Chile se encuentra en una etapa de crecimiento y expansión económica. ¿Cuánto de ese crecimiento llega a las y los trabajadores chilenos? ¿Cuáles son las condiciones laborales de las mujeres? Estamos frente a políticas que acentúan las desigualdades y las mujeres se convierten en un laboratorio de precarización laboral.
En medio del escándalo Cencosud por los cobros unilaterales a sus clientes, que costó la salida de Laurence Golborne de la carrera presidencial y la polémica que provocó el fallo de la Corte Suprema que condenó los cobros abusivos de BancoEstado, se desarrolla la campaña electoral, en miras a las primarias presidenciales del próximo 30 de junio.
Ambos fallos, que afectaron a las y los consumidores chilenos, abrieron los fuegos cruzados y responsabilidades entre el Gobierno, el oficialismo y la oposición. Para algunos, un momento para sacar dividendos políticos, para otros, un llamado de atención frente a las desigualdades y desprotección que tienen miles de personas en el país.
Un marco que nos permite situar, no sólo la falta de regulación y el rol que le compete al Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, que más allá de sus necesarias modificaciones, es el ente llamado a fiscalizar y responder frente a la recurrente vulneración de derechos.
Y si de derechos hablamos, pensando en las recientes movilizaciones en el ámbito laboral –paro de trabajadores del cobre, huelga de trabajadores/as de El Mercurio de Valparaíso y de profesionales de Radio ADN, por nombrar algunos- es importante mencionar la continua precarización laboral en Chile y la persistente baja sindicalización.
En su discurso del 1° de mayo, la Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, planteó la necesidad de una nueva institucionalidad laboral, el cambio al sistema de AFP, una reforma tributaria y nueva Constitución. Es más, sostuvo que la política del Estado «ha tocado fondo», puesto que los subsidios y políticas asistencialistas con las que se pretende superar la pobreza, deja en la indefensión a la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas que, «por tener trabajo o ingresos, son entregados a las leyes del mercado».
Mención aparte para hablar de las condiciones laborales de las mujeres en Chile. Si bien la participación subió de manera importante, el reto es incorporar a las mujeres al mundo del trabajo con empleos de calidad, con mayores ingresos y similares condiciones a la de los hombres. El Gobierno, en tanto, insiste en que está dejando atrás la desigualdad y el desempleo de las mujeres a través de la capacitación, el emprendimiento y más y mejores trabajos.
En un año electoral y frente a múltiples desafíos, el Observatorio de Género y Equidad, recoge las propuestas de distintos actores/as sociales, sindicales y políticos.
David Bravo, Director del Centro Microdatos de la Universidad de Chile: «Las mujeres siguen cumpliendo la mayor parte de los roles y mientras esa asimetría exista, la proporción de las mujeres en el mercado laboral será menor». Leer más
Bárbara Figueroa, Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores: «La calidad del trabajo de la mujer sigue, en esencia, basado en la desigualdad, discriminación y reproduce modelos que consideran las biológicas diferencias entre hombres y mujeres». Leer más
Tatiana Hernández, Socióloga del Observatorio de Género y Equidad: «No es posible pensar en mejorar las condiciones laborales y de trato de las mujeres si no consideramos la división sexual del trabajo y su correlato en las desiguales relaciones de poder». Leer más
Alicia Muñoz, Directora de Organización de ANAMURI: «Son mayores los compromisos incumplidos y las señales del Gobierno, que habla del aumento del trabajo, es sólo una constatación de que estos son cada vez más precarios». Leer más
Alexander Páez, Sociólogo de la Fundación Sol: «Si las mujeres hoy trabajan más, en las condiciones precarias que ya lo hacen, significa un aumento global de la carga de trabajo, al sumarse el trabajo doméstico». Leer más
Paulina Ruiz, Dirigenta Nacional de la Federación de Funcionarios del Ministerio Público: «No nos parece suficiente que se nos diga que por contratar el mismo número de mujeres y hombres se esté realizando una política de género». Leer más
Por Fabiola Gutiérrez, periodista del Observatorio de Género y Equidad
David Bravo, Economista y Director del Centro Microdatos de la Universidad de Chile.
¿Cuál es el diagnóstico que el Centro Microdatos realiza sobre las condiciones laborales de las mujeres?
En el marco de lo que ha sido el mercado laboral en los últimos tres años, ha habido una inserción importante de hombres y mujeres en el mercado laboral propiamente tal. La inserción de las mujeres ha aumentado, aún no todo lo que se quisiera y ha aumentando mucho más que la de los hombres. Mirando este marco, estamos con tasas de desempleo bajas, incluso para las mujeres.
La pregunta que viene es ¿qué ha pasado con las dimensiones cualitativas del empleo femenino? Lo que encontramos son resultados mixtos. Por un lado, la tendencia ha sido positiva, ha habido mejores salarios, se ha reducido la brecha entre los salarios de hombres y mujeres, pero sigue presente una gran fracción de empleos de baja calidad y precarios.
Por otra parte, la inserción femenina tiene grandes problemas. Las mujeres que no trabajan o que les gustaría trabajar o que están buscando trabajo o que no lo pueden conciliar con sus otras tareas, demuestran la carencia de una política en ese ámbito. Los estudios que hemos realizado, señalan que las mujeres tienen una jornada completa, donde están las tareas del mercado laboral y la familia. Lo curioso es que cuando vamos a ver a las mujeres, que trabajan o no lo están, sus realidades no son tan diferentes. Las mujeres son las que se hacen cargo de las labores domésticas, de los hijos y lo que ello conlleva (tareas, reuniones, etc.) y cuando no son las mujeres de manera directa, hay otras mujeres en el hogar que se hacen cargo de lo anterior.
Curiosamente, en el año en que estamos, las tareas siguen siendo femeninas. Los hombres, en tanto, colaboran muy poco. Quizá la única tarea que tiene una mayor participación masculina, aparte de los arreglos dentro del hogar, es cuando juegan con los hijos/as. Las mujeres siguen cumpliendo la mayor parte de los roles y mientras esa asimetría exista, la proporción de las mujeres en el mercado laboral será menor.
Este es un tema cultural. Chile tiene las tasas más bajas de participación laboral femenina en comparación con otros países de América Latina. Las políticas públicas pueden ayudar, sin embargo, en la sociedad chilena persisten altos niveles de desigualdad.
En relación a las condiciones laborales ¿Cuáles son las principales contradicciones?
La gran política que falta en Chile es la acción afirmativa hacia el empleo de mujeres. Esto es irregular y no deberíamos descansar como sociedad hasta no alcanzar una participación más igualitaria en todas las dimensiones y creo que las políticas no se han enfocado en eso.
Me parece que hace falta una política de subsidio al empleo femenino, tal como la que se tiene para el empleo juvenil, que básicamente apunte a que las mujeres puedan entrar al mercado laboral.
Por cierto que se debe arreglar el artículo 203 del Código del Trabajo, que dice relación con las salas cunas. Hoy día es una política anti empleo femenino, porque establece que los empleadores deben pagar una sala cuna cuando tienen más de 20 trabajadoras. Lo que se tiene que hacer -como se ha recomendado en reiteradas ocasiones- es que el sistema se financie con una cotización pagada por hombres y mujeres.
Un avance hubo con el postnatal extendido, pero todavía falta mucho en esta materia. También está la educación preescolar donde encontramos una desigualdad enorme. No creo que se deban hacer esquemas de cuidado precarios.
Lo que a mi juicio hace falta es una política general, que se diga que este es un tema prioritario y nos vamos a poner como meta país que la tasa de participación femenina va a subir en los próximos 5 años del 50% al 60% y para ello buscaremos cuales son las herramientas necesarias.
¿Qué propuestas han planteado para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en general y, en particular, de las mujeres?
Se debe hacer una opción país para que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo. La inserción en el mercado laboral no solamente tiene que ver sólo con desarrollo de trabajo, sino que también con desarrollo humano. Es una forma distinta de enfrentar la equidad y es crucial.
Tenemos ese desafío por delante y si esa es la meta, se tienen que ordenar todas las otras herramientas en torno a ese objetivo.
Bárbara Figueroa, Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
¿Cuál es el diagnóstico sobre la calidad del trabajo de las mujeres que realiza la CUT?
En nuestro país existe una profunda desigualdad que nadie puede negar. Esta desigualdad se expresa en todos los ámbitos: en la salud, en la educación, en la vivienda. Desde la Central Unitaria de Trabajadores hemos dicho que esa desigualdad tiene su origen en el mundo del trabajo, ya que es ahí donde radica la primera segmentación: unos pocos se enriquecen con el trabajo de la mayoría.
En ese contexto, de desigualdad social, somos las mujeres las que vivimos la mayor y brutal expresión de esas condiciones de inequidad. En el mundo las mujeres somos las pobres, las más violentadas y las menos respetadas.
Hoy las mujeres somos casi el 50% de la fuerza de trabajo en Chile. Nos hemos integrado masivamente al mundo del trabajo, pero ese trabajo lamentablemente no es en igualdad de condiciones.
En primer lugar, la mayoría de ese trabajo es precarizado y una extensión de la labor doméstica, es decir, cuando se nos inserta al mundo laboral se nos mantiene alejadas de los espacios de poder, con sueldos menores, sin contrato ni previsión.
Si las mujeres tenemos la dicha- en un país con mercado educativo y no derecho a la educación- de tener profesión, aún así ganamos menos que nuestros colegas con iguales estudios y condiciones, vivimos discriminación por estar en edad fértil y cuando tenemos hijos se nos restringe hasta 19, para no tener que cumplir con el derecho a Sala Cuna.
La tasa de participación de las mujeres en Chile pasó de 44,7% a mediados de 2010 a 49,3% a junio del 2011, pero las brechas salariales han aumentado a casi un 20% de diferencia entre sueldos de hombres y mujeres.
En conclusión, la calidad del trabajo de la mujer sigue, en esencia, basado en la desigualdad, discriminación y reproduce modelos que consideran que las biológicas diferencias entre hombres y mujeres significan diferencias de clase que no se condicen con la realidad.
De acuerdo a su análisis ¿Cuál o cuáles son las principales contradicciones?
Se dice que se genera empleo, que el país está ad portas del pleno empleo, pero resulta que ese trabajo no es de calidad, sino que es trabajo precario. Esto no lo decimos sólo nosotros. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, establece la necesidad de «trabajo decente», considerando que este es un trabajo con salario digno, con seguridad social y protección, además de que otorgue perspectivas de desarrollo a las personas y derecho a la organización y opinión.
Si analizamos el trabajo que ha promovido el Ejecutivo -pues no lo genera el Gobierno sino que promueve que los privados lo generen- vemos que es un trabajo sin contrato de trabajo, por tanto sin seguridad y protección, ni estabilidad, muchos menos da expectativas a las personas de desarrollarse.
Hay una cifra alarmante que siempre menciono: en Chile el 70% de los hogares pobres tiene trabajo, es decir, trabajar no significa superar la línea de la pobreza en nuestro país. En ese contexto, las mujeres trabajadoras son las más pobres y las más explotadas.
El tema del trabajo decente es de preocupación transversal. Hace pocas semanas me invitó la Iglesia Católica al foro «Pleno empleo, ¿buen empleo?», que se refería precisamente a este tema de crear y crear trabajos de miseria que sólo sirven para que el gobierno se vanaglorie con cifras, pero que no significan un beneficio para los y las trabajadoras.
Además, en el caso de las mujeres, el Gobierno se apoderada, por así decirlo, de un esfuerzo que es personal de muchas mujeres que cosen en sus casas o cuidan niños por horas, o hacen el aseo en muchos hogares para lograr un sueldo decente y las instalan como dentro de los ciudadanos con empleo, cuando no hay ninguna política oficial que apunte a la realidad de esas cientos de trabajadoras informales.
¿Qué propuestas tiene la CUT para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en general, y de las mujeres en particular?
Como CUT sabemos que en nuestro país existe mucho por modificar, partiendo por la Constitución antidemocrática que nos rige desde 1980.
En el plano de los trabajadores, además de ver nuestra vida afectada por esta Constitución, estamos regidos por un Código del Trabajo elaborado bajo la concepción de la atomización y destrucción del sindicalismo como actor social y defensor de los derechos de los trabajadores/as, por lo que ve mermadas las posibilidades negociar en igualdad de condiciones con el empleador.
En nuestro país no existe el derecho a huelga, la negociación colectiva es limitada, el sindicalismo es desprestigiado, la movilización social es criminalizada, la Dirección del Trabajo, en lugar de defender al más débil, asume un rol de mediador que privilegia al empleador, entre otros abusos.
Para enfrentar este desolador panorama, como multisindical hemos definido 3 ejes centrales de trabajo, que creemos nos ayudarán en avanzar en mejoras para todos los trabajadores y trabajadoras.
Estos son: reforma tributaria profunda, nuevo sistema previsional y nuevo trato laboral.
Una reforma tributaria profunda en la que los más ricos paguen lo que deben y no sean los pobres los que financien los pocos derechos que tenemos; un nuevo sistema previsional que sea estatal, solidario y sin lucro; y un nuevo trato laboral que devuelva el poder a los sindicatos y los derechos a los trabajadores.
En el plano de las mujeres trabajadores creemos que es importante, en primer lugar, que se cumpla la ley de igualdad salarial, que existe pero que aún no se cumple.
Además, se debe garantizar el derecho a una maternidad protegida, con un real posnatal de 6 meses sin discriminación salarial y una Ley de Salas Cuna que contemple el derecho a la madre a trabajar, pero también el de niños y niñas a educarse, es decir, no queremos guarderías, sino que exigimos educación de calidad para los hijos de los trabajadores desde su cuna.
Tatiana Hernández, socióloga del Observatorio de Género y Equidad.
¿Cuál es el diagnóstico que realiza el Observatorio de Género y Equidad en relación a la calidad y condiciones laborales de las mujeres en Chile?
Es innegable que la participación laboral de las mujeres se ha incrementado estos últimos años. Esta es una tendencia que no se inaugura con este Gobierno. La particularidad del fenómeno, en los últimos años, es la calidad de empleos que se han creado para las mujeres. Los datos de la Fundación Sol son lapidarios. El 65% de la variación del empleo asalariado femenino entre el trimestre móvil enero, febrero y marzo de 2010 y el trimestre móvil diciembre, enero y febrero de 2013 corresponde a empleo externo, muchos de ellos no protegidos. Estos no son los empleos que las mujeres quieren, más bien son los empleos que la derecha y su Gobierno creen que las mujeres merecemos.
Es importante precisar que las mujeres representan el 54% del subempleo total en Chile[1]. La pregunta, entonces, es ¿por qué la derecha piensa que los empleos mal pagados, sin cotizaciones, sin salud, tercerizados, etc. son para las mujeres? Esta es una de las contradicciones que ha detonado que Chile haya retrocedido en indicadores de igualdad de género como los registrados por el Foro Económico Mundial.
Muchos creen que la solución para combatir la precarización de la ciudadanía de hombres y mujeres, en lo que respecta al mundo del trabajo remunerado, es el fortalecimiento de la acción sindical. Para quienes observamos las problemáticas del trabajo con perspectiva de género, sabemos que el patriarcado agudiza las relaciones de explotación que este modelo de «desarrollo» y estructura productiva, tiene con las y los trabajadores, particularmente con las mujeres. Por ello, creer que con sólo fortalecer la institucionalidad que protege los derechos fundamentales de las y los trabajadores, es insuficiente.
En este sentido, no es posible pensar en mejorar las condiciones laborales y de trato de las mujeres si no consideramos la división sexual del trabajo y su correlato en las desiguales relaciones de poder que se constituyen entre hombres y mujeres.
Cualquier propuesta de transformación social, política y económica debe considerar la transformación política y cultural que permita a hombres y mujeres constituirnos y relacionarnos en igualdad. Para ello es fundamental otro contrato sexual.
En ese sentido ¿Cuáles serían las principales contradicciones?
Por una parte tenemos el actual contrato sexual. El mandato social que obliga a las mujeres –por el sólo hecho de tener un útero y poder parir hijos- a ocuparnos de las tareas domésticas y del cuidado de otros (hijos, enfermos, ancianos, etc.), nos hace creer que este es el único o principal rol que debemos cumplir las mujeres.
Entonces, tenemos como resultado que quienes nos contratan o diseñan políticas de empleo desde el Gobierno, piensan que el trabajo remunerado es una actividad secundaria para las mujeres, por ende da lo mismo si son con jornadas parciales, sin contrato, etc.
Por otro lado, tenemos a algunos hombres que, en las relaciones de pareja, se resisten aún a considerar que las tareas domésticas y de cuidado también son su responsabilidad. Lamentablemente, no todas las mujeres están en condiciones de negociar esta distribución de tiempos reproductivos[2] .
Finalmente, el Estado tampoco asume un rol corresponsable en las tareas de cuidado. Durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet se avanzó en salas cunas, pero es una política insuficiente cuando pensamos en quién cuida a los enfermos, a los ancianos, etc.
¿Cuáles son las propuestas de su organización para mejorar las condiciones laborales de las mujeres?
Cualquier análisis crítico del modelo de desarrollo y estructura productiva del país, así como diseño de una nueva estructura institucional que garantice los derechos fundamentales de los y las trabajadoras, debe considerar la división sexual del trabajo y lo que ello significa en el uso y distribución de los tiempos en tareas reproductivas entre hombres y mujeres y su expresión social y económica en el trabajo remunerado de las mujeres.
Alicia Muñoz, Directora de Organización de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI.
¿Cuál es el diagnóstico que realiza ANAMURI en relación a la calidad y condiciones laborales de las mujeres en Chile?
Nuestro diagnóstico es negativo. No hemos visto avances en las condiciones laborales de las mujeres. El trabajo en el sector rural ha sido cada vez más precario y los empresarios no las respetan como trabajadoras. Persiste la amenaza constante de que no hay oferta laboral para el sector rural y de temporada, o bien. que traerán mano de obra extranjera, lo que precariza aún más el trabajo en Chile. Por tanto, las/os trabajadores se están yendo al sector de la construcción y minería e incluso las mujeres comentan que el pago en esa rama de la economía, es mucho mejor.
Por otra parte, las mujeres tienen una percepción de que el año ha sido bastante malo y no precisamente por los paros, como fue el caso portuario, donde se dice que hubo una importante pérdida de fruta. Hay una forma de argumentar, por parte del empresariado, que ciertas acciones perjudicaron la exportación de frutas. La verdad es que para las y los trabajadores, con o sin paro en el puerto, sus condiciones laborales no cambian.
Existe un desamparo mayor y la Inspección del Trabajo no ha actuado como se espera en términos de fiscalización, entonces no hay donde recurrir. Basta mirar el caso de Rengo en la VI región, las trabajadoras de temporada acusan que les pagan menos de lo acordado, desconocen los contratos laborales y cuando acuden a la Inspección del Trabajo, nadie las escucha.
Si sumamos, son mayores los compromisos incumplidos y las señales del Gobierno, que habla del aumento del trabajo, es sólo una constatación de que estos son cada vez más precarios. No existe el compromiso de la responsabilidad social de la cual se habla. En consecuencia, esto lo entendemos como una importante violencia laboral, sin condiciones adecuadas de trabajo, sin contratos o sin respeto de los mismos, sin prevención de salud y de lo cual los empresarios no se hacen cargo.
En ese sentido ¿Cuáles serían las principales contradicciones?
Una de las principales contradicciones es que se aplauden beneficios que no llegan a todas las trabajadoras. Cuando se habla de postnatal y se dice que las mujeres temporeras también tienen acceso, incurren en una gran mentira. Este tema lo hemos hablado con la Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, y le dijimos que todavía no entendemos cuál es el postnatal del cual se habla para las mujeres temporeras y la respuesta que se nos da es que sólo pueden acceder cuando están cesantes. Esto es mentirle al país.
Por otra parte, no entiendo en qué se ve el aumento de la mano de obra. Tenemos trabajos precarios, en condiciones inhumanas y de explotación. En el trabajo de temporada las mujeres viven corriendo, con horarios limitados de colación, sin resguardos en su salud y con sueldos indignos. A ello sumamos que, cuando se termina el trabajo de temporada, las mujeres tienen que salir a buscar otros trabajos para sobrevivir los «meses azules» y generalmente terminan en casas particulares o vendiendo lo poco que tienen en ferias libres. Entonces las mujeres quedan sujetas a la solidaridad de otras personas o al endeudamiento para sobrevivir durante los meses sin trabajo.
¿Cuáles son las propuestas de su organización para mejorar las condiciones laborales de las mujeres?
ANAMURI espera un reconocimiento a las mujeres como trabajadoras y no como máquinas desechables. Aspiramos a una sindicalización verdadera para las temporeras y a realizar una negociación colectiva que garantice salarios dignos y derecho a la salud, es decir, que se garanticen todos los derechos de las trabajadoras del campo y la agroindustria.
Se debe terminar con la discriminación hacia las mujeres rurales, por eso es importante la sindicalización, la salud, los puestos de trabajo y la prevención del riesgo real. Seguiremos en esta lucha y no vamos a bajar la bandera.
Respecto al actual proyecto del Estatuto del Temporero/a, creemos que viene a desregular aún más la ley laboral vigente. Como ANAMURI decimos que. tal cual está el proyecto no lo apoyamos. No vamos a permitir que a las mujeres se les alarguen las horas de trabajo.
Alexander Páez, Sociólogo de la Fundación Sol
¿Cuál es el diagnóstico sobre la calidad del trabajo de las mujeres que realiza la Fundación Sol?
El diagnóstico sobre la calidad del trabajo que realizamos pone hincapié en la endeble inserción laboral femenina, sobre todo de los últimos 3 años. Si bien las mujeres explican el 54,8% de la variación de la ocupación en los últimos 36 meses (con 440 mil empleos), sin embargo el 27,5% de estos empleos femeninos son por cuenta propia, personal de servicio doméstico y familiar no remunerado. Por lo tanto, relacionado a empleos con alta probabilidad de ser desprotegidos, inestables y precarios.
Si tomamos en consideración el crecimiento de las trabajadoras por cuenta propia en igual período, estas corresponden mayormente a trabajadoras de jornada parcial (88,7% de la variación) y de baja calificación (75% de la variación). Por lo tanto, no se trata de emprendimientos robustos ni profesionales independientes.
A la hora de analizar el trabajo asalariado, los datos dan cuenta que, a nivel agregado, aumenta los últimos 3 años en 308 mil personas. No obstante, el 62,6% de la variación de los asalariados corresponde a la modalidad de subcontratación, servicios transitorios y suministro de personal y enganchadores, lo cual es una señal de mayor precarización e inestabilidad en el mundo del trabajo. De hecho, sólo el 25% del total de la variación de empleos femeninos corresponden a asalariados directos.
Por lo tanto, el 72% (cuenta propia, personal de servicio doméstico, familiar no remunerado y asalariadas externas) de la variación total del empleo de los últimos 3 años corresponde a empleos con alta probabilidad de ser precarios. Incluso, siendo asalariado directo, también tiene probabilidad de estar desprotegida, ya que el 21,8% de los asalariados (directos y externos) no tiene contrato laboral.
Esto también se aprecia en las brechas salariales, donde el 30,4% de las mujeres obtiene 1 salario mínimo líquido o menos, frente al 14,2% de los hombres (Según Encuesta Suplementaria de Ingresos 2011 del INE). Lo mismo en el caso de los tramos más altos, donde sólo el 1,5% de las mujeres gana más de 1,4 millones de pesos mensuales líquidos, frente al 5% de los hombres.
Todo esto a pesar de que la ocupación femenina tiene más años de estudio promedio que los hombres, donde los últimos 20 años, las mujeres con estudios superiores completos ha crecido en un 170% según CASEN 1992-2011, mientras los hombres lo ha hecho en un 119%. Sin embargo, ambos tienen un déficit de subempleo profesional (Ocupados con educación superior completa que no se desempeñan como profesionales o técnicos) del 25% según CASEN 2011.
De acuerdo a su análisis ¿Cuál o cuáles son las principales contradicciones?
En primer lugar, la dinámica del empleo femenino evidencia con claridad la contradicción fundamental del modelo socioeconómico nacional, ya que el crecimiento cuantitativo del empleo no tiene un correlato de evolución cualitativa de los mismos.
En los últimos 3 años, la tasa de ocupación femenina ha aumentado en 4,6 puntos porcentuales, pasando de 39,5% de la población en edad de trabajar para el trimestre enero-marzo 2010 a un 44,1% para igual trimestre el 2013. Sin embargo, esto no tiene un correlato en términos de una inserción laboral fuerte, protegida y estable. Las mujeres es donde más incide la externalización –como subcontratación y suministro de trabajadoras-, la desprotección laboral -el 21,8% de las asalariadas no tiene contrato laboral- y persiste un 10% de incidencia de las trabajadoras por cuenta propia en el empleo total femenino, lo cual vulnera derechos básicos, incluso regidos por ley. La otra principal contradicción es que las mujeres tienen más años de estudios que los hombres, donde el 23,9% de las mujeres que trabajan tiene educación superior completa, versus el 16,7% de los hombres. Pero la brecha salarial persiste, tanto en la densidad de los tramos de más bajos ingresos como en la baja densidad de los más altos.
¿Qué propuestas tiene la Fundación Sol para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en general, y de las mujeres en particular?
Las propuestas fundamentales guardan relación con la reactivación de los derechos colectivos de los trabajadores y el fortalecimiento de una institucionalidad laboral que equilibre la cancha de disputa entre capital y trabajo. El principal diagnóstico es que existe una correlación de fuerzas desigual, desde el punto de vista de las herramientas históricas que los trabajadores han tenido para disputar ingresos, condiciones laborales, de vida y participación política, como la libertad sindical, la negociación colectiva efectiva (interempresa y a nivel de rama de actividad económica) con derecho a huelga efectivo. Las 3 instituciones están hoy sumamente precarizadas, la negociación colectiva desde el Plan Laboral de 1979, elaborado en Dictadura, consagra la atomización de las demandas a nivel de empresa, produciendo una evidente disminución de fuerza de negociación, así como la ausencia del derecho a huelga producido por la posibilidad de realizar reemplazos, previo cumplimiento de ciertos requisitos planteados por el mismo código laboral. Todas estas instituciones no fueron transformadas en lo esencial durante los años de democracia y de gobiernos de la Concertación, llegando a niveles mínimos de organización laboral, donde sólo el 11% tiene cobertura de negociación colectiva, y de estos el 30% corresponde a convenios colectivos, es decir, sin derecho a huelga. En la práctica no existe negociación colectiva en Chile.
Para el caso de las mujeres sería el mismo caso, sólo agregando el hecho de reconocer el papel económico y social que juegan las labores reproductivas dentro de la sociedad. Las mujeres trabajan domésticamente (división sexual del trabajo) lo cual redunda en ahorros en el costo de la mano de obra para el capital. Por lo tanto, el trabajo doméstico no remunerado subsidia al capital, ahondando aún más la precarización de las familias. Debe existir una institucionalidad que amplíe el concepto de trabajo para así tener un plan de cuidado nacional que libere de cargas de trabajo anexas a la que ya existen en el mundo del trabajo. Si las mujeres hoy trabajan más, en las condiciones precarias que ya lo hacen, significa un aumento global de la carga de trabajo, al sumarse el trabajo doméstico.
Paulina Ruiz, Presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Sur en la Región Metropolitana. Dirigenta Nacional de la Federación de Funcionarios del Ministerio Público.
¿Cuál es el diagnóstico que la Federación Nacional de Funcionarios Públicos del Ministerio Público realiza sobre las condiciones laborales de las mujeres?
En el Ministerio Público no existen estudios oficiales respecto a los temas de equidad entre hombres y mujeres. Como institución nueva, tenemos mucha precariedad en ese aspecto y también existe un tema cultural, porque no estamos medidos por el Programa de Mejoramiento de Gestión, PMG. Tenemos una ley de bonos especial que nos fija metas distintas, mientras que en otros servicios públicos el género es un indicador, es decir, una meta a cumplir.
Hay otro tema con la maternidad. En general, en el Ministerio Público, el rango etario bordea los 30 a 40 años –edad fértil de la mujer-, por lo tanto, hay una tasa de natalidad importante, lo que ha generado repercusiones en la institución, ya que las mujeres que ejercen su maternidad se ven enfrentadas a un escenario hostil, tanto en los equipos de trabajo como por parte de la jefatura. Y si bien no es una hostilidad expresa, sí lo es en términos tácitos. Se generan resentimientos en las cargas laborales de los equipos, y pese a que la institución ha tratado de subsanarlo, al tener un déficit estructural de dotación, se genera un problema en el clima laboral.
Otro tema es el tope del subsidio maternal. Esto nos ha generado problemas con las abogadas, especialmente con las asistentes, porque están siendo discriminadas al recibir una menor renta, en relación a lo que reciben cuando no están haciendo uso de su postnatal parental. En ese sentido, para un segmento de las funcionarias es un perjuicio bastante importante el tope de las 60 UF.
En relación a las condiciones laborales ¿Cuáles son las principales contradicciones?
En el Ministerio Público, cuando se plantean estos temas, la autoridad responde que hay tantas mujeres como hombres contratados. Incluso, advierten que hay más mujeres especialmente en el segmento de los funcionarios, sumando a todas/os aquellos que no somos fiscales, es decir, administrativos, abogados asistentes, entre otros profesionales. No obstante, no basta para argumentar que existe una política de género el hecho de que el número contratado de hombres y mujeres sea casi el mismo, eso es un absurdo.
Nosotros necesitamos un informe de renta, porque no sabemos cuáles son las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Tampoco existe una evaluación real de las proyecciones entre hombres y mujeres. La mayor parte de las jefaturas la ocupan varones en el área de la persecución penal. En cuanto a las funcionarias y como los estamentos son más transversales, se desarrollan labores similares, si la proyección es menor o mayor, no lo sabemos porque tampoco hay estudios al respecto.
No nos parece suficiente que se nos diga que por contratar el mismo número de mujeres y hombres se esté realizando una política de género. Tampoco hay un estudio de la repercusión de la maternidad para conocer el impacto del postnatal. No tenemos un trabajo conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer, pese a que la Federación lo ha sugerido muchas veces, hasta ahora no se ha concretado.
¿Qué propuestas han planteado para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en general y, en particular, de las mujeres?
Apostamos a generar un indicador de género en la institución, pero que abarque todo lo que es familia, los hombres no pueden estar excluidos. Entendemos que las mujeres son las más afectadas y están en desventaja frente a múltiples situaciones.
En consecuencia, no interesa medir cuales son las principales desventajas y beneficios de las mujeres en relación a los hombres, pero también mirar el tema de la familia. Es importante facilitar a las mujeres el ejercicio de su maternidad y que puedan llevar una vida familiar que les acomode, sin un clima desfavorable para ellas. No tenemos ninguna meta institucional que apunte al tema de género. Estamos al arbitrio de lo que determinen las autoridades nacionales en estos aspectos.
[1] Fundación Sol en base a NENE Trimestre móvil DEF de 2013.
[2] la última encuesta de victimización del Ministerio del Interior mostró que 1 de cada 3 mujeres vivía violencia de pareja.
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