A propósito del nuevo caso generado por la violación y embarazo de una niña de 11 años por su padrastro en Villarica –quien tiene ya cinco meses de gestación–, puede ser útil informarse sobre qué ha sucedido desde que, en el mes de marzo pasado, ingresara al Senado el Proyecto de Ley que Regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.
Por Alejandra Zuñiga Fajuri, abogada y doctora en derecho
A propósito del nuevo caso generado por la violación y embarazo de una niña de 11 años por su padrastro en Villarica –quien tiene ya cinco meses de gestación–, puede ser útil informarse sobre qué ha sucedido desde que, en el mes de marzo pasado, ingresara al Senado el Proyecto de Ley que Regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.
Lo primero que vale la pena recordar es que la Presidenta Bachelet decidió ingresar el proyecto al Senado sin ninguna urgencia legislativa. Esto es, a diferencia de lo que demanda la ciudadanía y las distintas organizaciones de DD.HH., Bachelet estimó que la tramitación del proyecto no era apremiante, por lo que está siendo analizado sin ningún tipo de urgencia por la Comisión de Salud del Senado. Por lo mismo, en estos meses, han concurrido más de treinta profesionales de la salud, el derecho, las ciencias sociales, entre otros, a alguna de las nueve sesiones de discusión del proyecto, como requisito previo a su votación en la Sala.
Usted podrá preguntarse: ¿es toda esta discusión realmente necesaria? Claro que no. Principalmente porque el desfile de profesionales y ciudadanos interesados en el proyecto ya pasó por la Cámara de Diputados (sus argumentos forman parte del acervo de documentos recibidos en el Senado) y podrá luego repetirse tanto en la Comisión de Constitución como al momento de la discusión general en la Sala. Es decir, la tramitación podría durar otro año más.
Hasta ahora, por lo demás, los argumentos presentados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado no son novedad para nadie medianamente informado y, sin duda, son conocidos por la mayoría de los parlamentarios, especialmente por aquellos que tan solo quieren dilatar su tramitación. Por una parte, están los grupos conservadores, respaldados por las iglesias, que han demandado una y otra vez el rechazo del proyecto sustentados, fundamentalmente, en doctrinas religiosas y una muy deficiente argumentación constitucional.
Por otra parte, los médicos, abogados y demás representantes de la ciudadanía han repetido los argumentos que desde hace décadas las distintas organizaciones de derechos humanos en todo el mundo han utilizado para despenalizar el aborto (baste recordar que este debate se dio, por ejemplo, en los Estados Unidos a principios de la década del 70 del siglo pasado). Así, los principales argumentos a favor del proyecto que se han presentado (nuevamente) en la discusión en el Senado pueden resumirse en tres.
Primero, que las más importantes organizaciones de Derechos Humanos del mundo han demandado a Chile la modificación de su legislación en materia de aborto, pues ella –aducen– viola los derechos humanos básicos de las chilenas, sobre todo, de niñas como la pequeña violada en Villarica.
En segundo lugar, se sostiene que se trata de un problema de salud pública que las autoridades no pueden obviar, pues es la vida y salud de las mujeres lo que está en juego y es esa la razón de que todos los países del mundo (salvo otros 3 subdesarrollados en Latinoamérica) tengan despenalizado al menos alguna de las causales de aborto que este proyecto de ley propone.
Finalmente, se ha recordado hasta el cansancio a los parlamentarios, tanto en la Cámara como en el Senado, que las encuestas de opinión –todas ellas, incluso la del conservador CEP– arrojan un apoyo más que mayoritario (cercano al 70%) por la población, a despenalizar del aborto en las tres causales incorporadas en el proyecto. De ahí que sea tan difícil para la ciudadanía entender la demora por dar solución a algo que, como nos recuerdan los porfiados hechos una y otra vez, es realmente urgente: garantizar los derechos humanos a la integridad física y psíquica de las mujeres chilenas y, en especial, los de las niñas violadas.
La total discrepancia entre lo que quiere la población y lo que hace el Congreso deja en evidencia que los legisladores chilenos no representan a quienes deben representar: a los ciudadanos que los eligieron. Por el contrario, tienden a representarse a ellos mismos, a sus ideas, a sus convicciones personales, a sus prejuicios, contrariando las bases de las doctrinas de la representación democrática que nos prometen –a los ciudadanos– que el autogobierno colectivo (la autodeterminación política) es posible por la vía de la elección de representantes. Ellos (nos dicen) actuarán honrando los intereses ciudadanos, pues saben que el “buen político” –como escribía Weber–- no es aquel que actúa sobre la base de una “ética de la convicción” sino que quien lo hace conforme a una “ética de la responsabilidad”.
Existe una diferencia abismal, sostenía Weber, entre actuar con la convicción de un principio ético –fundado en alguna doctrina religiosa personal– o bien con la responsabilidad ética de hacerse cargo de las consecuencias (previsibles) de sus actos. Un político que se guía por la ética de la responsabilidad tendrá en cuenta lo que Weber llamaba “el promedio estadístico de los defectos humanos”. El político, argüía este autor, no tiene ningún derecho a presuponer la bondad y la perfección en los seres humanos y no se sentirá capaz de cargar sobre las espaldas de otros las consecuencias de su propio accionar en la medida en que haya podido preverlas. Ese es un buen político.
Pero nosotros estamos representados malamente por malos políticos, políticos de la convicción que solo se sienten “responsables” por mantener encendida la llama de sus convicciones personales, aun cuando seamos los ciudadanos (las mujeres) quienes suframos las consecuencias de su ardor religioso. La lentitud e incertidumbre respecto de la aprobación de un proyecto de ley ampliamente querido por las chilenas y chilenos no hace más que demostrar que nuestros ya cuestionados y desaprobados parlamentarios no saben, simplemente, lo que es la buena política.
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