Opinión: Chile, la Ocde y las mujeres

working woman onlineSi consideramos que la tasa de participación laboral de las mujeres en Chile ya es más baja que el promedio de Latinoamérica y la OCDE, claramente estamos frente a uno de los más importantes retos de crecimiento de nuestro país, del que hoy menos se habla.

 

 

Por Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de ComunidadMujer

Por estos días hemos escuchado distintas propuestas para sortear el escenario de bajo crecimiento, la caída del precio del cobre y de la inversión y, particularmente, la crisis de expectativas y de confianza en las instituciones.

Lo cierto es que el panorama descrito no sólo genera preocupación sino también descontento en la ciudadanía, que ubica entre sus máximas preocupaciones el empleo. Así, al comparar el trimestre julio, agosto, septiembre del presente año, con el mismo período de 2014, se observa un aumento de la población inactiva (1%), especialmente en mujeres (1,9%). Esto quiere decir que en la actualidad hay 70 mil 453 más inactivas que el año anterior; pasando de 3.705.586 a 3.776.040 (NENE, 2015). Mientras que en los hombres hay 12.480 menos inactivos.

Si consideramos que la tasa de participación laboral de las mujeres en Chile ya es más baja que el promedio de Latinoamérica y la OCDE, claramente estamos frente a uno de los más importantes retos de crecimiento de nuestro país, del que hoy menos se habla.

Por ello resultan tan relevantes las recomendaciones de la OCDE en su informe de noviembre sobre Chile, donde declara “fundamental aumentar la participación laboral de la mujer” y vincula el cierre de la brecha de hombres y mujeres en este ámbito, por ejemplo en un 50%, con un aumento de 0,3 puntos porcentuales del PIB.

Sabemos que para alrededor de 1.300 mil mujeres, la principal causa de inactividad sigue siendo: “razones familiares permanentes”, mientras que han disminuido notoriamente aquellas que argumentan no tener deseos de trabajar, llegando a poco más de 126 mil. En ese sentido la OCDE ha recomendado a Chile “realizar un gasto adicional en políticas activas en el mercado laboral para promover la participación de la mujer”, dado que somos el país que destina menos gasto público en este ítem -siendo en la actualidad el programa Más Capaz lo más visible-.

Destaca que “las regulaciones relativas a la provisión de cuidado infantil y la falta de apoyo en este ámbito representan barreras importantes para el empleo femenino”, que afectan considerablemente sus perspectivas económicas presentes y futuras.

Lo cierto es que este organismo multilateral ha venido a recordarnos la reforma laboral pendiente, aquella que podría solucionar una de las grandes desigualdades de nuestro mercado del trabajo, equiparando los costos de contratación entre hombres y mujeres. Se trata de la sustitución del artículo 203 del Código del Trabajo, que establece que empresas con más de 20 trabajadoras deben pagar sala cuna de hijos/as menores de dos años, por un sistema que contemple el derecho para trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares. La actual normativa es una barrera de acceso al mercado laboral, pues las empresas se inhiben de contratar mujeres por sobre este número (Escobar 2014). El 203 también es causal de brecha salarial a lo largo de la distribución de ingresos. Aunque el empleador es quien debe pagar la sala cuna, en los hechos son las mujeres quienes financian el servicio con menores salarios (Prada, Rucci, Urzúa, 2015).

El consenso sobre la necesidad de llevar adelante este cambio es antiguo, pero no se ha materializado aun cuando el gobierno anterior trabajó un proyecto de ley; es promesa de campaña de este Gobierno y cuenta con el apoyo del principal gremio empresarial, la CPC. De hecho impulsar esta reforma es un requisito previo e indispensable a cualquier cambio que se quiera hacer al sistema de pensiones, sobre todo aquel relativo a extender la edad de jubilación de las mujeres. Si no arreglamos las inequidades del mercado laboral, cuyo origen se encuentra en división sexual del trabajo (OIT) difícilmente podremos equiparar las oportunidades de hombres y mujeres en la vejez.

Frente a la evidencia y a pocos meses de llegar a la mitad del mandato de la presidenta Bachelet cabe preguntarse ¿Qué estamos esperando?

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