Continúan las respuestas de todos los sectores políticos y sociales, ante el proyecto de ley de aborto terapeútico por tres causales.
Fuente SEMlac
Continúan las respuestas de todos los sectores políticos y sociales, ante el proyecto de ley de aborto terapeútico por tres causales que la presidenta chilena, Michelle Bachelet, envió al Parlamento a fines de enero.
El proyecto, comprometido en su campaña política, propone tres causales en las que el aborto se realizaría en los servicios de salud: violación, inviabilidad fetal y peligro de vida de la mujer.
Además, antepone la confidencialidad del facultativo médico a la obligación actual de denunciar ante el sistema judicial a quienes interrumpen sus embarazos, sin importar el motivo, lo que en la práctica implica que las mujeres dejarán de ser criminalizadas e ir a la cárcel por este motivo, como sucede actualmente en el país.
Por ello, la presidenta indicó que «los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del embarazo no han impedido ni impiden su práctica en condiciones de gran riesgo para la vida y salud de las mujeres (…) No es tolerable que se castigue con pena privativa de libertad a aquellas mujeres que se encuentran en esta difícil disyuntiva».
El texto señala que las interrupciones se practicarían hasta las 12 semanas de gestación, con excepción de las niñas menores de 14 años, en cuyos casos se podrá realizar hasta las 18 semanas, puesto que «debemos considerar que las niñas y adolescentes muchas veces desconocen su estado», indicó la mandataria.
Según cifras entregadas por Bachelet, unas 16.500 mujeres acaban de ser hospitalizadas con riesgo para sus vidas o en casos de malformación del feto en embarazos menores a 22 semanas, y cada año existen 500 muertes por malformación fetal.
La última reacción polémica provino desde un sector de la Democracia Cristiana (DC), integrante de la propia coalición de Bachelet, Nueva Mayoría, cuando el diputado Pablo Lorenzini indicó que hay mujeres que dicen ser violadas aunque tuvieron relaciones porque «se tomaron un traguito de más o estaban apenadas», poniendo así en duda las violaciones y culpabilizando a las mujeres de estos actos.
La respuesta ante estos dichos misóginos no se hizo esperar desde lados diversos. Karla Rubilar, perteneciente a una nueva organización de centro derecha, consideró: «Lorenzini ha excedido con sus declaraciones todos los límites de respeto hacia las mujeres. En Amplitud Chile rechazamos sus declaraciones».
Desde la DC, la exministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Laura Albornoz, señaló: «Las declaraciones del diputado Lorenzini han agraviado profundamente el compromiso de las mujeres DC con las mujeres de Chile, pedimos disculpas por la ofensa».
Por su parte, el monseñor Ricardo Ezzatti señaló, respecto al proyecto: «hemos dicho que un proyecto de aborto es siempre contrario a lo que Dios quiere, porque Dios nos ha hecho para vivir y la sociedad humana está llamada a organizarse, justamente, para que la vida sea defendida y pueda crecer desde el comienzo y hasta el final».
El rector de la Universidad Católica también se manifestó en contra del proyecto, al indicar que en los recintos de salud de la entidad no se practicarán interrupciones de embarazos, aunque el documento contempla también la objeción de conciencia del personal médico que, por razones de fe, no desee participar en esta práctica, en cuyo caso se derivará a otro especialista.
Respecto de las polémicas surgidas, Bachelet adelantó en su discurso de presentación del proyecto: «sé que este es un tema sensible, somos un país diverso donde conviven distintas concepciones religiosas, filosóficas y culturales. No siempre hay acuerdo en los temas que atañen a la conciencia de cada uno, pero como comunidad no podemos renunciar a la definición del bien común y de las tareas compartidas».
Agregó luego que, «sin embargo, hay que tomar una decisión y no podemos evitarlo, obligando a las mujeres a que carguen solas con las pesadas consecuencias de no poder decidir por causa de una ley, porque atropellamos su dignidad, prolongamos sus sufrimientos, arriesgamos sus vidas».
La ministra del Sernam, Claudia Pascual, indicó que con el proyecto «e resguarda la voluntad de las mujeres, como no queremos imponer posiciones ni decisiones, se tiene que dar un margen de voluntad a las mujeres y en ese marco también poder entender cómo tratar la opinión, la opción, la voluntad de las mujeres en sus distintas edades».
La gran mayoría de la coalición de la presidenta se mostró a favor de la propuesta. El diputado y médico socialista Juan Luis Castro dijo reconocer que existen causales que obligan médicamente a poder interrumpir eventualmente el embarazo. «Tenemos que destapar de una vez por todas esta situación», indicó.
Por su parte, las feministas en general recepcionaron bien el proyecto que, en concreto, era más de lo que esperaban, si bien a la mayoría le parece todavía insuficiente.
La directora ejecutiva de la Fundación Instituto de la Mujer, Gloria Leal, indicó a SEMlac que el proyecto es, sin duda, un avance para las mujeres en Chile. «Sabemos que este es solo el primer paso para lograr lo que deseamos las feministas, que es el aborto garantizado por el Estado, en todos los casos», precisó.
«Sin embargo, al menos este proyecto repone lo que existía en Chile antes de que la dictadura prohibiera el aborto en todos los casos. Lo que resulta relevante es que, por fin, se abra de manera pública el debate, al que esperamos también ser convocadas las feministas».
Actualmente, en el país, el aborto es ilegal en todos los casos, desde que el aborto terapeútico –que existía desde los años treinta– fue derogado durante la dictadura militar en 1989, un poco antes de que Augusto Pinochet dejara el poder.
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