Todos evidencian un eventual fracaso de la denominada “Guerra contra las Drogas”, dada la capacidad de las organizaciones que lucran con este negocio de encontrar en las mujeres “un blanco fácil” para involucrar y reemplazar cada vez que entran en prisión.
Daniela Quintanilla, abogada de Corporación Humanas
Pocas dudas caben en que la cárcel es un ámbito masculino por excelencia. La población carcelaria de varones supera con creces a la de las mujeres. Situación que se replica no solo a nivel de América Latina sino que también a otros países del primer mundo. En Chile, la población de mujeres constituye sólo el 7,4% de la población penitenciaria total (abril 2015).
Pese a la brecha de las cifras, la situación de las mujeres cobra cada vez mayor relevancia en la región y en el mundo por el incremento sostenido de mujeres en las cárceles, privadas de libertad por delitos de tráfico y consumo de drogas. En el país, el 58,9% de las mujeres que pierde su libertad están acusadas o condenadas por dichos delitos.
El abultado porcentaje de Chile no es muy diferente al de México, con un 50% de mujeres en cárceles federales por delitos similares (2013) o el caso de Colombia con un 35% (2014); todos evidencian un eventual fracaso de la denominada “Guerra contra las Drogas”, dada la capacidad de las organizaciones que lucran con este negocio de encontrar en las mujeres “un blanco fácil” para involucrar y reemplazar cada vez que entran en prisión. Un verdadero reciclaje de los eslabones más bajos de la cadena delictual.
En Chile, como en otros países de la región, se trata de mujeres jefas de hogar uniparentales, que fueron madres a muy temprana edad, con niveles de educación muy bajos, en situación de pobreza, algunas de ellas incluso indigencia. Así se amalgama el delito con la necesidad de subsistencia; la discriminación y subvaloración estructural con la necesidad de sobrevivencia vía lo ilícito.
El involucramiento de las mujeres en los delitos de drogas se vincula a la feminización de la pobreza, a situaciones de vulnerabilidad extrema que, en ocasiones, arriesga la sobrevivencia de quienes tienen a su cuidado. Otras dependen de las sustancias psicoativas, se encuentran en situación de calle y la venta se transforma en una vía para sostener el consumo. Algunas se involucran a través de sus parejas o familiares, mientras que muchas conciben la venta de drogas como una mejor opción laboral a la oferta de trabajos precarios, que les permite además flexibilidad para conciliar el doble rol de proveedoras económicas y encargadas de labores de cuidado.
Los prejuicios y estereotipos de género, el “deber ser de las mujeres”, es transversal al tráfico y consumo de drogas. Las mujeres se asumen culpables por los delitos que cometen otros de su familia o círculo afectivo. La solicitud de medidas alternativas son severamente analizadas en los procesos judiciales porque el acto delictivo atenta contra la institucionalidad familiar y muchas veces son calificadas como un riesgo contra el “bien superior” del niño o niña que tienen a su cuidado.
Estudios realizados en México, Colombia y Chile evidencian que no existen políticas de persecución criminal de los tipos de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes con perspectiva de género. No existe políticas públicas que reconozcan los impactos diferenciados que las acciones punitivas tienen en las mujeres ni de los distintos factores criminógenos que las llevan a delinquir en este tipo de delitos.
La política de combate a las drogas que se funda sobre utilización del derecho penal, penas excesivas y restricción de medidas alternativas de privación de la libertad, no son eficaces. el consumo y el tráfico no han disminuido pese a la persecución y criminalización de las conductas Por el contrario, las estrategias intentadas hasta ahora han sido funcionales a las grandes redes de narcotráfico que sacrifican a los eslabones más débiles del negocio, en gran medida mujeres, para su efectivo funcionamiento. La red sigue acechando, detectando o seduciendo a las mujeres en situación de pobreza y mayor vulnerabilidad.
*Esta columna se basa en las conclusiones de la investigación de la Articulación Regional Feminista junto con Equis Justicia para las Mujeres de México, Corporación Humanas de Chile y Colombia, que incluyó entrevistas en profundidad a mujeres privadas de libertad en cárceles de estos tres países por delitos relacionados con drogas.
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