El largo camino de las chilenas al Congreso

El largo camino de las chilenas al Congreso

Este año se cumplieron 84 años desde que se obtuvo el voto político de las mujeres en el nivel municipal, hecho que permitió que pudieran ejercer su derecho por primera vez en las elecciones municipales de 1935. En ese proceso electoral se  presentaron 98 mujeres de candidatas resultando elegidas sólo 25. Es en 1952 que las chilenas recién pueden acceder a las elecciones presidenciales y esto se logra gracias a la movilización de las organizaciones feministas y de mujeres, entre ellas el Movimiento pro Emancipación de la Mujer Chilena, MEMCH, y la Federación Chilena de Instituciones Femeninas, FECHIF, que a través de campañas masivas e incidencia política lograron la aprobación del voto político en todas las instancias de elección popular.

Cada vez que hablamos de participación política es necesario recordar esta historia pues a veces es muy fácil olvidar que tan solo tres generaciones de mujeres en Chile han podido ejercer el derecho a elegir representantes en el ámbito municipal, parlamentario y presidencial.

Sin embargo, el ejercicio del voto político no se agota solo en la capacidad de elegir sino también de ser electa o electo, y en este último ámbito las mujeres han estado ausentes la mayoría del tiempo especialmente en el nivel parlamentario. En 1950 asume la primera diputada en Chile, la radical Inés Leonor Enríquez Fröddenquien disputó una elección parlamentaria complementaria para llenar el cupo que dejó el fallecido diputado Ángel Muñoz García por la 17.° Agrupación Departamental. Enríquez Frödden, quien presentaría uno de los primeros proyectos de ley para que chile contara con una Ley de Divorcio. Tres años después, el país elige a su primera senadora, la representante y fundadora del Partido Femenino María de la Cruz Toledo, quien en agosto de 1953 fue inhabilitada y perdió su cargo por ser «agente en gestiones particulares de carácter administrativo», aunque los tribunales de Justicia posteriormente declararon su inocencia. Medio siglo después asumiría por primera vez una mujer a la Presidencia de la Republica, la socialista Michelle Bachelet.

El camino de las mujeres chilenas no ha sido fácil para llegar al Congreso Nacional enfrentando los diferentes dispositivos de discriminación que una sociedad partriarcal como la chilena les impone constantemente. Por décadas no sobrepasaron el 16% de sus integrantes, aun cuando las mujeres conforman más del 50% del padrón electoral; composición similar a la de los partidos políticos. Frente a esto, diversos estudios han corroborado que son precisamente los partidos la principal barrera de tope para la ascendencia de sus mujeres militantes a cargos de elección popular, ofreciendo a la ciudadanía candidaturas constantemente conformada en su mayoría por hombres. Por ello son fundamentales los  instrumentos legales que promuevan   equilibrar las condiciones de acceso al ámbito político de hombres y mujeres son de suma importancia, la exclusión de las mujeres de la deliberación y la toma de decisiones afecta la calidad y legitimidad del sistema democrático.

Tal como las sufragistas del siglo pasado, en la actualidad, las mujeres chilenas se han movilizado por obtener mecanismos que les permitan competir por candidaturas de elección popular con mayor igualdad, es así como bajo el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet el país daba un paso decisivo con la aprobación de la Ley Nº 20.840 que “sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y que fortalece la representatividad del Congreso Nacional” reforma se incluyó un principio de equilibrio de género, estableciendo que en las listas de candidaturas al Senado y Cámara de Diputados ningún sexo podría superar el 60% por ciento de la totalidad de las candidaturas. Dicho instrumento legal debutó en las elecciones parlamentarias de 2017, logrando mayor integración de mujeres al Congreso Nacional, aumentando los porcentajes de mujeres al 23,3% en el Senado y al 22,6% en la cámara baja.

A pesar de que la ley cumplió con las primeras expectativas, se evidenciaron resistencias para dar cumplimiento a la normativa y de ello da cuenta el informe “Representación política de las mujeres en el Poder Legislativo” del PNUD, el que señala que fue posible identificar que la ley resguarda la integridad de género de la lista pero no región por región o distrito a distrito: en una de las siete regiones donde se elegía senadores, no hay representantes mujeres y en la Cámara de Diputados su ausencia se produce en cinco regiones y en ocho de los28 distritos del país.

Otro gran problema se vincula con el financiamiento. La elecciones de 2017 también evidenciaron la desigualdad financiera que enfrentan las mujeres que compiten, ya que recibieron en  promedio un 50%  del aporte monetario que recibieron los hombres candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados.

Como Observatorio de Género y Equidad ciframos las esperanzas que las 45 mujeres que desde marzo de este año integran el Congreso Nacional, legislen en vías de establecer nuevas medidas como asegurar el financiamiento igualitario, la porcentualidad igualitaria de género por distrito o circunscripción y que el procentaje de cuota paritaria se aplique no solo a la presentación de lista de candidaturas sino también a los resultados de la elección.

 

Marisela Santibáñez, primera diputada PRO: “Es necesario levantar liderazgos femeninos en los partidos y que las mujeres no sólo sean para llenar una papeleta”

Por Marcel Pavez

Con la fuerza de la calle

“A poco de habernos convertido en oposición, creo que la única prioridad que tenemos es resistir y no retroceder, y en eso, creo que las mujeres vamos a ser protagonistas”. Santibáñez considera que “los temas más calientes de la política afectan directamente a las mujeres”. Defender la implementación de la ley de aborto en tres causales, rápidamente amenazada en las primeras semanas del actual gobierno de Sebastián Piñera, o la gratuidad universitaria que, según sus palabras “viene a contener a todas las mujeres que se sacan la cresta trabajando para poder pagarle la educación superior a sus hijos e hijas”.

La polémica decisión del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el artículo que prohibía al lucro en La Ley de Educación Superior representa para la diputada Santibáñez un atentado a la democracia y, al mismo tiempo, una mala señal de la derecha que “no cree ni el trabajo ni en las decisiones de sus propios parlamentarios”. “Nosotros tenemos un Poder Legislativo tricameral compuesto por el Senado, la Cámara de Diputados y el Tribunal Constitucional. Yo y todos los progresistas queremos sólo uno”. Así, la diputada se manifiesta crítica y escéptica de la capacidad de garante constitucional que tendría el TC, ya que en su opinión “todo depende del presidente de turno; es lo que hemos visto en este gobierno”.

Con todo, la parlamentaria tiene claro que el problema radica en la Constitución que rige al país y que los avances van más allá del Tribunal Constitucional. “Para cambiar la Constitución debemos luchar con la fuerza de la calle. Es impresentable que un proyecto se discuta, una y otra vez, y que luego de todas esas largas discusiones termine en el Tribunal Constitucional”. A su juicio el cambio constitucional se debe realizar a través de una Asamblea Constituyente. “Chile es otro y por eso necesita una constitución democrática acorde a estos tiempos. Es un proceso largo y tedioso, pero se puede lograr”

Es por esta razón, y ante la amenaza que podría suponer el actual gobierno de Sebastián Piñera a las reformas alcanzadas durante el mandato de Michelle Bachelet, la diputada Santibáñez es enfática: “Defenderé todo el legado de Bachelet. Y ojo, que no es defenderla a ella, sino su legado, el cual construimos toda la centroizquierda en su conjunto”.

La primera alerta se encendió hace un par de semanas cuando en el Ministerio de Salud se decidió modificar algunos aspectos del protocolo de Objeción de Conciencia vinculado a la ley de aborto en tres causales. La medida ampliamente cuestionada por la oposición implica que los establecimientos de salud privados, que cuenten con financiamiento público, sí podrán objetar de conciencia “institucional” en los casos extremos en que mujeres soliciten interrumpir un embarazo. “Nosotras nos fuimos a parar afuera del MINSAL a reclamar. No vamos a retroceder ni un milímetro. Para mi, la objeción de conciencia se puede discutir en otras leyes, pero en esta no. Fueron décadas y décadas de lucha para obtener una ley de aborto en tres causales”.

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Diputada Emilia Nuyado (PS): “Abocaré todos mis esfuerzos en iniciativas que restablezcan los derechos de los mapuche”

Emilia Nuyado es la primera parlamentaria de origen mapuche huilliche. Ha sido dirigente social durante muchos años y ocupado cargos de servicio público como concejal en la comuna de San Pablo, en Osorno. Allí nació y estudió en el Liceo B-19, se graduó como Planificadora Social en la Universidad de Los Lagos y fue secretaria en una empresa privada. También Consejera Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) durante casi tres periodos no consecutivos. Hoy, es diputada del Partido Socialista (PS) por el Distrito 25 de la Región de Los Lagos gracias al 6,26% de las votaciones que obtuvo en las elecciones de noviembre de 2017.

Actualmente, dos de los principales focos de atención en su distrito es la revisión del Código de Aguas que se encuentra en el Senado, respecto al cual los pueblos indígenas no habrían sido consultados, y la revisión del Código Minero del Subsuelo por la solicitud de revestimientos mineros. Otra de las prioridades, el llamado caso “Huracán” “en que podemos marcar un precedente, donde se aplique correctamente el Convenio 169 y se revisen las investigaciones que faltaron a la verdad”, complementa.

A la Diputada Emilia Nuyado todos la saludan. Sin embargo, con Pamela Jiles y Raúl Alarcón (Florcita Motuda), ambos de Partido Humanista, son con los que más se relaciona en la Cámara de Diputados. Según ella, porque se juntan con todos y no se hacen problema por nada. Así de auténtica y consecuente, en especial, con lo que representa y las razones por las que obtuvo, seguramente,  un escaño en la Cámara Baja.

La ex concejal de San Pablo comenta que su incipiente carrera parlamentaria “los primeros díasfue compleja porque era un mundo totalmente desconocido para mí y me ha costado acostumbrarme, pero gracias a mi equipo que me asesora, me he centrado en las cosas que me comprometí a hacer”.

Defensoras de la tierra

Hace algunas semanas el comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW)dio a conocer las recomendaciones al Estado de Chile. Sobre la participación de las mujeres en la vida política y pública, el Comité advierte su preocupación por la discriminación que aún afecta a las mujeres en los puestos de toma de decisiones políticas, “tanto en puestos de elección como de selección dentro de -los partidos políticos”, por ejemplo. Así lo sintió la diputada del Distrito 25 Emilia Nuyado, temor por el estigma que podría significar venir de un mundo dirigencial, una posición donde se discute e interpela regularmente a las autoridades locales y del gobierno. “Muchas veces es complejo por la discriminación que existe por ser mujer y ser mapuche”, comenta.

Por lo mismo, la parlamentaria valora el apoyo y acompañamiento que recibió de una organización de mujeres rurales e integrantes de comisiones mapuche que impulsaban temáticas sobre sus derechos y participación en distintas instancias. Ahí tejió un fuerte compromiso con ellas porque “en la Región de Los Lagos, la mayoría de las mujeres son dirigentas, hay un fuerte liderazgo”.Las describe como dirigencias que se ejercen desde muy joven y que se traspasan de generación en generación.

La CEDAW también manifestó inquietud hacia Chile por la intersección de discriminaciones entre mujer- indígena; porque “las mujeres indígenas defensoras de derechos humanos sufran violencia tales como amenazas, abuso sexual, acoso y homicidio”. Especialmente por aquella violencia que ha sido ejercida por agentes Estatales.

“Ha ocurrido a nivel nacional y, también internacional, que las mujeres han tenido la valentía y la fuerza de defender los derechos ancestrales, defender el agua, la tierra y el aire que son tan necesarios para la convivencia en el territorio y ha habido una persecución hacia ellas. Es compleja la situación que estamos viviendo, como lo ocurrido con la pastora aymara, Gabriela Blas”, recuerda la diputada.

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Diputada (IL) Gael Yeomans: “Las personas que están en nuestras instituciones no tienen educación no sexista”

Por Catalina Arenas

Dice la diputada Gael Yeomans que en múltiples ocasiones ha tenido que anteponer su profesión para referirse a algún tema de debate público porque, de lo contrario el “ninguneo” es habitual. Ya no es una niña ni una estudiante, egresó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y lleva tiempo en la arena política. Comenzó a forjar su carrera entre las filas de las Juventudes Comunistas durante sus años como alumna de educación media y, en 2017, participó en la fundación del Frente Amplio, conglomerado del cual fue dirigente nacional.

La diputada vive en la comuna de El Bosque. Allí, en la de San Miguel y otras del Distrito 13, ha podido observar la vulneración de derechos con las personas privadas de libertad y en particular, la vulneración hacia las mujeres que se encuentran embarazadas o cuidando a sus hijos e hijas dentro de las cárceles. Por ello, en coordinación con las parlamentarias Camila Vallejo, Maite Orsini y Andrea Parra, han levantado mesas ciudadanas para discutir el tema de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, sobre el microtráfico. “Las mujeres entran en el negocio ilegal de drogas para ganar recursos, se dedican a eso porque es la única herramienta para salir y llevar comida a sus casas”, explica Gael Yeomans.

Ley de Cuidado

Actualmente, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, y de acuerdo a las urgencias de la carpeta legislativa, han revisado el Estatuto Nacional Juvenil y el Estatuto Laboral Agrícola. De manera preliminar, un grupo de parlamentarias lideradas por Yeomans está trabajando en el estudio de una “Ley de Cuidado” que pone énfasis en los familiares cuidadores desde una mirada amplia, con perspectiva de género, que considera la atención de hijos e hijas pero, principalmente, de las personas adultas mayores. “No hay distinción. Ni las mujeres ni los hombres pueden elegir si ir a trabajar o quedarse cuidando en sus casas” y quienes lo hacen “reciben un bono miserable que no les alcanza ni para vivir”, asegura la diputada.

¿Candidata o candidato, el orden altera el producto?

La representante del Frente Amplio dentro de la Cámara Baja admite que “hace unos años no estaba dentro de mi escenario ser diputada”, pero la actividad dentro de los movimientos sociales le fue abriendo paso para ser candidata. Un triunfo sorpresivo -para muchos- que marcó un compromiso, pues a menos de un mes de asumir en el cargo, los residentes de las comunas del Distrito 13 ya la reconocen en las ferias. “Esperamos que desde la conversación con los vecinos, las vecinas y las organizaciones nacionales y de otras regiones se generen instancias de legislación en conjunto para levantar proyectos como la Ley de Cuidado”, sostiene la militante de Izquierda Libertaria.

Para Gael Yeomans, su paso a la diputación “representa la misma dificultad que tienen todas las mujeres que quieren que su voz sea escuchada”. Su carrera comenzó en medio del movimiento estudiantil y, a pesar de que se diga que entre los jóvenes existe una mayor percepción de la igualdad, comenta que indistintamente se generan diferencias de género. Sin embargo, “a medida que el movimiento feminista se ha ido incorporando e instalando temáticas, ha permitido que las mujeres tuviéramos más oportunidades para hacernos más espacios en la política”.

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Paulina Núñez, diputada RN: “La ley de inmigración es añeja e indigna tanto a personas extranjeras como chilenas”

La representante del Distrito 3 conversó con el OGE acerca de sus ideas y proyectos como parte de la bancada oficialista en el Congreso Nacional. Entrar en política nunca ha sido tarea fácil para las mujeres y así lo sabe Paulina Núñez (35), abogada, vicepresidenta de RN y actual diputada del distrito que abarca las localidades de Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal y Tocopilla. “En general, los partidos políticos no se encargan de formar mujeres que tengan ganas de ser candidatas”, asegura la parlamentaria, quien en la actualidad inicia su segundo periodo en el Congreso.

Núñez explica que antes de la Ley de Cuotas, la planificación de una elección era muy difícil, “ya que era un trabajo muy personal y dependía mucho de las capacidades de cada una”. Recuerda que la primera dificultad que enfrentó fue hacerse notar dentro de su partido, de forma que pudiese obtener la candidatura en su distrito.“Tuve que convencer al partido de que yo era buena candidata”, confiesa la diputada. Luego de eso enfrentar una “segunda dificultad; la poca cantidad de recursos que llegaban a tu campaña desde el partido y desde las personas que aportan”. Esto, debido a los persistentes obstáculos que deben enfrentar las mujeres en la política chilena por el poco financiamiento que reciben para sus campañas políticas, pues los recursos destinados tienden a concentrarse en las candidaturas masculinas. “Tanto el partido como quienes aportan a las campañas intentan siempre apostar a ganador, y como creen que el hombre tiene más posibilidades, les aportan más recursos.”, reclama la diputada Núñez.

Cuotas para las municipales

“En mi sector la Ley de Cuotas no gustaba, no se quería aprobar porque hacía ruido el que tuviéramos que avanzar por cuotas, cuando la idea principal -yo no la he cambiado- es que sea por nuestras capacidades y competencias”, confiesa. Sin embargo, a medida que avanzó la discusión del proyecto, la coalición de Paulina Núñez comprendió que la ley “no buscaba que nos designaran a dedo y nos dieran un escaño sólo por el hecho de ser mujeres, sino que exigía que los partidos inscribieran candidatas”.

Según relata la diputada de RN, el proyecto de Ley de Cuotas tuvo un apoyo transversal en las parlamentarias, quienes a su vez formaron una bancada en la que Núñez participó. “Nosotras incluimos una modificación a la ley, porque originalmente esta entregaba mayores recursos a las mujeres, una vez que la campaña llegaba a su fin. Nosotras modificamos esa parte para que estos recursos fueran al partido político de la candidata, pero con la obligatoriedad de que este invirtiera ese dinero en capacitación de mujeres”.

Sin embargo, en marzo pasado, Servel sancionó a más de 13 partidos por no hacer un correcto uso de los 500 UF que este organismo electoral les entrega como bonificación por cada diputada electa. Al respecto, fue Renovación Nacional el que más dinero recibió luego de conseguir nueve escaños femeninos. No obstante, también fue uno de los sancionados por el órgano elector, que les objetó más de cinco millones de pesos que debieron haber sido gastados en concepto de capacitación de mujeres.

Paulina Núñez considera que la Ley de Cuotas aún puede ser objeto de modificaciones. “Me gustaría incluirla en otras elecciones como las municipales. Por lo general, a los partidos les cuesta llevar parlamentarias y les dan como premio de consuelo el Core o en el caso de las municipales, el puesto de Concejal”. Según ella, “esto pasa porque a los hombres se les otorgan cargos titulares de primera línea, mientras los otros de segunda línea o de carácter más consultivo siempre son ofrecidos a las mujeres”.

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Date: October 28, 2011
Place: Washington, DC
Credit: Juan Manuel Herrera/OAS

 

Luz Patricia Mejía: “Chile es paradojal, es desarrollado pero llega a la fila de los derechos de las mujeres”

Luz Patricia Mejía es secretaria técnica de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres “Convención de Belém do Pará” (MESECVI) en la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), organismo especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la promoción y protección de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Anteriormente se desempeñó como comisionada y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, su país natal. También fue directora de Consultoría Jurídica del Ministerio Público. Estuvo a cargo de la ejecución del Área de Defensa en el Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos de Venezuela (PROVEA) y abogada en la Asociación de Mujeres para la Ayuda Recíproca (AMBAR). Fue co-redactora de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.

La abogada ha estado a cargo de los informes hemisféricos de Prevención de la Violencia contra las Mujeres en las Américas que funcionan como una evaluación permanente de la implementación de la Convención de Belém Do Pará. En esta entrevista comenta los resultados del último reporte. “El marco de este tercer informe fue evaluar la obligatoriedad de la prevención de la violencia hacia las mujeres por parte de los estados. Los desafíos no han variado respecto al periodo anterior aunque sí se ha avanzado en visibilizar el tema. Los 17 países de la región están implementando técnicas para visibilizar acciones sobre muertes violentas por motivos de género, pero todavía sigue siendo un tema difícil. Chile, por ejemplo, esto se expone como algo que ocurre solo frente a la pareja, pero también sucede en la escena pública”, advierte.

Mejía explica que una de las conclusiones sobre las principales falencias de la región es que muchos estados no tienen herramientas para prevenir la violencia hacia las mujeres. La mayoría de ellos han volcado sus esfuerzos en la construcción de institucionalidad, vinculada con acceso a la justicia para las mujeres y se genera una estructura que busca la respuesta en ellas, pero el ejercicio previo es tratar de ver la violencia a través de la prevención de la misma y eso sigue siendo bastante escaso. Menos del 1% de los países de la región ven este problema y lo combaten. El trabajo de prevención es limitado pero también cómo se han implementado las políticas públicas en materia de prevención”.

Para ella, uno de los principales problemas es que los Estados no están haciendo un correcto diagnóstico de los pasos previos para prevenir la violencia. “En tanto no se genere un currículo educativo que aborde este ámbito y sirva para la transformación cultural, no habrá cambios. Debe haber un diseño de políticas públicas diseñado a transformar los roles de género. Hay algunos países que permiten identificar la violencia, pero no es monitoreada, tienen normas de convivencia escolar, pero ninguno de ellos tiene mecanismos para atender los casos y las denuncias. No hay conexión entre la norma y la puesta en práctica de la misma. Por lo general, evaluamos cómo está el acceso la justicia, los tribunales y la reparación ante estos casos. Hay más tribunales y profesionales especializados pero la estructura y mecanismos de respuesta siguen siendo insuficientes y limitados para la necesidad de servicios que debemos tener las mujeres víctimas de violencia y para que se pueda generar un sistema de atención integral”.

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