Por Catalina Ellies
En 2006, la abogada colombiana Mónica Roa, en representación de Women’s Link Worldwide, -una organización que promueve los derechos de mujeres y niñas que enfrentan múltiples inequidades-interpuso una demanda ante la Corte Constitucional de Colombia que modificó la prohibición absoluta del aborto y permitió el reconocimiento de este derecho en tres circunstancias específicas; cuando la mujer ha sido víctima de violación, cuando su salud física y mental corren peligro o cuando el feto tiene alguna malformación.
Tras acogerse dicha demanda, una seguidilla de hechos desató una crisis en la seguridad de la defensora de Derechos Humanos: comenzó a recibir constantes amenazas en redes sociales, teléfono y fax, y una serie de robos en sus oficinas, de donde sólo sustraían los computadores, dejando intacto cualquier otro objeto de valor. Tomó la decisión de abandonar el país, luego de que a tres días del sexto aniversario de la sentencia de la Corte un desconocido disparara contra Women’s Link Worldwide. La bala rompió la ventana de seguridad y pasó justo por encima de su cabeza mientras ella estaba con dos colegas. Por fortuna, nadie resultó herido y tras el ataque Roa fue transferida a otra filial de la organización en Madrid. “Lo que intentaron hacer refleja las grandes contradicciones que se instalan en este debate por la vida. Fue durísimo dejar mi país porque tuve que rearmar mi vida desde cero. Hoy, después de todos estos años en España, veo este cambio como una forma de aportar desde una perspectiva distinta”, comenta.
No existen cifras de aborto seguro en Colombia. Tampoco hay certeza de cómo se registran en el sistema de salud. El 6% de las mujeres pierden embarazos por situaciones ambientales, nutricionales o de violencia. Y a pesar de que en dicho país se legisló hace más de 11 años, ha sido un proceso lento. El primer video informativo del Ministerio de Salud colombiano sobre las circunstancias en las que se puede interrumpir un embarazo se publicó recién el año pasado. Mientras, en esta década algunas organizaciones feministas se han dedicado a fiscalizar que este derecho se implemente de forma correcta y cada vez que encontraron una irregularidad, presentaron las denuncias oportunas. “No solo es importante el cambio legal, sino que también el cultural. Católicas por el Derecho a Decidir hizo un fuerte trabajo de despenalización social, muchas mujeres saben que pueden interrumpir su embarazo, pero la culpa de pensar que están cometiendo un pecado hace que tengan mucho temor y dudas. En ese sentido, el trabajo informativo de la agrupación fue muy importante para hacerlas sentir más tranquilas y darles la alternativa de decidir de forma libre”.
Cervezas versus Condón
Mónica Roa cree que aun aprobada la ley en Chile, la discusión del aborto es un proceso incipiente. No se puede comparar con la experiencia de Colombia donde las causales son más amplias; el riesgo para la vida de la mujer se aplica también a la salud física y mental. Reglamentación que coincide con la que existió en España por mucho tiempo y que sigue rigiendo en Inglaterra. “Esto es una falencia. El concepto de salud es un continuo, donde uno de sus extremos es la pérdida de la vida, pero que siempre va acompañado de una afectación a la salud. La separación de estos conceptos es lamentable porque hace daño al debate y muchas mujeres se quedan imposibilitadas de interrumpir su embarazo”.
Roa advierte que hay varias deudas que saldar. “Hay que asegurarse de que todo el personal que presta servicios de salud esté informado, entrenado en cuál es su función, cómo prestar los servicios y hacer que el acompañamiento no sea disuasivo y ojalá que esto venga de la mano de un cambio cultural donde no se estigmatice a quienes necesiten realizarse estos procedimientos y puedan ser atendidas lo más pronto y lo más tarde que sea necesario”.
La abogada, que siguió de cerca el proceso a través de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, destaca el proceso democrático en que se enmarcó el veredicto en el país; se trató de una iniciativa del Ejecutivo, discutida por el Poder Legislativo y finalmente aprobada por el Judicial. “He terminado este proceso con mucho respeto por la sociedad chilena y los grupos de la sociedad civil que hicieron esto posible. En este sentido, esta sentencia deconstruye esa falsa similitud entre proteger la vida prenatal y prohibir el aborto. En Colombia, tuvimos que luchar contra el sistema, antes, durante y después de la aprobación. Evitando proyectos de ley que querían echar para atrás lo que habíamos ganado en el Tribunal Constitucional. El Gobierno no quería ni enterarse que el tema estaba ahí porque se iba a convertir en una papa caliente política que no se iba a poder manejar”.
Uruguay es uno de los países de Latinoamérica con la legislación más avanzada en aborto, donde las mujeres pueden acceder a él por la causa que estimen conveniente. Sin embargo, después que se promulgó la ley, se reconoció la objeción de conciencia institucional, medida que también adoptó Chile. “Su gran problema es que anula la libertad de conciencia individual, que es un derecho humano garantizado en todos los tratados internacionales y constituciones de nuestros países. Además, es discriminatorio justificar realizar algunos servicios y otros no. No se considera a las mujeres como capaces de tomar decisiones y asumir su plan de vida”.
Otra de las grandes deudas de la mayoría de las leyes de aborto de la región, es la falta de instrucción sobre derechos sexuales y reproductivos. “Todos queremos que las mujeres tengan embarazos sanos y puedan llevarlos a término de manera feliz, pero quienes tienen interés por proteger la vida prenatal han obviado un montón de temas sobre esto. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la gama completa de estos derechos, desde una adecuada educación sexual hasta el acceso a anticonceptivos. En la medida que sea más fácil comprar una cerveza que un condón, no nos sorprendamos por el altísimo número de abortos. Y la idea es poder disminuirlos, pero pongámonos serios y veamos qué hay que hacer para que las mujeres que quieran tener hijos puedan hacerlo de forma segura”.
Feministas contra el sabotaje
La abogada cree que muchos de quienes están en contra del aborto se aprovechan se su posición de poder para obstaculizar que se otorgue la prestación de salud a las mujeres que lo requieran. “Hay un artículo que me gusta mucho titulado «la objeción de conciencia debe ser un escudo y no una espada»; un escudo para protegerme a mí como profesional de salud y mis creencias de algo que es una obligación, pero eso no se puede convertirse en una espada que yo use para atacar los derechos y dignidad de las mujeres”, explica.
Dice que a quienes están en contra del aborto les daría un mensaje de mucho respeto. “Están en su derecho de estarlo, pero no pueden entorpecer la implementación de la ley. El día en que alguien las obligue a abortar, vamos a estar ahí para defender su derecho a no hacerlo, así como lo hemos hecho con quienes sí lo quieren y necesitan. Nosotras no estamos en contra de la maternidad, estamos por la defensa de la autonomía de las mujeres que funciona en ambas vías. Si algún día alguna opositora o alguien de su círculo más cercano llega a encontrarse en alguna situación trágica, aquí vamos a estar para ayudarlas y recibirlas”.
Mónica Roa destaca que las organizaciones feministas tienen un rol protagónico y la responsabilidad de monitorear esta ley para evitar malas prácticas y retrocesos, sobre todo ahora que se acercan las elecciones presidenciales en Chile. “Si el próximo gobierno está en contra de esta ley no puede sabotear su implementación, debe respetar la democracia porque es un proyecto que aprobó la mayoría y un derecho que se ganó a pulso que tiene que ser garantizado con toda la fuerza de la ley”.
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