Por Observatorio de Género y Equidad
Las organizaciones de mujeres y feministas, luchamos por largos 28 años para que en Chile se repusiera, al menos, el artículo 119 del Código Sanitario que permitía que las mujeres interrumpiéramos un embarazo con fines terapéuticos. Fue la dictadura cívico-militar la que penalizó todo tipo de aborto y nos arrebató un derecho conquistado y ejercido por las chilenas por casi 6 décadas.
Fuimos las mujeres organizadas quienes logramos instalar en la agenda programática de la candidata Michelle Bachelet un mínimo ético para las mujeres en Chile: despenalizar el aborto en tres causales, estas son, riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación.
En septiembre del 2017, luego de un debate nacional y una prolongada deliberación en el Congreso, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley que despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en estas tres causales.
Valoramos que la ley haga que el Estado reconozca el derecho a decidir de las mujeres que invocan alguna de estas tres causales, y que una vez que se cumple alguna de estas tres causales como establece la ley, los y las profesionales de la salud procedan a la interrupción del embarazo si esto es voluntad de la mujer.
El Reglamento sobre Objeción de Conciencia del Ministerio de Salud, impugnado recientemente por la Pontificia Universidad Católica, busca garantizar el derecho de la mujer y con ese objeto establece que ninguna institución privada que tenga convenios al amparo del DFL de 1980*, cuyo objeto comprenda prestaciones de ginecología y obstetricia puede invocar la objeción de conciencia institucional, es decir, no puede desconocer el derecho que el Estado garantiza a las mujeres, de interrumpir un embarazo y prestar los servicios necesarios para el ejercicio de este derecho establecido en la ley.
Valoramos la decisión de la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que deniega la orden de no innovar solicitada por la PUC. De todas formas, sabemos que ésta es una primera arremetida del conservadurismo, que pretende dificultar e impedir la implementación del #Abortoen3causales, y en este sentido nos declaramos alertas y vigilantes.
Llamamos a la sociedad chilena a movilizarse en torno a la defensa de los derechos humanos de las mujeres. No permitiremos que nos arrebaten lo conquistado.
*El DFL de 1980 mencionado permite el traspaso de recursos públicos a instituciones d salud del ámbito privado por la prestacion de determinados servicios.
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