Por Sebastián Gárate
Erika Guevara tiene más de quince años de experiencia como profesional en el campo de los derechos humanos, la filantropía y la igualdad de género; y más de 20 en el activismo por la justicia social y la paz. Es abogada, feminista y actualmente directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).
En una entrevista en profundidad con el Observatorio de Género y Equidad se refirió a la cultura machista a la que se exponen día a día las mujeres en Chile y la región; al aborto como una de las múltiples situaciones de violencia de género que convierten al país -según ella- es un país contradictorio.
Lo que falta
Son múltiples los informes que avalan la falta de confianza de la ciudadanía hacia organismos internacionales que rodean a Naciones Unidas. Por eso, Erika Guevara ante la pregunta sobre la valoración que hace de la capacidad de Amnistía Internacional para incidir en temas como el derecho a decidir de las mujeres, en países que tienen una élite política tan conservadora como Chile, la entrevistada dice que “no solo estamos enfrentando un ambiente de regresión en materia de derechos humanos – los cuales se ponen en los discursos de líderes políticos siendo utilizados como bandera en contra de las personas- sino que estamos enfrentando una crisis institucional donde las grandes mayorías no se sienten representadas”.
Para ella, las instituciones de la sociedad civil y los organismos internacionales, parecieran estar muy ajenos a las realidades que hoy enfrentan las mayorías de las comunidades. “En ese sentido las organizaciones como Amnistía Internacional tampoco estamos exentas, ya que además de una institución, somos un movimiento de personas que tenemos que asegurarnos de estar representado”.
Guevara considera que el debilitamiento de la influencia de estos organismos – particularmente ONU Mujeres- con relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mayorías, ha jugado un papel importante en los Estados y en las limitaciones al ejercicio de derechos: particularmente el derecho a decidir y muy específicamente el acceso al aborto seguro.
Para Amnistía Internacional (AI) la agenda de derechos sexuales y reproductivos en las Américas es un tema vital desde algunos años, pero reconoce que «llegaron tarde». «Queremos saber llegar; acompañar la lucha que por décadas las organizaciones de mujeres y los colectivos han ido avanzando en toda la región”, dice Guevara, precisando que en Chile acompañan a las organizaciones que están trabajando en aborto en plataformas de incidencia política internacional.
Ante los cuestionamientos de cómo contribuir a la legalización del aborto, Erika Guevara considera que es necesario priorizar en la agenda un cambio en la narrativa: esto no es solo un problema de mujeres sino es un conflicto legítimo en la consolidación y ejercicio de los derechos humanos que afecta particularmente al género, restringiendo su derecho a decidir.
Para Amnistía Internacional es necesario poner el tema en los espacios regionales como internacionales, informando y comprometiendo a quienes tienen influencia en la toma de decisiones de los estados. “De esta manera se empezaría a hablar desde la perspectiva de los derechos humanos y no desde la mirada ética, religiosa o moral, que finalmente afecta el ejercicio de los derechos de las personas. Es ahí donde creemos que podemos hacer la mayor contribución”.
Estados en contra las mujeres y niñas
Existe una tendencia internacional y regional a identificar la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos. Sin embargo, aún existen estados y sociedades que no lo comprenden así. Erika Guevara considera que son muchos los factores que condicionan la mirada o narrativa que se construye alrededor del tema de la violencia contra las mujeres, que impiden alcanzar los niveles de seriedad frente al análisis de estos derechos.
“Creo que se ha progresado y lo reconocemos. Ese avance se debe particularmente a todo el trabajo que han hecho los colectivos, grupos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil particularmente representadas por mujeres”. Son esas organizaciones las que han reemplazando la responsabilidad del Estado. “Cuando se reporta por parte de las organizaciones de la sociedad civil el número de abortos clandestinos, se está dando cuenta que hay muchas mujeres y niñas en riesgo. Por tanto el Estado debería asumir esos datos y actuar” .
Para Erika Guevara hoy se habla de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos y su vinculación con la responsabilidad del Estado, “entonces cuando se hable de violencia contra la mujeres, también hay que hablar de violencia estatal. No podemos dejar de reconocerla”. Ahora bien, que eso genere un cambio significativo en el día a día de la vida de las mujeres, es otro camino por recorrer. Se debe lidiar con culturas patriarcales, la jerarquía de la iglesia y otros grupos de «clases cristianas» que todavía tienen influencia en los poderes público y políticos (particularmente en América Latina y el Caribe) que dificultan el cambio radical o rápido que se espera.
Como sociedad – advierte la representante de Amnistía – nos anteponemos a la revictimización de aquellas mujeres que enfrentan situaciones de violencia a todo nivel, desde la violencia en las comunidades, en las familias, hasta la policial o estatal. Según Guevara esto se vincula con el discurso público social y su reproducción los medios de comunicación, que no se alinean con una mirada más progresista y progresiva de derechos humanos.
“Cuando una mujer es víctima de violencia, es revictimizada por el propio discurso social que justifica por qué esa persona fue sujeta a violencia. Acá tienes el caso de los feminicidios, donde se acusa a la mujer de por qué viajó sola, de por qué lo hizo de noche o con cierta vestimenta. Se pone en juicio a la mujer víctima del feminicidio y no al feminicidio como debe ser el caso”.
Otra deuda de los estados radica en la falta de información -no sólo estadística, sino de cómo se dan las distintas formas de violencia- para dar respuesta. “Los estados no elaboran material fidedigno que ayude a instruir la toma de decisiones de la política pública, es parte del grave problema que hoy enfrentamos.”. Guevara sostiene que el abuso de los estados también se refleja en la ausencia de leyes y políticas públicas que protejan derechos como el caso de la prohibición absoluta del aborto en un país como Chile. “Eso se refiere a violencia estatal, porque al no proteger el derecho a decidir de las mujeres y niñas, termina violentándolas”.
Chile abortable
El último informe de derechos humanos de Amnistía en Chile reparó en el lento avance del debate sobre despenalización del aborto y las cortapisas que ha tenido el proyecto actualmente en segundo trámite constitucional. Para Erika Guevara sin duda esto es alarmante. “Para AI esta ha sido una de las mayores preocupaciones que tenemos en materia de derechos humanos en el país; por la violencia que representa para las mujeres y el pleno ejercicio de sus derechos. Es una deuda histórica pendiente, es aberrante que en democracia se sigan violando los derechos de la mujeres y de las niñas”
No concibe esta forma de discriminación y violencia contra las mujeres, donde se les niega el derecho a decidir ante embarazos complejos, gestaciones forzadas por violencia sexual o embarazos no deseados. Y considera que la criminalización de esta práctica es una trasgresión a los derechos del género. “En la medida que una mujer no puede tomar decisiones tan básicas que tienen que ver con cómo se relaciona con su cuerpo y sociedad, es poco probable que el ejercicio de otro tipo de derechos puedan ser ejercidos en plenitud”. Para Erica el aborto no es un método de planificación familiar si no una respuesta a una situación de violencia que enfrenta una mujer a un embarazo no deseado.
El papel de los medios
La televisión juega un papel importante a la hora de propagar mensajes, construyendo -muchas veces- realidades y percepciones en la audiencia. Pero ¿se habla de derechos humanos, sexuales y reproductivos? ¿Se los aborda de acuerdo a los tiempos actuales? Lamentablemente para Erika Guevara los medios de comunicación más tradicionales no logran ajustarse a los nuevos públicos, quienes están más afectados en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos: las personas jóvenes que están iniciando su vida sexual más tempranamente, que tienen acceso a información vía internet y que manifiestan que los medios convencionales no informan la verdad u omiten asuntos relevantes.
Sin embargo, para Guevara la batalla aún no está perdida. Si bien en casi todo el continente los medios están concentrados y en la mayoría de los países pertenecen a fuerzas conservadoras que terminan “manipulando” la información para que la población no tenga acceso a datos concretos sobre cómo se ejercen sus derechos fundamentales “existen plataformas alternativas que proveen la documentación basada en evidencia y, sobre todo, informan en extenso sobre los derechos de las personas para generar cambios significativos en el largo plazo”.
Maternidad naturalizada
Sin duda los medios tradicionales, a través de las diferentes productos -ya sea noticias, teleseries o misceláneos- naturalizan los estereotipos de género: una de las principales causas de la violencia contra las mujeres y niñas. Es acá donde las mujeres son expuestas como madres o como las responsables de la reproducción, el cuidado del hogar y de la familia, generando ambientes conservadores donde la progresión de los derechos humanos se limita.
Son los medios que terminan perpetuando condiciones que generan violencia, donde si una mujer es asesinada o golpeada por su pareja, es revictimizada. “Porque lo que se cuestiona no es el asesinato, la violencia o la violación a sus derechos si no qué fue lo que generó ese desenlace. Se pone la responsabilidad en las personas y se hacen campañas de prevención donde se pide a las mujeres que no salgan de noche, no usen minifaldas ni tengan relaciones sexuales. Así se genera un clima donde el ejercicio de derechos se ve totalmente limitado para mujeres y niñas”, dice Erika Guevara de Amnistía Internacional.
Aborto criminalizado, máxima discriminación
En Chile, luego de un año y medio, la Cámara de Diputados logró aprobar en primer trámite legislativo, el proyecto de ley que crea las Garantías de los Derechos de Niños y Adolescentes. Esta aprobación también causó polémica a raíz de la repercusiones que una de sus normas podría tener en la discusión de la despenalización del aborto en Chile. Esto debido al artículo que establece «el derecho a la protección del embarazo vulnerable», tanto de la mujer menor de 18 años como del feto en gestación antes y después del nacimiento, indicando que no puede ser discriminado durante “su desarrollo intrauterino”.
Los derechos humanos, y una gama especial de estos, siempre tendrán una limitación, ya que estamos hablamos de derechos individuales que después se ejercen en el colectivo. Sin embargo, son muchas las discusiones y resoluciones de múltiples organismos (Naciones Unidas e instancias del sistema interamericano de derechos humanos) que establecen que “la protección de la vida futura -que puede ser ya dentro del proceso de desarrollo de un embarazo, como puede ser la protección de los derechos ambientales para nuevas generaciones que todavía no existen- no tienen por qué contraponerse al ejercicio de derecho plenos de mujeres y niñas”.
Entonces advierte Erika Guevara que “cualquier regulación que tenga como objetivo limitar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres y niñas, es contradictorio en sí mismo”. En su opinión, la norma sobre “discriminación intrauterina” “no tiene ninguna validez mientras se discute en paralelo una ley que podría dar pleno ejercicio de derechos sexuales y reproductivos para mujeres y niñas de un país en democracia”.
“Chile es uno de los países más contradictorios de la región. Por un lado, se conoce como uno de los pocos estables del continente, un pueblo al que le ha costado la alternancia política, una democracia joven que se ha ido estableciendo, un país que logra dar pasos significativos en temas de verdad, justicia y abusos por graves violaciones a los derechos humanos en dictadura. Eso es lo que se conoce de Chile”, expresa Erika Guevara.
Sin embargo, es rápida en añadir que “poco se sabe de todos los desafíos y deudas históricas pendientes en materia de derechos fundamentales. Y una muy trascendental, y que lamentablemente es una de las máximas en términos de discriminación, es precisamente la total penalización del aborto”. Es decir que el aborto sea criminalizado.
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