La PAE sí, nuestros derechos también

Ante la inminencia del fallo del Tribunal Constitucional, las mujeres articuladas levantamos una voz alerta.

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Columna escrita por Rosa Yáñez, Foro de salud y derechos Sexuales y Reproductivos

Las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud, abordan desde un enfoque de derechos humanos, de equidad y justicia social los distintos aspectos vinculados a la salud sexual y reproductiva de mujeres y hombres a lo largo de su ciclo vital, aspectos que muchas veces han permanecido desatendidos o han sido abordados insuficientemente por las políticas públicas. Por lo tanto, las Normas, elaboradas a partir de un trabajo conjunto de expertos de dicho Ministerio y organizaciones de la sociedad civil con alto nivel de experticia, avanzan en superar todas aquellas brechas o vacíos que perjudican directamente la salud sexual y reproductiva de usuarias y usuarios, en especial, de aquellos de menores recursos y adolescentes.

Es relevante que la normativa, respetando todos los estándares éticos, científicos, legales, técnicos y de calidad de atención aprobados internacionalmente, garantice a la población el más amplio acceso a métodos anticonceptivos seguros y apropiados culturalmente, al igual que a la información completa y veraz para adoptar decisiones responsables en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Es destacable, por ejemplo, la decisión de ampliar este acceso a las y los jóvenes mayores de 14 años, sobre la base del respeto a la confidencialidad, incluso a la  anticoncepción de emergencia para prevenir un embarazo no deseado o inoportuno, fenómeno que lamentablemente se observa con demasiada frecuencia en nuestro país y que no puede ser soslayado. Efectivamente, la realidad nacional nos muestra que el inicio sexual es cada vez más precoz, traduciéndose en embarazos no deseados o inoportunos, contagios de infecciones de transmisión sexual incluyendo el VIH/SIDA, abortos inseguros, maternidades precoces, mayormente entre la población de menores recursos. No obstante, las y los adolescentes quieren responsablemente prevenir y evitar que un embarazo o una infección de transmisión sexual cambie drásticamente su proyecto de vida, y estamos ciertas que las Normas no constituyen una imposición ideológica sino una respuesta sanitaria adecuada a esta demanda.

Es por ello que, ante la inminencia de un fallo del Tribunal Constitucional respecto del Requerimiento de Inconstitucionalidad presentado por un grupo de diputados contra de las citadas Normas por supuestamente vulnerar artículos de nuestra Carta Fundamental (haciendo especial énfasis en la distribución y comercialización de la anticoncepción de emergencia), las organizaciones de mujeres articuladas en el Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos levantamos una voz de alerta. Pues un eventual fallo favorable a esta demanda de inconstitucionalidad significaría un retroceso gravísimo en términos de políticas públicas en salud sexual y reproductiva de la población, e implicaría un nuevo obstáculo para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas como derechos inherentes al conjunto de Derechos Humanos que todo Estado moderno tiene el deber de proteger, garantizar y promover.

Demostraría, asimismo, que el Estado laico consagrado en nuestro país pierde cada vez más su vigencia, por cuanto quienes han presionado a distintos niveles para que las Normas sean derogadas, son precisamente sectores ligados a la Iglesia Católica , entidad que permanentemente se arroga la tutela respecto de las decisiones que mujeres y hombres deben adoptar en sexualidad y reproducción.

Como organizaciones de mujeres que defendemos nuestra capacidad moral para dirigir libremente nuestras vidas, sostenemos que la normativa del MINSAL, fundamentada en un conjunto de derechos humanos reconocidos a nivel internacional y que el Estado chileno ha ratificado –en especial los explicitados en la Convención de los Derechos del Niño/a y la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –  apoya una mayor equidad e igualdad en la sociedad chilena, y contribuye a democratizar el acceso a los servicios. Cumple, además, con el compromiso internacional que Chile asumió en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo en 1994 (y en sus posteriores ratificaciones de 1999 y 2004), y avanza también en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de salud y de empoderamiento de la mujer, acordados unánimemente por los gobiernos el año 2000.