Tras el anunció del proceso constituyente, las mujeres chilenas tienen la oportunidad de escribir su historia. Un proceso que debe ser participativo y con perspectiva de género.
Cumpliendo uno de sus compromisos de campaña, la presidenta Michelle Bachelet dio el puntapié inicial al “proceso constituyente” mediante el cual se propone reemplazar la actual Carta Magna, dictada por Augusto Pinochet en 1980 y que fue validada en un oscuro plebiscito.
Por medio de cadena nacional de radio y televisión la mandataria expuso, el pasado 13 de octubre, los fundamentos de su decisión. “La actual Constitución tuvo su origen en dictadura y no responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia. Fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría. Por eso nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía”, dijo.
De acuerdo con el anuncio presidencial, ya no será bajo su mandato (2014-2018) en que se sancione la nueva Constitución, sino que será el próximo presidente o presidenta y el nuevo Congreso Nacional, surgidos de las elecciones de noviembre de 2017, los que tendrán la última palabra.
El proceso comienza con una campaña de educación cívica, que se extenderá hasta marzo de 2016. En ese mes iniciarán los “diálogos ciudadanos”, primero a nivel de las comunas, pasando por provincias y regiones, para concluir en una “síntesis a nivel nacional”. Esta síntesis se traducirá en lo que la presidenta definió como “las bases ciudadanas para la nueva Constitución”, que le será entregada a ella en octubre de 2016. Posteriormente, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma constitucional en que se propondrá al actual Congreso que habilite al próximo para que sea él quien decida, por una mayoría de tres quintas partes, de entre cuatro alternativas, la forma de aprobación de la nueva Constitución.
Estas opciones son: una Comisión Bicameral de Senadores y Diputados; una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos; una Asamblea Constituyente; o un plebiscito, para que sea la ciudadanía la que decida entre las anteriores alternativas.
Según una encuesta nacional de la consultora Cadem –dada a conocer el 18 de octubre- 71% de la población está de acuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución y 62% respalda la idea que el plebiscito es el más adecuado para definir el mecanismo. Un estudio demoscópico de la Fundación Chile 21 publicado en octubre, afirma que 69% de los chilenos y chilenas apoya la opción de una asamblea constituyente.
La promesa de una Nueva Constitución es anhelada por la ciudadanía. Una nueva carta de navegación que permita un cambio al actual modelo político y económico, y donde las voces de las mujeres sea escuchada. El Observatorio de Género y Equidad, recogió reacciones de diastintas actoras/es quienes reflexionaron sobre el proceso constituyente.
Carolina Carrera, Presidenta de Corporación Humanas: «La Asamblea Constituyente es el mejor camino hoy, cuando la clase política está desprestigiada». Leer más
Fernando Atria, Abogado Constitucionalista: “Chile va a tener igualdad de género cuando haya paridad en los organismos políticos”. Leer más
Marcela Rios, Oficial del Programa de Gobernabilidad del PNUD en Chile: «Contemplar la participación de la ciudadanía en todas las etapas del proceso constituyente”. Leer más
Elisa Loncon, Académica de la Universidad de Santiago: “Queremos una Constitución con contenido indígena”. Leer más
Carolina Carrera, Psicóloga y Presidenta de Corporación Humanas:
“La Asamblea Constituyente es el mejor camino hoy, cuando la clase política está desprestigiada”
Por Jocelyn Escárate
A mitad de octubre, la presidenta Michelle Bachelet anunció cuál sería el camino que seguiría el gobierno para reformar la actual Constitución: fueron cuatro los métodos propuestos para llevar a cabo este cambio. Carolina Carrera, psicóloga y presidenta de Corporación Humanas, se refiere a cómo deberían articularse las mujeres para ser partícipes de este proceso y del motivo por el que cree que la Asamblea Constituyente (AC) es el mejor camino para el cambio de la carta fundamental.
Carolina Carrera dice que el proceso de cambio a la Constitución propuesto por la presidenta Bachelet “es un proceso serio”, ya que fue pensado en distintas etapas y no deja fuera ninguna alternativa. “Decir que primero se llevará a cabo un proceso de educación cívica, me parece serio y responsable de parte de un gobierno”. Sin embargo, plantea que ha escuchado críticas que apuntan a que no se puede lograr en un par de meses lo que no se ha tenido en años: que la gente aprenda educación cívica, por ejemplo. Afirma que “aquí estamos para que la gente entienda qué es una Constitución, cuáles son sus alcances en su vida cotidiana y que esto les haga sentido”.
“Si esto se debate en un Congreso, espero que ese Congreso tenga un 50 por ciento de mujeres. Si es una Asamblea Constituyente, debemos exigir que ella esté compuesta por la mitad de hombres y la mitad de mujeres”, dice la presidenta de Corporación Humanas. Si esto no ocurre y no está representada la mitad de la población, asegura que la nueva Constitución volverá a tener un problema de legitimidad, al igual que la carta que nos rige actualmente.
AC, un camino a seguir
“La decisión de qué mecanismo se utilizará para el cambio a la Constitución será tomada por un Congreso cuyo 80 por ciento va a ser electo por el nuevo sistema electoral”, dice Carolina Carrera. Sostiene que ello politiza bastante la situación y entrega a los ciudadanos y ciudadanas la responsabilidad de un voto comprometido, en el sentido de que si una persona quiere una reforma a la Constitución y quiere un mecanismo en específico, tendrá que votar por los parlamentarios que estén dispuestos a escoger esta opción en el futuro.
“Creo que la Asamblea Constituyente es el mejor camino hoy, cuando la clase política, lamentablemente, está más desprestigiada”. La representante de Corporación Humanas cree que esta es la opción que mejor representará a la ciudadanía. Dice que la experiencia de los países vecinos le permite darse cuenta que la AC es el mecanismo que facilita la mayor participación de mujeres, pero que “tampoco es la panacea si no se pone incorporan acciones afirmativas”.
A su juicio la Asamblea Constituyente mixta, donde exista un porcentaje de asambleístas elegidos por constituyentes y otro porcentaje de congresistas que se encuentren en ejercicio y que tengan una dedicación exclusiva durante algún tiempo para el debate constitucional, podría ser una buena fórmula. “Necesitamos que estén todos los estamentos de la sociedad representados, ya que actualmente no tenemos representación indígena, de migrantes o de la diversidad sexual en el parlamento”, puntualiza Carrera.
Según explica la experiencia de diversos países de América Latina en esta materia, da cuenta de que los cambios constitucionales a través de Asamblea Constituyente se han demorado tres o cuatro años producto del debate de la ciudadanía. En el caso de Chile, sostiene que era un poco ilusorio pensar que la presidenta podía llamar de un día para otro a una AC para crear una nueva Constitución”.
Las mujeres y su papel en los debates para la nueva Constitución
Esta es la primera vez que las mujeres tienen la posibilidad histórica de avanzar en materia de derechos humanos y, sobre todo, de definir qué tipo de sociedad es la que quieren para Chile. “El tipo de mujer que queremos también quedará marcado en una nueva Constitución”, dice Carolina Carrera de Corporación Humanas.
Asegura que “muchos plantean la necesidad de una Constitución minimalista porque dicen que la idea no es judicializar la política. Lo que nosotras queremos es una Constitución maximalista, que proporcione la mayor cantidad de garantías y protección a derechos humanos de las mujeres”.
Según la presidenta de Corporación Humanas, para exigir más y mejores derechos para las mujeres se debe partir con una articulación a nivel local, una demanda que incida a nivel de las y los alcaldes y sobre todo, a nivel de los parlamentarios y parlamentarias de cada zona. “Es ahí donde las mujeres tienen que demostrar qué es lo que quieren y empezar a formar una gran organización como siempre lo hemos hecho”, afirma.
Carolina Carrera considera que es muy importante que las mujeres se organicen previamente para participar de los espacios de debate para esta nueva Constitución. Señala que se debe conocer qué es lo que quieren las mujeres que son dirigentes vecinales, sociales y que pertenecen a juntas de vecinos, para así poder definir cuáles son las demandas que quieren incluir en este nuevo orden. Además, enfatiza que “es muy importante que el pensamiento y la demanda feminista estén en una nueva Constitución”.
Fernando Atria, Abogado Constitucionalista. Académico de la Universidad de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez
“Chile va a tener igualdad de género cuando haya paridad en los organismos políticos”
Por Marcela Tapia
El pasado 13 de octubre la presidenta Michelle Bachelet informó a través de una cadena nacional, que la modificación a la carta fundamental quedará en manos del próximo Congreso. Es decir, de quienes sean elegidos en las elecciones parlamentarias del 2017 y asuman en marzo del 2018.
Explicó que el proceso constituyente se realizará en distintas fases. En la primera, se iniciará una etapa de educación cívica y constitucional, con el fin de informar a la población y hacerla partícipe del proceso, el que durará hasta marzo del próximo año. En segunda instancia y a inicios del segundo semestre del 2017, se presentará ante el Congreso el proyecto de una nueva Constitución.
Será éste quien decida el mejor mecanismo para sacar adelante una nueva carta fundamental. Son cuatro opciones: formar una comisión bicameral de senadores/as y diputados/as, formar una convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos, realizar una convocatoria a una Asamblea Constituyente (AC), y por último, convocar a un plebiscito para que sea la ciudadanía quien decida entre las anteriores alternativas.
La tentación: el contenido por sobre el mecanismo
Fernando Atria, autor de «El otro modelo» y «La Constitución tramposa», entre otros, ha participado en diversas entrevistas y ha sido invitado casi obligado de foros y debates sobre su interpretación del proceso constituyente en el que se encuentra actualmente Chile.
Para Atria la AC es el mecanismo fundamental para impulsar una nueva Constitución. Asegura que es el método más democrático, “esta asamblea debería ser como la cámara de diputados, pero integrada por personas que sean escogidas especialmente para la asamblea y que no puedan presentarse a las elecciones parlamentarias en el periodo siguiente”, explica.
En su opinión, uno de los puntos más importantes del debate sobre el destino constitucional, es el mecanismo que se utilizarán para llevar a cabo el proceso, dejando en un segundo plano los contenidos que esta debiese tener. “Creo que la disputa política hoy en día no es la disputa por cuáles son los contenidos de la nueva Constitución. Esa disputa no es que no sea importante, pero sólo se puede dar cuando estemos en un contexto no neutralizado. El poder político está neutralizado y ese el problema fundamental de la Constitución actual”, explica.
Mientras siga existiendo un poder político neutralizado, hay que enfocarse más en el mecanismo que en el contenido, “hay que resistir la tentación -en este momento- de pasar a los contenidos. Hay que quedarse en el mecanismo hasta que podamos estar seguros que vamos a tener uno (poder político) no neutral”, afirma el abogado.
Un paso emancipatorio
En materia de género, el constitucionalista explica que la demanda por una igualdad entre hombres y mujeres tiene que parecer como parte de la discusión de la neutralización del poder, y no sólo del contenido de una nueva Constitución.
Asimismo, Fernando Atria reflexiona diciendo que “Chile va a tener igualdad de género cuando haya paridad en los organismos políticos y cuando los órganos políticos del Estado tengan un régimen laboral adecuado”. Para él, este tipo de elementos se pueden anunciar desde la Constitución, como por ejemplo lo hace la Constitución de Colombia, que en su Artículo n° 43 establece: “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La Mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozara de especial asistencia y protección del Estado. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de hogar”, ya que de esta manera el tema se visibiliza.
Hoy Chile vive un proceso constituyente, en el que se espera que finalmente se haga una nueva Constitución, en la que se proteja los derechos de las mujeres, y sean más vinculantes los tratados internacionales firmados como la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belem do para y la Plataforma de Acción en Beijing: Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Ya que han sido suscritos por el Estado de Chile para resguardar los derechos humanos de las mujeres. “En la situación actual en la que estamos, yo creo que es difícil negar que una de las principales razones por las que es necesario constituir un poder político no neutralizado, es para entender la relación entre géneros, entre hombres y mujeres, que es ni más ni menos que el siguiente paso emancipatorio en la historia de la humanidad”, explica el abogado.
Por otra parte, Fernando Atria afirma que Chile no se convertirá en un Estado social y democrático porque la Constitución lo diga. Enfatiza que Chile será un Estado social y democrático cuando la educación y la seguridad nacional estén organizadas como derechos sociales, y cuando la salud deje de ser un sistema de mercado.
Marcela Ríos, Oficial del Programa de Gobernabilidad del PNUD en Chile:
“Cualquier mecanismo que se elija tiene que contemplar la participación de la ciudadanía en todas las etapas del proceso constituyente”
Por Jocelyn Escárate
En el marco del debate constitucional que se está desarrollando en el país, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el informe “Mecanismos de cambios constitucional en el mundo. Análisis desde la experiencia comparada”. A partir de la revisión y el análisis de diversos procesos constituyentes a nivel internacional que se llevaron a cabo desde la segunda mitad del siglo XX, este informe da cuenta de las distintas estrategias y mecanismos a través de los cuales es posible diseñar un nuevo orden constitucional en Chile y las formas en que cada uno de ellos ha integrado la participación ciudadana.
Marcela Ríos, Oficial del Programa de Gobernabilidad del PNUD en Chile, señala que el informe no hace recomendaciones sobre lo que se debe hacer específicamente en el caso chileno, sino que lo que plantea este documento es “la necesidad de buscar la mezcla adecuada de acuerdo a las condiciones de participación que hay en nuestro país”.
La doctora en Ciencia Política afirma que independiente del mecanismo que se escoja para reformar la Constitución, la participación ciudadana es un componente adicional. Marcela Ríos explica que con cualquiera de los mecanismos propuestos por el gobierno se puede consultar a la ciudadanía en todas las etapas del proceso. Señala que es importante abrir canales de escucha donde las personas puedan entregar sus opiniones de forma individual o colectiva, y que esto se pueda hacer digital o presencialmente.
Marcela Ríos dice que cuando se escoja el mecanismo, “ojalá exista participación de la ciudadanía durante las sesiones de discusión del texto, que hayan consultas durante el proceso de deliberación y no sólo al final del proceso”. Además, es clara en explicar que se pueden tener distintas intensidades de participación ciudadana con los distintos mecanismos. Por ejemplo, “se puede tener una comisión bicameral cerrada que no consulte a nadie o se puede tener una comisión abierta a escuchar y a incorporar las propuestas ciudadanas”.
“Cualquier mecanismo que se elija tiene que contemplar la participación de la ciudadanía en todas las etapas del proceso constituyente: en la fase inicial, en la redacción y después en la ratificación del texto”, dice la Oficial del Programa de Gobernabilidad del PNUD.
Participación en el proceso constituyente
Marcela Ríos dice que lo central durante este proceso constituyente es que existan mecanismos de consulta. “Se tienen que buscar fórmulas para que todos los actores que quieran y tengan interés en participar puedan hacerlo”, afirma.
Respecto a la participación de las mujeres en el proceso, señala que “cualquiera de los mecanismos que se elija, ya sea una comisión bicameral o una asamblea constituyente, tiene que asegurar que haya un equilibrio de género en su composición”.
Además, Ríos es clara en señalar que es muy importante que en este proceso exista representación de todos los pueblos indígenas de nuestro país. “Creo que más allá de los cabildos generales, sería muy importante que se promovieran encuentros específicos temáticos donde se puedan generar mecanismos de participación y representación no sólo en términos territoriales, sino que también respecto de otras líneas relevantes en la sociedad chilena”, finaliza.
Elisa Loncon, Académica de la Universidad de Santiago de Chile:
“Queremos una Constitución con contenido indígena”
Por Nancy Muñoz
En la historia de Chile han existido 10 textos constitucionales que han regido el ordenamiento jurídico del país, siendo la Constitución de 1980 la que organiza hasta hoy los fundamentos de la vida económica y social; además de los deberes y derechos de la ciudadanía. En el año 2013, la entonces candidata Michelle Bachelet presentó su programa de gobierno basado en 3 grandes reformas: la educacional, la tributaria y una nueva Constitución. El documento presentado por la Nueva Mayoría se comprometía a que la próxima carta fundamental contendría reconocimiento y protección a los derechos humanos, de los niños y niñas, derechos sexuales y reproductivos; además de derechos colectivos y reconocimiento a los pueblos indígenas, entre otros.
Elisa Loncon Antileo, académica de la Universidad de Santiago de Chile, experta en educación intercultural y bilingüe, además de profesora de lengua y cultura mapuche; asegura que en el país los acuerdos constitucionales sólo toman en cuenta a la ciudadanía chilena, lo que se traduce en una deuda histórica del país sobre el reconocimiento de los pueblos originarios.
Para ella, “las constituciones existentes responden a una estructura autoritaria y de tipo colonial que no reconocen a los pueblos indígenas”, pues en ninguno de sus puntos aparecen mencionados ni los pueblos originarios ni los derechos que les corresponden. Es por esto que afirma que “la nueva Constitución debe incorporar los derechos colectivos de los pueblos indígenas”.
De esta forma, según la académica mapuche, la nueva Constitución tendría que reconocer, necesariamente, la preexistencia de los pueblos indígenas y la plurinacionalidad del Estado de Chile; además de una pluriculturalidad y un plurilingüismo. “Incorporar estos puntos sería dar un paso histórico, ya que por primera vez en Chile, el Estado estaría reconociendo la preexistencia de los pueblos indígenas”, dice Elisa Loncon.
Hace unas semanas y cumpliendo el plazo que se había autoimpuesto, la presidenta Michelle Bachelet anunció los pasos a seguir en el recorrido hacia una nueva carta fundamental. Para Elisa Loncon, la mejor vía para una nueva Constitución es aquella donde se le dé a la ciudadanía la posibilidad de definir los contenidos, por lo que se muestra a favor de un posible Plebiscito y, posteriormente, una Asamblea Constituyente (AC).
Sin embargo, para el caso de los pueblos indígenas, insiste en que debiese haber un mecanismo que asegure la participación de los diferentes pueblos originarios y sus respectivas organizaciones. En el caso de ser el Congreso Nacional la institucionalidad que defina los puntos de la próxima carta fundamental no habría representación de los pueblos nativos. “Los temas indígenas los van a definir parlamentarios que no son indígenas. Esto es un poco absurdo”, dice Elisa Loncon.
La Doctora en Lingüística de la Universidad de Leiden (Holanda) no se siente optimista al respecto. Sostiene que en la pasada cadena nacional de octubre, no hubo un pronunciamiento específico de la presidenta que asegure la participación de los diversos pueblos indígenas, en cada una de las fases mencionadas. “El camino a futuro lo veo bastante difuso porque cuando la presidenta anunció las modalidades con que va a operar esta nueva Constitución, no anunció ninguna con los pueblos indígenas y eso me preocupa”, dice.
La académica de la USACH cree que el proceso de educación cívica es un espacio necesario, siempre que este incorpore los derechos y las necesidades que tienen los pueblos originarios para que así la sociedad civil chilena pueda involucrarse de mejor manera en sus demandas y juntos llegar a lograr un país más justo. Insiste que la participación de los diversos pueblos originarios es la única vía para diseñar una nueva Constitución que recoja las concepciones que estos tienen de un gobierno y su cultura; de sus estructuras de organización e ideas de desarrollo.
En ese sentido, Elisa Loncon cree que una posible AC podría enriquecer el debate ya que sólo allí se daría la posibilidad de evidenciar la versión que tienen los pueblos indígenas respecto a una futura Constitución con el resto del pueblo de Chile. “El tema indígena es un tema transversal que no pasa por la derecha, ni el centro, ni la izquierda, ni la Nueva Mayoría sino por la identidad chilena y con un problema histórico del Estado con los pueblos indígenas. El Estado no ha resuelto el problema indígena desde que se constituyó como tal y resolverlo es tarea de todos los chilenos”, asegura.
Para la académica, la plurinacionalidad del Estado, el plurilingüismo y la protección de los recursos naturales, entre otros, son temas que sólo los pueblos indígenas pueden instalar en la agenda. “El avanzar en una Asamblea Constituyente donde participen los pueblos indígenas sería un tema que enriquecería el debate respecto a una Constitución pluralista y una constitución intercultural”, afirma.
Autodeterminación para la toma de decisiones
El 2013 surgió el Manifiesto de firmantes de Pueblos Originarios, un documento generado por un grupo de profesionales y dirigentes indígenas donde se recoge la situación histórica y los derechos de los diferentes pueblos originarios, pensados en un escenario político indígena y en una posible nueva Constitución que los incluya. “En este manifiesto planteamos que los pueblos indígenas no estamos cerrados a compartir y participar de las convocatorias que existen en Chile y en los diferentes movimientos sociales chilenos, ya que somos aliados en demandas que compartimos”, comenta Elisa Loncon.
En el documento, los pueblos originarios también exponen el deseo de que la nueva Constitución los otorgue la autodeterminación que por tanto tiempo se les ha negado. “En Chile y en el resto de Latinoamérica, los indígenas estamos entendiendo la autodeterminación como el poder de participar en la toma de decisión, decidir nosotros por nuestro futuro y por nuestros derechos”, dice Loncon. En términos políticos, esta autodeterminación hace referencia al poder de decisión de los pueblos originarios en cuanto al sistema de desarrollo que quieren para sus comunidades, al sistema de educación, al derecho de las tierras, entre otros. Para la académica, aquello sólo se conseguirá si los pueblos indígenas logran entrar en el diálogo de una nueva Constitución.
Por otro lado, la experta en educación intercultural manifiesta la necesidad de que una futura Constitución tome en cuenta la decisión de las mujeres indígenas a través de una representación política. “En una nueva Constitución tendría que haber reconocimiento de los saberes de las mujeres indígenas porque son ellas las que han mantenido el arte culinario, la textelería y los conocimientos de la medicina. Las mujeres son súper power en los pueblos indígenas pero son las más invisibilizadas”, afirma.
Para Elisa Loncon los mínimos irrenunciables en esta nueva Constitución son el reconocimiento de los derechos colectivos para los indígenas tales como cultivar sus identidades, su idioma y su cultura. Según ella, la futura Constitución debiese asegurar los derechos fundamentales a la autonomía y la autodeterminación. “No podemos seguir siendo un pueblo subordinado al Estado chileno y para ello tendrá que haber un instrumento que nos permita participar de igual a igual. Queremos, una Constitución con contenido indígena”.
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