Por cuatro meses se debatió en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley sobre interrupción legal del embarazo por tres causales. Diversas organizaciones de mujeres y feministas exigen a las autoridades de gobierno y legisladores/as garantías para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y adolescentes, y protección frente a la violencia sexual. Las organizaciones feministas reconocen que el proyecto es un piso mínimo y que se requiere seguir debatiendo sobre las implicancias y el impacto de la realidad del aborto en Chile.

La prohibición penal de interrumpir un embarazo es una manifestación de la falta de reconocimiento de la plena ciudadanía de las mujeres y su capacidad de tomar decisiones libres y autónomas respecto de sus propias vidas. En materia de aborto, la herramienta penal ha sido utilizada como una forma de imposición de cuestiones morales, reduciendo a las mujeres a un rol exclusivamente reproductivo.

La despenalización del aborto ante riesgo de vida para la mujer, inviabilidad de vida extrauterina del feto y violencia sexual, requiere de un debate enmarcado en un contexto de urgencia; alejado de creencias y valores morales o religiosos de índole personal. El Congreso Nacional tiene una responsabilidad ineludible de conducir una discusión pública informada y participativa, que zanje una de las deudas que la democracia tiene con los derechos humanos de las mujeres y el ejercicio de su ciudadanía plena.

Crecientemente la ciudadanía demanda reformas normativas que resguarden los derechos de las mujeres. Desde hace más de una década, múltiples encuestas de opinión dan cuenta de un amplio apoyo a la legalización del aborto en las tres causales que se debaten.

De acuerdo a la Décima Encuesta Nacional Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2014 de Corporación Humanas el 79,2% de las mujeres está de acuerdo con legalizar el aborto cuando se encuentra en peligro la vida de la mujer, el 74,2% en caso de graves de malformaciones fetales y el 72,9% si el embarazo es producto de una violación.

La encuesta Plaza Pública CADEM (febrero 2015) señala que el 79% de la población está a favor del derecho de la mujer a abortar; el 19%, en contra. A su vez, sólo un 41% está de acuerdo con que los médicos puedan aplicar la objeción de conciencia, y un 32% con que los centros de salud de la UC se nieguen a practicar este tipo de intervenciones.

La encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de julio de 2014 también evidencia una opinión mayoritaria a favor de estas causales: el 72% de los encuestados está de acuerdo con la despenalización ante el riesgo de vida de la mujer; el 71% ante la inviabilidad extrauterina del feto y el 70% cuando el embarazo es producto de una violación.

Desde el Observatorio de Género y Equidad consideramos fundamental aportar al debate sobre el tema. Para ello conversamos con actoras relevantes quienes, desde su experticia y espacios de acción, entregaron sus reflexiones al respecto.

Karol Cariola, Diputada del Partido Comunista:“Llegó el momento de pensar en políticas públicas que eviten abortos clandestinos”. Leer más

Carmen Castillo, Ministra de Salud: «Creemos que en este momento, las tres causales específicas señaladas por el proyecto de ley son las que son factibles de dar curso y gestionar«. Leer más

Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas: “Proyecto no resuelve problemática de los embarazos no deseados que existen en Chile”. Leer más

Adela Montero, médica y gineco–obstetra: «La penalización empuja a las mujeres al aborto inseguro. Se debe objetar a favor de los Derechos Humanos de las mujeres”. Leer más

Karol Cariola, diputada del Partido Comunista sobre la despenalización del aborto

“Llegó el momento de pensar en políticas públicas que eviten abortos clandestinos”

Por Jocelyn Escárate

Hace más de un año la Presidenta de la República Michelle Bachelet anunció en su cuenta pública la presentación de un proyecto de ley para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos críticos: riesgo de vida de la madre, inviabilidad extrauterina del feto y en caso de violación. Karol Cariola, matrona y diputada del Partido Comunista, ha participado activamente en el debate realizado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, buscando que se garanticen   derechos fundamentales de las mujeres

La diputada por el distrito 19 – que comprende las comunas de Recoleta e Independencia – señala que la despenalización del aborto debió haber sido resuelta hace muchos años. “La dictadura penalizó la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier causal y ahora nos encontramos en el escenario de ser uno de los países más atrasados en cuanto a legislación sobre este tema”.

La diputada afirma que, a pesar de que existen sectores políticos que no están convencidos siquiera de avanzar en legislar sobre estas tres causales, y mucho menos permitir el aborto por otras razones, “las encuestas dicen que más del 80% de la ciudadanía se pronuncia a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en estos tres casos”.

Cariola cree que este es un debate en el que las mujeres están tomando posición y asegura estar “muy orgullosa” de participar en él: “Que estemos discutiendo legislar sobre esta materia es un avance en cuanto a garantías de derechos para las mujeres, pero es un tema que hay que seguir profundizando en esa dirección”, dice la diputada.

Dice apoyar este proyecto porque cree “que es lo más avanzado que se ha presentado desde la vuelta de la democracia a la fecha”. Sin embargo, es clara en señalar que “como sociedad estamos conscientes de que hay mujeres que interrumpen el embarazo por sus propias razones, por voluntad propia y yo soy partidaria de aquello”. Cariola afirma que “llegó el momento de empezar a pensar en políticas públicas que eviten que se sigan realizando abortos clandestinos y la despenalización del aborto en las tres causales es un paso para ello”.

Señala que es importante entregarle a los hospitales y a los servicios públicos las mejores condiciones técnicas y humanas para poder desarrollar de la mejor forma los nuevos procesos, ya que, en el caso de la causal de la inviabilidad letal del feto, se requiere de implementos adecuados para hacer el diagnóstico previo. La diputada Cariola sostiene que hay situaciones que se pueden prever en un embarazo de alto riesgo y que podrían tomarse decisiones anticipadas, sin esperar que la mujer esté conectada a un ventilador artificial para poder sobrevivir.

Protocolos por ley para evitar decisiones arbitrarias

Karol Cariola asevera que “han sido los propios médicos y las matronas, los que han manifestado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, las limitaciones legales que condicionan su actuar”, ya que algunos médicos, sencillamente, no proceden cuando tienen que hacerlo en esas situaciones críticas sólo por el hecho de que la normativa no es completamente clara en esta materia. “Existen protocolos, pero los protocolos no son suficientes cuando no hay una legislación que te respalde”, enfatiza. Actualmente, “un médico que tome una decisión arbitraria a propósito del riesgo de vida de la mujer, podría ser encarcelado a la hora de no demostrar que realizó los procedimientos adecuados y eso no lo podemos permitir”, afirma Cariola.

En cuanto a la objeción de conciencia planteada por algunas instituciones de salud que se negarían a realizar abortos cuando esta normativa entre en vigencia, la diputada señala que “la objeción de conciencia no puede tenerla una institución. Una institución no tiene consciencia por sí misma, porque ello es propio de las personas, no de las instituciones”. Dice que las instituciones que se nieguen a realizar estos procedimientos cuando estén regulados “tendrán que enfrentar a la ley”. Para Cariola “ninguna institución que reciba aportes o recursos del Estado puede negarse a seguir las leyes de un Estado laico como es el chileno”.

Finalmente, la diputada Karol Cariola es enfática en señalar que lamenta que existan posiciones que buscan reducir el debate, diciendo que “quienes estamos a favor de la despenalización en estas tres causales estamos ‘en contra de la vida’ y que aquellos que están en contra del proyecto, están ‘a favor de la vida’. Esa mirada reduccionista le hace mal a este país, le quita seriedad al debate y las rechazo de plano”.

“Estoy a favor de este proyecto de ley, estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, de que las mujeres decidan, pero además soy profundamente pro vida, por lo que estoy absolutamente a favor de ella y los derechos humanos de las personas, digo esto para que esta caricatura que han inventado algunos deje de tener espacio”, sentenció la diputada.

Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud

«Creemos que en este momento, las tres causales específicas señaladas por el proyecto de ley son las que son factibles de dar curso y gestionar»

Por Observatorio de Género y Equidad

Por primera vez el Gobierno es quien pone en la agenda el debate legislativo sobre la interrupción legal del embarazo por tres causales. ¿Hay compromiso de acelerar su debate o cumplir los plazos señalados por la Presidenta?

Existe la voluntad de trabajar y sacar adelante este proyecto de ley y que, en lo posible, esté concluido a finales de este año o comienzos del próximo. Nosotros, en general, los Ministerios que estamos participando en esta propuesta, nos hemos comprometido a sacarlo adelante. Creemos que los plazos están bien establecidos, por lo tanto, más que acelerarlo, creemos que es importante cumplir con la socialización y la participación de las distintas instancias y organizaciones que tienen algo que decir al respecto. Los parlamentarios han compartido esa visión y por ello ha habido numerosas audiencias, en Valparaíso y aquí en Santiago. Hubiéramos querido extender este debate también a las regiones, pero eso no depende del Ejecutivo. Sin embargo, las sesiones han sido todas grabadas y muchas transmitidas ya por el canal de televisión de la Cámara de Diputados. Es un tema que abre polémicas y polarizaciones y por ello el debate debe ser lo más amplio posible. Son respetables las distintas visiones y todas merecen ser escuchadas. Aunque esto haya alargado el tiempo de discusión del proyecto. 

Desde hace más de 15 años que organismos internacionales de DDHH están demandando al Estado de Chile despenalizar el aborto ¿El actual proyecto da respuestas a ese mínimo ético en materia de respeto de los DDHH de las mujeres? ¿Por qué?

Sin duda, este proyecto de ley da respuesta a lo que por años nos han señalado algunos Comités de Naciones Unidas que hacen seguimiento a cómo cumplimos los acuerdos internacionales. Creemos que estamos en una fase de maduración del Estado de Chile y de nuestra sociedad, lo que en estos momentos nos permite dar respuesta, específicamente en DDHH de las mujeres, en ámbitos que en todo el mundo ya están dados. Nosotros somos de los pocos países que todavía tienen una ley que penaliza la interrupción del embarazo. Una ley de despenalización en las tres causales que proponemos es el piso mínimo que corresponde garantizar a mujeres que se ven enfrentadas a situaciones de riesgo de vida, de inviabilidad fetal o de violencia sexual, cuando sea su voluntad, porque son ellas las que deben decidir al respecto, como lo establece el proyecto de ley.

La causal de violación pareciera ser la más resistente. Pensando en los casos de menores violadas ¿Cuál va a ser el compromiso de su cartera para sensibilizar, en esta materia a las y los parlamentarios?

Precisamente, lo que se está haciendo en este momento es requerir información objetiva, antecedentes que puedan apoyar y fortalecer la toma de decisiones al momento de votar la ley; en este caso, información proveniente de instituciones que tengan más relación con el problema de violaciones, como son el SENAME u otras entidades de Gobierno que dan cuenta de la realidad que vive el país muchas mujeres y especialmente niñas violadas. Por lo tanto, la sensibilización se fundamenta en aquella información que sustente la decisión de los y las parlamentarias y que de una respuesta veraz y contundente frente a cada una de las inquietudes que planteen para aprobarla.

La Presidenta de la Asociación de Magistradas señalo que el actual debate sobre la despenalización del aborto constituye un piso mínimo y que se debe avanzar hacia el aborto sin causales ¿Es posible avanzar más allá como sociedad?

Este es un primer paso como Gobierno y un primer paso como sociedad. Es el compromiso de la Presidenta Bachelet, es reponer un derecho que fue suprimido en 1989 y es lo que hoy podemos hacer. Creemos que en este momento, las tres causales específicas señaladas por el proyecto de ley son las que son factibles de dar curso y gestionar. Esta ley dará respaldo legal y garantía de la ley a la práctica de muchos médicos en caso de embarazos tubarios. Significará también un gran esfuerzo para las entidades de salud, una oportunidad y desafío de fortalecer la tecnología y la capacidad diagnóstica en los 29 servicios de salud, de habilitar, además, equipos de salud y estrategias de acogida a mujeres enfrentadas a situaciones dolorosas y extremas, estrategias de manejo y de resolución de cada una de las situaciones que se presenten.

A ello se agregarán el trabajo intersectorial de educación sexual, de promoción de la salud sexual y reproductiva, de prevención de los embarazos adolescentes, de prevención y detección temprana de la violencia. Ya hemos avanzado en la atención a mujeres violadas con la entrega oportuna de la anticoncepción de emergencia, aunque esperamos fiscalizar que ello se esté haciendo correctamente en todos los consultorios y hospitales. Nos falta mucho por hacer, estamos en ello.

Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas

“Cuestionamiento a causal por violación esconde afán de controlar sexualidad de las mujeres”

Después de 25 años, en enero de 2015, la presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales; riesgo de la vida de la madre, inviabilidad fetal y casos de violación. Conversamos con Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, quien asegura que el parlamento está frente a una deuda democrática con las mujeres que es ineludible.

Por Marcela Tapia

Poco antes del fin de la dictadura en Chile se modificó el Artículo 119 del Código Sanitario que, desde 1931, permitía el aborto terapéutico. A raíz de esto, el cuerpo legal prohibió la ejecución de cualquier acción cuyo fin sea provocar el aborto. Han pasado décadas y recién este año, bajo la segunda presidencia de Michelle Bachelet, se impulsa un proyecto de ley para despenalizar el aborto en situaciones particulares.

Corporación Humanas, a través de la abogada Camila Maturana, es una de las organizaciones feministas que ha asistido al debate en la Comisión de Salud presidida por el diputado Juan Luis Castro, presentando argumentos desde la perspectiva de los derechos humanos y haciendo eco de la demanda que pesa en el tema y que insta a Chile a cumplir con sus compromisos internacionales hacia las niñas y mujeres.

“Después de 25 años de la recuperación de la democracia, no fue posible que ninguno de los cinco gobiernos pusiera en discusión revisar la criminalización del aborto, por eso es importante destacar que este proyecto es un avance en la sociedad, aunque no resuelva la problemática de los embarazos no deseados y los abortos clandestinos”, comenta Maturana.

La primera causal, que se refiere al riesgo de la vida de la madre establece que “la mujer podrá interrumpir su embarazo cuando se encuentre en riesgo vital, presente o futuro”. La segunda que “se podrá interrumpir el embarazo cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina”. Y por último, la tercera hace referencia a los casos de violencia sexual.

Violencia sexual y aborto

La abogada Camila Maturana hace énfasis en que este último punto es uno de los más complejos a debatir, debido a que gran parte de las mujeres que sufren violencia sexual son niñas y menores de edad. Asegura que esta causal es controversial y la que más frena la discusión en el parlamento. “Es la más resistida entre quienes van a tomar la decisión de que en Chile las niñas y mujeres tengamos nuestro derecho de decisión, ya que es la que está sujeta a la mayor necesidad de regulaciones específicas en términos de quiénes toman las decisiones”, comenta.

La causal por violación del proyecto sostiene que a las mujeres no se les exigirá hacer una denuncia del delito previa, ya que se busca respetar la decisión de las mujeres y resguardar su salud física y psíquica. Sin embargo, este punto ha sido uno de los más batallados ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, porque existen opiniones dividas al respecto a “qué tan seguro” sería realizar un aborto sin comprobar violencia sexual.

“Se utiliza la falta de certeza respecto de una violación como argumento para decir no podemos aceptar esto que va a significar que las mujeres mientan, porque supuestamente históricamente las mujeres mentimos con la violencia sexual.”, sentencia Camila Maturana abogada de Corporación Humanas. Asegura que la orientación que tiene el proyecto, al no obligar a la mujer a realizar una denuncia es la correcta y lo que corresponde, pero el gran problema es el cuestionamiento a la causal, ya que afirma que detrás de esa oposición de legislar sobre aborto, “se esconde siempre un afán por controlar la sexualidad de las mujeres; el control de la reproducción”.

“Mantener a las mujeres en su lugar de subordinación. La naturalización de la violencia sexual y todos los estereotipos que están asociados a ella: que las mujeres provocan la violaciones, que las mujeres mienten, que son irresponsables con su vida sexual, causantes de las agresiones en su contra, esos son los estereotipos que están detrás y que no se nombran de esa manera, pero que aparecen en frases como ‘ella puede llegar y decir que fue violada”, asevera Maturana.

Esta causal establece que se podrá interrumpir el embarazo a las 12 semanas de gestación a las mujeres entre 14 y 18 años, y que en las niñas menores de 14 el plazo será de 18 semanas. Camila Maturana explica que estos plazos están mal planteados en el proyecto, ya que afirma que no es tiempo suficiente para que las mujeres o niñas puedan detectar un embarazo ni asumir la violencia sexual que han sufrido, ya que generalmente esa violencia la ejercen parientes o conocidos.

“En el caso de un ataque por un desconocido, es fácil que una mujer inmediatamente identifique la violencia sexual y normalmente esas mujeres denuncian, buscan anticoncepción de emergencia, y en pocos casos, van a quedar embarazadas. Pero la violencia sexual en la mayoría de las mujeres y niñas es un tipo de agresión que es sistemática, que está muy cerca; en tu familia o en tu contexto cercano”, asegura Maturana.

Enfatiza en que es muy poco probable que una niña menor de 14 años detecte un embarazo antes de las 18 semanas de gestación, y que por lo tanto en el proyecto el plazo debiera extenderse hasta la semana 22. “La semana 22 es la que la OMS (Organización Mundial de la Salud) define como el límite entre la inviabilidad y la viabilidad extrauterina. Si se mantiene un plazo tan limitado de 18 semanas, probablemente, muy pocas niñas podrán acceder a esta atención médica, lo que significa que vamos a continuar con una legislación en que habrá maternidad forzada en las niñas que han sido sometida a violencia sexual o abortos clandestinos con el riesgo que significa, en espacial tratándose de niñas”.

Lo mismo pasaría con las adolescentes menores de 18 años y mayores de 14, que probablemente tampoco podrán reconocer su embarazo en 18 semanas, lo que significa que ellas al igual que las niñas menores de 14 años, se encuentran en la misma situación de indefensión frente a la violencia sexual.

Confidencialidad
Otro de los puntos complejos que se tratan en el proyecto es la confidencialidad del equipo médico, ya que por más de 15 años los organismos internacionales (Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura y Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) han reprochado a Chile no resguardar la confidencialidad de la atención médica, provocando que muchas mujeres hayan sido denunciadas por personal de los centros de salud, sometidas a juicio penal e incluso algunas de ellas, privadas de libertad.

Camila Maturana explica que el proyecto viene a clarificar esto “la relación debiera ser siempre de confidencialidad, pero muchas veces se trastoca y se convierte en una relación de persecución y de estigma en circunstancias que a los médicos y al equipo de salud, en general, no les corresponden tener funciones policiales ni judiciales si no que únicamente resguardar la salud de las mujeres”.

El proyecto ha estado en debate en la Comisión de Salud por cuatro meses y se espera que salga del primer trámite legislativo. Tanto Corporación Humanas como otras organizaciones de mujeres y feministas esperan que sea aprobado lo más rápido posible y que después de tantos años se enfrenten parte de los embarazos no deseados. “Hoy en día el Estado de Chile no les ofrece a las niñas ni a las mujeres ninguna otra alternativa que la situación forzada del embarazo y la maternidad, que para los órganos de Naciones Unidas constituyen una situación de tortura. En esta situación se encuentra Chile: con una deuda tremenda con las mujeres que por una necesidad democrática ineludible, el parlamento tiene que resolver” esta situación, concluye la abogada.

Adela Montero, médica y gineco – obstetra, sobre actuar de equipo de salud

“Se debe objetar a favor de los Derechos Humanos de las mujeres”

Por Nancy Muñoz

La normativa vigente en Chile prohíbe la interrupción del embarazo sin excepción. Salvo por el uso de los métodos anticonceptivos, desde 1989 que las mujeres en Chile no tienen autonomía en su vida sexual y reproductiva, llevándolas muchas veces a condiciones extremas tanto psicológicas como físicamente.

Adela Montero, gineco-obstetra de la Universidad Chile, con especialidad en Ginecología Pediátrica y de la Adolescencia, y Magíster en Bioética, asegura que en estos momentos en Chile no hay posibilidad de toma de decisión para las mujeres y que las barreras que el Estado ha generado durante años sólo agravan la situación. “La penalización del aborto empuja a las mujeres al aborto inseguro porque una mujer que ha decidido interrumpir su embarazo lo hará de todas maneras. Al estar penalizado, es el Estado quien la está empujando al aborto inseguro”.

La doctora a cargo del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (CEMERA) de la Universidad de Chile, asegura que en estos momentos no existe espacio para que las mujeres decidan, no tienen una red de apoyo y viven el proceso de la interrupción del embarazo solas, es decir, sin un profesional que las apoye y sin los resguardos sanitarios necesarios.

Detalla que, el temor a la penalización lleva a las mujeres a realizar procedimientos peligrosos, a retardar la consulta médica en el caso de complicarse la intervención clandestina o a entregar antecedentes falsos sobre el aborto realizado al momento de visitar a un médico. Para la doctora Montero esta situación pone en riesgo la vida de las mujeres, ya que al no comentar aquella interrupción por miedo a la penalización, se limitan las posibilidades de una atención óptima por parte de los profesionales de la salud.

En su primera cuenta pública, el 21 de mayo de 2014, la presidenta Michelle Bachelet hizo un llamado a debatir sobre la posible despenalización voluntaria del aborto. De esta forma, en enero de este año envió un proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales específicas: riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y embarazo producto de violación. Para la doctora de la Universidad de Chile, este proyecto de ley trae consigo un avance para el país en temas de derecho y autonomía reproductiva, ya que hasta ahora no existe posibilidad alguna de que una mujer pueda interrumpir su embarazo. Sin embargo, demuestra su preocupación en las trabas que el mismo Estado pueda colocar para que las mujeres accedan a este derecho, transformándolo así en un producto existente pero volátil.

Basándose en la posibilidad de que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo- aún con las tres causales- se vuelva complicado, Adela Montero considera que si se aprueba el proyecto, es el Estado el que debe asegurarlo en su totalidad y garantizar así la salud de las chilenas tanto en el sistema público como en el privado. Sin embargo, a pesar de ser una gran iniciativa, afirma tajantemente que “al despenalizar el aborto se está diciendo que no se aplicará una pena. Creo que habría que ser más transparente y legalizar, es decir, que deje de ser un delito”.

A pesar que la iniciativa es impulsada por el Ejecutivo, existen diversas objeciones provenientes de los sectores más conservadores del país que han retrasado el debate y la posible legislación del proyecto. Representantes de la Iglesia Católica como las mismas instituciones de salud y sus profesionales se han opuesto radicalmente a la despenalización voluntaria del aborto. Si bien en estos últimos existe la objeción de conciencia que les permite negarse a realizar un procedimiento que está en contra de sus valores y así no acatar una norma jurídica o administrativa; la doctora Adela Montero afirma que muchas veces se debe objetar a favor de los Derechos Humanos de las personas, es decir, que el derecho del profesional de la salud basado en la libertad de conciencia, no se contraponga al derecho de las mujeres de recibir la prestación de salud que el Estado les está garantizando.

“Como médico no se puede poner en la balanza el proyecto de vida de una mujer o de una persona con la del embrión o feto que es un proyecto de persona. Para mí eso no es igualitario y no están en el mismo nivel. Siempre está primero la vida de la mujer”, afirma la doctora al referirse a la objeción que sus colegas pueden realizar. Para la gineco – obstetra, esta posible negación genera un barrera entre lo que la institución de la salud y el Estado entregan, pues si bien en una sociedad pluralista cada quien es libre de pensar lo que quiera, no le parece que una persona imponga su creencia sobre otra.

“Para que yo como profesional pueda objetar en conciencia, en primer lugar, tengo que hacer una autocrítica y preguntarme ¿por qué estoy objetando? Porque el problema es mío, no de la niña o mujer que requiere un servicio. Hay que ser lo suficientemente transparente para saber diferenciar entre lo que yo quiero y el derecho que tiene una mujer a no ser discriminada si desea interrumpir su embarazo”, dice.

Montero asegura que las niñas y mujeres deben tener un acompañamiento por parte de profesionales empáticos, capaces de colocarse en su lugar y que el deber de ellos es informar para que la mujer tome una decisión sin arrepentimientos. Afirma que el deber de ellos es informar no imponer. De aprobarse el proyecto, considera que el Estado debiese normar la entrega del servicio a través de indicaciones específicas que aseguren la autonomía de cada mujer pues a su juicio “las instituciones de salud no debiesen tener objeción de conciencia”.

“Banalización” de la violencia sexual

Para la doctora, la tercera causal del proyecto que comprende la interrupción del embarazo, a consecuencia de una violación, es la que más carencias informativas y argumentativas tiene, ya que existe un desconocimiento generalizado sobre la violencia sexual y las lesiones físicas, psicológicas y sociales que ésta conlleva.

A su juicio, el embarazo por violación representa uno de los traumatismos más fuertes que puede sufrir una niña y una mujer porque constituye un periodo crítico de su vida donde se mezclan diferentes padecimientos desestabilizadores que la sitúan en un momento de decisión difícil, bajo una gran fragilidad emocional: continuar con el embarazo y criar a al hijo, optar por la adopción o interrumpirlo son sólo algunas de las interrogantes que pasan por la cabeza de la mujer. Es por esto que, en la salud sexual y reproductiva de la mujer, la doctora Adela Montero cree que el profesional debe basarse en la autonomía progresiva y en el derecho que tienen las personas para tomar decisiones informadas sobre su vida.

Al mismo tiempo, la interrupción voluntaria del embarazo producto de la violación ha sido utilizada como critica por los grupos opositores al proyecto argumentando que – de aprobarse – las mujeres utilizarán esta causal para poder optar al aborto sin necesariamente haber ocurrido una violencia sexual.

Para la doctora Adela Montero, esta situación es mucho más preocupante de lo que parece: el sólo hecho de mencionarlo banaliza la situación y con ello se está, inevitablemente, violentando a las niñas y mujeres, sobre todo a aquellas que han sufrido violencia sexual. “Con ese argumento lo único que hace la sociedad es violentar a las mujeres. Yo dudo que una mujer utilice ese recurso porque un embarazo producto de una violación no puede ser homologado ni siquiera a un embarazo no deseado en una situación sexual consentida porque es uno de los traumas más fuerte que puede sufrir una persona”.

Para ella, la máxima de un profesional no es evaluar si el relato es verídico o no, sino que debe existir una relación de confianza con el paciente “porque el tema acá es que las mujeres deben tener el derecho a la interrupción del embarazo y que puedan optar a realizarse un aborto en condiciones seguras”.

Sin duda que la discusión sobre la despenalización voluntaria del aborto enfrenta temas de Derechos Humanos contra los valores normativos de algunas personas. Sin embargo, para la doctora de la Universidad de Chile el debate se debe generar y se debe avanzar en torno a la salud y, sobre todo, por un el derecho que tienen las mujeres sobre su vida sexual y reproductiva. “Quisiera creer que el debate sobre la despenalización del aborto no es complicado y que en poco tiempo se transformará en ley”, dice entusiasta la especialista.