Dra. Pamela Figueroa, Universidad de Santiago de Chile
El lunes 23 de diciembre de 2019, luego de más de dos meses de movilizaciones sociales constantes y crecientes, el Presidente de la República de Chile promulgó la reforma constitucional que habilita el plebiscito constitucional. Sin duda un hecho histórico e inédito, rodeado de sentimientos encontrados en un contexto de profunda crisis social y política. Este constituye un hecho notable, debido a que el acuerdo político amplio necesario para el cambio constitucional, sólo fue posible luego de una larga historia de avances graduales y de una aceleración del proceso a partir de lo que hemos venido a llamar el “estallido social de Chile” a partir del 18 de octubre de 2019.
La demanda de una Nueva Constitución no es reciente. Las críticas a la actual Constitución Política surgieron inmediatamente después de promulgada la actual carta magna en 1980, por su origen autoritario. Fue durante las movilizaciones sociales de 2006 y 2011 donde esta demanda se intensificó y así en las elecciones presidenciales de 2013 este tema pasó a ser parte de la agenda política. Ya hacia 2013 la demanda por una Nueva Constitución no era sólo por su origen autoritario, si no claramente por que la sociedad había cambiado, y la rigidez de la carta magna dificultaba la expresión de las mayorías políticas y sociales, en las políticas públicas y legislación que permitieran los profundos cambios que Chile requería.
En 2015 se reformó una de las principales trabas para la construcción de mayorías, que era el sistema electoral binominal. A fines de 2015, y luego de una amplia agenda de reformas políticas, la Presidenta Bachelet convocó a un inédito proceso participativo con el objeto de avanzar hacia una Nueva Constitución. A pesar de la no existencia de mecanismos para crear una nueva carta magna, la Presidenta hizo uso de su poder co-constituyente para convocar a la ciudadanía a participar, en lo que se denominó un proceso de incidencia política.
Como resultado del proceso participativo en 2016, más de 200.000 personas participamos en espacios auto convocados de deliberación democrática, y plasmando nuestras visiones y proyectos sobre la sociedad que añoramos en un documento que se constituyó en las Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución. En este proceso se expresó fuerte y claro la necesidad de un cambio importante en nuestro modelo de desarrollo e instituciones políticas. Esta etapa participativa fue un hito en nuestra historia, pues por primera vez se implementó la metodología de Convergencia Deliberativa que hoy muchas organizaciones de la sociedad civil retoman como válida para el debate que se requiere hoy, convocando a nuevos Encuentros Locales Auto-convocados, o Cabildos.
Sin embargo, a pesar de este amplio acuerdo social, los actores políticos no pudieron hasta hoy – o no quisieron – arribar a un Amplio Acuerdo Político, imprescindible para deliberar en una instancia democrática e institucional el proyecto de Nueva Constitución.
Junto con celebrar este momento, nos queda pendiente el hacer que la Convención Constituyente sobre la cual decidiremos en el plebiscito constitucional del próximo 26 de abril de 2020, sea inclusiva con el objeto de dar legitimidad política y social al proceso constituyente. La característica de inclusividad estará dada por tres elementos fundamentales: a) que la composición de la Convención sea paritaria, b) que tenla Convención incorpore la participación de los pueblos indígenas mediante escaños reservados, y c) que los independientes tengan condiciones adecuadas para ser candidatos y resultar electos como convencionales constituyentes.
La cámara de diputados ya ha avanzado de manera sustantiva, aprobando dos reformas constitucionales que permiten esta inclusividad. Iniciando el año 2020 le corresponde al Senado aprobar estas importantes reformas que nos permitan contar con un proceso constituyente democrático, participativo, institucional e inclusivo. Nuestra sociedad lo demanda y la democracia lo requiere con urgencia. Estamos a tiempo para fortalecer nuestras instituciones, y por primera vez en nuestra historia elaborar una Nueva Constitución nacida en democracia para las nuevas generaciones que vendrán.
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