Escribe María Inés Salamanca, Coordinadora de Oficina de Programa ONU Mujeres Chile
Desde la agudización de las manifestaciones el pasado 19 de octubre y el posterior Estado de Emergencia decretado por el Gobierno, se han llevado a cabo graves denuncias de violencia contra las mujeres y niñas cometida por fuerzas policiales y militares de Chile. Gracias a información dada a conocer por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se constatan a la fecha 18 querellas por violencia sexual, que corresponden a un total de 40 víctimas, que incluyen desnudez forzada, ataques homofóbicos y otros abusos.
ONU Mujeres manifiesta que la violencia de género constituye una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que los Estados tienen siempre el deber y obligación de garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia, considerando también, los contextos de emergencia o conmoción pública, donde este tipo de casos se incrementan o agudizan.
Si bien durante los últimos días se han visibilizado varias denuncias de violencia sexual perpetradas por fuerzas del orden en contexto de manifestaciones, estos no son hechos aislados y este tipo de denuncias se han realizado desde hace varios años en el país. Así lo advirtió el Comité Contra la Tortura, quien durante el año 2018 realizó recomendaciones al Estado de Chile respecto de las denuncias de violencia sexual policial contra las mujeres y jóvenes.
Fomentar la participación de las mujeres en los procesos de diálogo y propiciar la paz especialmente en contextos de crisis como los que atraviesa el país, son acciones fundamentales para la superación de los conflictos.
Las recomendaciones del Comité Contra la Tortura consideran acciones tales como la investigación exhaustiva de los casos reportados, especialmente en aquellos que se denuncie omisión o participación de autoridades del Estado, que los presuntos autores sean sancionados y las víctimas obtengan adecuada atención, reparación e indemnización. Por otra parte, se recomienda impartir formación obligatoria sobre violencia de género a todos los funcionarios judiciales y de las fuerzas del orden. Además, se considera importante velar porque las víctimas de violencia de género reciban atención médica, apoyo psicológico y la asistencia jurídica que necesiten.
El Estado de Chile también es parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que determina la importancia de condenar las formas de violencia que sean perpetradas o toleradas por el Estado o sus agentes, además de expresar la obligación del Estado de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres y velar que los agentes del Estado cumplan con esta obligación.
Frente a las últimas recomendaciones que se realizaron al país durante el 2018 por parte del Comité de la Convención Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y del Comité Contra la Tortura es fundamental acelerar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esto permitirá ampliar la definición de manifestaciones y contextos de violencia contra las mujeres que hoy requieren prevención, sanción, atención y reparación de sobrevivientes y víctimas.
Brindar seguridad en los espacios públicos y privados, proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos, fomentar la participación de las mujeres en los procesos de diálogo y propiciar la paz especialmente en contextos de crisis como los que atraviesa el país, son acciones fundamentales para la superación de los conflictos.
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