Declaración de la Sociedad Civil del Foro de la Sociedad Civil

Declaración de la Sociedad Civil del Foro de la Sociedad Civil

En el marco de la Consulta Regional para América Latina y el Caribe en el 63o. período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) reunida en Buenos Aires, durante los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2018, el 10 de Diciembre nos dimos cita alrededor de 80 representantes de ONG y 17 Redes Regionales de organizaciones de mujeres y feministas de América Latina y el Caribe para analizar el tema central de la próxima CSW63, con el fin de que nuestros aportes sean un referente para la declaración oficial de la Consulta, y elaboramos las siguientes
recomendaciones:

América Latina y el Caribe vive un momento de importantes desafíos que requieren de la voluntad política de los gobiernos de la región para redoblar los esfuerzos y cumplir los compromisos suscritos en la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las Mujeres – CEDAW, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer – Belem do Pará, el Consenso de Montevideo y la Agenda 2030.

Como ustedes mismas han afirmado la Igualdad de Género es hoy parte central de lo bueno en el mundo y debe ser reconocido como bien de la humanidad, por ello se hace urgente la necesidad de proteger, de los ataques y propaganda negativa contra los avances logrados en materia de igualdad de género.

Democracia y paz son condiciones básicas para el ejercicio de los derechos humanos, pero en algunos países de la región, la democracia se encuentra amenazada y se producen violaciones de los derechos de las mujeres y las niñas, e incluso se persigue,
ataca y asesina a las defensoras de los derechos humanos. Esta situación se ve empeorada por los diversos procesos de migración y la consecuente crisis de refugiados que, en nuestra región, es fundamentalmente femenina.

También estamos preocupadas por el retorno de políticas económicas neoliberales, pro mercado, que alimentan un modelo desarrollo, basado en el extractivismo, que promueve la acumulación de capital y es incompatible con la sostenibilidad de la vida y que la evidencia ha demostrado, son especialmente nocivas para las mujeres y las niñas.

Esto también amenaza los parciales progresos conseguidos en el ámbito de la protección social, empeorando la situación en términos de cobertura, calidad de las prestaciones y suficiencia de las transferencias.

Es por ello que consideramos se debe fortalecer el vínculo y la articulación entre la sociedad civil y los gobiernos, especialmente en lo relativo al efectivo cumplimiento de los derechos de las mujeres y niñas en base a los compromisos asumidos

En un momento complejo política y económicamente, que se está avecinando es necesario que el movimiento social de mujeres explore los mecanismos de todo tipo que bloquee el retroceso de estos derechos, tanto como la acción colectiva y la asignación presupuestaria de las partidas para protección social, así como profundizar el avance de la defensa de los derechos de las mujeres, contemplando todas las diversidades.

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta el tema de la próxima CSW, sugerimos se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones en relación al trabajo, la protección social y la economía del cuidado

  • Generar políticas de acción afirmativa con carácter progresivo para reducir la segmentación laboral.
  • Que los países establezcan el valor que produce cada trabajo para poder demandar igual salario por trabajo de igual valor, según el Convenio 100 y la metodología de evaluación sin sesgos de género aplicada por la OIT.
  • Avanzar en los sistemas integrales y universales de cuidado, educación y salud que cubran a la diversidad de mujeres del trabajo formal, informal y no remunerado, reconocer la participación sindical y la negociación colectiva.
  • Promover la participación de más mujeres en espacios de decisión y de diseño de políticas públicas, específicamente los relacionados con protección social, reconociendo el derecho a la libre agremiación.
  • Garantizar el apoyo universal y no focalizado para familias que tienen hijos/as pequeñas.
  • Derecho a la inclusión previsional, pública y universal: seguridad social y jubilación mínima con acceso a la salud.
  • Brechas intragénero: Priorizar ampliación de cobertura para licencias de maternidad, con criterios de universalidad. Priorizar la ampliación de la cantidad de personas cubiertas sobre los meses de licencia.
  • Incorporar licencias especiales que asistan a las mujeres que sufren violencia y protocolos de actuación y prioridad en las políticas de vivienda y trabajo. Apoyar la adopción del convenio y recomendación de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo.
  • Levantar las barreras jurídicas y culturales que existan para que las trabajadoras informales y por cuenta propia accedan a la protección social universal, especialmente trabajadoras domésticas, migrantes temporales, indígenas, afro descendientes, trabajadoras sexuales/mujeres en situación de prostitución y otros sectores.
  • Incorporar la portabilidad de los derechos para el acceso a la protección social de las migrantes, o sea, el reconocimiento entre países de la cualificación, los trabajos y aportes realizados en cada uno de ellos.
  • Que los Estados obliguen a las empresas que funcionan con plataformas de trabajo tercerizado, incluyendo a las que trabajan con plataformas virtuales y ventas por catálogo (Uber, Avón, Natura) a cumplir con la normativa laboral, empresarial y fiscal nacional, consistente con los convenios internacionales, especialmente la OIT.
  • Equiparar las licencias de nacimiento y cuidados para hombres y mujeres, parejas del mismo sexo, incluyendo a la población LGTBI, en condiciones de obligatoriedad para unos y otros.
  • Incluir semanas cotizadas para las mujeres de acuerdo al número de hijos/as en la computación de los años de servicio para acceder a la jubilación.
  • Generar reformas legislativas en códigos civiles para reconocer la división de bienes a la persona que ha sido responsable del cuidado, a fin de poder ser compensada en la disolución de la sociedad conyugal.
  • En cuanto al trabajo informal eliminar las barreras formales, jurídicas, culturales que impiden que las trabajadoras por cuenta propia e informales accedan a la protección social, incluidas las indígenas y afro descendientes.
  • Promover acciones afirmativas con carácter progresivo, para compensar la discriminación salarial, en tanto no desaparezca la brecha salarial de género, tales como establecer una tasa de retorno para definir el monto jubilatorio para las mujeres, que sea mayor a la de los hombres.

Recomendaciones en relación a educación y salud

  • Se ha convertido en una tendencia en nuestra región la disminución progresiva de los presupuestos públicos orientados a asegurar la protección social e infraestructura básica y particularmente de los servicios públicos de educación y salud. Queremos recordarles que la protección social, la salud y la educación son derechos humanos fundamentales y que el Estado tiene un rol indelegable para asegurar la financiación y provisión de los mismos, y que no deben estar en manos de actores privados que buscan principalmente acumular capital.
  • Consideramos que los servicios públicos de educación y salud deben ser provistos de manera gratuita, con perspectiva de género, intercultural e interseccional, contribuyendo a transformar las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres; los estereotipos y roles tradicionales y contribuyendo a visibilizar el rol de las mujeres en la historia. Reconocemos el rol estratégico de las políticas de educación para deconstruir modelos hegemónicos de femineidad y masculinidad y prevenir la violencia contra las mujeres y basada en género, que se expresa particularmente en grupos en situación de vulnerabilidad.
  • Los servicios públicos de salud y educación deben asegurar la cobertura universal siguiendo los principios de calidad, accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad.
  • Demandamos a nuestros gobiernos redoblar esfuerzos para garantizar el acceso a educación a lo larga de la vida, de calidad, laica, pública y gratuita, inclusiva, no sexista y con perspectiva de género e interculturalidad y en Idiomas indígenas, que incluya la educación integral en sexualidad para niñas, adolescentes y jóvenes.
  • Es necesario adoptar medidas concretas y efectivas para asegurar el derecho a la salud integral, particularmente en el ámbito de la salud sexual y reproductiva – incluyendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, servicios amigables para jóvenes y adolescentes y acceso a anticonceptivos modernos, en el marco de la salud pública y los derechos sexuales y reproductivos– y la salud mental, con perspectiva de derechos humanos.
  • Demandamos medidas para acelerar la lucha para eliminar todas las formas de violencia contra mujeres, la violencia basada en género, y violencia contra los grupos LGBTI, migrantes, indígenas, afro descendientes, discapacitadas, viviendo con VIH , entre otros , con atención especial a grupos que padecen múltiples vulnerabilidades.
  • La realidad de América Latina y el Caribe demanda especial atención a niñas, adolescentes y jóvenes y otros grupos en situación de vulnerabilidad tales como poblaciones migrantes, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, viven con VIH, la población LGBTI, trabajadoras sexuales, personas que viven en la calle, entre otras.
  • Reconocemos las diversas construcciones de familias, asegurando que todos los grupos familiares tengan la protección de la ley y que tengan acceso a sistemas de apoyo.
  • Es fundamental fortalecer la participación de la sociedad civil organizada en los procesos de formulación, diseño, monitoreo, evaluación e implementación de políticas públicas y presupuestos, con especial énfasis en las de educación y
    salud y desarrollar mecanismos participativos efectivos de rendición de cuentas y transparencia.
  • Se debe promover la paulatina expansión de la base fiscal, considerando la problemática de evasión y elusión fiscal, para incrementar los ingresos e invertir en protección social, reconociendo la desigual distribución de los trabajos no remunerados entre mujeres y hombres.

Recomendaciones en relación con mujer rural, indígena y afrodescendiente

  • Para mejorar la protección social de las mujeres que viven en ámbitos rurales, se propone de-construir la CEDAW, de manera que las mujeres rurales puedan comprender mejor sus derechos y en especial ponerlas en lenguas indígenas.
  • Implementar el ítem 14 de la CEDAW, especialmente en sus artículos e, d, f.
  • Adoptar políticas públicas para que las trabajadoras rurales, afro descendientes e indígenas reciban la protección debida del trabajo decente, tal como lo promueve la OIT, adoptando y aplicando las normas del trabajo.
  • Ratificar e implementar las Recomendaciones de OIT: la 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal, la 201 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos y la 202 sobre los pisos de protección social; y los Convenios 189 sobre trabajo doméstico, 111 sobre la discriminación en el empleo y 102 sobre la seguridad social.
  • Los programas de transferencias condicionadas de ingresos buscan atender al inmenso sector de la población excluido de los sistemas de protección social tradicionales, vinculados al empleo. En la región estos están focalizados en hogares con niños y niñas, e imponen condicionalidades (de asistencia escolar y cuidado de la salud) y son altamente feminizados, y le asignan a la mujer el cumplimiento de las condicionalidades. Han tenido impacto positivo en reducir la pobreza extrema, mejorar la cobertura de educación y salud de los niños y niñas. Sin embargo, también han tenido efectos contradictorios para las mujeres y debieran revisarse.
  • Se propone que en los programas de alianza Publico Privado participen e integren a las mujeres rurales, indígenas y afro descendientes incluyendo los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil , dando especial atención a no vulnerar los programas públicos existentes .
  • Los Gobiernos deben desarrollar y subsidiar el Sistema de cooperativas y los subsidios asignados deben ser accesibles a las mujeres e incluir insumos agrícolas, concesiones, capital, agua, tierras y no ser neutrales en términos de género.
  • Las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes son productoras y protectoras de la soberanía alimentaria y los Estados deberán proteger los derechos de propiedad intelectual sobre sus productos y conocimientos tradicionales y proporcionar facilidades a en la comercialización y almacenamiento de sus productos para la distribución, conservación de los mismos. Se propone que se brinde asistencia técnica, capacitación, programas de extensión y acompañamiento para diseñar e implementar en estrategias de comercialización.
  • El cambio climático y los desastres naturales están poniendo en serio peligro la producción agrícola afectando especialmente a las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes. Le cabe al Estado como principal responsable de proteger y cuidar los recursos naturales, la fauna y la flora (como bosques y fauna marina), la tala industrial, las tierras, territorios de la sobreexplotación y la minería. De esta manera los gobiernos deben invertir en programas y actividades de prevención frente al de cambio climático y desastres naturales y tomar medidas apropiadas para asegurar la provisión de servicios sociales básicos en situaciones de desastres naturales, emergencias y conflicto.
  • Para mejorar el acceso de las mujeres rurales a los beneficios de la Seguridad Social se deben Desarrollar asociación entre el estado y la universidad para establecer una reciprocidad de datos desglosados (indígena, género, edad, necesidad de acceso a beneficios de protección social, créditos), para una mejor comprensión de las brechas. Asegurarse la generación de datos desagregados por sexo, género, ubicación geográfica, etnia, edad y otra característica relevante que facilite protección social, servicios públicos e infraestructura sostenible sean accesibles y eficientes.
  • Fortalecer y extender los mecanismos de protección social de empleos en el área rural en todas las formas, incluyendo el empleo informal, de medio tiempo, precarios y empleos autónomos.

Recomendaciones en Infraestructura y provisión de servicios públicos

  • El desarrollo de infraestructura debe basarse en principios de respeto y promoción de los derechos humanos, garantizando el derecho de las mujeres y las niñas a la ciudad, la vivienda, el agua, la movilidad, las tecnologías de información y comunicación.
  • La selección y priorización de proyectos de infraestructura debe guiarse por las necesidades de las personas y evitar generar procesos de desplazamiento de poblaciones y desposesión de los territorios, cuyos impactos son absorbidos mayormente por las mujeres, en especial por las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes. Para ello es imprescindible generar mecanismos efectivos de participación, consulta vinculante y consentimiento previo libre e informado de acuerdo al convenio 169 de la OIT, que aseguren que la voz de las mujeres sea escuchada y tenida en cuenta durante todo el proceso, iniciando desde antes del propio diseño de los proyectos. Las mujeres organizadas deben tener acceso oportuno a información relevante sobre los proyectos. Los gobiernos deben garantizar el financiamiento necesario para el adecuado funcionamiento de estos mecanismos.
  • Asimismo, debe garantizarse la seguridad de las defensoras de los derechos humanos en su defensa del territorio y los recursos naturales, respetando la interculturalidad de cada zona.
  • Los proyectos de infraestructura deben regirse por el principio de accesibilidad universal, lo que implica que consideren la perspectiva de género (contemplando diversidades e interseccionalidades) en todas las etapas desde el diseño, a la implementación y al monitoreo de su funcionamiento.
  • Para garantizar la efectiva consideración de la perspectiva de género es imprescindible producir información que permita evaluar ex ante y ex post las dimensiones de género de los proyectos de infraestructura y provisión de servicios públicos. Asimismo, es necesario que los profesionales a cargo del desarrollo de proyectos de infraestructura y provisión de servicios públicos, sean capacitados desde esta perspectiva.
  • Deben gestionarse mecanismos efectivos de transparencia en todos los proyectos de infraestructura y provisión de servicios, evitando la promoción de mecanismos de financiamiento que operen por fuera de las normas existentes (como es el caso de muchas asociaciones público-privadas en nuestra región).
  • La corrupción en el desarrollo de infraestructura profundiza la desigualdad y afecta la calidad de vida de las mujeres y niñas. Por ello, es necesario fortalecer los mecanismos anticorrupción que afectan la obra pública de infraestructura sostenible, a través de acceso a la información pública y mecanismos vinculantes (por ejemplo audiencias públicas) que aseguren la participación informada de organizaciones de mujeres y niñas.
  • Los proyectos de desarrollo de infraestructura y provisión de servicios públicos deben contemplar las diferencias territoriales y considerar las necesidades diversas de las mujeres y las niñas, incluyendo las particularidades de los espacios urbanos y rurales.
  • En materia de transporte, debe darse prioridad al transporte público de calidad, desarrollando sistemas accesibles y asequibles, que tomen en cuenta las necesidades diversas de todas las personas y las específicas de las mujeres y las niñas (horarios extendidos, frecuencias adecuadas, asientos reservados, protección frente al acoso, acceso para mujeres con movilidad reducida, etc.).
  • Deben lograrse equilibrios adecuados entre el desarrollo de infraestructura de transporte en zonas centrales y periféricas y locales, así como en zonas rurales, con sistemas tarifarios adecuados que consideren las desigualdades, y en todos los casos enfocados a mejorar las condiciones de vida.
  • El agua es un bien público y debe garantizarse su acceso como un derecho. El Estado es responsable de garantizar la seguridad y limpieza de las fuentes de agua, así como su acceso próximo para las mujeres.
  • Implementar mecanismos efectivos para administrar la seguridad de las mujeres y niñas en el uso de servicios e instalaciones de saneamiento público y eliminar la defecación al aire libre. Los servicios sanitarios, así como el resto de los servicios públicos deberán integrar la gestión de la higiene menstrual.
  • Generar una base fiscal para inversiones en sistemas sanitarios sostenibles que tengan en cuenta las necesidades de las mujeres.
  • Asegurar que la ubicación de las fuentes de agua se determine en consulta con las usuarias destinatarias.
  • Crear infraestructura para garantizar el acceso de mujeres y niñas de áreas rurales y urbanas a tecnologías de información y comunicación.

Reiteramos que, en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, existe un principio de progresividad que tiene como reverso la obligación de no retroceder. Esto significa no afectar los umbrales y estándares de protección social ya adquiridos, no derogar o modificar normativa vigente en la medida que esto conlleve disminuir, menoscabar o de cualquier forma afectar negativamente el nivel actual de protección. Para cumplir con dicho cometido se hace necesario avanzar en la protección social, eventualmente mantenerla y por supuesto, evitar a toda costa retroceder.

 

COMMENTS