Los movimientos de mujeres luchan desde hace décadas, o siglos, para tener más derechos y libertades en un mundo en el que todas las desigualdades –económicas, políticas, sociales, culturales– pesan sobre ellas. En el camino, han logrado ganar batallas y marcar hitos. Algunas teóricas se refieren a esos momentos álgidos de la lucha por la igualdad de género como “olas” del feminismo e identifican particularmente tres.

Los estudios feministas contemporáneos entienden que durante la última década comenzó a gestarse una cuarta ola, que se caracteriza por la militancia en la calle y la difusión masiva de contenidos por medio de las redes sociales y otras plataformas virtuales. Además de renovar reclamos clásicos del movimiento –como la paridad en los ámbitos de toma de decisiones, la igualdad salarial o la legalización del aborto–, esta nueva fase se erige especialmente contra todas las formas de violencia de género. Y retoma la consigna “lo personal es político”.

En este contexto, 2018 estuvo marcado por la resistencia organizada de las mujeres en todos los frentes y en todos los continentes, según el informe anual Derechos hoy, de Amnistía Internacional. “Donde más ruidosa y visible ha sido la lucha por la igualdad este año ha sido en la lucha por los derechos de las mujeres”, asegura el documento, que repasa las movilizaciones que lideraron las mujeres el año pasado en distintos países.

En América, la organización destaca la consolidación del movimiento #NiUnaMenos en Argentina y el impacto del #MeToo en Estados Unidos. El informe señala que la lucha de las mujeres argentinas por la legalización del aborto se convirtió en el hito más importante del año en América Latina. Si bien el proyecto de ley no fue aprobado por el Senado, fue la primera vez en la historia que adoptó estado parlamentario y llegó a aprobarse en la Cámara de Diputados. El movimiento feminista argentino atribuye este logro, en gran medida, a la resistencia organizada de las mujeres, que pusieron el cuerpo en las calles, las casas, los centros de estudio, los lugares de trabajo y ampliaron el debate en las redes sociales y los medios de comunicación.

Amnistía Internacional también destaca las acusaciones de acoso sexual que disparó el movimiento #MeToo contra varones poderosos de la industria del entretenimiento en Estados Unidos, que “tuvieron repercusiones en todo el patriarcado de Hollywood” y cuestionaron “décadas de impunidad”. Las protestas en este sentido traspasaron las fronteras estadounidenses: en Europa y partes de Asia, millones de mujeres se sumaron a la segunda Women’s March convocada en enero por el movimiento #MeToo para reclamar el fin de la misoginia y los abusos sexuales, ya no sólo por parte de actores o directores de cine, sino también de dirigentes políticos.

Las mujeres también se movilizaron en el norte europeo. En Irlanda, miles se manifestaron en las calles para exigir la legalización del aborto y, a fines de mayo, 66% de la población votó en un referéndum a favor de derogar el artículo constitucional que lo prohibía. El Parlamento irlandés no fue ajeno al reclamo sostenido de las mujeres y a mediados de diciembre, finalmente aprobó la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación sin que la mujer tenga que justificar la decisión.

En tanto, en Polonia, las mujeres se movilizaron durante meses en repudio a un proyecto de ley presentado por el gobierno del partido ultraconservador Ley y Justicia y aprobado por el Parlamento que suprime una de las tres causales por las cuales las polacas tienen permitido interrumpir su embarazo. El gobierno mantuvo una postura inamovible, pero el rechazo popular –encabezado por las mujeres– prendió las alarmas de organismos internacionales y de la propia Unión Europea (UE), que pidieron a las autoridades polacas que dieran marcha atrás.

En Islandia y Suecia el grito de las mujeres en las calles logró que se aprobaran nuevas leyes que reconocen que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación. Y, en Escocia, el reclamo sostenido de organizaciones feministas contra el “impuesto de sangre” obligó al país a aprobar una iniciativa que estableció que todas las estudiantes de liceos y universidades pueden tener acceso gratuito a toallitas y tampones.

Más lejos, miles de mujeres tomaron las calles en India y Sudáfrica para protestar contra la violencia sexual endémica. Las mujeres indias organizadas, además, lograron que el gobierno decidiera eliminar el impuesto a las toallitas y a los tampones, artículos que eran tan caros en el país que las mujeres se veían obligadas a usar trapos o retazos de tela durante el período menstrual –lo que provoca infecciones y enfermedades– y faltar a clase o al trabajo.

En el nordeste de Nigeria, miles de mujeres desplazadas se movilizaron para reclamar justicia por los abusos que sufrieron a manos de los combatientes del grupo yihadista Boko Haram y de las fuerzas de seguridad nigerianas.

También hubo vientos de cambio en países de Medio Oriente. En Arabia Saudita, las mujeres obtuvieron por fin el derecho a conducir vehículos. En Irán, muchas activistas se arriesgaron a ser detenidas por oponerse al uso obligatorio del hiyab, el velo islámico.

“Mujeres activistas de todo el mundo han estado en la vanguardia de la batalla por los derechos humanos en 2018”, concluye en el informe el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo. El funcionario advirtió que los actos de muchos dirigentes mundiales “de mano dura” que están impulsando políticas misóginas, xenófobas y homofóbicas han vuelto a poner en peligro libertades y derechos reconocidos hace mucho tiempo. “Sin embargo”, reconoció, “las mujeres activistas son las que en 2018 han ofrecido la visión más potente de cómo combatirlos”.

Una ola que despertó a los antiderechos

El informe de Amnistía Internacional reconoce que la resistencia y el activismo de las mujeres han generado la reacción de grupos antiderechos de América Latina y Europa, que “han adoptado una nueva táctica de represión”. Esta se basa en calificar a feministas y activistas LGBTI de “impulsores de una ideología de género” que, a su entender, representa una amenaza existencial para el “matrimonio y los valores de la familia”.

Estos grupos –que generalmente tienen poder económico e incluso político– tratan de silenciar a las mujeres y a la comunidad LGBTI que defienden los derechos humanos con campañas de “advertencia” en la vía pública y en internet. Son los mismos que en Argentina usaron el pañuelo celeste en rechazo a la despenalización del aborto y tildaron a sus defensoras de “asesinas”. Los mal llamados “pro vida”. Los que en países como Perú, Argentina y también Uruguay repudian la educación sexual integral en centros educativos con el hashtag#ConMisHijosNoTeMetas.

Las redes sociales han sabido estar a su servicio. De hecho, la investigación realizada por Amnistía Internacional en 2018 –que constituye uno de los primeros estudios de esta clase sobre derechos humanos y violencia contra las mujeres en internet– confirma que las redes “son al mismo tiempo una bendición y una maldición”. La organización reconoce que las plataformas son herramientas que han servido a las mujeres para denunciar situaciones de violencia o desigualdad y organizarse. Sin embargo, responsabiliza a empresas y gobiernos de haber “fallado estrepitosamente a la hora de proteger a las usuarias de una avalancha de conductas abusivas en internet”, lo que ha hecho que muchas mujeres “se autocensuren” o “abandonen definitivamente estas plataformas”. Señala en particular a Twitter. Por eso, para Amnistía Internacional, las activistas mujeres lideran una batalla “adicional”: la de defender su derecho a alzar la voz.

Todo lo que falta

Nadie puede negar que la lucha feminista fue la protagonista de 2018. Pero no es posible celebrar el auge del activismo de las mujeres sin recordar lo que impulsó e impulsa a tantas a movilizarse para reivindicar un cambio. “Los derechos de las mujeres son sistemáticamente colocados en un segundo plano con respecto a otros derechos y libertades por gobiernos que piensan que pueden limitarse a apoyarlos de palabra y, en la práctica, hacer muy poco para proteger los derechos de la mitad de la población”, afirma el secretario de Amnistía Internacional en Derechos hoy.

El ejemplo más emblemático, quizás, es el referido a la salud sexual y reproductiva. En todo el mundo, 40% de las mujeres en edad de procrear vive en países en los que el aborto sigue estando estrictamente restringido y alrededor de 225 millones de mujeres no tienen acceso a métodos anticonceptivos modernos. El informe menciona un conjunto de políticas y leyes destinadas a subyugar y controlar a las mujeres en esta materia. Lo que pasó en Argentina y Polonia son ejemplos de que, más allá de la efervescencia social, los legisladores siguen decidiendo sobre los cuerpos de las mujeres.

En Guatemala, el Parlamento analiza el proyecto de la llamada Ley para la Protección de la Vida y la Familia que, de ser aprobada, endurecería las penas por aborto, prohibiría la educación sexual en escuelas y reiteraría la prohibición del matrimonio igualitario. El Salvador mantiene la penalización del aborto en cualquier circunstancia y criminaliza a las mujeres que lo practican. Mientras tanto, en los Estados Unidos de Donald Trump los recortes a los fondos destinados a clínicas de planificación familiar han puesto en peligro la salud de millones de mujeres.

Por otra parte, una de cada diez niñas en el mundo sufre una agresión sexual antes de cumplir 20 años, mientras que sólo un tercio de los países de la UE reconocen que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación.

En otros países, mujeres de zonas afectadas por conflictos de Nigeria, Irak, Sudán del Sur y Birmania describieron a Amnistía Internacional los continuos episodios de violencia sexual que han sufrido, a menudo a manos de las fuerzas de seguridad de su propio país.

En todo el mundo, las mujeres que experimentan capas de discriminación entrecruzadas –basadas en su orientación sexual, identidad de género, etnia, raza o estatus socioeconómico-–están expuestas a sufrir violaciones de derechos humanos de carácter único. En Somalia, las mujeres con discapacidad suelen ser sometidas a matrimonios forzados y a violencia en el ámbito familiar. En Canadá, las mujeres indígenas tienen seis veces más probabilidades de ser asesinadas que el resto de la población femenina.

A todo esto se suma el creciente número de femicidios, la forma más extrema de violencia de género que tomó características de epidemia, especialmente en América Latina.

Falta mucho. Pero este año puede dar revancha. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer cumple 40 años en 2019. Naidoo cree que este será “un hito importante que el mundo no puede ignorar”. El secretario general dice que si bien el documento ha sido “ampliamente adoptado”, muchos gobiernos lo hicieron con la condición de poder rechazar importantes disposiciones destinadas a garantizar libertades de las mujeres, como la de promover una política nacional dirigida a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica, o la de comprometerse a erradicar la discriminación de las mujeres en el matrimonio y las relaciones familiares. Agrega que la organización que lidera se compromete a interpelar a esos gobiernos y a respaldar los movimientos de mujeres en todo el mundo para “amplificar sus voces en toda su diversidad y luchar por el reconocimiento de todos los derechos”.

Termina con una reflexión: “En todo el mundo, las mujeres, por término medio, ganan mucho menos que los hombres en los mismos puestos, tienen un grado de estabilidad laboral muy inferior, encuentran impedimentos para acceder a la representación política por parte de quienes ejercen el poder y se enfrentan a una violencia sexual endémica que los gobiernos siguen pasando por alto. Debemos preguntarnos la razón por la que esto ocurre. Si viviéramos en un mundo en el que las víctimas de esta clase de persecución fueran los hombres, ¿se permitiría que continuaran estas injusticias?”

Por La Diaria