Por Marcel Pavez
La psicóloga y académica de la Universidad de Chile Irma Palma ha liderado por más de dos años el proyecto de investigación “Sexualidad, sociedad y política. Programa de investigación en torno al aborto en Chile”. Desde ese espacio, ha coordinado un equipo de investigación respecto al aborto inducido, realizado docencia y acciones de difusión e incidencia política en torno a un tema que llegó para instalarse: los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La nueva ley promulgada a mediados de septiembre por la Presidenta de la República Michelle Bachelet, no ha estado exenta de críticas. Sin ir más lejos, entre quienes se manifiestan a favor del aborto legal existe un fuerte rechazo sobre uno de sus párrafos que establece que «el prestador de salud debe proporcionar alternativas a la interrupción del embarazo».
Según explica Irma Palma “durante todo el debate en torno a la ley de aborto, se criticó que el proyecto no contuviera nada que pudiese ofrecer condiciones por parte del Estado para que las mujeres tomaran otra decisión”. De esta forma, surge el acompañamiento, que como principio tendría la función de brindar información “objetiva” a las mujeres sobre la decisión que llegaran a tomar.
No obstante, el acompañamiento no es un asunto nuevo en las discusiones públicas en aborto; corresponde a una estrategia política de parte de los opositores a la legalización de la interrupción voluntaria de un embarazo para evitar su práctica. “Los grupos pro ilegalidad del aborto la han utilizado en Estados Unidos e Inglaterra cuando se dan cuenta que las leyes están a punto de ser aprobadas”, asegura Palma y agrega que “el acompañamiento es una herramienta de disuasión que busca evitar que la mujer interrumpa su embarazo”.
Un ejemplo de ello son los llamados “Centros de Maternidad en Crisis” (o maternidad vulnerable, concepto acuñado en Chile) existentes en Estados Unidos e Inglaterra, lugares donde ingresan a las mujeres en etapa de decisión entre interrumpir o continuar su embarazo. En esos lugares, se les intenta disuadir de realizarse un aborto mediante la entrega de ecografías, ropa infantil, entre otras acciones. También existen casos más extremos como las llamadas “operaciones rescate” donde manifestantes “pro vida”, al amparo de estas organizaciones antiderechos, acosan al personal médico y de salud de los recintos donde se interrumpen embarazos o directamente a las mujeres que acuden a ellos, incluso evitando su ingreso por medio de la fuerza.
Es por ello que no sorprende que la discusión de la ley en Chile haya pasado, a ratos, a tener un carácter más ideológico que técnico, ya que lo que en realidad se estaba debatiendo era la inclusión de un instrumento capaz de cuestionar la necesidad de la mujer para interrumpir su embarazo y, por ende, evitar que aborte. Así, Irma Palma sostiene que “durante todo el proceso legislativo, el debate se fijó en una suerte de acompañamiento versus aborto”, siendo la primera opción la herramienta que “contrapesaría el ofrecimiento de interrupción del embarazo”.
Acompañamiento vía de financiamiento para ONGs pro vida
La anterior no es la única polémica que rodea al acompañamiento. Durante la tramitación del proyecto, algunos de sus opositores más acérrimos como el Senador Andrés Allamand (RN), lograron que la ley permitiera que, en el caso de entidades privadas, fuesen ONGs y fundaciones contrarias al aborto, las encargadas de brindar este servicio a las mujeres en vez del Estado.
“Algunos opositores al proyecto se mostraron a favor de que las organizaciones “pro vida” de la sociedad civil, que hicieron lobby contra el proyecto durante toda si tramitación, pudiesen realizar este acompañamiento” recuerda la académica de la Universidad de Chile. “Entonces, este termina residiendo en las orientaciones propias de las ONGs en vez de los programas del Estado”.
El problema de esto, advierte Irma Palma, es estructural: los programas y orientaciones de acompañamiento de estas organizaciones no buscan acompañar a la mujer en el discernimiento y decisión de interrumpir el embarazo sino más bien evitar a toda costa que el aborto se realice.
“Esta discusión llegó hasta las últimas fases del proceso de tramitación, y en el debate final los senadores de derecha junto a la DC y Alejandro Navarro (del Partido Amplio de Izquierda Socialista, PAIS) votaron a favor de que el Estado pudiera transferir los recursos y hacer la derivación de las mujeres a estas organizaciones pro vida”, advierte.
En aquella ocasión, recuerda, Navarro emplazó a las organizaciones evangélicas a ofrecerle acompañamiento a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, “pese a que estas han sido de las grandes opositoras a la legalización del aborto en tres causales”, precisa Palma. Esto, a fin de cuentas, “podría potenciar a estas organizaciones mediante la entrega de recursos estatales para llevar a cabo este tipo de acompañamiento”.
Proteccionismo de género
Otro de los cuestionamientos que ha tenido esta herramienta surge en torno a qué tan útil podría ser. La doctora en psicología Irma Palma es enfática en sostener que al acompañamiento “hay que distinguirlo de consejería, porque esta última es una relación técnica de ayuda a una persona en una situación crítica”. “Se podría pensar que una mujer que aborta, apelando a una de las dos primeras causales (por riesgo de vida e inviabilidad letal del feto) es una mujer que no quiso llevar su embarazo a término. Pero será por razones externas que ello no le fue posible”. Entendiendo que para algunas mujeres “esta decisión puede ser difícil son estas quienes podrían necesitar consejería”.
Sin embargo, en la única causal donde una mujer no elige ser madre es en una situación muy crítica como la violencia sexual. Para Irma Palma esta sería una instancia en donde “la mujer podría requerir consejería para discernir sobre su decisión” y agrega que además “podría incorporarse a programas estatales de víctimas de violencia sexual y no requeriría entonces este acompañamiento diseñado para la ley”.
La legislación, en su opinión, opera sobre la base de que una mujer de escasos recursos que se embarazó producto de una violación requiere apoyo “pero si esa mujer es de La Dehesa, en esa misma situación (embarazo por violación) no requeriría este acompañamiento, ni dinero, ni tampoco ayuda de las ONGs”.
Palma asegura que la ley considera a las mujeres que eventualmente podrían abortar apelando a la tercera causal como vulnerables a la coerción y al hecho de poder continuar su embarazo por sí solas. “La representación que tienen los opositores de la ley ante la tercera causal es estrictamente el de mujeres y niñas en situación de pobreza”, sentencia. Esta es otra de las razones por la cual se opone al acompañamiento, ya que este “no puede ser un instrumento disuasivo que las asuma como vulnerables y desamparadas”.
Esta suerte de “proteccionismo de género”, como lo llama Irma Palma, es contrario a una estrategia feminista por ser extremadamente conservador. La psicóloga acusa a Soledad Alvear y a agrupaciones como Mujeres Reivindica, como las instancias operadoras de esta política; de considerar que “las mujeres vulnerables debían ser protegidas, pero siempre dentro de su maternidad” y al mismo tiempo hacer una crítica al feminismo nacional al caricaturizar “a las feministas como personas que desprotegen a las mujeres al impulsar el aborto en tres causales”.
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