Media vida luchando por justicia: el caso de la indígena Valentina Rosendo Cantú

Media vida luchando por justicia: el caso de la indígena Valentina Rosendo Cantú

La indígena Me’phaa Valentina Rosendo Cantú fue torturada sexualmente por miembros del Ejército. 16 años después, aún espera justicia.

Valentina Rosendo Cantú no aguantó más y rompió en llanto, con todo y su bebé en brazos. La mujer a la que el Estado mexicano le garantizó por años impunidad no pudo aguantar más recordando el camino que la llevó hasta ahí y se quebró.

“Tenemos que encontrar una luz en el camino, como un día yo la encontré. Esta es mi verdad, aquí dejo escrito 16 años de lucha, 16 años de vida”, dice Valentina ante medios convocados y se quebró al recordar no solo el trágico 22 de febrero de 2002, sino las humillaciones, intentos de soborno y amenazas que la llevaron a buscar justicia en instancias internacionales hasta que finalmente llegó: el 1 de junio de 2018, la jueza Fabricia Contreras Perales del Juzgado Séptimo de Distrito de Guerrero emitió una sentencia condenatoria por 19 años contra los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca, por los delitos de violación y tortura.

Media vida luchando por justicia, media vida en la que a esta indígena Me’phaa quisieron desaparecerla junto a sus abogados, en la que caminó ocho horas y soportó que los funcionarios del Ministerio Público se burlaron de ella cuando denunció y ni siquiera pusieron a su disposición un traductor.

El 31 de agosto de 2010, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano implementar 16 medidas de reparación, como investigar lo sucedido en el fuero civil, y no militar, y proceder a identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables para garantizar el acceso a la justicia de Valentina Rosendo Cantú. La sentencia de la Corte provocó que en 2014 México modificara parcialmente el Código de Justicia Militar, “estableciéndose que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra personas civiles se investigaran en tribunales civiles”, destacan en un comunicado el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (CEJIL)el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las organizaciones que han acompañado a Valentina Rosendo.

La resolución del Juzgado Séptimo también es histórica porque “es la primer sentencia en la que se determina una responsabilidad penal sobre la base de una sentencia previamente dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)” explica durante la conferencia en el Club de Periodistas, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, dice que la impunidad es el hilo conductor que ha obligado a llevar casos como el de Valentina ante la Corte Interamericana. “La impunidad mexicana es tan fuerte y tan estructural que ni siquiera las sentencias de la Corte la han logrado debilitar”.

Como ejemplos pone el caso de Rosendo Radilla Pacheco, el líder social que fue desaparecido en 1974 a manos de los militares, cuyo paradero sigue desconocido y los responsables, impunes. O la sentencia del Campo Algodonero, como se conoce a los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, cuyas atrocidades “continuaron impunes”. O la impunidad en el caso de los militares que torturaron a los campesinos Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.

Para Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, la sentencia del Juzgado Séptimo es valiosísima porque marca “16 años de injusticia e impunidad”, porque le da plena credibilidad al testimonio de la víctima y porque “empodera y da un mensaje para las mujeres que luchan”.

“Marca un antecedente para futuras mujeres porque nos ayuda a disentir de una verdad histórica, de una verdad que siempre hemos aprendido las mujeres de que nuestro cuerpo es para los hombres y de los hombres. Esta sentencia nos dice que nuestro cuerpo y nuestra voluntad es nuestra: el cuerpo de las mujeres solo le pertenece a las mujeres“, dijo Tania Reneaum, con la mirada fija en sus anotaciones y en la mujer que “lleva en el nombre la valentía de hacernos cambiar a todas hoy con esta sentencia”.

JOSÉ BELTRÁN
Valentina Rosendo Cantú, Jab Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y decenas de personas sostienen un cartel con la imagen de Valentina Rosendo.

Hay razones suficientes para entender las lágrimas que salieron de los ojos de Valentina Rosendo al recordar lo que ha vivido y lo que representa la sentencia para ella. Sin embargo, el caso no se ha terminado. Pese a que el tribunal civil dictó una sentencia condenatoria, “son sentencias penales de primera instancia, lo ordinario es que se apelen por parte de los acusados”, explica Santiago Aguirre.

Quedan dos instancias más que los acusados intentarán activar. Los inculpados pueden apelar y será un Tribunal Unitario quien confirmará, revocará o modificará la sentencia, y posteriormente procede el amparo directo que concede un Tribunal Colegiado y esta será la última instancia.

Pese a lo que falta, Santiago Aguirre luce confiado. “La sentencia está tan bien hecha que debería marcar el derrotero de lo que venga”, dice.

Los asistentes tampoco ocultan la felicidad por la luz de #JusticiaparaValentina que se vislumbra en el camino, tras 16 años. Hay gritos de “Viva Valentina” y de “¡Justicia!”. Ella al final dice que seguirá en la lucha. Por ella, por su comunidad, por las mujeres.

Otros casos

Ser mujer, pobre e indígena. Valentina sabe mejor que nadie lo que le costó obtener un poco de justicia en este país, aunque no es el único caso.

El 22 de marzo de 2002, Inés Fernández Ortega —otra mujer indígena Me’phaa de Guerrero— se encontraba en su casa en compañía de sus cuatro hijos, cuando un grupo de aproximadamente 11 militares, vestidos con uniformes y portando armas, ingresaron a su casa. Uno de ellos la tomó de las manos y, apuntándole con el arma, le dijo que se tirara al suelo. Una vez en el suelo, otro militar con una mano tomó sus manos y la violó sexualmente mientras otros dos militares miraban. El caso también llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Centro Prodh también ha documentado los casos de otras mujeres que han sufrido tortura sexual entre el momento de la detención y la disposición al Ministerio Público. Algunas sufrieron violencia sexual y permanecen en prisión, como Tailin Arda, una ciudadana peruana víctima de tortura sexual que está acusada de delitos graves.

A Mónica, de 26 años y madre de cuatro hijos, la violaron en grupo seis agentes de policía; también le aplicaron descargas eléctricas en los genitales, la asfixiaron con una bolsa de plástico y le hundieron la cabeza en un cubo con agua en Torreón, Coahuila, el 12 de febrero de 2013, según documentó Amnistía Internacional en su informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México.

Según la investigación de Amnistía, las mujeres sufren abusos sexuales habituales a manos de las fuerzas de seguridad para “obtener confesiones y elevar las cifras para hacer ver que están combatiendo una delincuencia organizada desenfrenada”.

“Así como decimos que las violaciones a derechos humanos se han incrementado con la militarización del país, la tortura sexual también se ha incrementado con las políticas de mano dura”, explica al HuffPost Santiago Aguirre.

Hoy que el despliegue del Ejército está en varios estados, ha habido casos de tortura en entidades que uno no hubiera pensado, como Baja California, reconoce Santiago Aguirre.

“Siempre hemos tenido un problema de rendición de cuentas del Ejército; nunca ha reconocido que cometió desapariciones forzadas en la década de los setenta (“Guerra sucia”), como sí ha sucedido en otros países. Ese contexto de falta de rendición de cuentas ha continuado después del despliegue en el marco de la guerra contra las drogas”, explica.

Pese a la histórica sentencia del Juzgado Séptimo de Distrito de Guerrero en el caso de Valentina, Aguirre cree que las autoridades civiles están muy renuentes a llamar al Ejército a rendir cuentas, debido al empoderamiento que han tenido las fuerzas armadas en el marco de la guerra contra las drogas.

“En muchas regiones del país el Ejército hace una labor muy importante y es la única instancia del Estado que garantiza condiciones mínimas de seguridad, pero del otro lado hay un aumento muy preocupante de las violaciones a los derechos humanos“, concluye Aguirre.

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