Se ha cumplido un año del segundo gobierno de Sebastián Piñera y es tiempo de evaluaciones y de seguimiento a su programa de gobierno en torno a “la mujer”, cargado de promesas. Ha sido un año con sorpresas en distintos planos, una de ellas, muy relevante, la irrupción del movimiento feminista desde las aulas universitarias, que no hizo sino extenderse y crecer para alcanzar una masividad inesperada el 8 de marzo pasado, Día Internacional de la Mujer trabajadora, articulado en torno a distintas temáticas, en que sobresalen la violencia de género, la educación sexista, el derecho al aborto, la discriminación y el abuso de poder en todas sus formas.
Este año la ciudadanía ha sido sorprendida por la atención de los medios de comunicación a actores y discursos de ultraderecha, y por la instalación, desde el gobierno, de temas de política pública y proyectos de ley basado en encuestas de opinión, en lo que muchos analistas han calificado como populismo. Preocupa la fuerza que toman en todo nuestro territorio y el mundo los fundamentalismos y cómo esto afectaría los avances en DDHH conquistados por las mujeres. El tratamiento a los inmigrantes, al pueblo Mapuche, a la delincuencia, a las movilizaciones sociales muestran un reforzamiento del ejercicio excluyente-autoritario del gobierno, más allá de las Comisiones instaladas inicialmente y nos hacen reflexionar de la precaria institucionalidad en que hemos cristalizado las conquistas por más y mejor democracia.
Las movilizaciones de abril a junio de 2018 obligaron al gobierno a hacerse cargo y generar una “Agenda Mujer”, con diversos anuncios y promesas. Tras un año de gobierno, sin embargo, surgen numerosas preguntas relativas a las políticas de igualdad de género implementadas por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y otros Ministerios. Por ejemplo, ¿en qué está el Cuarto Plan Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres (2018-2030), elaborado con amplia participación de mujeres de todo el país, que debía implementarse a contar del año 2018 ? o, ¿qué ha sucedido con el Plan Nacional en Violencia contra las Mujeres, ¿cómo ha avanzado su implementación? Y ¿qué ha sucedido con la Estrategia Nacional en Sexualidad, Afectividad y Género, acordada por los Ministerio de Educación, Salud y de la Mujer y la Equidad de Género?
El gobierno publica su propio balance de su Agenda Mujer y declara cumplidas diversas iniciativas, varias de ellas aprobadas o desarrolladas por el gobierno de la presidenta Bachelet, detalla proyectos de ley en tramitación y promete nuevos proyectos y reformas legales, nuevas políticas, programas y campañas. Sólo en un caso entrega cifras –el aumento de la cobertura del Programa de 4 a 7 para niños cuyas madres están empleadas, que alcanza a sólo 9.000 mujeres-, lo que impide visualizar el impacto esperado o alcanzado con las acciones realizadas o en curso.
Las cifras muestran una situación grave en materia de violencia de género: 38,8% de mujeres entre 15 y 49 años declararon, en 2017, haber sufrido violencia de pareja a lo largo de su vida (Encuesta Ministerio del Interior); en 2018, hubo 81.963 denuncias de mujeres por Violencia intrafamiliar en Carabineros (95,43% del total de denuncias); hubo 1.999 denuncias de mujeres por violación, 844 menores de 18 años (42,2%); 6.605 denuncias de mujeres por abusos sexuales y otros delitos sexuales, 4.120 de ellas, menores de 18 años (64%). En la Fiscalía, en 2018 hubo 99.865 causas por violencia intrafamiliar con mujeres como víctimas (76,5% del total), 5.688 eran menores de edad.
El protagonismo del presidente Piñera, poblado de anuncios, y la reiteración de un discurso exitista en el sector oficialista, nubla el día a día de la implementación de las políticas públicas.
Al analizar la atención que se da a la violencia intrafamiliar, se observa que la población bajo control por violencia en la red de salud pública (atención primaria y especialidad), en 2015, fue de sólo 36.487 personas (83,3% mujeres), revelando una enorme brecha de atención a víctimas potenciales, que serían en torno a las 100.000 de acuerdo con las estadísticas de Carabineros y la Fiscalía. La red de Centros de la Mujer del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género para atender a esos miles de mujeres es de sólo 103 centros, para 345 comunas; sólo 15 Centros para Hombres que Ejercen Violencia de Pareja, uno por región; y 28 casas de acogida. Hasta el 2 de abril pasado se habían registrado 11 femicidios consumados y 26 femicidios frustrados, y en 2018, 42 femicidios consumados y 118 femicidios frustrados, un alto porcentaje con medidas cautelares vigentes.
Ante esta realidad, ¿es adecuada la forma de legislar en torno a la violencia de género contra las mujeres? ¿Es correcto seguir avanzando fragmentadamente frente a un problema que es de carácter estructural y donde no basta conquistar -aunque es muy importante- el derecho de las mujeres a transitar por el espacio público y ser tratadas con respeto y sin acoso sexual? ¿Es suficiente sólo modificar la tipificación del femicidio, para prevenir la violencia, reducir las cifras, asegurar la atención adecuada a quienes la viven violencia, reparar el daño resultante para cada mujer y su entorno? Las organizaciones de mujeres y feministas insistiremos hasta el cansancio que es urgente contar con una Ley integral que enfrente una problemática de alta complejidad.
Lo mismo se puede hacer con todos y cada uno de los temas de la Agenda Mujer del gobierno: la implementación de políticas y programas no se condice con los anuncios y con el envío de proyectos de ley al Congreso.
Para conocer las evaluaciones de este primer año de gobierno, entrevistamos a representantes de distintos sectores políticos, de distintas instituciones y organizaciones.
Adriana Muñoz senadora PPD: “El gobierno de Sebastián Piñera se está haciendo cargo de una agenda que dejó la ex presidenta Bachelet”
A un año de gestión de la segunda administración de Sebastián Piñera y después que 500 mil mujeres se tomaran las calles y marcharan el 8 de marzo, apunta: “Esta cantidad de mujeres interpela al gobierno directamente pero también a los políticos de izquierda, centro y derecha. Este gobierno comete un error al entender que el feminismo es un tema partidario, político y tradicional, cuando el feminismo en realidad es la lucha de las mujeres por sus derechos El gobierno actuó mal desde el principio porque para ellos, es muy difícil darse cuenta de la oferta cultural que tiene el movimiento feminista. Por lo menos, al final se dieron cuenta del error”, complementa.
Un huevo al televisor
“El gobierno de Sebastián Piñera se está haciendo cargo de una agenda que dejó la ex presidenta Bachelet, o sea proyectos nuevos del gobierno no he visto claramente”, puntualiza. Así alude a la ley por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Otro buen ejemplo es el “Instructivo Presidencial en materia de acoso para la prevención y denuncia del acoso laboral y sexual en servicios del Estado”; buenas prácticas que impulsó la ex presidenta Bachelet en su primer y segundo periodo.
Paz Robledo, redactora de la ley de aborto en tres causales: “Han buscado todos los mecanismos para boicotear su implementación“
“Creo que hay una intencionalidad política por parte del gobierno de Piñera para que esta ley no fuera implementada como debiera ser, porque han buscado todos los mecanismos para boicotear la implementación de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”, denuncia Paz Robledo, quien coordinó la redacción de la normativa que velaba por la puesta en marcha de dicha norma.
La ex asesora del Ministerio de Salud está convencida que, antes de asumir como ministro, el doctor Emilio Santelices ya venía con una decisión política clara respecto a modificar el carácter de lo normado en la Ley 21.030. Por lo mismo, primero se pensó que serían los reglamentos de acompañamiento los flancos más débiles para modificar ante la puesta en marcha de la ley. Pero según Robledo, la principal traba ha sido la objeción de conciencia: “Apenas asumió, el ministro bajó tanto los requisitos para la objeción de conciencia que el mensaje que le dio a las redes sanitarias fue; aquí no vamos a implementar la Ley y quien quiera objetar que lo haga bajo cualquier circunstancia”.
Lorena Astudillo de la Red: “Me gustaría decirle a Sebastián Piñera que las feministas estamos en alerta”
Respecto al detalle de la Agenda Mujer, una de las medidas que enciende el análisis es la creación de una Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares para las mujeres víctimas de violencia. Un núcleo pensado para cuidar la integridad de quienes denuncian, una vez que las mujeres hayan iniciado las querellas correspondientes. También se implementará un Registro Único de Violencia por hechos ocurridos en el ámbito intrafamiliar, una acción que ya estaba pendiente del segundo gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, y que le proporcionará información en línea a diferentes órganos del Estado. “A mí me parece que este registro se entiende como una necesidad, pero no está fácil la implementación porque aún no tenemos una legislación que determine qué es la violencia extrema hacia las mujeres”, comenta la vocera de la Red, Lorena Astudillo.
Para la abogada lo medular es unificar un criterio y validar una definición de la violencia hacia las mujeres, que se comete en el ámbito privado o público. Esto para que Carabineros, la Policía de Investigaciones, trabajadores sociales y médicos tengan un piso de conocimiento sobre las implicancias de este problema social. “Ni legislativa ni institucionalmente el concepto está creado. El Estado chileno no lo reconoce bajo ningún punto de vista, sino que solo lo hace como violencia intrafamiliar”, explica Astudillo y comenta que “actualmente existe un registro de agresores de violencia intrafamiliar. Sin embargo, se le ofrece a los agresores una serie de alternativas a cumplir para no entrar en él”.
Marcela Sabat diputada RN: “Nuestra Agenda Mujer y Equidad es lo suficientemente robusta como para no ceder ni un centímetro ante ningún fundamentalismo”
“Por supuesto, estamos trabajando de acuerdo con lo comprometido con la CEDAW firmada y ratificada, a través de las urgencias legislativas correspondientes sobre violencia y discriminación contra la mujer para que lo antes posible puedan ser parte del accionar de la política pública”.
«Estamos trabajando fuertemente en la Agenda Mujer y en los proyectos que comprometimos por los derechos humanos de las mujeres y especialmente para aumentar la protección hacia las mujeres como las iniciativas anunciadas de incrementar las penas al ciber acoso en todas sus formas, la creación de una Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares y Medidas de Protección, la Implementación del Registro único de Víctima de Violencia y la del Reporte de Equidad de Género en el Trabajo. En este sentido, las voluntades y los esfuerzos siempre han sido claros ‘derechos son derechos’ y contamos con el apoyo del Ejecutivo ante las urgencias legislativas, situación que no ocurría con el anterior gobierno”.
Ivone Gebara, religiosa feminista: “Los cuerpos de las mujeres se están alejando del control eclesiástico”
Según Ivone Gebara, la clase media de mujeres católicas es la que está recién comenzando a percibir una violencia que hasta ahora se había mantenido oculta. Esto, a propósito de la experiencias de develamiento de abusos que han ocurrido en otros países, como lo que pasó con las madres de las niñas y niños abusados en Pensilvania, Estados Unidos. Abusos de las autoridades eclesiásticas y de los contenidos teológicos que se expresan en las iglesias. “Un ejemplo de ello es que existe violencia simbólica, en el sentido de que nosotras no estamos presentes en los temas y contenidos de la teología más importantes”, explica.
Que las laicas se conmuevan, identifiquen hechos de violencia, empaticen con las mujeres víctimas no es común. “Muchas veces hemos hablado que nosotras no podemos ser más funcionarias de las iglesias y tampoco siervas de las parroquias (…) y cuando percibamos la explotación de nuestras labores, las mujeres tendríamos que denunciarlo”, refuerza Gebara.
*Todas las entrevistas fueron realizadas por Catalina Arenas, producidas por Fabiola Gutiérrez y en su edición Mónica Maureira, periodistas e integrantes del Observatorio de Género y Equidad
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