Mujeres obligadas a desaparecer y negligencias aprendidas

Mujeres obligadas a desaparecer y negligencias aprendidas

Por Catalina Arenas

Zona minera, un desierto que se extiende como lienzo por miles y miles de kilómetros, frías noches y días cortos. Así describen a la Región de Atacama, lugar donde en febrero de este año Marina Cabrera fue violada y asesinada. Quince años antes, en 2004, dos mujeres sobrevivían al mismo criminal, Hugo Paolo Pastén Espinoza. 

Como en Alto Hospicio y los crímenes de catorce niñas y mujeres entre 1998 y 2001, otra vez llegaron tarde. No los familiares, tampoco las amigas ni vecinos de la familia de Catalina Álvarez, desaparecida desde el 23 de junio, sino que el Estado de Chile, los operadores de justicia, las autoridades locales y las policías nacionales. La desaparición forzosa de Catalina y Marina, el paradero desconocido de Tanya Aciares desde octubre de 2018 y el homicidio de Sussy Montalván, develaron para las mujeres de Atacama la pérdida de sus derechos y garantías de seguridad, integridad y dignidad como mujeres y adolescentes.

Hechos presuntamente aislados

Fue la madrugada del 24 de junio cuando Ximena Godoy, la madre de Catalina, la llamó y escuchó el llanto de socorro de su hija. Inmediatamente fue a dejar constancia de su desaparición por presunta desgracia. Así comenzó a circular la información por redes sociales y con ayuda de la formación militar de Luis Álvarez, padre de Catalina, se organizaron familiares y el vecindario con la esperanza de encontrar a la adolescente de 16 años, viva. Se activó una estrategia de visibilidad que alumbró la desaparición de varias mujeres que parecían olvidadas.

No son hechos aislados. Así lo creyeron los copiapinos tras las declaraciones del Fiscal Jefe de Copiapó, Christian González Carriel, a dos semanas del hallazgo de los restos del cuerpo de la joven de nacionalidad boliviana, Marina Cabrera. La Jefa Nacional del Área de Violencia contra la Mujer del Sernameg también lo declaró así, previa reunión con las familias de las jóvenes desaparecidas. “Este es un caso que ha sucedido en la Región de Atacama. En otras regiones no hemos tenido noticias de casos de desapariciones a este nivel y con el sentido de urgencia que merecen”, aseveró María Loreto Franco a Radio Nostálgica FM de Atacama el 9 de julio de 2019, olvidando a otras mujeres como Nicole Saavedra, desaparecida por más de una semana antes de hallarla muerta en julio de 2016; Fernanda Maciel a quien se le perdió la pista desde febrero de 2018, saliendo de su casa; su cuerpo se encontró en el lugar donde su madre pidió una y otra vez buscarla un año y medio después.

Según el informe estadístico de la Subsecretaría de Prevención del Delito 2018, que desglosa las cifras de todos los delitos ocurridos en la tercera región – sin especificar el género – entre enero y junio se registraron 22 violaciones y 82 casos de abusos sexuales. Con relación al primer semestre de 2017, las violaciones en esa zona aumentaron en un 46% y los delitos de connotación sexual en un 3%. Una forma de leer estas cifras, pero con perspectiva género, la da el dossier investigativo de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer con la estadística nacional advirtiendo que, entre 2017 y 2018, el 89% de las víctimas de violación fueron mujeres y que el 97% de los agresores responsables de delito por violación fueron varones.

Solo un porcentaje de esos casos ha sido resuelto judicialmente o terminado en alguna detención con un imputado condenado. Por ejemplo, hasta el caso de Catalina Álvarez, a Hugo Pastén sólo se le vinculaban pruebas que indicaban que lo inculparían por el asesinato a la mujer trans, Sussy Montalván; antecedentes que la justicia consideró insuficientes para arrestar al llamado “Psicópata de Paipote” después del confuso incendio que encubrió el femicidio de enero de 2019.

Atacama, territorio inseguro para las mujeres

Como respuesta a la desalentadora evidencia, las mujeres de la región se han organizado y denunciaron la violencia en su contra a través de un comunicado en el que consignan que “Atacama no es un territorio seguro para las mujeres” activando así la alerta de género o feminista en memoria de otros casos impunes como el de Fernanda Cortes encontrada en un basural en 2012, el de Marta Bustos -cuyo cuerpo yacía semienterrado a la salida de Huasco en 2016 y otros que han ocurrido en la región. Instalan una alerta feminista que busca interpelar al Estado para detener la inseguridad que la que viven. Esto para que el Estado, el gobierno y las instituciones públicas dispongan de recursos extraordinarios que protejan los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, para las feministas organizadas de Atacama, esta alarma convoca, ante todo, a la unión entre mujeres y la implementación de acciones de autocuidado. “Es una zona roja que lo seguirá siendo mientras las autoridades no tomen conciencia de la violencia de género contra las mujeres”, afirma la vocera feminista en esa región, Constanza Pradenas.

Tanto para las autoridades como para la ciudadanía en Copiapó, la conmoción está instalada porque, desgraciadamente, no se descartan más casos de mujeres desaparecidas. Las copiapinas discuten el tema en la sobremesa y se toman medidas resguardo como por ejemplo activar la ubicación en línea de WhatsApp cuando se suben a un taxi o colectivo. Como parte de una medida probatoria para la investigación y para no perder el rastro de más personas, el Concejo Municipal mandó a instalar más de mil quinientas cámaras al interior de autos del transporte público.

Compromisos abiertos

La familia Álvarez Godoy se mantiene en pie exigiendo celeridad en la investigación para encontrar a Catalina. La hija de Sussy Montalván denuncia desidia desde el inicio de la investigación por la ausencia de pericias biológicas que habrían permitido poner Hugo Pastén en el ojo de justicia y evitar otros crímenes. En tanto, la familia de la joven Tanya Aciares de 14 años continua formando brigadas de búsqueda, repartiendo panfletos por las calles de Copiapó y viralizando su foto y datos en redes sociales, esperando que su caso no sea archivado por falta de antecedentes. Por su parte, la pareja de Marina Cabrera, Juan Paredes, ya no puede trabajar en un empleo formal porque tiene que cuidar a hijo de siete años. Todas situaciones que evidencian precariedad y discriminación en torno a estas mujeres, estigmas en base al género.

Para colaborar con estas familias, con la búsqueda de Catalina Álvarez y más antecedentes que permitan determinar las responsabilidades de Pastén en los delitos que se denuncian, la bancada de diputadas y diputados por la Región de Atacama se ha preocupado de desplegar parte de su equipo distrital para realizar algunas diligencias.

El diputado Juan Santana (PS) comentó los resultados de una reunión que sostuvo en compañía de la senadora DC, Yasna Provoste, con el Director General de la Policía de Investigaciones. “En esa oportunidad, Héctor Espinosa, nos señaló que se enviaría a la región un contingente de funcionarios de ¬la PDI especializados en la búsqueda de personas y, en menos de una semana, la ayuda comprometida se materializó”, destacó el parlamentario.

La diputada Sofía Cid (RN) ofició al ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick para “disponer de mayores recursos humanos y tecnológicos para la PDI de Copiapó” y también al subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, para autorizar la colaboración de personal del Ejército en la búsqueda de mujeres desaparecidas en la Copiapó, lo que ya es un hecho.

Jaime Mulet, diputado del Federación Regionalista Verde Social (FREP) también ofició a las autoridades correspondientes del Ministerio Público, al Director General de la PDI y el General Director de Carabineros Mario Rozas, pidiendo celeridad en las pesquisas. Documentos que todavía esperan respuestas, pero que se enviaron después de su intervención en la llamada “hora de incidente” en la sala de la Cámara de Diputados. En la ocasión, Mulet dijo que “sé que no son casos aislados y que este problema afecta también a mujeres del país, pero da la impresión que estos casos en Atacama, se tratan de una conducta reiterada, lo que aumenta la alarma en la población”.

Comisión especial investigadora a la vista

La desaparición forzada de mujeres y adolescentes traen a la memoria otros casos ocurridos en Chile. Lo que se está viviendo en Atacama recuerda lo que sucedió en Alto Hospicio con la desaparición de 14 adolescentes, víctimas de violencia sexual y femicidio; sólo una se salvó de Julio Pérez Silva condenado a 40 años de cárcel. Con ellas, se evidenció de manera alarmante la falta de diligencia en la investigaciones, la ausencia de una perspectiva de género en las indagaciones y el poco compromiso con los derechos humanos de las mujeres por parte del Estado de Chile.

“Creemos que se le bajó el perfil a la búsqueda de las chicas porque se afirmó que andaban por ahí con sus parejas o que habían abandonado sus hogares por su propia voluntad, invisibilizando completamente la violencia patriarcal de la que constantemente somos víctimas las mujeres”, repara la vocera feminista Constanza Pradenas.

Para reparar en los negligencias indagatorias de los casos de las mujeres desaparecidas en Copiapó, existe una instancia que vendría a fiscalizar las distintas acciones preventivas y prestacionales para enfrentar todas las violencias y discriminaciones contra las mujeres y niñas. Se trata de la figura de una comisión especial investigadora que faculta a las diputadas y diputados a solicitar información e interpelar a los organismos públicos y a las instituciones estatales, que podrían dar cuenta de la desprolijidad en el abordaje de la investigación, los procedimientos aplicados y los recursos invertidos en la búsqueda de Catalina, Marina, Tanya y el asesinato de Sussy y por la violencia contra sus familiares. Esta comisión especial investigadora parlamentaria necesita para su conformación la asistencia de 13 diputados o diputadas y contar con el acuerdo de 2/5 de los integrantes de la Cámara Baja.

“Tenemos información extraoficial que podría demostrar que existen todas las condiciones para conformar una comisión investigadora y lo que estamos esperando es la confirmación y respuesta a estos antecedentes y procedimientos que vendrían a esclarecer cómo han actuado las distintas instituciones, especialmente las policías, desde el caso de Sussy hacia delante”, advierte la diputada socialista Daniela Cicardini.

Específicamente esta comisión se constituiría para revisar negligencias constatadas desde la muerte Sussy Montalván, pero no se descarta incorporar los antecedentes que se tengan del femicidio de Marina Cabrera. “Este caso evidencia la interseccionalidad de discriminaciones y violencias que recaen sobre las mujeres; su situación migrante y de pobreza que agrava su condición de mujer. El caso de Marina quedó en el olvido el Ministerio Público y las instituciones que debían proceder en su investigación. Su pareja, Juan Paredes, fue sistemáticamente a la PDI sin encontrar respuestas porque ni siquiera existía una carpeta investigativa. Todo eso quedó en nada”, describe Cicardini.

Entre los puntos a revisar por esta comisión, estaría también el beneficio carcelario al que accedió Hugo Pastén en 2017 antes de cumplir la mitad de su pena y sin un informe psiquiátrico acabado respecto a su “rehabilitación” para que no reincidiera en los delitos de robo y secuestro con violación por los cuales fue condenado a 24 años y un día de cárcel en 2005. Desde la Corte Suprema, se aclaró que el juez de garantía -quien también realiza las funciones del juez de cumplimiento- es quien está a cargo de la autorización para la libertad condicional. Competencia que consiste en certificar las restricciones del beneficio, después de estudiar exhaustivamente el perfil del solicitante. Dicho permiso, es revisado luego por un comité que se reúne dos veces al año.

Mientras, las mujeres y feministas de Atacama emplazan al Sernameg de la región. “Creemos que han implementado de manera ineficiente el enfoque de género en el resto de los organismos públicos con los cuales se coordinan”, dice Constanza Pradenas explicando que no se han considerado los nombres sociales de mujeres trans asesinadas y tampoco se han denominado formalmente femicidios los casos de las mujeres desaparecidas por tratarse de crímenes fuera del espacio privado, intrafamiliar y conyugal o de convivencia, a propósito de la falta de legislación que tipifique la violencia de género en el ámbito público.

Desde el Sernameg de Atacama, su directora regional, Camila Tapia Morales explica que existen protocolos para atender casos de violencia contra la mujer, pero estos no se enfocan específicamente a casos como los de las mujeres desaparecidas en Copiapó. También comenta que ofrecen una respuesta especializada a través de representación judicial y atención psicosocial, pero sólo a mujeres mayores de edad que sean víctimas de violencia en el contexto de las relaciones de pareja. Finalmente, se insta a las autoridades pertinentes para que soliciten un certificado de inhabilidades para trabajar con niños y niñas en el transporte público, más allá de los antecedentes que piden las flotas de taxis y sindicatos de colectivos. Estas propuestas fueron acogidas por las diputadas de la bancada feminista: prohibir a las personas condenadas por delitos sexuales desempeñarse como conductor de la locomoción colectiva.

Consultados ante la posibilidad de levantar una comisión especial investigadora para interpelar a autoridades y representantes de instituciones públicas a cargo de las investigaciones por las mujeres de Copiapó secuestradas y asesinadas, los demás diputados de la región responden. “Si se tiene conocimiento de que ha habido negligencia, se deben fiscalizar las responsabilidades de esos funcionarios públicos. A mí no se me había ocurrido, pero no me niego a participar en una instancia así”, sostiene el diputado Jaime Mulet.

“En lo personal, no creo que esto realmente llegue a un término y que el informe final sirva para algo, porque yo creo que las policías y el Ministerio Público han hecho una buena pega”, opina la diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid.

Así, en Chile continúan en compás de espera las directrices de organismos internacionales de protección de derechos de las mujeres como los lineamientos propuestos por la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización para los Estados Americanos (OEA) para atender con urgencia la violencia. Actualmente, los poderes del Estado están al debe con las mujeres – por ejemplo – con el proyecto de Ley sobre el Derecho de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia, que recién contó con la venia del Senado; la senadora Luz Ebensperger y el senador Juan Antonio Coloma son dos de los cuatro parlamentarios que se abstuvieron de votar a favor de la idea de legislar, argumentando «sesgos de género» que pueden ser excesivos o peligrosos.

La clave para superar el insomnio del Estado chileno, ya lo han sugerido las expertas del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém so Pará (MESECVI) y consta de cuatro puntos. Primero, asumir que la violencia contra la mujer es un tema de interés público en todos los espacios y, por tanto, es una responsabilidad del Estado; segundo, concienciar a la población educando desde el enfoque de género, formando y capacitando a los operadores de justicia; tercero, sensibilizar a todos los actores sociales y, por último, difundir la construcción de un espacio seguro e íntegro para las mujeres y niñas.

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