Por Daniel Meza Riquelme
Tania vivió gran parte de su vida en el Valle del Cauca en Colombia. En ese lugar, hace un par de años fueron asesinados sus dos hermanos mayores y su hermana de 31 años. Dice que a los primeros los mató la Guerrilla, a la última los paramilitares a modo de venganza por un dinero que les sustrajo. Por eso, el 2016 decidió migrar: quería escapar de la violencia; comenzar de nuevo. A los 57 años, su objetivo era buscar trabajo en el vecino Ecuador, a lo más llegar hasta Perú. En ese primer destino le hablaron de la seguridad y estabilidad económica de Chile. Así que decidió venir a probar suerte, aunque no sabía nada respecto del país. Llegó el 10 de marzo del 2017 y obtuvo el estatus de refugiada.
Tania, no es su verdadero nombre. Por salvaguardar su trabajo, protegemos su identidad.
El 15 de marzo de este año, cuando estaba por obtener la residencia definitiva, fue notificada por sus tres empleadores para que no se presentara más a cumplir con sus labores de trabajadora de casa particular en la comuna de Las Condes, hasta nuevo aviso. Desde hacía seis meses que trabaja con contrato cuatro veces a la semana en esos domicilios. Se limitaron sólo a decirle que no volviera porque ellos tampoco acudirían a sus lugares de trabajo. No le dieron un plazo, tampoco le ofrecieron ni le hablaron de algún acuerdo salarial. Simplemente y de manera abrupta, se quedó sin sueldo. Hasta el día 15 de abril, tampoco sabía del Plan de Protección del Empleo del Gobierno. Así pasa sola sus días en la habitación que arrienda en Quinta Normal con la incertidumbre de no contar con los recursos para pagar el arriendo que vence cada 30.
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Las voces de las mujeres trabajadoras, sindicalistas y académicas convergen en un mismo diagnóstico: la actual crisis laboral de las mujeres no es un problema generado por la pandemia del COVID-19. Este vino a acelerar la precarización y el abuso laboral. Es un problema estructural, en que miles de mujeres viven discriminación de género e informalidad laboral.
Porque en la actualidad las mujeres representan el 48,5 % de la fuerza de trabajo formal. Pero “si una observa los empleos de los últimos diez años ocupados por mujeres, el 60% de ellas desarrollan funciones en puestos con altas probabilidades de precarización. Un 30% son asalariadas externas. Es decir, no tienen un contrato directo con la empresa a la que prestan servicios. El otro 30% son de cuenta propia, de baja calificación y a tiempo parcial«. Analiza Francisca Barriga, investigadora de Fundación Sol.
En la foto, la economista feminista Francisca Barriga de Fundación SOL
¿Parte de la familia o trabajadoras de segunda categoría?
La cuarentena obligatoria de tres semanas en el sector oriente de Santiago impuso que las trabajadoras de casa particular a tiempo completo no pudieran hacer uso de los días libres que les corresponden cada fin de semana. Muchas debieron quedarse en los mismos hogares donde prestan servicio. No obstante, se les exigió colaborar. Les asignaron tareas puntuales de cocina y lavado de la vajilla. Aunque no hubo pago de horas extras; debieron hacerlo a cambio de que no se les descontará la alimentación que consumieron en aquellos días no incluidos en el contrato, relata Luz Vidal presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (SINTRACAP).
“Es una situación desventajosa, porque las trabajadoras en tiempos normales cumplíamos muchas más funciones de las que estaban estipuladas en el contrato. Bueno, cuando hay contrato”. Desde SINTRACAP han tratado de resignificar la situación para que se convierta en una forma de compensación para que “el día de mañana los empleadores no nos digan que nos estuvieron sosteniendo y alimentado gratis. Así evitamos que a futuro traten de sacar provecho de la situación (…) para ellas ha sido súper doloroso. Porque ver que las personas, a las que a veces, se les dedica tanto cariño y preocupación, en esta adversidad no están demostrando lo mismo. Tienen mucha pena”. Los empleadores justifican la situación diciéndoles que son “parte de la familia” por lo que tendrían la obligación de cooperar sin derecho a salario como si fueran una integrante más del núcleo familiar. “Pero una nunca va ser parte de la familia, hacemos el trabajo de la mejor manera posible pero nunca seremos parte de la familia. Es nuestro lugar de trabajo”.
Plantea que la situación también se debe al machismo de muchos empleadores, quienes han naturalizado que las mujeres son las encargadas exclusivas de ciertas labores. Otros, narra Vidal, ofrecieron a las trabajadoras cambiar las condiciones de sus vínculos laborales por el tiempo que se extendiera la crisis sanitaria, bajo el argumento que la crisis sanitaria mermaba los ingresos económicos de todos por igual. Proponían reducir el sueldo a la mitad, pero manteniendo la misma jornada laboral y funciones. Sin embargo, en ese nuevo pacto no se incluían medidas de protección sanitaria. En respuesta, SINTRACAP realizó la campaña “Cuida a quién te cuida” para evitar que las trabajadoras suscribieran este tipo de anexos. Pero hasta el día de hoy no se cuenta con cifras oficiales para conocer cuántas mujeres no sindicalizadas suscribieron algún tipo de acuerdo similar.
En su escritorio, Luz Vidal presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, SINTRACAP
Mascarillas de papel absorbente
ECM (Ingeniería en Electrónica, Computación y Medicina S.A.) es una empresa externa a Metro que actualmente provee el personal que opera en 35 boleterías de la Red. Mónica Echagüe, presidenta del Sindicato ECM, calcula que alrededor del 80% de aquella fuerza laboral corresponde a mujeres. A ellas recurren constantemente los jefes de estación para solicitar su ayuda. Funciones no estipuladas en los contratos como labores de mantención y funcionamiento del lugar. Esto ya se ha vuelto una costumbre, basada en que “todas y todos deben colaborar en mantener el lugar de trabajo”.
Pero el 15 de marzo, cuando se comenzaron a extremar las medidas sanitarias para ralentizar el ritmo de expansión del virus, Echagüe y sus compañeras fueron excluidas del grupo que recibió insumos de protección (mascarillas y alcohol gel). Solamente el personal de Metro tenía derecho. Los trabajadores externos, que en la actualidad suman ocho mil 500 debían solicitarlos a sus respectivas empresas. En esa ocasión, no se cumplió la tónica de que todas y todos por igual, eran parte de una comunidad que debía esforzarse por salvaguardar el funcionamiento de las estaciones.
Paula Rivas, presidenta de la Federación de Sindicatos de Metro, declara que durante marzo presionaron a la empresa mandante para que obligará a las organizaciones subcontratadas a brindar material sanitario: “No es posible que trabajadoras que están en el mismo espacio laboral, que cumplen funciones muy similares, dado que atienden público y trasladan a los trabajadores de la ciudad, no cuenten con las condiciones mínimas de seguridad sanitaria.Tanto por su propio bienestar, como por la salud de los usuarios”.
Ante la insistencia del Sindicato de ECM y los Sindicatos de Metro, la compañía volvió a insistir que por contrato eran responsabilidad de la empresa proveedora hacerse cargo. Respuesta que a Paula Rivas le parece autocomplaciente. Mónica Echagüe, recuerda, que personal administrativo de la empresa le respondió que a diferencia de los funcionarios de la empresa, ellas no tenían contacto directo con el público, dado que el vidrio de la boletería las aislaba de posibles focos de contagio.
Pero las trabajadoras siguieron insistiendo hasta obtener una solución de la empresa. Así, lograron que la primera semana de abril, les entregaran mascarillas y alcohol gel. Sin embargo, objetan que la calidad se encontraba muy debajo de los parámetros mínimos. Las primeras mascarillas estaban confeccionadas con papel absorbente y elásticos comunes. Los mismos que utilizan cotidianamente para agrupar los billetes. Lo consideraron una burla y continuaron con las presiones hacia ECM. La empresa terminó por reemplazar los respiradores de papel por dos protecciones sanitarias de tela, que son comercializadas a mil pesos por vendedores ambulantes.
No todas se han sentido seguras con las condiciones sanitarias que ambas empresas han otorgado. Por eso un grupo de 15 mujeres hicieron efectiva la alternativa que les ofreció ECM, empresa que hasta el momento ha dicho que no se acogerá a la Ley de Protección del Empleo, y solicitaron un permiso sin goce de sueldo. Temen contagiar a sus padres y madres que son población de riesgo. De este grupo, tres son jubiladas, ni siquiera cuentan con un fondo de cesantía al que acogerse. Ninguna de ellas quiso referirse a su actual situación laboral y económica. Esgrimieron motivos personales.
Paula Rivas, presidenta de la Federación de Sindicatos de Metro
El fantasma del hambre
En la actualidad el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados no es reconocido de manera institucional.No existe ningún tipo de apoyo ni red de protección para esta actividad que es la base de la economía nacional. Según un estudio de Comunidad Mujer publicado en marzo de este año, este trabajo no remunerado equivale al 22% del PIB nacional.
Asimismo, información de enero 2020 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indica que tres millones 745 mil 455 mujeres se encuentran fuera de la fuerza de trabajo. Al ser consultadas, el 96,6% declaró que se encuentran imposibilitadas de acceder al mercado laboral por motivos familiares permanentes: cuidados y quahaceres domésticos. Un número indeterminado de ellas son empujadas al trabajo informal. Sólo el 3,4% de los hombres expresó motivos similares para no trabajar.
La economista Francisca Barriga cree que las medidas del gobierno son insuficientes, que ni siquiera remiten al contexto que viven millones de mujeres. «Tienen sesgos de género porque en su mayoría están ligadas al trabajo formal. Si uno observa la situación de las mujeres en el trabajo remunerado vemos que su situación es distinta a lo que se está pensando en el Gobierno”.
Vuelve a remarcar que la precarización laboral de las mujeres no es un hecho fortuito provocado por las medidas sanitarias extraordinarias. «Esta crisis se ve acelerada por la llegada del COVID-19, pero es una crisis que se viene gestando hace mucho tiempo. El fantasma del hambre está instalado desde hace tiempo en los hogares del país. Pensando en las mujeres, al ver la distribución de ingresos, la mitad de ellas con trabajo remunerado gana $343.234 líquidos. Es decir, tenemos una distribución salarial y de ingresos que no se condice, en ningún caso, con el costo de vida (…) Tampoco el Bono Covid de $50.000 que se entrega una sola dará algún tipo de estabilidad frente a estas condiciones laborales”.
Por su parte, la presidenta de la Federación de Sindicatos de Metro Paula Rivas asevera que “el movimiento feminista de los últimos años ha sido súper potente, ha dado un mensaje. Creo que las empresas y el gobierno son capaces de darse cuenta del mensaje que han entregado las mujeres (en contra de la precarización laboral). Pero todavía falta bastante para que se tomen medidas más concretas. El movimiento social ha empujado que la sociedad vaya un buen camino, pero no es tan rápido como se necesita en la actualidad”.
“La Dirección General del Trabajo da cuenta una vez más que está en contra de las y los trabajadores. No es posible que emitan dictámenes de esas características, donde dejan totalmente al libre albedrío de los empleadores, el trabajo. No es posible que se quiten ambos las obligaciones de vínculo: yo no voy a trabajar, tú no me pagas. Esa es una interpretación que a nuestro juicio es demasiada sesgada y abre demasiado la puerta para que el mundo empresarial lo utilice como subterfugio”.
Mujeres tercerizadas
“A nivel mundial las mujeres somos la población más vulnerable (…) tenemos una precarización laboral. En general nos quedamos con puestos de servicios. Somos vulnerables acá (Metro) y en cualquier otra empresa. Porque justamente lo que viene a la baja es el sector de servicios, entonces tenemos roles actuales donde nos veremos enormemente perjudicadas. Por tener trabajos precarios vamos a ser las más perjudicadas. En general somos pobres y nos vamos a empobrecer aún más”. Reflexiona la dirigenta de Metro, Paula Rivas.
Continua, “es difícil manejar el tema de la incertidumbre y la ansiedad, porque somos las que estamos a cargo de los hogares. Aunque el futuro es incierto para hombres y mujeres, para las subcontratadas es mucho más oscuro. Porque estamos hablando de personas con trabajos precarios, puestos que han comenzado a ser reducidos por las empresas. Por lo tanto, si a corto plazo no se inyectan recursos ni se aplican proyectos para sacar a flote a la economía. Las mujeres tercerizadas, las mismas que hoy tienen menor educación y no pueden acceder a trabajos distintos, y se van a empobrecer mucho más”.
Por su parte, a Luz Vidal le urge la situación de las trabajadoras de casa particular sin contrato. “Actualmente tenemos 120.000 trabajadoras que están en la completa indefensión, porque no hay ningún tipo de seguro o medidas para ellas. El Estado tiene que comenzar a cumplir su función y protegerlas. Porque cuando tienes hijos, expones tu propia seguridad para que no pasen hambre. Muchas de estas mujeres que son trabajadoras domésticas, decidieron dejar a un hombre que las golpeaba y fueron valientes. Pero el sistema no se ha hecho cargo de fiscalizar y regularizar el régimen contractual de estas mujeres que luchan por ser independientes”.
Por otra parte, “las mujeres estamos trabajando mucho más que los hombres” sostiene la economista feminista Francisca Barriga. Porque según el estudio “No es amor, es trabajo no pagado” de Fundación Sol, las mujeres dedican 41,2 horas semanales a labores no remuneradas. Mientras que los hombres destinan 19,2. Entonces, “¿Qué ocurre cuándo el lugar de trabajo se fusiona con el lugar de las labores no remuneradas? ¿Cuán factible es realizar el trabajo remunerado desde la casa? Cuando este lugar ha significado el lugar de las segundas labores de las mujeres».
“Las mujeres estamos sosteniendo con nuestros cuerpos la crisis. Significa que le estamos poniendo el hombro a muchas labores al mismo tiempo, de una manera injusta por haber sido designadas de manera histórica. Si tenemos una carga, porque sostenemos de las maneras más básicas hasta las más macros las vidas. En el fondo la sostenibilidad de la vida, como se ha teorizado desde la economía feminista” Concluye la académica.
La crisis y el doble costo
Tania a sus 61 años es hipertensa y diabética, así que son múltiples los factores por los que integra la población de riesgo. Tampoco ha podido seguir una dieta acorde a su salud. A su falta de ingresos se suma la deuda de uno de sus empleadores por $215.000. Por eso dice que “come lo que se puede”. No obstante, trata de buscar elementos positivos de la contingencia. Así que le alegra saber que en Colombia han suspendido por un mes el pago de los servicios básicos a las familias más humildes, ya que ayudaba económicamente a uno de sus hijos. Ahora no sabe por cuánto tiempo más, no podrá hacerlo. Dice estar agradecida de Chile, pero piensa que las autoridades podrían hacer más para ayudar a las trabajadoras a resistir la crisis económica de la pandemia.
Para subsistir a la crisis volverá a trabajar a la comuna de Las Condes, que en la actualidad es la tercera zona con mayores casos confirmados de la Región Metropolitana. Dado que una de sus empleadoras, al conocer que la cuarentena se levantaría, le solicitó que desde el jueves 23 volviese por una jornada única de ocho horas a la semana. Pese a que nunca fue despedida ni firmó un anexo de contrato, regresará a tener ingresos que le permitan reunir $150.00. El día 30 debe cancelar el arriendo de la habitación donde vive. Al ser consultada sobre si teme volver trabajar y exponerse al contagio, responde: “¿Qué le vamos a hacer? Hay que comer”.
Mientras tanto, en el sector oriente donde deberá movilizarse Tania, Luz de SINTRACAP reflexiona respecto a si el virus nos ha igualado socialmente. Concluye que no. Porque además de agudizar la indefensión laboral de miles de trabajadoras de casa particular, también revela una profunda brecha: si ellas llegan a contagiarse en su lugar de trabajo, sus empleadores terminarán acudiendo a una clínica privada y ellas a un hospital público colapsado.
Por su lado, en el centro de Santiago, Mónica se encuentra en la completa incertidumbre sobre lo que ocurrirá a partir de hoy, 20 de abril, con sus compañeras de trabajo. Porque los sueldos de este mes fueron pagados directamente por la empresa mandante (Metro) y ECM ya les notificó que no se amparará a la Ley de Protección del Empleo. Entonces, de no cambiar el rumbo de la crisis sanitaria, variable imposible de manejar, se producirán despidos. Puede que en el caso de las cajeras subcontratadas por Metro se cumpla la reflexión de Paula Rivas: “Las mujeres siempre pagan de manera doble los costos de cualquier crisis”.
Imagen destacada «Mujeres con sacos de carbón», Vincent van Gogh, 1882
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