Luz Patricia Mejía: “Chile es paradojal, es desarrollado pero llega a la fila de los derechos de las mujeres”

Luz Patricia Mejía: “Chile es paradojal, es desarrollado pero llega a la fila de los derechos de las mujeres”

Por Catalina Ellies

Luz Patricia Mejía es secretaria técnica de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres “Convención de Belém do Pará” (MESECVI) en la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), organismo especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la promoción y protección de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Anteriormente se desempeñó como comisionada y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, su país natal. También fue directora de Consultoría Jurídica del Ministerio Público. Estuvo a cargo de la ejecución del Área de Defensa en el Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos de Venezuela (PROVEA) y abogada en la Asociación de Mujeres para la Ayuda Recíproca (AMBAR). Fue co-redactora de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.

La abogada ha estado a cargo de los informes hemisféricos de Prevención de la Violencia contra las Mujeres en las Américas que funcionan como una evaluación permanente de la implementación de la Convención de Belém Do Pará. En esta entrevista comenta los resultados del último reporte. “El marco de este tercer informe fue evaluar la obligatoriedad de la prevención de la violencia hacia las mujeres por parte de los estados. Los desafíos no han variado respecto al periodo anterior aunque sí se ha avanzado en visibilizar el tema. Los 17 países de la región están implementando técnicas para visibilizar acciones sobre muertes violentas por motivos de género, pero todavía sigue siendo un tema difícil. Chile, por ejemplo, esto se expone como algo que ocurre solo frente a la pareja, pero también sucede en la escena pública”, advierte.

Mejía explica que una de las conclusiones sobre las principales falencias de la región es que muchos estados no tienen herramientas para prevenir la violencia hacia las mujeres. La mayoría de ellos han volcado sus esfuerzos en la construcción de institucionalidad, vinculada con acceso a la justicia para las mujeres y se genera una estructura que busca la respuesta en ellas, pero el ejercicio previo es tratar de ver la violencia a través de la prevención de la misma y eso sigue siendo bastante escaso. Menos del 1% de los países de la región ven este problema y lo combaten. El trabajo de prevención es limitado pero también cómo se han implementado las políticas públicas en materia de prevención”.

Para ella, uno de los principales problemas es que los Estados no están haciendo un correcto diagnóstico de los pasos previos para prevenir la violencia. “En tanto no se genere un currículo educativo que aborde este ámbito y sirva para la transformación cultural, no habrá cambios. Debe haber un diseño de políticas públicas diseñado a transformar los roles de género. Hay algunos países que permiten identificar la violencia, pero no es monitoreada, tienen normas de convivencia escolar, pero ninguno de ellos tiene mecanismos para atender los casos y las denuncias. No hay conexión entre la norma y la puesta en práctica de la misma. Por lo general, evaluamos cómo está el acceso la justicia, los tribunales y la reparación ante estos casos. Hay más tribunales y profesionales especializados pero la estructura y mecanismos de respuesta siguen siendo insuficientes y limitados para la necesidad de servicios que debemos tener las mujeres víctimas de violencia y para que se pueda generar un sistema de atención integral”.

La abogada reconoce que los estados han avanzado en esto gracias a los esfuerzos feministas, pero no precisamente en atención a las recomendaciones y estándares internacionales. “Ha habido un progreso muy importante, todos los países de la región tienen leyes específicas que sancionan la violencia contra las mujeres -que sigue en aumento-, y garantizarían mayor especialización de los organismos gracias a que las mujeres se han movilizado para que las medidas sean cada vez más efectivas, pero aun es esta ley es muy limitada, porque solo se refiere a violencia intrafamiliar”.

Luz Patricia Mejía consigna que identificar el acoso sexual como un problema urgente para las mujeres en la región ha sido un largo proceso de generar evidencia empírica porque fue invisibilizado durante décadas. “El acoso sexual ha sido históricamente naturalizado. Las mujeres crecemos en estos ambientes y hay que atenderlo desde el primer momento. Esto lo puede vivir una niña desde los 12 años en el colegio porque sus compañeros le dicen puta y con el pasar del tiempo va en aumento, hasta que empiezan a tratarla como tal. En muchos de estos casos los profesores prefieren mantenerse al margen. Lo que se ha planteado en la región es que se reciba la primera alerta en los procesos educativos, pero que también regulen estas situaciones que empiezan con un insulto pero que pueden terminar con una violación masiva por ejemplo”.

Derribar medios sexistas

La Convención Belém Do Pará en su Artículo 6º, introduce el derecho de las mujeres a ser educadas libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Sin embargo, desde la cuna se crece rodeadas de estereotipos. Para la abogada el proceso de prevención pasa por tomar medidas en todos los niveles y no sólo involucra a organismos estatales. “Hay que hacer esfuerzos en el espacio privado, pero sobre todo en el público donde la publicidad y los medios de comunicación tienen un rol primordial porque son un gran sistema que reproduce estos patrones. El ejercicio de radicar los estereotipos de género pasa por la incidencia de los espacios de construcción social”.

Por lo mismo hace hincapié en la importancia de derribar a los medios sexistas. “El mundo libre de sexismo es fundamental para la transformación social, pero si seguimos viendo publicidad donde la muestran a la mujer en la casa haciendo determinadas actividades no lo vamos a lograr. Este esfuerzo tiene que ser asumido por toda la sociedad y tenemos que regular cómo estamos educando. Tenemos que formar a los educadores, explicarle por ejemplo al profesor de deporte que las niñas también pueden jugar futbol o que los varones también pueden entrar a las clases de baile y es un proceso complejo porque históricamente eso ha sido asociado a un determinado género”.

Autonomía reproductiva y sexual coartada

En el caso de este informe hemisférico pero también de otros informes o resoluciones provenientes del sistema interamericano de protección de derechos, se insiste en que los estados han fallado en la protección de las mujeres porque no previenen ni erradican prácticas culturales. Luz Patricia Mejía considera que a pesar de que Chile está catalogado como desarrollado, en realidad, no lo es porque llega tarde a temas relativos a los derechos humanos. El país es uno de los que tiene los mayores índices de femicidios con un promedio de 50 anuales y una tasa de condenas que llega solo al 10%. “Chile es un Estado paradojal, es desarrollado pero llega a la fila en implementación de derechos de las mujeres, en términos de capacidad de acceso que tienen las mujeres a ciertos servicios dentro de un Estado democrático. En lo particular, en materia de derechos de las mujeres tiene muchos desafíos y están en deuda con los estándares interamericanos y los que establece la Convención Belém Do Pará. Por ejemplo, en Chile, no está prohibida la mediación en casos de violencia contra las mujeres, las capacidades de respuesta del país a la violencia en el ámbito público son insuficientes y con la que ocurre en el ámbito privado todavía no se da abasto.”

Mejía valora los esfuerzos realizados por la ex Presidenta Michelle Bachelet en obtener más derechos fundamentales para las mujeres. Sin embargo, considera que son avances insuficientes. “La ley de cuotas en toda la región ha sido fundamental para el acceso de las mujeres al poder, es indiscutible, y a lo largo de los años se ha demostrado cómo permitió un acceso real y eficiente a los espacios de poder, pero esta ley está dejando de ser el mecanismo porque muchos países de la región tienen leyes de paridad para hacer efectiva la participación. Efectivamente es un paso, pero los otros países ya están más adelante. Todavía hay un camino por recorrer; el mundo es conformado por un 50% femenino y no solo hablamos en la representación de las mujeres en el mundo público, sino que también en el sector privado”.

Otro ejemplo del camino por recorrer es la recién aprobada ley de aborto en tres causales. “Chile salió de la lista negra y avanzó en la prohibición total del aborto, pero falta por ver cómo se implementa y desarrolla la ley y los amarres que esta trae porque es necesario adecuarse a los estándares internacionales. La objeción de conciencia es un derecho, pero no absoluto. No puede poner en riesgo la vida de las mujeres ni limitarlas o excluirlas, no podemos desde la libertad de conciencia pasar a llevar los derechos de otros”.

El Comité Asesor de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW), en su última sesión realizada en febrero valoraron la aprobación de la ley de aborto en tres causales pero recomendaron ampliar la norma a todos los casos, preocupados por los riesgos para las mujeres que interrumpen sus embarazos de manera ilegal e insegura. Mejía afirma que ampliar el acceso al aborto dependerá de la capacidad de las feministas de poner el tema en el debate público. “El gran estereotipo de la mujer en la sociedad el de reproductora o cuidadora y eso ha generado que nuestra autonomía física y sexual sea coartada por la libertad de tener hijos cómo lo decidamos. El acceso a la educación sexual, aborto seguro y salud digna sigue siendo limitado en la región y un importante cambio cultural es promoción de los derechos sexuales y reproductivos por parte del Estado”.

 

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