Cuando se ha superado los 100 días desde el estallido social del 18 de octubre de 2019, la crisis continúa. Más allá del interés gubernamental de mostrar una “normalización” económica, política y social, con la aprobación de diversas leyes que reducen la crisis a un problema de seguridad pública, la ciudadanía organizada en las calles logró instalar en la agenda político-institucional la necesidad de una nueva constitución, definir un itineario y junto con ello definir bases mínimas que garanticen algo ínedito para nuestra conformación como Estado: la urgente y necesaria inclusión de mujeres, independientes y pueblos originarios entre quienes redactarán esta constitución.
Se han multiplicado los análisis, los foros, los cabildos, los seminarios, los debates en torno a las causas, los orígenes, las salidas o no salidas. Han surgido diversas iniciativas ciudadanas –movimientos y partidos instrumentales- para canalizar la participación de independientes en las elecciones de “convencionales” o “constituyentes”. Paralelamente, estamos asistiendo a una creciente defensa de la Constitución de Pinochet, que tan bien ha protegido los intereses de quienes han detentado el poder, por parte de la derecha, a través de todo tipo de campañas, retrocediendo en el tiempo a la confrontación del Plebiscito de 1988.
Sin embargo, más allá de estos desarrollos, asistimos a la “normalización” de la represión y de la violación de los derechos humanos de manifestantes por parte de la policía, día tras día, semana tras semana, en plazas, calles y poblaciones de distintas ciudades a lo largo del país. Toda una red de organizaciones de salud y de apoyo legal se ha desarrollado en los distintos sitios para atender a quienes sufren la represión. El Instituto Nacional de Derechos Humanos no da abasto con las necesidades que surgen día a día, los equipos de salud hacen campañas para reunir insumos para atender personas heridas. También ellos han sufrido los embates de los gases lacrimógenos y los líquidos que con fuerza lanza el carro lanza agua –el “guanaco”- para dispersar manifestantes. El poder judicial está tensionado por la gran cantidad de querellas contra el Estado y del gobierno en contra de manifestantes. La violencia y gravedad de los hechos no ha disminuido, se ha concentrado en algunas localidades, contra cierto tipo de población.
Sucesivas comisiones internacionales de Derechos Humanos han visitado el país y elaborado acuciosos informes que reiteran un diagnóstico y acumulan casos que confirman la violación de una variedad de derechos humanos de la población por parte de organismos del Estado, principalmente, por la policía. Destacan la violencia política sexual sufrida por mujeres y personas disidentes sexuales.
Los informes de las distintas comisiones coinciden en el diagnóstico y en las recomendaciones. Llaman al Estado de Chile a investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas, a adoptar medidas inmediatas, disciplinarias y/o penales, respecto de funcionarios públicos responsables, a reformar la policía, a garantizar la asistencia y defensa de las personas detenidas, a modificar o elaborar protocolos de actuación, a modificar leyes, a garantizar la atención médica, y muchas más.
Estos hechos son particularmente sensibles para los amplios sectores de la población que han creído en el “Nunca más” a las violaciones a los derechos humanos expresado en los últimos años. Se derrumbó el “Nunca más” y surgen numerosas preguntas sobre los mecanismos adecuados para exigir al Estado la garantía de derechos humanos básicos, que deben estar en las fundaciones del orden social y de la democracia. Sin duda, alimentarán el debate constitucional, pero también surgen voces que –desconfiando de la capacidad de la institucionalidad democrática- exigen la creación de una Comisión independiente de Verdad y de Reparación que, desde la propia institucionalidad democrática, establezca los hechos, la vulneración de derechos consagrados en el orden nacional e internacional, y que obligue al Estado de Chile a responder, a hacerse cargo de sus falencias e introducir las reformas que garanticen la no repetición de estos hechos.
En este Boletín, como Observatorio de Género y Equidad, reunimos entrevistas, columnas de opinión e información de prensa para contribuir a la reflexión en torno a Verdad, justicia y reparación de las violaciones de derechos humanos que han resultado de la represión a la protesta social.
Paulina Bravo, abogada especialista en DD.HH: “La nueva Constitución es una oportunidad para construir un país al que no le sigan sobrando personas”
Por Catalina Arenas
La asesora judicial se explaya y dice por qué no es casualidad ni simple culpa el apabullado papel del gobierno en esta crisis. “Las personas en Chile llegamos a satisfacer la mitad del porcentaje mundial de mutilaciones que se producen en eventos como estos. Entonces, me parece que es sistemático y que hay una intención detrás para que esto se produzca. Para mí esas mutilaciones son responsabilidad absoluta y dolosa del Estado”, denuncia Paulina a raíz de las más de 400 personas con heridas oculares registradas por Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La abogada no estima que la solución para visibilizar esta discriminación agravada radique en la creación de una Comisión de Verdad y Justicia. Ella cree en la puerta de entrada a la participación social representativa de las discapacidades, por ejemplo, en el proceso constituyente. “Las personas con discapacidad que participen deben tener una visión global respecto del derecho de todas las personas con discapacidad”. Agrega que “esto exige una preparación profunda, consciente y muy rigurosa, tanto de las necesidades de las discapacidades en general, como de las normas que tenemos vigentes y lo que queremos en el futuro”.
Diputada Claudia Mix de Comunes: «Hay que hacerse cargo de un trauma familiar que se va a proyectar por tres generaciones»
Por Daniel Meza Riquelme
“Hoy en día las víctimas no están siendo acogidas por el Estado. Y hay que hacerse cargo de un trauma familiar que se va a proyectar por tres generaciones. Por eso hemos propuesto la creación de una Comisión de verdad, reparación y justicia que funcione de forma permanente. Como un departamento del Estado. Pero nos han puesto hartas trabas, lo único que logramos es que en el Senado, en la discusión del presupuesto, se incorporara la posibilidad de crear este departamento. Pero si la voto hoy día en la Comisión de Derechos Humanos, la pierdo. Si no logramos que bajo este gobierno se apruebe, vamos a seguir pujando para que en el futuro, sí. Creemos que es una necesidad crear esta comisión para que pueda acoger a las familias que hoy son víctimas de la violencia política”.
Por último, le preocupa la posibilidad de que existan desaparecidos. Por eso ha pedido a las policías y al Poder Judicial datos respecto a personas de las cuales, desde el inicio del estallido social, se desconozca su paradero. Pero la respuesta que ha recibido en varias ocasiones, es que no hay antecedentes ni querellas por desaparición. Por lo mismo, se ha propuesto persistir en la búsqueda de posibles casos y llama a las personas que tengan información, a ponerla a disposición de los organismos de derechos humanos.
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