Por Macarena Segovia Quinteros
La discusión respecto al reglamento y la estructura que seguirá la Convención Constitucional ha concentrado la atención tras la elección de constituyentes. ¿Quién definirá los gastos y contrataciones de la Convención? ¿Cuán transparente serán sesiones y tomas de resoluciones? ¿Cómo se regulará el lobby? y ¿Cómo se abrirán canales de participación efectiva? son algunos cuestionamientos que hoy priorizan las reflexiones de personas especializadas en el tema, las candidaturas electas de convencionales y la Secretaría Técnica de la Convención, el organismo dependiente del Gobierno encargado de la logística del espacio constituyente.
La abogada Javiera Ascencio ha desarrollado distintas propuestas para el funcionamiento y el reglamento de la Convención Constitucional desde la Fundación Rumbo Colectivo. Asegura que antes de las elecciones, la discusión reglamentaria estaba centrada en la posibilidad de un bloqueo desde la derecha, debido a la regla de los 2/3 y la idea de que exista una votación para darle coherencia al texto de la Convención. “La nueva correlación de fuerzas que hoy día existe en la Convención abre la discusión, despeja un poco estos temas y abre la posibilidad y abordar asuntos que son más relevantes o que van a ser relevantes dentro de ella”, destaca.
Para la Coordinadora General del Proyecto Reglamento para Convención Constitucional en Rumbo Colectivo, el principal foco debe estar en la participación de la ciudadanía o el pueblo, y toda su diversidad: “Tenemos que enfocarnos en cómo hacer que la ciudadanía participe y no sólo la que participa siempre, sino que la que ha estado, justamente, excluida de la toma de decisión. Incluso, no es bueno hablar de ciudadanía, porque se asocia al término constitucional y deja fuera a un montón de otros grupos. Creo que hay que hablar de pueblo y de la diversidad que lo compone y que hoy día tiene una posibilidad cierta de ser parte de esta deliberación, de este proceso deliberativo que está llevando a cabo nuestro país”.
A esto se suman una serie de simbolismos que llevará consigo el espacio de la Convención Constitucional, como que sea efectiva la paridad, no sólo en su composición macro, sino que en instancias como las comisiones, al igual que la inclusión de los y las convencionales de pueblos indígenas. Con estos avances, según Ascencio, deberían quedar atrás simbolismos del pasado como la discusión sobre el juramento: “Jurar ante dios, ya no hay posibilidad de que sea aceptable. Pero vas a jurar ante el pueblo, o ante los pueblos de Chile, sería en el fondo, quizás, lo adecuado. Asumir el carácter diverso de los distintos pueblos que componen Chile”.
📝El Reglamento de la Convención Constitucional regulará su procedimiento de toma de decisiones, la participación ciudadana, transparencia, probidad y otros temas de su funcionamiento. Hoy tuvimos una positiva reunión con Constituyentes electas y electos para seguir avanzando pic.twitter.com/dfRtG9wkS4
— Rumbo Colectivo (@RumboColectivo) May 29, 2021
Soberanía de la Convención
Actualmente el funcionamiento logístico de la Convención está en manos de un equipo del gobierno de Sebastián Piñera, liderado por Francisco Encina, secretario ejecutivo de la Convención Constitucional, quien a su vez depende de la SEGPRES (Secretaría General de la Presidencia). La apertura de licitaciones, definición de contrataciones, los montos destinados para el funcionamiento de la Convención dependen de este equipo. Un panorama que podría cambiar luego de que los y las convencionales juren durante la primera semana de julio de 2021.
“El Presidente es el encargado, según la Constitución, de convocar la Convención en la primera sesión y entonces debería venir el juramento de los convencionales”, explica Javiera Ascencio. Junto con este juramento podría darse un “vamos” a todo lo definido por la Secretaría dirigida por Encina. Según la abogada es importante “defender la soberanía de la Convención en distintos ámbitos” y eso supone que debería existir un consenso con los y las convencionales respecto a las reglas que establezca la Secretaría Técnica.
“Soy súper honesta, no tengo una respuesta en torno a esto, porque claro, la Convención todavía es un espacio que no va a tener quién la dirija, porque justamente en la primera sesión, es el espacio donde se va a decidir quién va a dirigir y cuál es el interlocutor o interlocutora válida de la Convención. Entonces creo que ahí todavía hay varias conversaciones que dar para ver cómo se realiza eso. Pero es muy importante que todo sea conversado, que no sea una pata encima que pone el Gobierno sobre la Convención, eso sería un muy mal pie, literalmente, si lo vemos como un mal pie, de comienzo. Y también porque la instalación es un acto por sobre todo de compromiso de la Convención con el pueblo, entonces esos simbolismos deberían estar conversados de alguna manera”.
Desde Rumbo Colectivo, junto con que exista una Secretaría Técnica, han propuesto que exista una Secretaría de Participación y una Secretaria Administrativa, para que se mantenga una real autonomía del órgano constitucional: “La Convención para que sea efectivamente soberana tiene que ser soberana también en la gestión del presupuesto y en cada una de estas decisiones. Lo que no significa que los y las convencionales tengan que estar preocupadas de las licitaciones. Pero evidentemente tienen que contar con un apoyo técnico que les permita tener una contraparte adecuada a esta Secretaría Técnica del Gobierno”, enfatiza.
Estoy de acuerdo con necesidad de volver al voto obligatorio, pero no es lo único. Debemos volver a promover la participación en todo los procesos de toma de decisiones públicas, y ese es también el desafío del proceso constituyente y de la nueva constitución.
— javiera ascencio (@javierafran) May 16, 2021
Los círculos de poder en la Convención
Las reglas en materia de transparencia y los posibles conflictos de interés, también serán prioritarias en la discusión del reglamento que deberán definir los y las constituyentes, y aunque han surgido algunas propuestas como la del Consejo para la Transparencia y existen reglamentos como los del Congreso, para la abogada Javiera Ascencio es claro que “la exigencia a este órgano -Convención- es aún mayor a la que se les hacen a otros órganos”.
“Este proceso constituyente plantea el desafío de cómo volver a reencantar a la gente, por eso es tan importante en el fondo mejorar la deliberación, porque esta es la posibilidad que tenemos de que la gente se sienta parte de las decisiones y que vuelva a creer en las instituciones del Estado. La transparencia es súper importante, creo que no debería tener ninguna causal de reserva, porque además tampoco la amerita al debate constitucional”.
Remarca que la discusión constitucional es una discusión política, en la que no es posible incluir las causales de reserva que están establecidas en la Constitución actual o en la ley de acceso a la información pública.
“En el fondo lo que existe, sobre todo detrás de los centros de estudio de la derecha cuando hablan de privilegio deliberativo, es el miedo a las redes sociales, a la funa en redes sociales; el miedo a tener que explicar que se llegó a acuerdo respecto a algún punto. Y eso también está mal, porque hoy, para los y las representantes también su labor es explicarles a sus representados que el proceso de deliberación implica llegar a acuerdos, implica ceder posiciones y que no hay nada malo en ello mientras se haga con transparencia y de cara a la ciudadanía, y se explique. Entonces, no hay que tenerle miedo a la ciudadanía a dar cuenta de lo que está sucediendo. Hoy en día está cada vez más claro que sería poco presentable mantener comisiones no públicas, o como se ha planteado, sesiones con delay, atrasadas. Yo creo que eso no es aceptable”, dice Javiera Ascencio.
En cuanto a los conflictos de interés, la discusión se ha centrado en las características que tendrán sus estándares de definición y las consecuencias, como la necesidad de una abstención de los y las convencionales, más allá de las reglas que tienen actualmente las autoridades.
Para la abogada de Rumbo Colectivo es importante que la definición del conflicto de interés y sus requerimientos vayan más allá de las reglas actuales, que los y las convencionales se deban abstener de votar, pero que también se inhabiliten de promover o discutir ciertos asuntos en los que tengan un interés patrimonial directo, además de incluir sanciones ante su no cumplimiento: “No puede ser el mismo modelo de interés del Congreso, porque en el Congreso tampoco existe un tratamiento adecuado en temas de responsabilidad frente a la inhabilidad, es voluntario”, dice.
“Además, está el punto de cuál es el interés que es controvertido en el fondo, porque -en la Convención- no son discusiones tan particulares como las que se dan en muchos casos en materia legislativa, sino que son discusiones programáticas, políticas, de orientaciones, de establecimiento de derechos; donde no está tan claro cuál es el interés que pueda comprometer a un convencional. Sería absurdo que tú dijeras que una activista por el derecho al agua no puede votar cuando se trate del tema del derecho agua, porque justamente fue elegida para eso; o que las mujeres no van a poder votar cuando se trata de los derechos sexuales y reproductivos, eso sería llevarlo al absurdo. Por eso creo que es súper interesante ver cómo se circunscribe el interés que va a generar el conflicto de interés, y es bueno pensar quizás en un interés que sea un interés directo, y un interés patrimonial, en este caso (como el del agua) que sea un interés patrimonial”, destaca Javiera Ascencio.
Según la especialista, estas reglas debiesen extenderse a los intereses de familiares directos, pero también a la contratación de asesorías o a las personas que integran la Secretaría Técnica: “Yo creo que acá también tiene que haber un resguardo de conflictos de intereses que no tenga que ver directamente con los y las convencionales sino que también tenga relación con los círculos de poder dentro de la Convención. Por ejemplo, con la Secretaría Técnica, o con los asesores de los convencionales”, agrega.
Todo es participación
El eje primordial y el más desafiante del trabajo que se deberá hacer en el reglamento, según Javiera Ascencio, es la participación del pueblo en la toma de decisiones, la que según la abogada debe incidir de forma efectiva en las y los convencionales. “Tiene que ser directa e incidir en la toma de decisiones, no puede ser algo muy desformalizado, nosotros consideramos que tiene que ser todo lo contrario, que tiene que haber una institucionalización de la participación dentro de la Convención”, señala la abogada.
Para Ascencio es clave el proceso de participación y los resultados que éstos tengan, ya que no sirve que los insumos de la participación lleguen después de que los y las convencionales tomen las definiciones y acuerdos.
“Esto requiere de una institucionalidad dentro de la Convención, nosotros proponemos ahí una Secretaría de Participación, que además garantice que esta participación sea inclusiva, por lo tanto tiene que tener facilitadores para llegar a los distintos grupos excluidos. Hoy en día la participación es bien elitista, siempre participa la gente que sabe participar, la gente que se mueve con las redes sociales; al Congreso van siempre las mismas personas a ser escuchadas en las comisiones. Y hoy día, justamente, la idea es que esto sea un ejercicio democrático en todos los rincones del país. Entonces hay que ver cómo hacer participar a la gente en las cárceles, hay que ver cómo hacer que la gente participe en las islas del sur de Chile”, consigna Ascencio desde Rumbo Colectivo.
Respecto a la idea de establecer un plebiscito intermedio de consulta, como planteó durante su campaña el convencional Fernando Atria, la abogada cree “que los plebiscitos no son tan buena idea”, debido a la alta abstención en los últimos procesos electorales. “Creo que lo importante es pensar en mecanismos que sean mucho más incidentes, que permitan a la gente excluida, participar de mejor manera en la toma de decisión. El plebiscito no te garantiza nada, este garantiza que van a ir a votar los mismos de siempre y no va a tener además el proceso de reflexión colectiva que yo creo que hoy día es importante que se realice”.
Finalmente la Coordinadora General del Proyecto Reglamento para Convención de Rumbo Colectivo destaca que el proceso constituyente “tiene que ser un proceso incluyente y no restringido, tiene que ser lo más incluyente posible porque hay demasiados grupos excluidos de la toma de decisiones en la sociedad, y hoy día es justo la oportunidad para que formen parte de ella”.
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