Gloria Maira coordinadora Mesa Acción Aborto: «El aborto es un evento en la vida reproductiva de las mujeres»

Gloria Maira coordinadora Mesa Acción Aborto: «El aborto es un evento en la vida reproductiva de las mujeres»

Por Catalina Arenas

Lo dijo fuerte y claro en el Congreso Nacional en Valparaíso: “La interrupción voluntaria del embarazo es una prestación casi clandestina, no se informa a las comunidades ni a las mujeres”. La coordinadora de la Mesa Acción por el Aborto en Chile (MAA), Gloria Maira, profundiza en los obstáculos que no permiten la plena implementación de la Ley, el silencio de las autoridades y el rol de las organizaciones de mujeres activistas y feministas.

La falta de diligencia es muy distinta a la negligencia. Dos acciones negativas que a menudo se confunden y cuya diferencia radica en quién las lleva a cabo, ya sea por desinterés, desconocimiento o estratégica omisión. Por un lado, está la poca o nula diligencia de las autoridades pertinentes en materia de bienestar sexual y reproductivo y, por el otro, los equipos médicos y asistentes en salud que actúan de manera negligente al entorpecer el proceso hacia la prestación del servicio que permitiría interrumpir un embarazo.

Aborto en tres causales: una carrera de obstáculos

Para evitar la denuncia por la no prestación del aborto en las causales permitidas por la Ley, los hospitales, clínicas y otros centros de salud están cumpliendo con el mínimo esfuerzo. Así lo demostró el Informe de Monitoreo Social Implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales que realizó MAA junto a Fondo Alquimia y otras organizaciones de la sociedad civil de regiones.

La sistematización la implementación de la norma observó cómo las mujeres accedían al aborto legal en establecimientos de siete regiones del país. Así, se identificaron prácticas y discursos que contribuyen o dificultan la ruta que las mujeres siguen en los establecimientos públicos de salud primaria y de especialidad obstétrica cuando están en las circunstancias extremas de riesgo vital, inviabilidad fetal letal y violencia sexual.

“Si hay un equipo en que todos son objetores de conciencia, se debería garantizar la derivación de la paciente. Esta opción existe, pero no se informa porque no se asume el aborto como una prestación de salud que debe estar a disposición de las personas con capacidad de gestar”, describe Gloria Maira como un ejemplo de la poca voluntad que existe de garantizar este derecho.

Los resultados del monitoreo muestran la ausencia de compromiso del Ministerio de Salud de cara a las barreras que significan la objeción de conciencia para las mujeres, la falta de capacitación y sensibilización del personal de salud, el desconocimiento y la desinformación de las usuarias del servicio que posibilita interrumpir un embarazo.

Para la ex sub directora del Sernam, el derecho al acceso a la información es fundamental para que los derechos de todas las niñas, adolescentes y mujeres no sean vulnerados ni postergados. “No estamos diciendo que la mujer tiene que interrumpir su embarazo siempre en cualquiera de las tres causales. Pero, evidentemente, saber si ese feto tiene o no posibilidad de sobrevida, le dará un piso de seguridad distinto para decidir si continuará o no con el embarazo”, precisa Gloria como investigadora en temas de aborto y violencia contra las mujeres.

Frente a la ausencia de voluntad para informar a las mujeres, las psicólogas y trabajadoras sociales que forman las llamadas duplas psicosociales han sido pieza fundamental. Deciden caminar con el pañuelo verde para que las mujeres sepan que ellas sí están disponibles para orientarlas acerca de la Ley y  acompañarlas en este proceso, si así lo deciden voluntariamente. “Esas duplas han facilitado que las mujeres tengan más información y acceso a la prestación sorteando los obstáculos que hay en la red asistencial. Las psicólogas y asistentes sociales han sido súper importantes para brindar orientación a las mujeres y un espacio fundamental para decidir”, enfatiza la coordinadora de MAA y activista feminista.

Otro obstáculo identificado por el Monitoreo se refiere a la capacitación acerca de los protocolos que sólo reciben los equipos médicos que intervienen en la interrupción del embarazo. El resto del personal de salud involucrado ni siquiera es sensibilizado. La implementación de la Ley, en la práctica, se convierte en una carrera de obstáculos. Gloria Maira explica que las duplas psicosociales son las que menos capacitación reciben pese a lo clave que están siendo para las mujeres. “Pero no serán ellas las que cambien este paradigma porque también es un tema estructural que se arrastra desde la formación (profesional)”, advierte.

Objeción de conciencia al antojo

“Si hay algo que el monitoreo muestra es que la voluntad de las mujeres siempre va a estar tutelada, en términos de si acredita o no la causal, si efectivamente cumple con tal patología, si es que la violaron o no”, remarca Gloria Maira aludiendo a las limitantes que también impone sobre la decisión de las mujeres la objeción de conciencia.

La persistente resistencia de las autoridades a informar sobre la Ley, lo demuestra. No es una sorpresa, por el contrario, es la amenaza más latente desde oficialismo. “El actual Gobierno pertenece a una coalición política que intentó a toda costa que la Ley no se publicara. Finalmente, cuando se aprueba, ellos dicen abiertamente que no será implementada”, recuerda Maira. Agrega que la negligencia de médicos, enfermeras, matronas en los sistemas de salud público y privado se instala a partir de concepciones sociales y culturales sobre el aborto. “Son pocos y pocas profesionales las que buscan una alternativa frente a la Objeción de Conciencia. Otros son objetores porque el aborto está en contra de todas sus creencias y a otro grupo no le importa y prefiere no involucrarse porque conlleva mucho papeleo o porque puede que sea una experiencia laboral que no le convenga a su currículo”, asegura.

“Lo que hizo este gobierno con la objeción de conciencia fue que, de una norma que sería excepcional porque estaría únicamente radicada en la médica o médico que haría la intervención, llegamos no solo a una objeción de conciencia institucional con la que lidia el sector privado y la iglesia Católica, sino que también a una forma de objeción de conciencia individual tan amplia que no tiene nada de excepcional«, discute la activista Gloria Maira.

La definición de las tres causales ya da cuenta de situaciones extremas en que las mujeres se encuentran. Ninguna de ellas decidió llegar a ese punto. El monitoreo da cuenta que lo circunstancial, desafortunado y azaroso de las causales también aplica a la atención en salud: al filo de los plazos seguros para practicar la interrupción del embarazo, con diagnósticos tardíos o la acreditación de la causal cuando ya está muy avanzada la gestación. Todavía peor. En ocasiones las mujeres no llegan a dar con un equipo de salud no objetor dentro del periodo establecido por la normativa para la primera y la tercera causal.

Gloria Maira les llama a estos últimos “objetores de derecho”; grupos de profesionales que activan la objeción de conciencia individual antojadizamente; los mismos que sólo necesitan firmar un formulario para negarse a participar en el pabellón e intervenir en la prestación. «Son profesionales que, desempeñando una función en el sector público, no tienen ni un compromiso con las usuarias en estos casos. Un compromiso que se debiese traducir en facilitar el acceso a una prestación que está reconocida por Ley”.

Mientras, al sector privado, el Tribunal Constitucional en 2017 le otorgó la facilidad de declararse objetor de manera institucional solo con informarlo públicamente. Todo lo anterior, dice Gloria Maira, da cuenta que los objetores de conciencia impiden que las personas con capacidad de embarazarse ejerzan su derecho a informarse y ser reconocidas como sujetas de derecho con autonomía reproductiva.

Ruta crítica

El Informe de Monitoreo Social demostró también cómo a las mujeres se las condiciona a seguir una «ruta crítica» para acceder a un aborto según las tres causales. “La Ley obliga a derivar si como centro de salud, hospital o clínica, no se presta el servicio. Los establecimientos de salud no se pueden desentender pero lo hacen. Es la mujer la que corre con gran parte de los costos además de los traslados, los permisos y las licencias. Después de haber pasado por toda esa ruta crítica, las mujeres llegan en condiciones muy complicadas, de precariedad para su salud física y mental y mucho más empobrecidas, en especial las que debieron cubrir con sus propios recursos el desarrollo de todo este proceso”.

“Cuando un ecografista obliga a una mujer a escuchar los latidos o le muestra la pantalla con la imagen de la ecografía porque simplemente él considera que ella sí debe verla, hablamos de actos de arbitrariedad que vulneran la voluntad de esa mujer, lo cual es inaceptable”, denuncia Maira. “La sociedad y el Estado deben entregar condiciones para que las mujeres y las personas con capacidad de gestar estén en posibilidad de tomar con libertad y tranquilidad una decisión respecto a continuar o no la gestación, y que esa se pueda hacer de manera segura y en las mejores condiciones para esas personas”. Se trataría de un asunto de dignidad humana que implica valorar el proyecto de vida de las mujeres y reconocer su condición de ser humana con derechos.

Rezos y milagros para evitar el estigma del aborto

Las condiciones en que viven y se desenvuelven las mujeres en un determinado territorio también dan cuenta de qué tan estigmatizado está el aborto socialmente y cuáles son las posibilidades de generar espacios para discutir al respecto. “La incertidumbre comienza a jugar por sobre los imaginarios del deber de la maternidad. Los comentarios tipo ‘quién sabe si tu guagua se salva’ o rezos y proclamas de curas o pastores pidiendo milagros son realidades que entorpecen una cultura de conversación que haga que la persona, desde su condición de sujeta de derechos, sea la que decida qué hacer”.

El seguimiento a la Ley demostró que la percepción de si la decisión de la usuaria se respeta o no, tiene una variación muy amplia: desde “nunca” hasta “siempre”. Esta amplitud es señal que el fundamento de la Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), como es el derecho a decidir, no está asegurado. “Creo que la mayoría de la población no está muy en conocimiento de sus derechos, la mayoría de las mujeres a las tú les preguntas si saben de qué trata la Ley IVE dicen que no saben”, así lo entiende una profesional que fue entrevistada por el estudio del monitoreo social.

Ante la falta de respuestas e informaciones de parte de las autoridades, funcionarios y funcionarias públicas, la estrategia de la Mesa, y de las organizaciones que trabajan en derechos sexuales y reproductivos, ha sido ir ampliando la discusión sobre aborto. «Desde la Mesa se está planteando esta urgencia, también otras organizaciones que prestan servicio de atención. Nuestra intención es ir posibilitando una red interactiva de organizaciones en movimiento que haga que las mujeres puedan orientarse en este derecho que debiese estar garantizado”.

Así buscan ir superando el estigma social hacia las mujeres que deciden abortar y que este no interfiera en el diagnóstico que se haga de la implementación de la ley en tres causales o de lo que sucede en la realidad con el aborto en Chile. “El punto no son sólo las instituciones públicas, el punto está en la sociedad en su conjunto. Nuestra estrategia sigue siendo la despenalización social del aborto. El aborto es un evento en la vida reproductiva de las mujeres. Nos puede suceder a todas, las pérdidas reproductivas son algo muy común en nuestras vidas”.

La intención de volver a instalar en el debate legislativo una Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos (se presentaron dos propuestas, una el 2000 y otra el 2008, ambas archivadas por la Cámara de Diputados) que garantice a todas las personas ingresar a las prestaciones de salud y educación en esa materia, es necesaria pero no suficiente. “Creo que las leyes no son suficientes porque las posibilidades de que todo esto llegue a buen puerto no está asegurado. Hay sectores reaccionarios que se mantienen y además es necesario que como sociedad nos abramos a reconocer estos derechos y libertades para que también las podamos demandar”, sostiene Maira.

“Siento que las mujeres deben indignarse con cada acto que vulnere su condición de persona. ¿De qué manera fortalecemos nuestra propia ciudadanía para que a las mujeres se nos vea como seres morales? Cualquier trato cruel e inhumano hacia las mujeres debe tener un espacio para que pueda ser reclamado y reparado.»

“A nosotras no nos interesa trabajar en la reforma legislativa a la Ley de las tres causales”, dice Gloria Maira desde  la Mesa Acción por el Aborto en Chile. Porque para ella, “la única manera que tenemos de avalar las tres causales es garantizando el aborto libre en el primer trimestre. Es decir, que en las primeras 14 semanas de gestación la mujer pueda interrumpir ese embarazo por las razones que ella considere pertinente”.

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