Paz Robledo, redactora de la ley de aborto en tres causales: “Han buscado todos los mecanismos para boicotear su implementación“

Paz Robledo, redactora de la ley de aborto en tres causales: “Han buscado todos los mecanismos para boicotear su implementación“

Por Catalina Arenas

Con lentes de género y una especial atención por los Derechos Humanos de niñas y mujeres, la médica pediatra especialista en adolescentes, Paz Robledo da cuenta de lo que advierte como las principales falencias de la Agenda Mujer en el ítem de salud para las mujeres que viven en Chile. Habla desde una vocería personal que da cátedra desde su experiencia de trabajo como ex asesora del gabinete del Ministerio de Salud en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, experiencia en la que cuenta haber sido una de las redactoras del reglamento para la ley de aborto en tres causales.

Hasta ahora, la Agenda Mujer ha sido consecuente con las ideas iniciales del programa del actual gobierno. Al hacer zoom en el ítem de salud y los derechos sexuales y reproductivos de las chilenas, la hoja de ruta manifiesta un único objetivo claro: avanzar en las atenciones adecuadas y eficaces hacia las mujeres en los servicios de prestación médica. La interrogante se guarda en las estrategias para llevar a cabo ese plan. “De este gobierno no espero nada, definitivamente no comparten un enfoque de Derechos Humanos porque una cosa es proponer medidas y, otra, generar todas las condiciones para que todas las personas puedan vivir sus derechos humanos”, reconoce Robledo.

En la misma agenda se leen medidas como promover el buen trato a la mujer en los servicios públicos, en especial en salud y justicia de familia; restablecer el “Programa Mujer y Maternidad” para entregar contención e información a mujeres en situaciones de vulnerabilidad relacionadas con su maternidad y abordar problemáticas como el embarazo adolescente; revisar los protocolos de Gendarmería y su coordinación con los centros de salud para asegurar la dignidad de aquellas mujeres que, encontrándose privadas de libertad, vayan a ser madres.

En salud, un desorden de naipes

“No hacer campañas de difusión, no entregar las herramientas de información, no seguir capacitando a los equipos clínicos como corresponde y no ser categóricamente ordenado para decirles qué hacer, sobre todo, a los que están en el sistema público, provoca un desorden de naipes”, detalla la médica Paz Robledo.

En el último informe de 2018, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) mostró una especial preocupación por el riesgo que suponen los abortos clandestinos para las mujeres, la objeción de conciencia por parte del personal médico o instituciones que podría dificultar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin riesgo, la elevada tasa de embarazos adolescentes y los abusos sexuales contra adolescentes y las niñas.

Como respuesta a estas consideraciones, no es novedad que el actual gobierno se manifieste partidario de defender la vida de todos y muy especialmente del que está por nacer. Mientras, ocurren casos dramáticos como el de Fernanda Sandoval cuyo trabajo de parto duró 60 horas, su vida estuvo en serio riesgo vital y su hijo nació muerto sin personal médico que la asistiera en el hospital público de Quilpué, Región de Valparaíso. En su camino, por desgracia, se encontró de frente con el fundamento valórico de una matrona que declaró objeción de conciencia y se negó a comenzar el procedimiento a tiempo, como consignó el portal de noticias de la BBC Mundo.

Creo que hay una intencionalidad política por parte del gobierno de Piñera para que esta ley no fuera implementada como debiera ser, porque han buscado todos los mecanismos para boicotear la implementación de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”, denuncia Paz Robledo, quien coordinó la redacción de la normativa que velaba por la puesta en marcha de dicha norma.

La ex asesora del Ministerio de Salud está convencida que, antes de asumir como ministro, el doctor Emilio Santelices ya venía con una decisión política clara respecto a modificar el carácter de lo normado en la Ley 21.030. Por lo mismo, primero se pensó que serían los reglamentos de acompañamiento los flancos más débiles para modificar ante la puesta en marcha de la ley. Pero según Robledo, la principal traba ha sido la objeción de conciencia: Apenas asumió, el ministro bajó tanto los requisitos para la objeción de conciencia que el mensaje que le dio a las redes sanitarias fue; aquí no vamos a implementar la Ley y quien quiera objetar que lo haga bajo cualquier circunstancia”.

Paz Robledo advierte también de la insistencia en la cartera de Salud por trabajar con grupos que están contra el pleno desarrollo de los derechos de las mujeres y la posibilidad que algunos médicos aduzcan objeción de conciencia para mantener sus trabajos en determinados centros de salud, en especial si trabajan en el ámbito público y privado. “Creo que se sigue trabajando con los grupos anti derechos de las mujeres para poder obligar a otros médicos que no necesariamente estarían de acuerdo con objetar de conciencia para sentir que tienen que hacerlo igual, si quieren ser parte de determinados centros.”

Según el medio regional Soy de Osorno, en el hospital Base San José sólo un obstetra realiza aborto en el caso de que exista riesgo de la vida de la embarazada y cinco en casos de inviabilidad fetal. Finalmente, en caso de violación las pacientes serían derivadas a Puerto Montt. En el mismo portal de noticias, el director del hospital público, Daniel Núñez, argumentó que a los obstetras les preocupa que la causal número tres “sea una puerta de entrada al aborto encubierto y que, probablemente, haya gente que aproveche esta situación para decir que hubo violación, cuando no se pueda comprobar” y agrega que “el punto es que hay otras situaciones que pueden ocurrir si la mujer es violada como que no necesariamente quede embarazada y en esos casos se le aplicará la ‘pastilla del día después’ y tratamientos contra las Infecciones de Transmisión Sexual; no constituyendo una urgencia inmediata”.

Respecto a la polémica situación de Osorno, Paz Robledo describe que “el único hospital en el que hacen interrupciones en el Servicio de Salud de Osorno, es el Hospital Regional. Inicialmente todos los especialistas se declararon objetores en todas las causales; ahora están como objetores solo en la tercera causal y algunos en la primera y otros en la segunda causal”.

Las barreras para acceder al aborto en tres causales en Osorno y dicha región contrasta con los datos de la IV Encuesta Nacional de Derechos Humanos en 2018 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que evidenció un respaldo rotundo a la ley que permite la interrupción del embarazo en tres causales: un 74,7% de la población está de acuerdo con ella.

Cobertura estrecha

El derecho a la salud es percibido por la población como uno de los más conocidos y, a la vez, el más vulnerado. La encuesta del INDH también señala que un 45% de las mujeres considera que existe una baja garantía de los Derechos Humanos en Chile por parte del Estado. En ese sentido, la médica pediatra hace hincapié en dos problemas superlativos: la poca fiscalización del sistema de salud privado y la invisibilización de los derechos sexuales y reproductivos de las personas transgénero y mujeres en los distintos servicios de salud.

“Lamentablemente la Superintendencia de Salud no está haciendo el trabajo que tiene que hacer con el sistema privado, no sabemos -por ejemplo- si todas las ISAPRES tienen los circuitos de interrupción para las mujeres beneficiarias”, ejemplifica Paz Robledo. Hay que precisar que los circuitos para la interrupción del embarazo están determinados por cada uno de los prestadores de salud -en este caso las clínicas- que definen qué servicios dan y cuáles no. Por lo tanto, si la clínica se declara objetora de conciencia, las ISAPRES son las encargadas de informar a todas las usuarias mujeres en edad fértil, dónde tienen que recurrir para que su embarazo sea interrumpido de manera voluntaria porque es un derecho.

La propuesta de fortalecer la fiscalización no está en el programa del Presidente Piñera, pero se levantó como moción en marzo de 2018 por parte de representantes de la sociedad civil y un grupo de parlamentarias; entre ellas la diputada Karol Cariola (PC). Aún no se ven luces de aquella iniciativa que busca propiciar el efectivo ejercicio del derecho de las mujeres que se encuentran en una de las situaciones límite que estipula la ley de aborto en tres causales. Una prueba de ello, “es la peregrinación que vemos de las mujeres suplicando una atención que debiese ser dada como corresponde en cada uno de los establecimientos”, denuncia Robledo.

También destacan entre las recomendaciones del Comité CEDAW al Estado de Chile la garantía de servicios de asistencia sanitaria, especialmente ginecológicos, a todas las mujeres. La ‘agenda’, en tanto, plantea contener e informar a las mujeres en situación de vulnerabilidad relacionada con su maternidad y especialmente abordar la problemáticas del embarazo adolescente. “Si les preocupa este tema, lo que debería hacer el Ejecutivo es expandir la cobertura de los espacios amigables -programa desarrollado en el gobierno de Michelle Bachelet- a lo largo de todo Chile y mejorar el acceso a los mecanismos anticonceptivos de larga duración, los cuales son muchísimos más costosos que los métodos anticonceptivos orales”, sugiere Paz Robledo.

De acuerdo a la experta en salud, “el embarazo adolescente no pasa solo por el acompañamiento, sino que pasa por darle las herramientas a esas mujeres para que puedan construir de manera autónoma variados proyectos de vida” y especifica que, por lo mismo, “las barreras de acceso a anticonceptivos deberían ir bajando y facilitándose el ingreso a los mecanismos de regulación de la fertilidad y consejería para que las mujeres escojan la mejor decisión al inicio sexual, protegiéndose con doble método: anticonceptivos en mujeres para prevenir embarazo, y también en hombres para evitar infecciones de transmisión sexual (ITS)”. Sobre todo pensando en que las adolescentes se encuentran en periodos hormonales irregulares, con una incipiente menarquia y porque existe el riesgo de olvidar la toma de los anticonceptivos orales. “Por eso se recomiendan los mecanismos permanentes como los implantes, por ejemplo; que permiten tener mejor adherencia y prevención de embarazo adolescente”, complementa.

Sobre la falta de estrategias ampliadas para la mitigación de este problema manifiesta una crítica. “¿Dónde están las políticas públicas en la educación sexual para poder enseñar? porque este es un tema (prevención de infecciones de transmisión sexual) que le compete a toda la población, que tiene relación con las prácticas sexuales, y no solo homosexuales”, cuestiona.

 La ampliación al acceso a programas de fertilización in vitro como prestación Fonasa es otra medida anunciada recientemente por el actual gobierno; aumento de cobertura que sin embargo no estuvo exenta de críticas porque a este procedimiento solo podrán acceder parejas heterosexuales: mujeres solteras o personas de las disidencia sexual quedan excluidas de esta prestación. Paz Robledo cree que ese también es uno de los problemas de salud más visibles que convoca a las mujeres que quieren ser madres. Ella propone que la prevención debe ser clave porque hoy las mujeres retrasan cada vez más el inicio de la etapa reproductiva y la probabilidad de infertilidad aumenta con la edad. Explica además que son principalmente las infecciones que pasan desapercibidas en la etapa temprana, las grandes responsables de la infertilidad. Un ejemplo es el microplasma genital que es una ITS que no se estudia ni se diagnostica precozmente en Chile y cuya cura es la prescripción de antibiótico.

Contra la violencia obstétrica, educación sexual no sexista

“Qué mamá más desnaturalizada, no le quiere dar leche a su guagua”, le dice una enfermera a Paz para que ella le indicara el relleno de una mamadera. Sin más justificación, la asistente de salud emitió un juicio de valor ante una situación de la cual no conocía detalles. La doctora Robledo fue a examinar a la mujer y sólo en ese momento supo que ese recién nacido era producto de una violación.

Se trata de un tema cultural que debe ser enseñado a todo el cuerpo médico y de salud tanto en pre como en pos grado para crear una conciencia de las necesidades del enfoque de derecho. “Los equipos médicos tienen que saber que no se puede maltratar a una mujer porque el personal está siendo monitoreado (…) deberían haber campañas comunicacionales, pensando también en los colegios con educación sexual no sexista en la que además se enseñe cómo respetarnos entre nosotros mismos y para que entiendan que no se pueden permitir prácticas violentas como las que hemos visto últimamente en algunas circunstancias en la obstetricia”.

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