Lorena Fries, presidenta de Corporación Humanas: «Carabineros es un acto fallido»

Lorena Fries, presidenta de Corporación Humanas: «Carabineros es un acto fallido»

Por Catalina Arenas

En las últimas tres semanas, el conflicto político y social en Chile ha vociferado su carácter multidimensional. Así, en su complejidad, lo han reconocido autoridades de Gobierno, parlamentarios y la ciudadanía en las calles. Muy pocos se atreven a vaticinar el futuro de esta crisis y a desglosar sus componentes para hallar el foco hacia la solución. De una de sus dimensiones, del pleno ejercicio de los derechos humanos (DD.HH.) y la salida del descontento social, conversamos con la abogada feminista Lorena Fries.

Es Presidenta de Corporación Humanas y máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Oxford de Reino Unido. Fue la primera subsecretaria de Derechos Humanos en 2016 y también la primera en dirigir el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por seis años. El fin de semana recién pasado, Fries asistió a la reunión que la misión de Naciones Unidas tuvo con representantes de la sociedad civil para exponer, de primera fuente, acerca de la situación en que está Chile en relación con las violaciones generalizadas de los derechos humanos.

“Esta reunión también operó como un factor de contención respecto de la situación en que estamos viviendo. Todas queríamos hablar, lo que permitió ver la angustia de las organizaciones dedicadas a los Derechos Humanos por todo lo que ha ocurrido”, describe Fries agregando que “por todo lo que allí se conversó, ahora se habla de violaciones graves a los DD.HH. y en ese sentido se eleva la responsabilidad política de este gobierno”.

Entre las más de 100 ONGs chilenas que asistieron, la preocupación en torno a la falta de información que existe respecto a las violaciones a los derechos humanos en general, fue colectiva. Más sentidamente, Fries manifiesta la urgencia que existe por conocer qué sucede con los derechos de grupos aún más vulnerados como la población migrante, niñas y mujeres y personas con discapacidad. “Las cifras del gobierno han sido muy opacas y las del INDH muy conservadoras en el sentido que no a­barcan todo lo que deberían abarcar por falta de personal y recursos”

El  mandato de la misión de Naciones Unidas (NNUU) en Chile, es recabar información directa para así elaborar en Ginebra, Suiza, un acabado informe final con recomendaciones. Un escrito que no podrá desautorizar el Presidente Sebastián Piñera, quien solicitó a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet esta visita. Otra de las  características relevantes del trabajo de la delegación es que, junto con la  divulgación de sus hallazgos y conclusiones, se podrá atribuir responsabilidad política e institucional al Estado de Chile. “Obviamente que habrá un juicio ético, pero amparado en los estándares del derecho internacional de los DD.HH. Las conductas realizadas por el Estado chileno se van a confrontar respecto a esos estándares a los que Chile está obligado porque firmó un tratado”, explica la abogada.

 ¿Y el ‘nunca más’?

La abogada de Corporación Humanas argumenta algunas razones de por qué no caló en las autoridades democráticamente elegidas la consigna del “nunca más”, que alude a la garantía de no repetición de torturas, violaciones a los derechos humanos y amenazas perpetradas por agentes del Estado, que condenaron el derecho de vivir en paz.

“Primero, en término de los contenidos de la educación, la memoria histórica es un tema que si bien está, cada proyecto educativo lo toma como quiere y, finalmente, no hemos generado una memoria colectiva de un nunca más y eso en gran parte es responsabilidad del Estado. Segundo, todavía hay pendientes en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, como la falta de institucionalidad para procesar casos de torturas, lo que también da cuenta que tenemos un problema con la frase nunca más. Tercero, desde la Constitución de 1980, no ha existido una reforma profunda a Carabineros y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) que permita que asuman la responsabilidad institucional que tuvieron en la dictadura y eso debió haberse traducido en una colaboración permanente para identificar a las personas que participaron, en la entrega de información, una subordinación real de estas al poder civil y, por último, en términos de educación a las FF.AA. y a Carabineros. Una educación que no solo tiene que ver con lo normativo, sino que también en las prácticas que no han sido cuestionadas institucionalmente por Carabineros”.

Creo que mientras no sea una reforma que someta a Carabineros y FF.AA. realmente al poder civil, es prácticamente imposible entrar a esas instituciones en materia de capacitaciones y educación normativa en derechos humanos, la que ha existido ha sido muy puntual”, resuelve Lorena Fries como una enérgica solución para un problema estructural que se arrastra desde antes de la dictadura.

Todas las miradas sobre el Presidente de la República

A propósito de los casos de persecución, amenazas y asesinatos contra dirigentas y dirigentes sociales, específicamente quienes luchan en defensa del territorio y los recursos naturales en Chile y en la región, la abogada también enfatiza en que de manera generalizada e incluso ya naturalizada, los distintos estados en democracia también violan los derechos fundamentales de las personas, además de los cívicos y políticos. “En todos los países de la región se violan los DD.HH., por ejemplo, cuando una persona no tiene garantizada el derecho a la vivienda o el derecho al agua; la diferencia está en que no todos lo admiten”, remarca Lorena  Fries.

En cuanto a las responsabilidades políticas cruzadas entre los distintos sectores políticos por la crisis política y las manifestaciones contra el gobierno en medio de la emergencia, la ex subsecretaria de DDHH, asegura que todas terminan siempre sobre los hombros del Presidente de la República. Lorena Fries arguye que cuando no hay legislación suficiente, entes fiscalizadores y una perspectiva y respeto por los derechos humanos en un Estado democrático, en la práctica, todas las miradas se vuelcan a la figura presidencial; por el liderazgo y la gestión para conducir a un país. En la presidencia de la república recaen decisiones como el decreto de estado de emergencia, la militarización de las calles y el toque de queda.

Parte de los datos que arrojó la Encuesta Ciudadana de la Universidad Alberto Hurtado de octubre, da cuenta que el 73,7% de las más de 238 mil personas encuestadas, está en desacuerdo con el estado de excepción que rigió a partir del viernes 18 de octubre.

“Efectivamente, creo que fue un grave error del Presidente de la República haber decretado estado de excepción porque son en esos contextos donde se aumenta el riesgo de vulneración de los Derechos Humanos. Es sabido que la policía ha ido más allá del estado de emergencia, aunque todavía falta mucha información por investigar y hacer el juicio final de las responsabilidades involucradas”

El mismo sondeo advierte que el 76,6% estuvo en desacuerdo con la aplicación del toque de queda y un  80,6% en desacuerdo con el despliegue de militares en el espacio público. En definitiva, los resultados dan cuenta del alto desacuerdo con la acciones del gobierno a nivel nacional: más de un 90% de está en desacuerdo con declaración del presidente “Chile está en Guerra”.

“El estado de emergencia se vuelve una amenaza desde el primer momento en que se decreta. Él tomo esa decisión política, una medida que además se agrava cuando él habla de un estado de guerra, lo que de manera implícita levanta los ánimos de quienes van a ser los que controlan en orden público y, en ese sentido, creo que fue una tremenda irresponsabilidad”.

El “Termómetro Social”, otro de los sondeos de opinión pública conocido estos últimos días, del Centro Microdatos (CMD) y el núcleo Milenio en Desarrollo Social (DESOC) en colaboración con el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), da cuenta que “un 56,4% de las personas entrevistadas está de acuerdo con la presentación de una acusación constitucional contra el Presidente de la República y casi un 38% no está de acuerdo con la medida”.

Lorena Fries no se cierra a la posibilidad de discutir este escenario político pero llama a la mesura. “Esto no se puede operar con la cabeza caliente y hay que esperar a tener todos los antecedentes de manera que, si procede hacer acusación constitucional, estén todos los antecedentes que permitan establecerlo».

«El INDH no da abasto»

El domingo recién pasado, en una entrevista al programa Mesa Central de Canal 13, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos  Sergio Micco fue duramente criticado por sus respuestas poco enfáticas acerca  de todas las violaciones contra los Derechos Humanos que están ocurriendo en Chile. “Las declaraciones que hizo Sergio Micco son irresponsable y a mí me dan vergüenza. Considero que está bien que pida un peritaje del armamento no letal con el que está operando Carabineros porque sí es necesario, pero no es el centro del asunto, el centro es que hay víctimas de violaciones a los derechos humanos”.

No obstante, la ex directora del INDH entre 2010 y 2016 califica el trabajo de éste como “comprometido a fondo en la protección de los derechos humanos de las y los ciudadanos”. Al mismo tiempo, entiende cuáles son las dificultades con las que tiene que lidiar: “El INDH no da abasto, entre otras cosas, porque siempre se trata de minimizar el rol del Instituto y no tiene el presupuesto ni los recursos humanos necesarios para dar cuenta de todo lo que está pasando en el contexto de crisis”.

Fries hace hincapié en el apoyo transversal que ha recibido el INDH por parte de grupos voluntarios y otras ONGs preocupadas y ocupadas en el ejercicio de los derechos de las personas. En ese sentido, todas ellas se han organizado para que otras organizaciones internacionales aterricen en Chile y levanten información de primera fuente. Un dato relevante es que en la encuesta “Termómetro Social”, las organizaciones voluntarias de ayuda y ONGs ’s aparezcan en segundo lugar con un alto nivel de credibilidad (7,2 en una escala del 1 al 10). “Tiene que ver con que efectivamente ellas están ahí donde la gente las necesita, están levantando información y la están entregando a quienes corresponde”, explica la abogada, advirtiendo que aun así, no es un suficiente para dar cuenta de la magnitud de la situación en la que se encuentra el país.

La radiografía social de Microdatos y núcleo Milenio también consultó por los distintos mecanismos para resolver el descontento y mitigar la crisis: Como primera preferencia, un tercio de las personas (31,6%) indican que, en caso de que se necesitara un mediador entre el Gobierno y el movimiento social, escogerían a las organizaciones sociales.

Lorena cierra el tema enfatizando cuál es el foco del conflicto político y social que aqueja al país. “Creo que Carabineros es un acto fallido y que no hay que olvidar que si bien la consecuencia es la represión, el foco es la falta de garantía de derechos sociales y, por lo tanto, no se les da legitimidad a las movilizaciones y de que estas van a persistir mientras no se cambien las reglas del juego”.

De la revuelta social a una nueva Constitución

Las manifestaciones empezaron porque hay una falta de garantía de derechos sociales tan aguda que ha decantado en una desigualdad estructural que motivó, a través del estallido en contra del alza en la tarifa del metro, la movilización de gran parte del país en aras de demandas sobre derechos sociales”, resume Lorena Fries desde Corporación Humanas.

La solución se puede encaminar por una vía más activa. “La ciudadanía no tiene mecanismos de participación distintas al voto cada cuatro años y, por lo tanto, no es escuchada como parte del proceso de legitimación constante que debiese tener una democracia. Si tenemos como telón de fondo una Constitución que no garantiza los derechos sociales, entonces, la salida del conflicto es lo que está aclamando la ciudadanía; que es una nueva Constitución en donde participe el pueblo”. La demanda de un gran cambio es evidente: Un 86% de las personas encuestadas en el «Termómetro social» cree que el conflicto se destrabaría si el gobierno convocara a instancias de discusión ciudadanas y desde allí escuchar las propuestas que surjan, considerando las inquietudes y soluciones.

Lorena Fries cuenta que desde Corporación Humanas buscan promover la instancia de un plebiscito que contenga dos preguntas: Una, referente a sí debe existir o no, una nueva Constitución y otra respecto al mecanismo con el que se quiere lograr esa Carta Magna. En el hipotético caso que se opte por cambiar la Constitución, la mayoría (75,7%) de las personas indican que el mecanismo para hacerlo debiese ser una Asamblea Constituyente (AC) electa por la ciudadanía. Muy por debajo, un 14,7% opina que debe ser responsabilidad de un grupo de expertos (según los resultados de Microdatos y núcleo Milenio).

“Avalamos la Asamblea Constituyente que incluya territorios, pero también organizaciones sociales y movimientos. Esta acción debiera hacerse pronto, pero respetando el tiempo suficiente como para informar a la ciudadanía en qué consiste el plebiscito y las alternativas que hay. El proceso que viene después para el diseño y programación de la AC, no debería durar menos de un año. Esto se puede tomar con cierta calma, siempre y cuando se avance también en superar alguno de los temas sociales más urgentes”, precisa.

 

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