En mayo de 2006 ocurrió una brutal represión policial en las localidades de San Salvador Atenco y en el vecino municipio de Texcoco, en el central estado de México, que acabó con dos muertos y 217 detenidos, entre ellos unas 50 mujeres.
SemMéxico.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Gobierno mexicano que envió el caso “Mariana Selvas Gómez y otras”, sobre los abusos sexuales de policías a mujeres en una represión en el centro del país en 2006, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Esta decisión se valoró “a fin de que sea el órgano judicial el que considere la idoneidad de las medidas de reparación, a la luz de estándares interamericanos”, agregó el escrito.”Al respecto, y ante la posibilidad de que la CIDH determinara no considerar el cúmulo de acciones en materia de atención y reparación al caso, el propio Gobierno mexicano hizo un llamado a la CIDH para que remitiera el asunto a la consideración de la Corte”, informó un boletín conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía de Delitos Contra las Mujeres y la Secretaría de Gobernación.
En mayo de 2006 ocurrió una brutal represión policial en las localidades de San Salvador Atenco y en el vecino municipio de Texcoco, en el central estado de México, que acabó con dos muertos y 217 detenidos, entre ellos unas 50 mujeres.
Ante la falta de acceso a la justicia, once del medio centenar de mujeres víctimas de la represión -en su mayoría también de abusos sexuales-, presentaron en 2008 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió el caso en 2011.
“El Gobierno de México desea informar que, desde marzo de 2013, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en este caso, y en su momento notificó oficialmente a la CIDH de esta decisión”, explicó el boletín.
Acorde con ello, el Estado busca todavía “sancionar a los responsables y adoptar medidas de reparación y otras medidas para evitar la repetición de hechos similares”, y recordó que hay más de 30 personas detenidas.
Además, el Estado creó un fondo especial de atención para las víctimas y sus familiares, y, para evitar que se repitieran actos similares, adecuó la legislación local y nacional en materia de violencia contra las mujeres y seguridad pública, entre otros.
El Gobierno de México ha mantenido un diálogo con las víctimas y sus representantes para acordar nuevas acciones para cumplir con todas las recomendaciones dictadas por la CIDH, aseguró el comunicado, que reiteró una vez más “su total disposición” a cooperar con la CorteIDH.
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