Lo que busca el proyecto de ley chileno, es otorgar a la mujer que vive una situación respecto a su embarazo considerada en extremo delicada, la autonomía para ejercer su derecho a decidir, libre e informada, sobre continuar o no de la gestación.
Desde los sectores conservadores, la principal crítica que ha recibido el proyecto de ley presentado por la Presidenta Bachelet por la despenalización del aborto, se sostiene en que esta iniciativa no se enmarca dentro de una política de fortalecimiento de la maternidad. Esta crítica no es casual, responde a una estrategia utilizada mundialmente por los sectores partidarios de la ilegalidad del aborto para descentrar la discusión.
Lo que busca el proyecto de ley chileno, es otorgar a la mujer que vive una situación respecto a su embarazo considerada en extremo delicada, la autonomía para ejercer su derecho a decidir, libre e informada, sobre continuar o no de la gestación.
Esta decisión, deberá respetar, por un lado, las tres causales delimitadas por el proyecto (inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la madre y violación) y los plazos límites explicitados.
Es decir, el proyecto presentado pone su mirada en otorgar a la mujer el derecho de decidir en esas situaciones y hacerse cargo –con todos los recursos necesarios- de otorgar las condiciones de atención y cuidado que la mujer requiera, ya sea decida continuar su embarazo o ponerle término.
Hasta aquí el proyecto del Gobierno. Énfasis en hacerse cargo de una parte de la realidad de las mujeres que las expone a condiciones potenciales de sufrimiento que pueden transformarse en situaciones concretas de violación de derechos humanos. Toda mujer que curse un embarazo en estas condiciones, que no pueda decidir libre y de manera informada si continuarlo o no, que no pueda recibir las atenciones de salud integral que la modernidad le puede propiciar y que corra riesgo de ser encarcelada por poner término a esta situación de sufrimiento, es una mujer en situación de violación de derechos humanos.
Razón de ello han sido los reiterados llamados que ha recibido el Estado de Chile por parte de los organismos internacionales de derechos humanos para poner término a la penalización total del aborto.
Los sectores partidarios de la ilegalidad del aborto, han volcado su campaña descentrando el debate sobre la propuesta de ley del Gobierno, poniendo la mirada en el acto de aborto antes que en la mujer, prescindiendo de ella. Este cambio no es menor porque transforma una discusión sobre derechos de la mujer y consideraciones de salud pública en un debate valórico (e injusto, me permito agregar).
Valórico, pues pone la discusión en las distintas concepciones sobre lo que concebimos como los orígenes de la vida, el reconocimiento de la persona, la existencia del alma, la defensa de la vida. Injusta, pues hace aparecer a algunos defendiendo la vida y a otros contraviniéndola al punto de ser considerados criminales. Nada más lejos de esta discusión, nada más injusto con las mujeres, nada más injusto y simplón para la dimensión compleja de lo que estamos discutiendo.
Así asistimos a lo propuesto por parte de la DC y otros sectores, donde se explicita como crítica que este proyecto “daría mucho énfasis a la autonomía y capacidad de decisión de la mujer y no resguardaría el derecho a la vida del feto ni fortalecería la maternidad”. Es decir, para estos sectores conservadores (dentro de la Nueva Mayoría y fuera de ella) un Estado debe garantizar que las mujeres que se embarazan lleven a término sus embarazos a todo evento, así (el hijo) “… no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive su muerte” (en palabras del ex senador UDI Jaime Guzmán)
Como el objetivo último es ese, aquel expresado de manera clara, precisa y sin eufemismos por el constituyente Jaime Guzmán, es que se promueve un Programa de Acompañamiento orientado al fortalecimiento de la maternidad, que asegure la posibilidad de que las mujeres continúen con sus embarazos. De lo que aquí hablamos es de programas con un claro fin disuasivo. Basta leer las propuestas y contrarrestarlas con experiencias similares en otros países. Una vez abierto el debate centrado en ellas y que sean de público conocimiento, podremos comentar en detalle sus límites y posibilidades.
Mientras tanto, el punto es ¿un Estado debe generar una ley para otorgar y garantizar derechos a sus ciudadanas o debe promulgar leyes que, junto con lo primero, la disuadan de ejercerlos? Es un aspecto complejo ya que, en una primera lectura, un Programa de Acompañamiento aparece como una propuesta razonable. Y lo es.
Razonable y necesario, siempre y cuando se mantenga centrada en la entrega de todos los apoyos requeridos voluntaria y explícitamente por las mujeres. Porque no da lo mismo la manera en que definamos el acompañamiento. El acompañamiento debe ser garantizado, pero nunca, bajo ningún pretexto, impuesto. Es básico en toda noción moderna de respeto a los derechos de los pacientes así como de cualquier concepción de lo terapéutico.
Cualquier iniciativa de estas características debe estar centrada en la voluntad de la mujer de querer participar en el y en el derecho de poder dejar de hacerlo cuando ella lo decida.
Este debate sobre la despenalización del aborto nos devela, más que nunca, cómo nuestra sociedad concibe a las mujeres. Y nos concibe tal y como el ex senador Guzmán nos retaba y retrataba. Y, al menos a mí, no es una concepción que me refleje.
Ya es hora de que dejemos de pensar (y pensarnos) a las mujeres como sujetos sin discernimiento y sin capacidad de elección. Debemos, a su vez, dejar de concebirlas (y concebirnos) como objeto público necesario para la reproducción, como seres que deben realizar actos heroicos y brutales, impuestos por ley, sólo para garantizar la sobrevivencia de la especie.
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