El problema del Acoso Sexual constituye una violencia más contra las mujeres. Los espacios donde se ejerce el abuso de poder lo vemos en las reiteradas denuncias -de conocimiento público-, en universidades, colegios, trabajo, espacios públicos, culturales e institucionales.
Nadie olvida cuando estudiantes de distintos planteles educacionales sacaron la voz para pedir ayuda frente al abuso y acoso que estaban sufriendo alumnas y profesionales. Esto no es un hecho aislado de Chile sino que parte de una corriente global, que surge producto de cambios culturales que tienen que ver con que las mujeres y minorías sexuales no están tolerando situaciones que antes callaban y como consecuencia las denuncias por abusos sexuales en universidades se han sucedido en distintos países.
A ello sumamos, el escándalo que obligó a renunciar al ex el embajador de Chile en Francia, Patricio Hales (PPD), luego de que saliera a la luz un proceso de sumario llevado por Cancillería ante una denuncia de acoso laboral que habría incluido «insinuaciones sexuales» contra una funcionaria de la sede diplomática.
Comprender si la problemática es una preocupación del Estado, motivó al Observatorio de Género y Equidad a consultar distintas voces que, el marco de su quehacer, han evidenciado el acoso sexual por un gran pendiente, entregando orientaciones y visibilizado casos concretas que han sido denunciados. El acoso sexual se instala como una violencia más que viven las mujeres en Chile y el mundo a diario.
Claudio Nash, académico de la universidad de Chile: “Denunciar el acoso sexual debiera ser un ejercicio de derecho y no un acto de heroísmo”. Leer más
Andrea Muñoz, ministra de la Corte Suprema: “Nos falta mucha capacitación sobre el tema de acoso sexual. Tenemos bastante que avanzar”. Leer más
Nadia Pinto, denunciante de acoso sexual al interior de Carabineros:“Deseo que nunca más otra mujer tenga que pasar por lo que yo viví”. Leer más
Delia Cerda, Coordinadora de la Unidad de Desarrollo Organizacional del Servicio Civil: “Nuestro desafío es que el maltrato, el acoso laboral y sexual se entiendan como un problema social”. Leer más
Por Observatorio de Género y Equidad
Claudio Nash, académico de la universidad de Chile
“Denunciar el acoso sexual debiera ser un ejercicio de derecho y no un acto de heroísmo”
Por Catalina Ellies
La Universidad de Chile en el último año ha sido remecida por denuncias de acoso sexualen el ambiente universitario, ya sea entre el estudiantado o desde los académicos a las alumnas. Las estudiantes han realizado muchas manifestaciones al interior de la universidad pidiendo que se tomen medidas concretas al respecto para castigar a quienes lo cometen, pero también para evitar que esto siga ocurriendo. La universidad ha seguido los conductos regulares en los casos de hostigamiento que han ocurrido, suspendiendo a los académicos en cuestión. Pero cuando esto se trata de un tema que ocurra entre pares, no hay formas de sanción y quedan al descubierto las falencias.
A principios de agosto, la Chile publicó los resultados de un estudio sobre acoso sexual al interior de la entidad, donde las afectadas son mayoritariamente mujeres, principalmente, alumnas y los agresores son hombres, entre académicos o estudiantes.Un 26% de las personas entrevistadas ha conocido situaciones de acoso sexual en la universidad y un 14,7% lo ha sufrido directamente. Un 6,6% lo ha vivido en el último año, concluyendo que mayoritariamente las víctimas no denuncian, debido al desconocimiento de los procedimientos, el temor a sufrir represalias, a que se vea afectada su carrera y a la desconfianza en la institucionalidad universitaria y sus mecanismos de investigación.
Para hacer frente a estas situaciones, el rector Ennio Vivaldi, en conjunto con la oficina de Género de la Universidad, solicitaron al doctor en derecho Claudio Nash, Coordinador Académico del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y director del Programa «Estado de Derecho y Derechos Humanos» que redactara una respuesta institucional sobre el actuar que debía tener la universidad y qué mecanismos deberían generar para proteger a sus estudiantes. Esta respuesta consiste en recomendaciones para afrontar la problemática y plantea que se debe crear una unidad especializada de apoyo a las víctimas, modificar los estatutos y los reglamentos disciplinarios del estudiantado.
Lo anterior, guiados por algunas denuncias que les hicieron notar que no estaban los mecanismos para canalizarlas, que la institucionalidad que existe es absolutamente insuficiente y que al momento de investigar cómo se había dado respuesta al tema en otros lugares, como en comités internacionales y la Corte Interamericana, era necesario darle una mirada más amplia tema desde los derechos humanos. “El acoso sexual hay que mirarlo hoy desde una mirada más compleja. También tiene que ver con crear un clima laboral y educativo, que esté libre de esta práctica de connotación sexual y de todo un entramado abusivo. Todo lo que contribuya a crear un ambiente hostil es acoso sexual, aunque esté disfrazado de ‘galantería’ y, partiendo de eso, el espacio universitario debe eliminar situaciones que creen un clima hostil”, explica.
A pesar de que el rector y los directivos aprobaron estas recomendaciones, aún no se adoptan como una política de la Universidad y dejaron como constancia de que se está haciendo algo sobre el tema, pero no algo tangible. Esto quedó archivado como una publicación más, realizada por los investigadores de la casa de estudios: “hay mucha presión para que esto se implemente, esto se masificó porque hay mucho empoderamiento de los estudiantes y académicos. Los distintos órganos de la universidad, a quienes les hicimos estas recomendaciones, debieran actuar, nosotros entregamos el instructivo y las unidades las tienen que implementar y discutir”, enfatiza Nash.
Agrega que uno de los déficits del sistema actual es que la mayoría de los casos nunca son denunciados y por lo tanto, no se pueden establecer cifras representativas. La propuesta plantea dos indicaciones que son clave para que esto cambie: la más importante para Nash es la creación de una unidad de apoyo para las víctimas. “Creemos que dejar a las víctimas solas y que ellas denuncien y lleven adelante el proceso solas es ponerles una carga muy grande, que garantiza la impunidad” y por otro lado, mejorar la normativa al interior de la universidad. “Si bien el reglamento para los académicos y trabajadores está bastante regulado, sancionado y prohibido, respecto de los estudiantes hay formas de abuso y la normativa aún no da cuenta de ese problema, se sabe que no se puede hacer, pero no hay un reglamento específico que lo dicte”, dice.
A pesar de la importancia que tiene el tema, Claudio Nash recalca e insiste en que “implementar las propuestas que hicimos es un camino largo por recorrer, a la hora de hacerlo hay mucha reticencia y hay un temor a la veracidad de las denuncias y un montón de estereotipos que dificultan que se pueda avanzar”.
Denunciar o no denunciar, el mundo al revés
Claudio Nash explica que el acoso sexual muchas veces se normaliza, porque Chile es un país con una cultura machista muy enraizada y que por lo mismo hay mucho miedo a denunciar “las víctimas de acoso sexual muchas veces tienen que explicar que ellas no son las responsables de la situación que están reclamando y ese es un elemento cultural clave para desincentivar la denuncia: si tú has vivido una situación complicada, y cuando te atreves a denunciarla todo tu entorno te cuestiona, obviamente, parece muy poco razonable hacerlo, hay quienes superan eso y denuncian y es casi un acto heroico. Esto debiera ser un ejercicio de derecho y no un acto de heroísmo, para eso hay que generar condiciones adecuadas para que las denuncias se puedan hacer de manera digna y no terminen sufriendo un nuevo acoso por haber denunciado, acá hay un porcentaje elevadísimo de impunidad, que muestra por qué estas prácticas siguen desarrollándose”.
Por eso el enfoque del instructivo de la Universidad de Chile está redactado desde la mirada de las obligaciones que tiene el Estado frente al acoso. “En materia educacional el Estado tiene una labor de supervisión de la actividad de educación que se imparte, ya sea a través de instituciones suyas o privadas, y debe hacerse cargo de ello, se están violando los derechos humanos de las mujeres día a día a través de estas prácticas. El Estado es un garante de que las personas vivan libres de violencia y particularmente las mujeres y eso debiera traducirse en medidas, pero eso no ha pasado o no cómo debería”.
El abogado experto en derechos humanos explica que el acoso es una forma de violencia sistémica y estructural, que no se visibiliza en la sociedad, impidiendo que se pueda actuar ante esto. “Hay que dejar claro que el acoso sexual es una práctica inaceptable, pero que muchos sectores de la población encuentran que es normal en la relación hombre-mujer cotidiana, pero no se dan cuenta de que esto es violencia y la violencia de género va en perjuicio de todos los que queremos vivir en una sociedad más decente. Hay que informar, mejorar las respuestas institucionales y generar cambios culturales que terminen de una buena vez con esto. Es muy frustrante que esto esté tan arraigado en nuestra sociedad. A quienes trabajamos en esto, nos cuesta tremendamente avanzar, es tal la magnitud de violencia que cada paso que se da es insuficiente”.
Claudio Nash cree que el primer y más importante paso, es generar espacios que permitan sanciones y se genere un cambio cultural de fondo. “Actualmente no se le da la urgencia que debería y esto termina siendo una carga para la víctima versus la libertad de la que siente que goza el abusador. Si la sociedad no culpara tanto a la víctima, esto sería fácilmente abordable. Creo que las personas tampoco tienen que hacer justicia por sus manos, siempre deben optar por la vía institucional, porque se termina victimizando al victimario y el mundo se torna absolutamente al revés, entonces la gente empieza a preguntar y tú qué hiciste para que esto pasara, cómo estabas vestida, en vez de señal al abusador como el responsable y quien está equivocado”.
Acoso sexual, un pendiente en la Reforma Educacional
En 2005, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con la Dirección del Trabajo, dictó la ley 20.005, que castiga el acoso sexual y lo tipifica. “En la práctica esto ha sido insuficiente, la reforma educacional también debiera incluir esto y mejorar los procedimientos. La calidad de la educación no sólo tiene que ver con los contenidos, sino que es un todo, el ambiente donde se da el proceso educativo tiene que ser adecuado y si eso se da en un entorno cruzado por el acoso sexual, obviamente no estamos hablando de educación de calidad. Es muy bueno que cada vez más instituciones planteen que esto debiera estar presente en el ámbito laboral y educacional”.
La evaluación de Nash sobre los derechos de las mujeres es, que a pesar de que se ha avanzado en los últimos años, el Estado mantiene una deuda importante “Obviamente estamos mucho mejor sobre estos temas de cómo estábamos al inicio de la transición, hoy existen legislaciones al respecto, un ministerio, pero sin lugar a dudas hay mucha discriminación para las mujeres que viven en este país, y la violencia contra ellas pareciera estar fuera de control y las formas de discriminación lamentablemente siguen vigentes. Todavía queda mucho camino por recorrer, no somos una sociedad igualitaria ni equitativa en estos temas y aún abordamos esto de una manera eficaz”.
El académico de derecho de la Universidad de Chile cree que el tema legal se ha tomado con mucha liviandad. “Una cosa es que tú prohíbas algo y otra es generar los mecanismos asociados para sancionar esos ilícitos y si eso no se hace, se crea impunidad, decir que algo no debe hacerse es insuficiente. Creo que el problema que tenemos hoy es la implementación, hay que ver cómo darle efectividad a esta prohibición y no sólo nuevas leyes, si no que los investigadores cambien los enfoques, se pregunten por las relaciones de poder y que los derechos complejicen las investigaciones”, sentencia Claudio Nash.
Andrea Muñoz, ministra de la Corte Suprema
“Nos falta mucha capacitación sobre el tema de acoso sexual. Tenemos bastante que avanzar”
Por Nicolás Fajardo
Con el objetivo de incorporar una perspectiva o enfoque de género, el Poder Judicial encargó a una consultora externa un estudio para conocer la realidad institucional. El trabajo de diagnóstico -denominado “Igualdad de género y no discriminación en el Poder Judicial”–, fue publicado el pasado mes de julio tras un período de trabajo que comenzó el segundo semestre de 2015.
Con la respuesta de 4.294 funcionarias y funcionarios, se pudo determinar que para un 89% es muy importante que exista un ambiente laboral igualitario en términos de género. Sin embargo, también quedó en evidencia una cifra más que preocupante: un 11,3% de las mujeres que trabajan en el Poder Judicial ha presenciado o experimentado acoso sexual extremo en su trabajo.
“Uno escucha cosas, puede suponer otras, pero no íbamos con una proyección específica, nos sorprendió la magnitud y con eso en la mano estamos dispuestos a ir trabajando para ir manejando el tema”, reconoce la Ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz.
De todas formas, la autocritica está presente al interior del Poder Judicial y la magistrada Muñoz enfatiza en que “que nos falta mucha capacitación, que la gente que lleva estos temas los conozca y entienda. Tenemos bastante que avanzar en prevención; explicar a la gente qué es acoso y que no lo pueden permitir”.
La cifra fue catalogada como grave en la Corte Suprema, haciendo énfasis en que estos tipos de conducta atentan contra la dignidad de las personas y son una clara muestra de la violencia de género hacia las mujeres que existe en el país y que se debe resolver urgentemente.
“En la teoría, tenemos claro que debemos contar con mecanismos que sean prudentes, en el sentido de ver bien de qué se tratan y efectivos, en tener plazos cortos, que se imponga sanciones y que se repare. Ahora debemos ver cómo lo implantaremos”, explica la Ministra Muñoz encargada de los asuntos de género del Poder Judicial.
Los datos toman aún mayor relevancia si se considera que las mujeres son las más afectadas y en cada ámbito relacionado a una acción de acoso sexual en su contra superan a los hombres en porcentaje. Incluso, otro hallazgo importante: el solo hecho de “ser mujer” es uno de los principales motivos de discriminación.
Protocolos de denuncia
Insuficiente. Así considera la magistrada Andrea Muñoz el actual protocolo de denuncia ante una situación de acoso sexual al interior del Poder Judicial. Según el comité de riesgo psicosocial que se creó en el 2012, existe una política de clima y en diferentes aspectos está incluido el acoso, estableciéndose que se debe denunciar al superior jerárquico y en el caso de que éste sea la persona que ha realizado la conducta impropia, se debe acudir a otro.
“Claramente esto no ha funcionado mucho. Queremos tomar lo que hay y mejorarlo. Hay que entender que esto es un poder jerarquizado, entonces es difícil si no hay un protocolo muy bien diseñado”, comenta la ministra, quien añade que el temor a perder el trabajo es una de los principales factores que fomentan el silencio.
Según las cifras del Estudio “Igualdad de género y no discriminación en el Poder Judicial”, un 22% de las personas afectadas recurre al superior jerárquico ocupando la vía institucional, un 8% presenta su problema a la Dirección del Trabajo y el resto lo comenta con compañeros de trabajo o cercanos externos.
De todas formas, entre las propuestas que se tienen actualmente está la idea de crear un órgano que se dedique exclusivamente a esta problemática y que cuente con personal que tenga conocimiento y preparación. Por ahora, es una opción y se discute si debería existir uno a nivel nacional o por cada Corte, además de la forma en que se determinará su composición.
Acciones de protección para las víctimas de acoso
Si bien actualmente no existe una medida establecida de protección para las mujeres que sufren acoso, la acción a la que se recurre es el traslado. De todas formas, esta política no genera gran consenso debido a que, según explica Andrea Muñoz, no queda claro si estás premiando o sancionando.
La magistrada agrega que “lo bueno es que sacas a la persona del foco, pero también puede ser gravoso para quien deba trasladarse; por qué se tiene que cambiar si es la víctima. Hay que ser más creativo, lo que tenemos por ahora no son medidas pensadas en el detalle. En esas cosas debemos ocuparnos”.
Objetivos del Estudio y plan de acción
Muñoz destaca que realizar el estudio y conocer la percepción de funcionarias y funcionarios, servirá para contar con una línea de base y así formular una “Política de igualdad de género y no discriminación”. Sobre los plazos, explica que “esperamos terminar a finales de este año para que sea aprobada por el pleno de la Corte Suprema y que a partir del 2017 se pueda implementar”.
Por esto, es que actualmente se encuentran en un plan participativo que implica recorrer las 17 jurisdicciones del Poder Judicial. “Estamos contando a la gente cuáles fueron los resultados. Ellos tienen que enterarse qué es lo que salió. Estamos haciendo talleres donde se expone y se trabaja en grupo”, dice la Ministra.
Así se busca recoger la expectativa de las funcionarias y funcionarios, y cómo sus propuestas puedan plasmarse en una política y construir desde las mismas bases. El proceso comenzó en julio y durará tres meses, donde por ahora ya se han recorrido las ciudades de Rancagua,Santiago, Valparaíso, La Serena, Copiapó y Antofagasta.
Por otra parte, la realización de este diagnóstico permitió instalar el tema de género en la interna del Poder Judicial, aprobándose incluso la creación de una secretaría permanente de género y no discriminación.
“Hoy funcionamos mucho más ad hoc. Esto ha sido un buen impulso porque el pleno se dio cuenta de que hay mucho que avanzar. Ya el grado de participación habla de que la gente quería decir cosas. Tengo confianza en que se mejorarán los protocolos y que la gente se va a atrever porque tendrá espalda”, manifiesta la Ministra Muñoz.
Por ahora, ya está en marcha el proceso de crear una política que apunte a que las funcionarias y funcionarios del Poder Judicial disfruten de espacios de trabajo igualitario y libre de violencia y discriminación.
Nadia Pinto, denunciante de acoso sexual al interior de Carabineros
“Deseo que nunca más otra mujer tenga que pasar por lo que yo viví”
Por Nicolás Fajardo
El año 2013 está tristemente marcado en la memoria de Nadia Pinto (46). La mujer que estuvo vinculada por casi 10 años a Carabineros, fue víctima de una situación de acoso sexual y que terminó con ella fuera de la institución y experimentando uno de los peores momentos de su vida.
Los hechos ocurrieron en la Prefectura de Fuerzas Especiales y el acosador fue el entonces suboficial mayor Antonio Sánchez Jara, quien tras las investigaciones fue dado de baja, aunque fue reincorporado a los meses después debido a la petición de un general. Propuestas sexuales, tocaciones, amenazas y maltrato psicológico, fueron parte de las agresiones que soportó la ex funcionaria.
“Estaba desesperada e incluso llegué a pensar en suicidarme porque no sabía qué hacer. Era una situación muy vergonzosa y no me atrevía a decírselo a nadie”, recuerda la víctima que realizó la denuncia en la institución en octubre del 2013 y en diciembre del siguiente año se hizo público su testimonio en el reportaje “Acosadores con uniforme”, del programa Informe Especial de TVN.
De todas formas, y a más de tres años de la lamentable situación, Nadia Pinto es enfática en remarcar que valió la pena sacar la voz: “Quedé sin trabajo, fui juzgada, humillada, menoscabada en mi condición de mujer, pero hoy en día me siento fuerte de poder haber hecho la denuncia y no haber caído en el juego de ellos”, comenta.
Para ella, la razón de estas acciones de violencia de género tienen una explicación clara y se fundamenta en que Carabineros de Chile es una institución machista y que no considera igualitario el valor que tiene el hombre y la mujer.
Comenta que “adentro (de la institución) se menoscaba mucho a la mujer porque al hombre lo ven todoterreno y a una más delicada. Que ellos si sirven y uno no, como que estamos más abajo. Cuando ocurren esta situaciones, ellos cortan por el hilo más delgado; nosotras somos un problema y nos sacan. Ellos se quedan”.
Por lo mismo, considera indispensable que al interior de la institución existan espacios donde se resalte el aporte y el valor femenino, además de dar cuenta de que hechos como el que vivió no se vuelvan a repetir nunca más.
Salida de la institución y el llamado a denunciar
Luego de aparecer en el programa televisivo, fue notificada a los días después que su contrato terminaba y no sería renovado, pese a que según explica siempre estuvo incluida en lista de méritos y nunca recibió una amonestación o fue sancionada. “No había nada que pudiese jugar en mi contra con respecto al desempeño. Si yo hacía mi trabajo bien no entiendo por qué me echaron”, rememora.
Para Nadia Pinto haber recibido el adecuado apoyo psicológico, que hayan solidarizado con su situación y que la mantuvieran con trabajo, deberían haber sido las medidas de protección que necesitaba en los momentos complicados. El traslado suyo o del acosador era también una opción, la que lamentablemente se demoró en llegar. La 30ª Comisaría de Radiopatrullas fue su nuevo lugar de funciones, pero a los meses comenzó a sentir las persecuciones y cayó enferma producto del hostigamiento.
Su sentimiento por la institución hoy es de “desilusión y mucha tristeza”, lo que la motiva aún más a realizar un fuerte llamado a aquellas funcionarias que deben vivir situaciones de acoso o algún tipo de violencia de género al interior de Carabineros.
“Pasé por algo muy doloroso y deseo que nunca más otra mujer tenga que pasar por lo que yo viví. De alguna manera siempre he seguido adelante y no he bajado mis brazos porque quiero que esto les sirva a muchas. Aunque el costo es muy alto, deben ver la forma de denunciar y pedir ayudar, pero que no caigan en las manos de los desgraciados”, enfatiza Nadia Pinto.
Sin embargo, reconoce que el miedo a perder el trabajo y que les hagan la vida imposible al interior de la institución, son los principales factores por los cuales las funcionarias no se atreven a hacer públicos el acoso sexual.
Un presente que aún sigue ligado al pasado
Desde que fue desvinculada de Carabineros, Nadia Pinto tuvo que iniciar un proceso de apoyo psicológico que se extiende hasta la actualidad y que incluso fue difícil de mantener en su momento por la situación económica que se enfrentaba al no tener ingresos. A pesar de aquello, esos malos momentos parecen ir quedando atrás y el apoyo recibido por su familia y cercanos la han ayudado a levantarse y comenzar de a poco una vida nueva.
Hace hincapié en que “me siento feliz de haber podido denunciar, independiente del costo, que fue muy alto. Me siento una mujer guerrera que pese a todo he podido salir adelante con apoyo de muchas personas. Quizás sola no lo hubiese logrado pero hoy me siento integra y digna”.
De todas formas, confiesa que la situación que vivió y la influencia del acusado le siguen pesando y hasta el día de hoy se siente perseguida: “Buscando trabajo también se cierran las puertas. Me han dicho que les dan pésimas recomendaciones mías desde Carabineros. Me siguen persiguiendo y es demasiada la injusticia que he tenido por denunciar algo que uno no está de acuerdo hacer”, finaliza.
Delia Cerda, Coordinadora de la Unidad de Desarrollo Organizacional del Servicio Civil
“Nuestro desafío es que el maltrato, el acoso laboral y sexual se entiendan como un problema social”
Por Sebastián Gárate
En junio de 2006, mediante el Instructivo Presidencial nº2, se publicó e ilustró la implementación del Código de Buenas Prácticas Laborales (CBPL) en los servicios públicos de la Administración Central del Estado. Desde sus inicios, este CBPL ha tenido como principal objetivo el garantizar normas que velen por el sistema de trabajo en el sector público, siendo las condiciones de trabajo, la conciliación de responsabilidades del empleo y obligaciones familiares, y la erradicación del acoso sexual y laboral, unas de las más importantes.
A 10 años de su puesta en funcionamiento, la Dirección Nacional del Servicio Civil ha constatado que un gran desafío para el CBPL – por su complejidad y la preocupación concitada en el sector público – es el acoso sexual y laboral dentro de un lugar de trabajo, definiendo que se es víctima de acoso cuando una persona, por actos cometidos por otra en el ámbito laboral, siente que su dignidad está siendo vulnerada.
Con la misión de fortalecer la función pública y colaborar con la actualización del Estado a través del funcionamiento de políticas de gestión y desarrollo de personas, la Dirección Nacional del Servicio Civil -dependiente del Ministerio de Hacienda- instaló el debate sobre la prevención del acoso laboral y sexual, con el fin de promover una mejor calidad de empleo y un gobierno al servicio de ciudadanos y ciudadanas.
Delia Cerda, coordinadora de la Unidad de Desarrollo Organizacional del Servicio Civil (DNSC) comenta cuáles son los mecanismos de acción que la entidad desarrolla para fortalecer la prevención y de qué forma actúa ante el escenario de hostigamiento existente en los empleos públicos.
Desde hace ya varios años, la DNSC ha diseñado e implementado acciones con el objetivo de abordar la problemática del acoso laboral y sexual en los servicios públicos. A través de encuentros, asesorías y múltiples reuniones, ha recogido recomendaciones y preocupaciones profesionales de las áreas de gestión de personas, dirigentes de Asociaciones Gremiales y funcionarios y funcionarias. “Los especialistas que se han dedicado a investigar esta problemática, han llegado a la conclusión que dentro de las discriminaciones que se producen, el mayor grupo afectado es el sexo femenino. Aunque también el panorama se ha ido modificando. Aparece un dato interesante en una consulta que hicimos en el 2013. Donde si bien son las mujeres las principales perjudicadas en una organización -en este caso el sector público- son ellas también las que muchas veces causan o provocan estas acciones de hostigamiento”, dijo Delia Cerda, refiriéndose con esto último al acoso laboral.
El comienzo de la regulación
La gestión del Instructivo Presidencial nº2 del 2006 estableció un periodo de tiempo acotado hasta el 2009. Sin embargo, el Servicio Civil continuó trabajando por la erradicación del acoso pero no por instrucción formal, sino por demandas de los servicios.
Es el 2015 cuando se reactivó la participación de la entidad en el tratamiento de estos problemas con un nuevo instructivo presidencial sobre buenas prácticas laborales en políticas de gestión de personas. Este tiene como foco principal el trabajo promocional y el trabajo decente en las instituciones, integrando el tema al centro de los servicios públicos, preocupándose de las personas y generando valores y principios.
“Dentro de gestión de personas se definen tres ejes que son nuestra carta de navegación: uno vinculado a la promoción de los derechos laborales, el segundo tiene que ver con las condiciones del empleo y el tercero con los ambientes dentro de un trabajo. Las instituciones deben desarrollar acciones para la prevención y sanción del acoso sexual y laboral”, sentencia Delia Cerda.
El Servicio Civil a partir del nuevo instructivo, intentó reforzar en la agenda pública el tratamiento y la prevención de las situaciones de acoso, actuando como un ente articulador, asesor y orientador de las instituciones. “¿Quiénes son los principales responsables de generar las condiciones en cada servicio público? Son los jefes de dicho servicio. Nosotros no somos fiscalizadores. Hacemos promoción de la norma y de la prevención. Son las mismas instituciones, a través de nuestras orientaciones, las que van generando condiciones en sus organizaciones para que esto ocurra. Por ejemplo, una de las medida que les solicitamos a los servicios públicos fue que para diciembre del año pasado, diseñaran e implementaran procedimientos para la erradicación y denuncia del maltrato, del acoso laboral y sexual dentro del trabajo”.
Y les fue bien. De 171 servicios públicos adscritos al instructivo, tuvieron un nivel de respuesta alto, llegando al 95% aproximadamente. “Hoy tenemos el dato de que los servicios públicos cuentan con procedimientos para la denuncia y tratamiento del hostigamiento. Nosotros ampliamos la mirada. Pero solamente al tema del acoso sexual y laboral, ya que también entendemos que el maltrato si bien no está tipificado, es casi lo que más existe en las instituciones públicas, vulnerando la dignidad de las personas”
Esa sería una de sus próximas medidas. Delia Cerda además comenta que otra línea de acción es también la instrucción a los servicios públicos de que posean para este año un programa de prevención, el cual incluya la sensibilización sobre el acoso sexual, la buena recepción de las denuncias, la imagen de un interlocutor válido para que esto suceda y la distinción sobre qué es este tipo de maltrato.
“Hay ejes primordiales para nosotros. Qué es y qué no es. Qué se hace cuándo se está frente a una situación de este tipo. Hay servicios que se lo han tomado con mucha responsabilidad, pero además es una preocupación fuerte y cada vez mayor de las bases, de las asociaciones de funcionarios y de los gremios”. Delia Cerda asegura que la institución hace “bastante acompañamiento en relatorías” y capacitaciones, teniendo un modelo simple de intervención, el cual va de la mano a lo que la gente tiene que saber: información que las capacite para poder enfrentar dentro de las organizaciones alguna situación de acoso.
En cuanto a las personas que están bajo contrato de honorarios, la coordinadora del Servicio Civil comenta que también son consideradas sus denuncias al momento de enfrentar una situación de acoso; tanto si se trata de la persona acosada o de quien acosa. “Están cubiertas todas las personas que trabajan en una organización. Son muchos los trabajadores que ‘boletean’, que si bien no tienen responsabilidad administrativa, si tiene obligaciones. Quizás no opere un sumario, pero sí puede generarse una investigación interna”.
La deficiencia
Ante la pregunta de si existe alguna institución que cautele el cumplimiento de las condiciones laborales de las personas que trabajan en el servicio público, Delia Cerda comenta que esa es una gran deficiencia del sector público. A diferencia del sector privado donde existe la Dirección del Trabajo, para el sector público está Contraloría, la que cumple una función y figura distinta.
“Lo que llega a Contraloría no son las denuncias o los casos. Y si le llegan, ellos hacen presente que esas denuncias se hacen a la Unidad de Gestión de Personas del servicio público que corresponda. Este organismo actúa cuando hay vicios de legalidad”. Por ejemplo, si se inicia una denuncia, un sumario administrativo por acoso laboral y sexual, y este excede del tiempo que estipula el estatuto administrativo, la persona que interpuso la denuncia puede reclamar ante contraloría para que su sumario se cumpla en el debido proceso.
Los Derechos Humanos
Delia Cerda comenta que todo lo que está sucediendo con el Instructivo Presidencial del Código de Buenas Prácticas Laborales de 2006 hasta ahora, viene a proteger los derechos fundamentales de las funcionarias y funcionarios públicos que trabajan en las distintas organizaciones.
“Tiene que ver con una instrucción formal a nivel de política y también de anti-cultura, porque en las instituciones públicas estas situaciones ocurrían igual pero no se visibilizaban. Cada vez salen más a la luz. Nosotros nos damos cuenta que en muchas organizaciones esto pasa como algo natural y como si fuera parte de la vida laboral. Pero no es así. Los hombres y mujeres deben ir tomando conciencia de que el acoso es una situación problemática”, comenta la coordinadora del Servicio Civil, asegurando que existe una protección mayor desde el Estado a través de los diferentes servicios con estas instituciones.
“El año pasado nosotros emitimos orientaciones específicas sobre estos temas para las instituciones públicas. Vamos hacia los jefes de servicio, donde los ministros, hasta los subsecretarios y establecemos un convenio, ya que uno de los mayores problemas tiene que ver con las relaciones laborales vinculadas a este tipo de vulneración de derecho”.
Denuncias y sanciones
Cuando existe un procedimiento en una institución, este actúa como control social, primero que todo. Se establece que hay que poner alarmas, de que la institución está preocupada para que esto no ocurra. “Nosotros emitimos orientaciones para que los 171 servicios públicos adscritos elaboren e implementen procedimientos en materia de denuncia y tratamiento del hostigamiento en el lugar de trabajo”.
Cerda agrega que el Servicio Civil revisa que los procedimientos que las instituciones públicas establecen, cuenten con sus orientaciones, ya que muchas veces ni siquiera hay conocimientos sobre las distinciones entre acoso sexual y laboral. Entonces, su labor es reforzar los conceptos porque para erradicar la problemática, primero debe producirse un cambio cultural. “Reforzamos a través de jornadas sectoriales, reuniones con autoridades, jornadas con gremios: mucha sensibilización e información. Pero eso es una acción de formalidad. Lo más potente son los programas de prevención que las instituciones diseñan e implementan. Nos invitan a nosotros o a otros expertos”.
Si bien hoy este tema es parte de un instructivo presidencial, la coordinadora del Servicio Civil cree que debiese existir una política mayor, una articulación entre las diferentes instituciones que están involucradas de una u otra manera con esta problemática. “Con las acciones que realizamos y que nos encomienda la ley -porque no somos fiscalizadores- hemos avanzado en ir construyendo una cultura de prevención para que la gente finalmente entienda que es un problema organizacional y social. Nuestro gran desafío es que el maltrato, el acoso laboral y sexual, sean entendidos como un problema social en las organizaciones, que afecta la dignidad de las personas. Todas las acciones que se han generado son una contribución a un cambio cultural. Va lento, pero seguro y con avances”.
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