Inês Etienne Romeu pasó por distintas circunstancias extraordinarias a lo largo de sus 72 años de existencia.
Por ejemplo, fue la única persona que salió viva de la «Casa de la Muerte», un centro clandestino de tortura y ejecuciones extrajudiciales en el estado de Río de Janeiro en los años del último gobierno militar (1964-1985).
También fue la última presa política en ser liberada en Brasil.
Y ahora, cuatro años después de su muerte, el infierno por el que pasó de Romeu en la «Casa de la Muerte» motiva el primer proceso penal contra militares por crímenes cometidos durante el régimen de facto en Brasil, según la fiscalía.
Esto ocurre en momentos en que Brasil es presidido por Jair Bolsonaro, un exmiembro del Ejército de extrema derecha que ha expresado nostalgia por el régimen militar y que este mes calificó de «héroe nacional» a un torturador de la época, Carlos Alberto Brilhante Ustra.
Fuera de la amnistía
La denuncia contra el sargento retirado Antônio Waneir Pinheiro de Lima por secuestrar, violar y mantener en privada de libertad a Romeu fue aceptada esta semana por un tribunal brasileño.
Es la primera vez que la justicia brasileña señala en segunda instancia que ese tipo de crímenes están excluidos de la ley de amnistía.
Esa ley de 1979 ha evitado que responsables por violaciones de derechos en el gobierno militar brasileño fueran juzgados y condenados, a diferencia de lo que ocurrió en Argentina, Chile y Uruguay.
Una Comisión de la Verdad instalada por la expresidenta Dilma Rousseff concluyó en 2014 que hubo al menos 434 personas ejecutadas en el período, incluidas 210 desaparecidas.
En el caso de Romeu, los fiscales han investigado al exsargento Lima por crímenes que presuntamente cometió contra ella en la «Casa de la Muerte», donde se cree que al menos 22 presos políticos fueron asesinados.
La denuncia había sido rechazada por un juez federal en primera instancia, pero los fiscales apelaron y el tribunal consideró por mayoría que los crímenes señalados son de lesa humanidad imprescriptibles y deben juzgarse según el Estatuto de Roma.
El acusado ha reconocido ser un «casero» del centro clandestino, pero negó haber cometido los crímenes.
«Devastada»
Romeu integró la Vanguardia Armada Revolucionaria-Palmares (VAR-Palmares), un grupo de extrema izquierda del que también formó parte Rousseff y que secuestró al embajador suizo en Brasil en 1970.
En mayo de 1971, Romeu fue secuestrada cuando tenía 28 años y trasladada a la «Casa de la Muerte», donde estuvo 96 días y sufrió diversos abusos.
«Estaba devastada, enferma, reducida a un gusano y obedecía como una autómata», relató años después a la Orden de Abogados de Brasil.
Logró salir con vida del centro clandestino, tras fingir haber aceptado espiar a sus compañeros activistas de izquierda.
Cuando fue liberada y llevada a la casa de su hermana, Romeu solo pesaba 32 kilos y estaba gravemente enferma.
Su familia la llevó al hospital sabiendo que sería arrestada y acusada formalmente, pero asumiendo que estaría más segura en una prisión estatal que si sus captores militares la llevaban de vuelta a un centro clandestino de tortura.
Romeu fue liberada en 1979 bajo la misma ley de amnistía que ha protegido a militares brasileños.
Tras su liberación, dio información invaluable sobre la «Casa de la Muerte» y quienes trabajaban allí.
Gracias a los detalles que había memorizado, fue localizado el centro clandestino de tortura y se identificó a un médico que colaboró con los torturadores.
En 2003, Romeu fue atacada por un hombre que había contratado para hacer trabajos de carpintería en su casa.
Su familia sospechaba que el hombre, que la golpeó duramente en la cabeza, se hizo pasar por carpintero y fue contratado para silenciarla por personas que no querían que revelara más información sobre la Casa de la Muerte.
Romeu sobrevivió al ataque, sufrió problemas neurológicos y murió mientras dormía en 2015.
Su familia dijo que «celebra sobriamente» la nueva decisión judicial, según el portal informativo brasileño G1.
«La justicia tarda pero no falla», dijo su hermana Lúcia Romeu.
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