Cuando las organizaciones de mujeres y feministas nos encontramos con el Proyecto de Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, y seguimos su discusión parlamentaria, compartíamos por un lado la satisfacción en que esta ley incorporara la voluntariedad, la decisión de las mujeres para efectos de interrumpir su embarazo por riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal o por violación.
Por otro lado, compartíamos la preocupación, particularmente en su discusión legislativa, de la incidencia que podrían tener los grupos anti derechos de las mujeres, en minar lo que más se pudiera el principio político de autonomía, que reconocía esta nueva ley en las mujeres.
Las estrategias de los grupos anti derechos fueron múltiples, desde manifestar derechamente que no les importaba la dignidad de las mujeres, hasta travestir su intención en un paternalismo de género que aludía a discursos feministas y trastocados para hablar de lo importante que era que el Estado acompañara a las mujeres a tomar decisiones, porque solas no podrían.
Lamentablemente, la nueva Ley incorpora el acompañamiento -y el riesgo- como lo indica Irma Palma en este reportaje, en que esto se vuelva un dispositivo de control sobre el derecho a decidir de las mujeres, más que una consejería técnica es evitable. Sí, es evitable. Más supone reglas claras desde quienes elaboran las políticas públicas que dotan de institucionalidad a esta nueva Ley, así como también de la acción política vigilante de las organizaciones de mujeres y feministas sobre esta nueva institucionalidad.
El desafío está entonces en sostener el derecho a decidir de las mujeres, en torno a estas tres causales y no hacer de esta nueva ley un instrumento que restrinja el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres en Chile.
Nota de la redacción: por más de un mes intentamos conocer la opinión del Colegio Médico sobre la ley, sus desafíos y las barreras que podría imponer la objeción de conciencia. Las oportunidades de entrevistas se prorrogaron en múltiples ocasiones pese a la insistencia del equipo periodístico del OGE al punto de tener que cerrar esta edición sin conocer en detalle el posicionamiento del Colegio Médico en asuntos tan relevantes para los derechos de las mujeres.
Irma Palma académica de la Chile: “El acompañamiento es una herramienta de disuasión para evitar que la mujer interrumpa su embarazo”
Por Marcel Pavez
La psicóloga y académica de la Universidad de Chile Irma Palma ha liderado por más de dos años el proyecto de investigación “Sexualidad, sociedad y política. Programa de investigación en torno al aborto en Chile”. Desde ese espacio, ha coordinado un equipo de investigación respecto al aborto inducido, realizado docencia y acciones de difusión e incidencia política en torno a un tema que llegó para instalarse: los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La nueva ley promulgada a mediados de septiembre por la Presidenta de la República Michelle Bachelet, no ha estado exenta de críticas. Sin ir más lejos, entre quienes se manifiestan a favor del aborto legal existe un fuerte rechazo sobre uno de sus párrafos que establece que “el prestador de salud debe proporcionar alternativas a la interrupción del embarazo”.
Según explica Irma Palma “durante todo el debate en torno a la ley de aborto, se criticó que el proyecto no contuviera nada que pudiese ofrecer condiciones por parte del Estado para que las mujeres tomaran otra decisión”. De esta forma, surge el acompañamiento, que como principio tendría la función de brindar información “objetiva” a las mujeres sobre la decisión que llegaran a tomar.
No obstante, el acompañamiento no es un asunto nuevo en las discusiones públicas en aborto; corresponde a una estrategia política de parte de los opositores a la legalización de la interrupción voluntaria de un embarazo para evitar su práctica. “Los grupos pro ilegalidad del aborto la han utilizado en Estados Unidos e Inglaterra cuando se dan cuenta que las leyes están a punto de ser aprobadas”, asegura Palma y agrega que “el acompañamiento es una herramienta de disuasión que busca evitar que la mujer interrumpa su embarazo”.
Un ejemplo de ello son los llamados “Centros de Maternidad en Crisis” (o maternidad vulnerable, concepto acuñado en Chile) existentes en Estados Unidos e Inglaterra, lugares donde ingresan a las mujeres en etapa de decisión entre interrumpir o continuar su embarazo. En esos lugares, se les intenta disuadir de realizarse un aborto mediante la entrega de ecografías, ropa infantil, entre otras acciones. También existen casos más extremos como las llamadas “operaciones rescate” donde manifestantes “pro vida”, al amparo de estas organizaciones antiderechos, acosan al personal médico y de salud de los recintos donde se interrumpen embarazos o directamente a las mujeres que acuden a ellos, incluso evitando su ingreso por medio de la fuerza.
Es por ello que no sorprende que la discusión de la ley en Chile haya pasado, a ratos, a tener un carácter más ideológico que técnico, ya que lo que en realidad se estaba debatiendo era la inclusión de un instrumento capaz de cuestionar la necesidad de la mujer para interrumpir su embarazo y, por ende, evitar que aborte. Así, Irma Palma sostiene que “durante todo el proceso legislativo, el debate se fijó en una suerte de acompañamiento versus aborto”, siendo la primera opción la herramienta que “contrapesaría el ofrecimiento de interrupción del embarazo”.
Acompañamiento vía de financiamiento para ONGs pro vida
La anterior no es la única polémica que rodea al acompañamiento. Durante la tramitación del proyecto, algunos de sus opositores más acérrimos como el Senador Andrés Allamand (RN), lograron que la ley permitiera que, en el caso de entidades privadas, fuesen ONGs y fundaciones contrarias al aborto, las encargadas de brindar este servicio a las mujeres en vez del Estado.
“Algunos opositores al proyecto se mostraron a favor de que las organizaciones “pro vida” de la sociedad civil, que hicieron lobby contra el proyecto durante toda si tramitación, pudiesen realizar este acompañamiento” recuerda la académica de la Universidad de Chile. “Entonces, este termina residiendo en las orientaciones propias de las ONGs en vez de los programas del Estado”.
El problema de esto, advierte Irma Palma, es estructural: los programas y orientaciones de acompañamiento de estas organizaciones no buscan acompañar a la mujer en el discernimiento y decisión de interrumpir el embarazo sino más bien evitar a toda costa que el aborto se realice.
“Esta discusión llegó hasta las últimas fases del proceso de tramitación, y en el debate final los senadores de derecha junto a la DC y Alejandro Navarro (del Partido Amplio de Izquierda Socialista, PAIS) votaron a favor de que el Estado pudiera transferir los recursos y hacer la derivación de las mujeres a estas organizaciones pro vida”, advierte.
En aquella ocasión, recuerda, Navarro emplazó a las organizaciones evangélicas a ofrecerle acompañamiento a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, “pese a que estas han sido de las grandes opositoras a la legalización del aborto en tres causales”, precisa Palma. Esto, a fin de cuentas, “podría potenciar a estas organizaciones mediante la entrega de recursos estatales para llevar a cabo este tipo de acompañamiento”.
Proteccionismo de género
Otro de los cuestionamientos que ha tenido esta herramienta surge en torno a qué tan útil podría ser. La doctora en psicología Irma Palma es enfática en sostener que al acompañamiento “hay que distinguirlo de consejería, porque esta última es una relación técnica de ayuda a una persona en una situación crítica”. “Se podría pensar que una mujer que aborta, apelando a una de las dos primeras causales (por riesgo de vida e inviabilidad letal del feto) es una mujer que no quiso llevar su embarazo a término. Pero será por razones externas que ello no le fue posible”. Entendiendo que para algunas mujeres “esta decisión puede ser difícil son estas quienes podrían necesitar consejería”.
Sin embargo, en la única causal donde una mujer no elige ser madre es en una situación muy crítica como la violencia sexual. Para Irma Palma esta sería una instancia en donde “la mujer podría requerir consejería para discernir sobre su decisión” y agrega que además “podría incorporarse a programas estatales de víctimas de violencia sexual y no requeriría entonces este acompañamiento diseñado para la ley”.
La legislación, en su opinión, opera sobre la base de que una mujer de escasos recursos que se embarazó producto de una violación requiere apoyo “pero si esa mujer es de La Dehesa, en esa misma situación (embarazo por violación) no requeriría este acompañamiento, ni dinero, ni tampoco ayuda de las ONGs”.
Palma asegura que la ley considera a las mujeres que eventualmente podrían abortar apelando a la tercera causal como vulnerables a la coerción y al hecho de poder continuar su embarazo por sí solas. “La representación que tienen los opositores de la ley ante la tercera causal es estrictamente el de mujeres y niñas en situación de pobreza”, sentencia. Esta es otra de las razones por la cual se opone al acompañamiento, ya que este “no puede ser un instrumento disuasivo que las asuma como vulnerables y desamparadas”.
Esta suerte de “proteccionismo de género”, como lo llama Irma Palma, es contrario a una estrategia feminista por ser extremadamente conservador. La psicóloga acusa a Soledad Alvear y a agrupaciones como Mujeres Reivindica, como las instancias operadoras de esta política; de considerar que “las mujeres vulnerables debían ser protegidas, pero siempre dentro de su maternidad” y al mismo tiempo hacer una crítica al feminismo nacional al caricaturizar “a las feministas como personas que desprotegen a las mujeres al impulsar el aborto en tres causales”.
Paz Robledo, MINSAL: Reglamento contemplará sanción a instituciones que no garanticen derechos de las mujeres en acceso a aborto
Por Catalina Ellies
El sábado 23 de septiembre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 21030) fue visada por la Contraloría General de la República y publicada en el Diario Oficial, lo que significa que a fines de diciembre debiese estar operativa. Paz Robledo, médica cirujana especializada en pediatría, magíster en Psicología del Adolescente y asesora del gabinete del Ministerio de Salud (Minsal) en esta materia, está a cargo de coordinar la redacción de la normativa que regirá la correcta implementación de la ley.
Este reglamento demanda un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Salud Pública, la de Redes Asistenciales y el equipo jurídico del Minsal. Las directrices son estandarizar las normas nacionales, técnicas y administrativas que deben garantizar calidad y seguridad para las mujeres que necesiten estas prestaciones médicas en las situaciones límite que contempla la ley de aborto y que serán exigidas por bono tanto en el sistema público como en las isapres.
“Una de las cosas que más me llamó la atención cuando empezamos a hacer el abordaje de la ley es lo
absolutamente atrasados que están en metodología y técnicas disponibles los equipos obstétricos en Chile. Acá todos los vaciamientos uterinos, cuando hay abortos espontáneos o cuando el feto está muerto, se hacen con tecnologías de hace más de una década. Me parece insólito que incluso sin ley de interrupción voluntaria del embarazo, teniendo los más de 11 mil casos anuales de vaciamiento uterino, estemos usando técnicas prehistóricas. Esta ley es una tremenda oportunidad para ponernos al día, educar, entregar herramientas y cambiar el foco, pensando en las necesidades de las mujeres. En otros países para estos procedimientos se realiza tratamiento farmacológico y sistemas de aspiración, que son menos invasivos, dolorosos y evitan infecciones, perforaciones y hospitalizaciones, por lo tanto, son procedimientos beneficiosos para el sistema sanitario y las mujeres”.
El Minsal está trabajando en la norma en conjunto con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de personas Adultas y también incluirá a la Sociedad de Ginecología Infanto Juvenil para que participe como revisora. Para Robledo, la principal dificultad para elaborar este documento ha sido estar tan ajustados con los plazos, ya que se limita la participación de las organizaciones de la sociedad civil. “No vamos a poder hacerlo desde un proceso participativo y de involucramiento, nos hubiese gustado convocar a todas las organizaciones de mujeres para contar con sus opiniones, su colaboración y experiencia en el tema, pero solo hemos informado en al Consejo Consultivo de Género y Salud porque sabemos que para abrir la participación societal necesitaríamos más tiempo y no lo tenemos, hemos estado durante 2 años 8 meses discutiendo sobre aborto y lo que ahora corresponde es abocarnos en instalar la ley”.
El protocolo tratará las tres causales por separado con equipos especializados en cada una de ellas. “En Chile tenemos una larga experiencia en salud útero fetal, con más de 60 años de trabajo, por lo tanto, no es que vayamos a descubrir la pólvora, vamos a fortalecer una estructura sanitaria que ya existe y que está integrada en el nivel primario, secundario y terciario y también las capacidades que requiere la especialidad”, detalla Robledo.
La asesora aclara que las causales de riesgo de vida de la mujer e inviabilidad son situaciones que ya ocurren en algunos establecimientos del país de manera rutinaria. La ley normará y disipará cualquier tipo de dudas, sobre todo la causal de violación, que es un escenario totalmente nuevo. “La tercera causal sale entre comillas del tema médico porque está determinada por un contexto social, por lo tanto, no basta con el vaciamiento uterino. También es necesario un acompañamiento en la vulneración de derechos que ha sufrido esa mujer o niña y poner a disposición el apoyo psicológico y psiquiátrico que vaya de la mano de sus derechos, donde se vele por su integralidad para dar un salto en la dimensión psicosocial que requieren”.
Ellas deciden
Cuando la ley se discutió en el Tribunal Constitucional, un párrafo fue modificado y abrió la posibilidad de que las instituciones fueran objetoras de conciencia. Se sacó el texto «y en ningún caso» cambiando todo el sentido de la oración, lo que implica que, en teoría, alguna institución sí podría declarar que dentro de su ideario está no dar estas prestaciones. Si eso fuera así, se debe derivar a la mujer a otro recinto de salud para que pueda ejercer su derecho a decidir.
Otras de las inquietudes de las organizaciones de mujeres y feministas se relaciona con la correcta aplicación del acompañamiento y que este no se convierta en un elemento disuasivo. “El foco de esta ley son los derechos, que puedan decidir incluso en estas situaciones límite. Si bien existe una ley de derechos y deberes de los pacientes, sabemos que está instalada una cultura sanitaria y médica bastante dictatorial. En la práctica las grandes transformaciones cuestan y esta ley nos permite hacer un proceso de reflexión justamente con estos equipos de especialidad, donde el respeto a la decisión de ellas, sea el eje. Eso me parece que es un salto cultural que esperamos esté expresado como corresponde en la normativa nacional que estamos trabajando. Con el aborto terapéutico dos médicos decidían como voz experta, cuando en realidad la más experta en su vida es la mujer”.
Consultada sobre cómo se resuelve la negativa de la Universidad Católica – por ejemplo – a realizar abortos, pese a recibir subvenciones públicas, Paz Robledo sostiene que “las autoridades políticas y de la UC deben resolver este tema. La FEUC hizo un plebiscito a sus cerca de 12 mil estudiantes, donde más 54% estuvo de acuerdo con realizar abortos. Esto es un proceso democrático de transformación, donde lo más importante es que las personas del equipo de salud se enfrentarán a una situación en la que nunca han estado; tendrán que ponerle rostro. Estas historias de vida merecen un proceso de reflexión profundo porque la objeción de conciencia tiene muchas aristas”.
El reglamento estipula que todos quienes estén dentro del pabellón donde se realizará el procedimiento podrán ser objetores. “Esperamos que haya colegas que sean objetores de conciencia individual y que le puedan decir a la Católica, «yo objeto tú decisión de no dejar abortar a una mujer», de manera que se puedan respetar las condiciones del ejercicio profesional. Es evidente que no puede haber un hospital público que se declare objetor de conciencia porque una de sus funciones es hacer cumplir las leyes del Estado de Chile. Queremos hacer un proceso de búsqueda de los equipos que van a estar comprometidos con los derechos de las mujeres, de manera que iniciemos un proceso de dialogo y transformación cultural y no de persecución”.
Aborto en el EUNACOM
El presupuesto para la implementación de ley de aborto en 3 causales para 2017 es de $5.017 millones, pero como comienza a regir en diciembre, sólo considera una doceava parte de eso, es decir, $601 millones. Para el 2018, la partida de presupuesto del Minsal ya fue aprobada para esta área y considera $3.500 millones para fortalecer las capacidades del sistema público, específicamente en la especialidad del nivel secundario y terciario. Por lo tanto, no están considerados dineros a nivel privado.
Una vez que se definan todas las prestaciones, los seguros de salud privado tendrán que codificarlo e informar a la Superintendencia de Salud qué entidades están en condiciones de desarrollar este procedimiento y la superintendencia hará el seguimiento junto con la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI). Administrativamente, se está analizando con todas las aseguradoras, la Superintendencia de Salud y Fonasa cómo garantizar que las afiliadas a las isapres no queden sin cobertura. “Queremos que esto sea un bien público, sabemos que muchas niñas del sistema privado son cargas de sus padres, pero su propio papá puede ser el abusador, por lo tanto necesitamos que puedan acceder, ya sea por Salud Responde o acudiendo a algún consultorio. Sabemos que la medicina privada está regulada por la oferta y la demanda y que existen tantos planes de salud como personas y algunos sin útero, por lo tanto, cuandolas mujeres escojan sus planes en las isapres tendrán que preguntar si incluyen sus derechos sexuales y reproductivos e informarse bien”.
Gran parte del presupuesto de esta ley se destinará a capacitación para profesionales de salud que realizarán estos procedimientos, incluyendo a las personas responsables de la orientación e información telefónica en Salud Responde. “Es evidente que con esta ley no solo tenemos que ver la instalación, sino que también trabajar con el Colegio Médico, Colegio de Matronas y los equipos de salud para que se implemente de la mejor manera. También debemos hacer revisión de los currículos universitarios, tanto de pregrado como de post grado. De hecho, soy de la idea de que incluso en el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM) debiera haber preguntas sobre aborto porque sabemos que en algunas universidades, por objeción de conciencia institucional, no lo enseñen. Pero necesitamos que estos conocimientos se adquieran y que se desarrollen destrezas para hacer estos procedimientos como corresponden”, dice.
Las instituciones que no cumplan con el reglamento arriesgan sanciones que se definirán en la normativa para que garanticen el ejercicio de los derechos de las mujeres, tanto en el sistema público como en privado. “Las sanciones propiamente tales están por definirse en la normativa. Ahora están en redacción y análisis por los equipos jurídicos. Pero efectivamente nosotros queremos tener un sistema de monitoreo, de seguimiento e implementación para que se garanticen los espacios de ejercicio de derechos para las mujeres tanto en el sistema público como privado”. Paz Robledo destaca que quienes tendrán la misión de fiscalizar que estos procedimientos se realicen de forma correcta y oportuna serán representantes de las organizaciones de la sociedad civil. “Nosotros como Minsal podemos sacar muchas normativas, pero esto debe ser valorado por la ciudadanía como un bien público y un derecho ganado que debe ser cuidado y defendido porque esta ley llegó para quedarse, no es algo reversible”.
Maternidad sobredimensionada
La tercera causal fue la más polémica durante la discusión y tramitación de la ley, donde se apuntó y descalificó a las víctimas de violencia sexual y se llegó al extremo de insinuar que las mujeres podrían inventar situaciones de abuso y violación. Al respecto la médica considera una falta de respeto que se generalice la visión distorsionada de las mujeres y se les tilde de mentirosas, gozadoras y negligentes, y no se dimensione el dolor y humillación que eso significa. “Me impresiona que se piense que las mujeres andan borrachas buscando sexo y mintiendo para abortar y que por lo tanto, la tercera causal es la apertura al aborto libre. Todos sabemos que no es llegar e inventar una violación, quien dice eso nunca ha estado con una mujer agredida sexualmente y nunca ha asistido a una niñita violada. Da la sensación de que nunca han criado a nadie. La violación es un daño tremendo a la estructura de personalidad de alguien en desarrollo como una niña o adolescente. Es como una bomba de racimo que hace que se sienta basureada y ninguneada. Reconstruirse para poder valorarse y pararse en sus dos patitas con esa tremenda mochila, es del terror”.
Paz Robledo hace su diagnóstico y cree que el principal problema es la valorización que le da la sociedad chilena a la maternidad y la radicalización del debate desde la vereda opositora, donde se analiza como blanco o negro y no se repara en circunstancias específicas. “Lo ven como si hubiera un grupo de mujeres fanáticas de abortar, cuando en realidad a quienes trabajamos en los derechos sexuales y reproductivos no nos gusta el aborto, porque es el síntoma del fracaso de un conjunto de políticas públicas que debieron haber llegado mucho antes. No puedes obligar a una mujer, que por el sólo hecho de tener un útero fértil sea una heroína, puede que quiera serlo, pero que lo elija. Ni tampoco imponerle a una niña que fue vulnerada durante toda su infancia hacerse cargo de un embarazo que no escogió y que no le permitió desarrollarse. La maternidad en este país está sobredimensionada y eso hace que incluso quienes continúan con el embarazo para darlo en adopción son condenadas, como si lo único que existiera fuese el desarrollo de esa nueva vida, sin importar la que ya existe”.
Mónica Roa: “La objeción de conciencia considera a las mujeres incapaces de tomar decisiones y asumir su plan de vida”
Por Catalina Ellies
En 2006, la abogada colombiana Mónica Roa, en representación de Women’s Link Worldwide, -una organización que promueve los derechos de mujeres y niñas que enfrentan múltiples inequidades-interpuso una demanda ante la Corte Constitucional de Colombia que modificó la prohibición absoluta del aborto y permitió el reconocimiento de este derecho en tres circunstancias específicas; cuando la mujer ha sido víctima de violación, cuando su salud física y mental corren peligro o cuando el feto tiene alguna malformación.
Tras acogerse dicha demanda, una seguidilla de hechos desató una crisis en la seguridad de la defensora de Derechos Humanos: comenzó a recibir constantes amenazas en redes sociales, teléfono y fax, y una serie de robos en sus oficinas, de donde sólo sustraían los computadores, dejando intacto cualquier otro objeto de valor. Tomó la decisión de abandonar el país, luego de que a tres días del sexto aniversario de la sentencia de la Corte un desconocido disparara contra Women’s Link Worldwide. La bala rompió la ventana de seguridad y pasó justo por encima de su cabeza mientras ella estaba con dos colegas. Por fortuna, nadie resultó herido y tras el ataque Roa fue transferida a otra filial de la organización en Madrid. “Lo que intentaron hacer refleja las grandes contradicciones que se instalan en este debate por la vida.Fue durísimo dejar mi país porque tuve que rearmar mi vida desde cero. Hoy, después de todos estos años en España, veo este cambio como una forma de aportar desde una perspectiva distinta”, comenta.
No existen cifras de aborto seguro en Colombia. Tampoco hay certeza de cómo se registran en el sistema de salud. El 6% de las mujeres pierden embarazos por situaciones ambientales, nutricionales o de violencia. Y a pesar de que en dicho país se legisló hace más de 11 años, ha sido un proceso lento. El primer video informativo del Ministerio de Salud colombiano sobre las circunstancias en las que se puede interrumpir un embarazo se publicó recién el año pasado. Mientras, en esta década algunas organizaciones feministas se han dedicado a fiscalizar que este derecho se implemente de forma correcta y cada vez que encontraron una irregularidad, presentaron las denuncias oportunas. “No solo es importante el cambio legal, sino que también el cultural. Católicas por el Derecho a Decidir hizo un fuerte trabajo de despenalización social, muchas mujeres saben que pueden interrumpir su embarazo, pero la culpa de pensar que están cometiendo un pecado hace que tengan mucho temor y dudas. En ese sentido, el trabajo informativo de la agrupación fue muy importante para hacerlas sentir más tranquilas y darles la alternativa de decidir de forma libre”.
Cervezas versus Condón
Mónica Roa cree que aun aprobada la ley en Chile, la discusión del aborto es un proceso incipiente. No se puede comparar con la experiencia de Colombia donde las causales son más amplias; el riesgo para la vida de la mujer se aplica también a la salud física y mental. Reglamentación que coincide con la que existió en España por mucho tiempo y que sigue rigiendo en Inglaterra. “Esto es una falencia. El concepto de salud es un continuo, donde uno de sus extremos es la pérdida de la vida, pero que siempre va acompañado de una afectación a la salud. La separación de estos conceptos es lamentable porque hace daño al debate y muchas mujeres se quedan imposibilitadas de interrumpir su embarazo”.
Roa advierte que hay varias deudas que saldar. “Hay que asegurarse de que todo el personal que presta servicios de salud esté informado, entrenado en cuál es su función, cómo prestar los servicios y hacer que el acompañamiento no sea disuasivo y ojalá que esto venga de la mano de un cambio cultural donde no se estigmatice a quienes necesiten realizarse estos procedimientos y puedan ser atendidas lo más pronto y lo más tarde que sea necesario”.
La abogada, que siguió de cerca el proceso a través de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, destaca el proceso democrático en que se enmarcó el veredicto en el país; se trató de una iniciativa del Ejecutivo, discutida por el Poder Legislativo y finalmente aprobada por el Judicial. “He terminado este proceso con mucho respeto por la sociedad chilena y los grupos de la sociedad civil que hicieron esto posible. En este sentido, esta sentencia deconstruye esa falsa similitud entre proteger la vida prenatal y prohibir el aborto. En Colombia, tuvimos que luchar contra el sistema, antes, durante y después de la aprobación. Evitando proyectos de ley que querían echar para atrás lo que habíamos ganado en el Tribunal Constitucional. El Gobierno no quería ni enterarse que el tema estaba ahí porque se iba a convertir en una papa caliente política que no se iba a poder manejar”.
Uruguay es uno de los países de Latinoamérica con la legislación más avanzada en aborto, donde las mujeres pueden acceder a él por la causa que estimen conveniente. Sin embargo, después que se promulgó la ley, se reconoció la objeción de conciencia institucional, medida que también adoptó Chile. “Su gran problema es que anula la libertad de conciencia individual, que es un derecho humano garantizado en todos los tratados internacionales y constituciones de nuestros países. Además, es discriminatorio justificar realizar algunos servicios y otros no. No se considera a las mujeres como capaces de tomar decisiones y asumir su plan de vida”.
Otra de las grandes deudas de la mayoría de las leyes de aborto de la región, es la falta de instrucción sobre derechos sexuales y reproductivos. “Todos queremos que las mujeres tengan embarazos sanos y puedan llevarlos a término de manera feliz, pero quienes tienen interés por proteger la vida prenatal han obviado un montón de temas sobre esto. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la gama completa de estos derechos, desde una adecuada educación sexual hasta el acceso a anticonceptivos. En la medida que sea más fácil comprar una cerveza que un condón, no nos sorprendamos por el altísimo número de abortos. Y la idea es poder disminuirlos, pero pongámonos serios y veamos qué hay que hacer para que las mujeres que quieran tener hijos puedan hacerlo de forma segura”.
Feministas contra el sabotaje
La abogada cree que muchos de quienes están en contra del aborto se aprovechan se su posición de poder para obstaculizar que se otorgue la prestación de salud a las mujeres que lo requieran. “Hay un artículo que me gusta mucho titulado «la objeción de conciencia debe ser un escudo y no una espada»; un escudo para protegerme a mí como profesional de salud y mis creencias de algo que es una obligación, pero eso no se puede convertirse en una espada que yo use para atacar los derechos y dignidad de las mujeres”, explica.
Dice que a quienes están en contra del aborto les daría un mensaje de mucho respeto. “Están en su derecho de estarlo, pero no pueden entorpecer la implementación de la ley. El día en que alguien las obligue a abortar, vamos a estar ahí para defender su derecho a no hacerlo, así como lo hemos hecho con quienes sí lo quieren y necesitan. Nosotras no estamos en contra de la maternidad, estamos por la defensa de la autonomía de las mujeres que funciona en ambas vías. Si algún día alguna opositora o alguien de su círculo más cercano llega a encontrarse en alguna situación trágica, aquí vamos a estar para ayudarlas y recibirlas”.
Mónica Roa destaca que las organizaciones feministas tienen un rol protagónico y la responsabilidad de monitorear esta ley para evitar malas prácticas y retrocesos, sobre todo ahora que se acercan las elecciones presidenciales en Chile. “Si el próximo gobierno está en contra de esta ley no puede sabotear su implementación, debe respetar la democracia porque es un proyecto que aprobó la mayoría y un derecho que se ganó a pulso que tiene que ser garantizado con toda la fuerza de la ley”.
Redes de apoyo: Organizaciones pro y contra el aborto se harán cargo del acompañamiento de mujeres
Por Catalina Arenas
La nebulosa que había anticipado el extenso debate por el que pasó la Ley se está disipando, ya que distintas organizaciones aparecieron como candidatas para hacerse cargo de esta labor.
Después de la inquietud que generó la propuesta del candidato presidencial Alejandro Navarro, quien emplazó a las agrupaciones evangélicas a hacerse parte del acompañamiento a mujeres que soliciten interrumpir un embarazo, finalmente la idea fue descartada. Hasta ahora ocho agrupaciones con experiencias y distintas visiones sobre el aborto postularán al Ministerio de Salud (Minsal) para responder a las mencionadas responsabilidades.
Ya con el panorama más resuelto, la normativa señala que las mujeres podrán optar entre los programas de la salud pública y un listado de instituciones privadas acreditadas por el Ministerio que no contarán con financiamiento estatal.
Si bien la cartera de Salud aún no termina de redactar los detalles en la ejecución del proceso y sus condiciones en el reglamento que normará la implementación de la Ley de aborto en tres causales, existe un avance en cuanto a la incorporación de entidades interesadas en esta tarea, aunque sus intenciones de fondo son totalmente opuestas entre ellas.
Por un lado, este apartado de la Ley tomará en cuenta la opinión de distintos especialistas, pero también se abre la posibilidad a que distintos profesionales interfieran en el proceso, aconsejándole a las mujeres desistir de abortar. En palabras más técnicas, que el acompañamiento sea disuasivo. Estos programas no son estrategias nuevas en Chile. Se trata de organizaciones que pese a la ilegalidad del aborto, han trabajado en estrategias disuasivas a través de redes a lo largo de todo Chile. Algunas de ellas participaron de la tramitación de la Ley en sus distintas etapas legislativas, presentando argumentos en contra de la despenalización parcial del aborto.
Coordinadora cuyo voto “vale vida”
Chile es Vida se trata de una plataforma digital creada en 2014 para “acompañar a las mujeres embarazadas y a sus familias que sufran las dificultades o secuelas post aborto, difundir la protección del valor de la vida del ser humano y promover materiales de formación, información y orientación al respecto”. La integran cerca de 50 organismos como centros de estudio y fundaciones. Desde la misma vereda se suman otra como Amigos de El Maule por la Vida y Corporación Maternitas, Acompañares de Red Christus UC y Proyecto Esperanza, con fuertes vínculos religiosos.
A propósito de esta “bancada” que apuesta por el acompañamiento disuasivo; el candidato a diputado por el Distrito 10 Alberto Mayol advirtió que “es una idea que atenta contra el Estado laico”. Del mismo modo, la vocera y representante de la Fundación de Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU) Rocío Alorda sostuvo que “las creencias no pueden estar por sobre el Estado, que debe garantizar un acompañamiento clínico, psicológico y social, por ejemplo, cuando hay vulneración de derechos, como es el caso de la tercera causal de violación”.
Corporaciones por el derecho de las mujeres
Desde la otra cara de la moneda, están las organizaciones con basta experiencia en el trabajo por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por ejemplo, la Asociación Chile de Protección de la Familia (Aprofa) que desde mediados de la década del 60 brinda atención, capacitación y promueve políticas en materias de salud y educación sexual y reproductiva. A esta organización se sumaría otra como Corporación Miles Chile.
¿De qué se trata el acompañamiento en el proceso de acceder a un aborto en las tres causales de la Ley? A continuación, en qué consiste el Programa de acompañamiento:
- Se les ofrecerá a las mujeres acompañamiento tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período posterior a la toma de decisión, lo cual incluye el tiempo posterior al parto o la interrupción del embarazo, según decida.
- Este acompañamiento incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico y en cualquier otro momento de este proceso. Para este efecto se reforzarán los equipos de Alto Riesgo Obstétrico (ARO).
- En caso de continuar con el embarazo, junto con ofrecer el apoyo recién descrito, se otorgará información pertinente a las condiciones de salud en el proceso de gestación y se activarán redes de apoyo intersectoriales.
- Este acompañamiento sólo podrá realizarse en la medida que la mujer lo autorice, deberá ser personalizado y respetuoso de su libre decisión.
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