aborden. El avance en la ejecución de la normativa está determinado por su posicionamiento como un asunto público y de cómo se habla de aborto. Y es que revisar las condiciones locales de cada país y sus contextos no bastaría para avanzar en la transformación cultural que se requiere para la plena implementación de la la ley. También se necesita de un agente de cambio encarnado de la movilización social de base que lucha por los derechos de las mujeres. “La única noticia que, por lo general, vemos sobre Ley IVE es una crónica roja con un titular estigmatizante para las mujeres cuando debiera ser estimado como un derecho de las mujeres reconocido internacionalmente como cualquier otro”, encausa Cristina Rosero.

En la implementación, también se evidencian barreras como en Chile. Para la representante de CRR son las trabas sociales uno de los retos más importantes, entre ellos, la desinformación de las mujeres sobre su derecho respecto a la IVE; saber dónde dirigirse para acceder a la prestación y cómo reclamar ese derecho; que los profesionales de la salud prefieran declararse objetores porque dudan del procedimiento o creen que serán criminalizados, y una serie de imaginarios sociales que devienen de la educación básica. Esto último se escucha en comentarios que consideran al aborto como algo que no se debe hacer y argumentos que van en contra de los derechos de las mujeres.

“Para superar todas estas trabas, no basta lo correctivo desde lo legal porque al final la Ley sale, pero no cambia la cultura ni las tradiciones; por lo que hay que sensibilizar a la población desde la niñez”, explica Rosero. Dice que otra barrera fuertemente arraigada es la poca visibilidad de la violencia sexual que afecta a las mujeres, especialmente a las niñas. “Las víctimas de violencia sexual enfrentan la incredulidad cuando dan su versión de los hechos, cuando ya de por sí es muy difícil para ellas presentarte ante una autoridad a decir que fueron violentadas, mucho más, si esta autoridad les pide corroborar el delito”, denuncia.

Estrategias para el debate público

Para contrarrestar las trabas presentes en los países que tienen legislación IVE y para la prevalencia del debate sobre aborto, el CRR promueve distintas estrategias. Todas, son medidas de largo aliento y ninguna cuenta con un presupuesto estable comprometido por los estados. Una de las estrategias es la creación de herramientas que capaciten a las organizaciones locales de la sociedad civil, a partir de la experiencia internacional en estos casos. “Existe una amplia experiencia a nivel mundial que nos demuestra que lo único que logra prohibir el aborto, es empujar a las mujeres a una situación de inseguridad y de clandestinidad en lugar de disminuir el aborto”. Por el contrario, agrega Cristina Rosero, la posibilidad del aborto legal y seguro en los centros de salud hace que las mujeres aborten menos porque, por lo general, en estos contextos hay más educación sexual, lo que finalmente redunda en acciones de prevención de embarazos no deseados, por ejemplo.

Otra acción es la ejecución de un plan de comunicación que instale en la opinión pública casos de alta complejidad (emblemáticos) a través de litigios estratégicos ante el sistema interamericano de Derechos Humanos o en los comités de monitoreo de Naciones Unidas. “Con ello lo que intentamos es que la gente, a través de estos casos, comprenda cuáles son sus derechos y cómo exigirlos”, señala.

La difusión de información para la toma de decisiones frente a los Derechos Sexuales y Reproductivos, sin coacción de por medio, es otra de las estrategias promovidas por el Centro. Y, por último, la revisión sistemática de leyes sobre aborto a nivel global. Para ello, realizan un levantamiento de cifras en el Mapa global del aborto. “Latinoamérica es una de las regiones donde hay más restricciones a la interrupción legal del embarazo. Y, a la vez, se puede ver cómo esa cantidad de prohibiciones se traduce en una mayor cantidad de abortos inseguros”, arguye Rosero.

En Chile, también se llevó a cabo un monitoreo social que chequeó la realidad de siete regiones del país. Una iniciativa que, para Rosero, es clave porque visibiliza los tipos de obstáculos que impiden el acceso a la prestación en la atención de salud primaria y en los centros de alto riesgo obstétrico. Sin olvidar que debe tener una visión no centralista de la implementación de la Ley. “Creo que el monitoreo debe tener un enfoque en las zonas rurales y en regiones porque, si ya existe menos despliegue en el sistema de salud de las capitales, allí es donde podría ser más crítica la situación que enfrentan las mujeres”, puntualiza la integrante del CRR.

La importancia de este tipo de investigación radica, primero, en la observación de cómo se agrava la situación de las mujeres que están pasando por alguna de las causales con la falta de recursos. “Tenemos problemas estructurales en los sistemas de salud, que se exacerban mucho más por las tradiciones culturales que están en contra de estos temas, duplicando los obstáculos para las mujeres”, da cuenta Cristina Rosero. En segundo lugar, estima que los monitoreos derriban la creencia de que si existe una ley ya está todo solucionado y explica que “los comités de Derechos Humanos recomiendan seguir avanzando a una norma más extensa que regularice, por ejemplo, la objeción de conciencia y así garantizar la interrupción del embarazo”.

En cuanto a la entrega de estadísticas que arrojan los seguimientos oficiales, las cifras demuestran que todavía persiste una deuda muy grande. “Tanto el Ministerio de Salud como el de Justicia de Chile, no entregan datos sobre cuáles son realmente las capacitaciones que se han hecho y los impactos que han tenido”, afirma.

Es un hecho, abortar es un derecho

“Creo que como personas que trabajamos en estos temas no debemos dejarnos etiquetar con temas pro aborto”. Así lo defiende Cristina Rosero, en sintonía con las organizaciones que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos en Colombia, entre ellas la Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres. «Ni la Mesa ni otras organizaciones en Colombia están buscando que haya más aborto, en realidad lo que se busca es que existan menos abortos clandestinos. Si lo pensamos de esa manera, por supuesto que estamos a favor de la vida, pero de la vida de las mujeres. No queremos ver a más mujeres muertas por una urgencia obstétrica o por un aborto realizado en condiciones de inseguridad”.

La consigna del lienzo que conmemoró la primera década de vigencia de la Ley IVE en Colombia fue «es un hecho, abortar es un derecho”, una frase cuyo fin fue sensibilizar a las familias, personal médico y operadores de justicia locales, acerca de la posibilidad que tienen las personas con capacidad de gestar de interrumpir un embarazo si se encuentran en las situaciones extremas que describen las causales. “El acceso a los servicios de salud y reproductiva tienen un impacto muy profundo en la vida de las mujeres y cuerpos gestantes que deciden. Prohibirlo es una violación a los derechos fundamentales de las mujeres”.

En cuanto a la proyección de la Ley IVE, el Centro de Derechos Reproductivos recomienda flexibilizar las normas que prohíben la interrupción del embarazo y apostar recursos en el acceso integral a la salud reproductiva. “El aborto es apenas una tuerca dentro de un engranaje mucho más grande que va a requerir acciones mucho más complejas”.

La legislación que despenaliza el aborto tendría un futuro prometedor siempre y cuando se haga visible para todas personas gestantes y se reconozcan las potencialidades que tienen los Estados que se comprometen con los derechos de las mujeres ante los ojos de los comités que revisan los tratados internacionales en el sistema universal. Por otra parte, las soluciones para destrabar el circuito y alcanzar la prestación de interrupción del embarazo están a la vista de las recomendaciones que las Convenciones han descrito en sus informes por país y que dan cuenta de un consenso sobre la preocupación que genera la mortalidad materna asociada a los abortos clandestinos. “Creo que todo esto debe estar presente en todas nuestras discusiones, siendo citada para avanzar en un acceso efectivo a los derechos de las mujeres”, recomienda Rosero.

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