Se cumple la mitad del segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet. En su campaña electoral una de sus ideas centrales fue sostener que “Chile cambió y merece más”. De ahí que haya instalado su mandato con una ambiciosa agenda de género, pero ¿cuánto de ella se ha logrado?
Durante el 2015 se aprobó el Proyecto de Ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, cuyo propósito, a partir de este año, será diseñar, coordinar y evaluar las políticas, planes y programas destinados a promover la equidad de género y procurar eliminar todas las formas de discriminación en contra de las mujeres.
En el marco de la Ley de Partidos se logró un importante avance aprobándose en el Senado la cuota de género en órganos colegiados de partidos políticos, pese a la resistencia de algunos legisladores de oposición y la Nueva Mayoría.
Por otra parte, organizaciones de mujeres y feministas, han insistido en una mayor participación en el debate sobre una Nueva Constitución Política. Asimismo, han hecho presente la falta de paridad en el Consejo de Observadores Ciudadanos para el proceso constituyente. Aún está demanda no tiene respuesta por parte del Gobierno.
Y si de autonomía sexual hablamos, permanece el debate parlamentario del Proyecto de Ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, que no logró cerrar su tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. La materia será tratada en el mes de marzo. Aún más lejano en el horizonte se ve la posibilidad de disctuie un proyecto de ley de derechos sexuales y reproductivos.
El 2015 cerró con 58 mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. La ley 20.066 de violencia intrafamiliar acota la regulación a las relaciones de familia y no reconoce explícitamente la subordinación estructural de las mujeres. De ahí la necesidad de reformar la normativa y avanzar hacía un Plan Nacional Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Además trabajar en un programa educativo para la prevención de la violencia desde el nivel preescolar hasta la enseñanza media, tal como fuese anunciado en la agenda de género del Gobierno.
A modo de balance el Observatorio de Género y Equidad, conversó con distintas actoras temas que hacen a los derechos humanos de las mujeres y tratamos de responder sobre expectativas cumplidas y no cumplidas sobre la institucionalidad de género en Chile.
Carmen Andrade, socióloga, ex directora del Servicio Nacional de la Mujer: “El tema de la igualdad de género como tal perdió prioridad y visibilidad en el Estado. Leer más
”Morena Herrera, Defensora de Derechos Humanos en El Salvador: «La Nueva Mayoría tiene una responsabilidad ética y política con las mujeres chilenas, y con la iniciativa gubernamental». Leer más
Gloria Maira, economista, feminista, ex subdirectora de SERNAM: “Los sectores conservadores tienen bloqueado el avance en el parlamento”. Leer más
Paula Poblete, Directora de Estudios de Comunidad Mujer: «Esto no es una reforma laboral, esto es una reforma a un aspecto de nuestro mercado laboral». Leer más
Carmen Andrade, ex directora del Servicio Nacional de la Mujer
“El tema de la igualdad de género como tal perdió prioridad y visibilidad en el Estado”
Por Fabiola Gutiérrez y Jocelyn Escárate
La socióloga y ex directora del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet Carmen Andrade sabe lo difícil que es posicionar el tema de género en la agenda del gobierno. Hoy, cuando este tema es parte del programa que hizo que Bachelet fuese electa nuevamente como Presidenta de la República, cuenta cuáles son sus aprehensiones respecto a la agenda de género del actual gobierno.
“Actualmente tenemos una agenda de género explícita que es parte del programa de gobierno y, sin duda, es un tremendo avance al respecto. Pero esto no significa necesariamente que todas las instituciones del Estado hayan asumido esta agenda como propia”, afirma Carmen Andrade. Además, señala que existe una contradicción en esta materia: se ha avanzado en fortalecer el mecanismo que genera políticas de género, porque pasar de un servicio a un Ministerio de la Mujer es un paso importante, pero a su vez, “se ha debilitado la transversalidad”.
La socióloga señala que la institucionalidad de género en nuestro país está “todavía en construcción”. Dice que pese a los avances evidentes en los últimos años, como la creación del Sernam o los compromisos ministeriales o Programas de Mejoramiento y Gestión de Género, hoy en día no tenemos un avance claro en materia de género, sino que más bien, muchas veces retrocedemos respecto a este tema”.
“Cuando ya creíamos que teníamos instalado un piso institucional y pensábamos que desde ahí íbamos a dar pasos superiores, hubo cosas que dejaron de funcionar”, dice Carmen Andrade. Por ejemplo, recuerda que durante el gobierno de Ricardo Lagos se creó el “comité de ministros y ministras” por la Igualdad que venía a reforzar el papel del Sernam. Este comité era un organismo en el que se discutían y se hacía seguimiento a las políticas de género, sin embargo, dejó de funcionar al poco tiempo, al igual que muchas otras iniciativas que tuvieron que partir de cero debido a los cambios de gobierno.
La socióloga afirma que el retroceso más notorio respecto al tema de género se vivió durante el gobierno de Sebastián Piñera, porque según dice “los gobiernos de derecha tienen una definición ideológica distinta y no compartían las definiciones del Sernam ni las de las agendas transversales, por lo mismo, modificaron el plan de igualdad de oportunidades que se había diseñado”.
Una crítica que la ex directora del Sernam realiza respecto a todos los últimos gobiernos, es que cada administración llega con ánimos refundacionales y hacen que todo comience desde cero. “No se va acumulando ni se va avanzando. No se va haciendo una construcción colectiva ni se va sumando. Esto hace que se retroceda en materia de género”, afirma Andrade.
Analizando la agenda de género
Carmen Andrade señala que las mujeres debiesen ser capaces de hacer funcionar varios dispositivos desde distintos espacios. Afirma que uno de los dispositivos que se ha debilitado en el último tiempo es el control social desde la sociedad civil, porque a pesar de ser un método de presión importante, cada día se lleva menos a cabo. Andrade dice que actualmente las organizaciones de mujeres “han perdido la capacidad de actuar juntas en torno a la agenda de género, que es más que el aborto y más que las cuotas”. La ex directora del Sernam es clara en señalar que “ahora las organizaciones de mujeres actúan muy temáticamente”.
“El tema de género fue súper importante durante la primera administración de Bachelet” dice Carmen Andrade, pero cree que en la actualidad el tema tiene menos importancia. “Hoy no es un tema que esté en la primera línea de la agenda, sino que estamos de nuevo como en los noventa, tratando de convencer”.
Para ella, la agenda autoimpuesta por el gobierno de Bachelet está al debe en cuestiones estructurales, como por ejemplo en materia educacional y en cuanto al cambio a la Constitución. Según cuenta, existe una expectativa porque el tema de género debía ser introducido en estas reformas, pero esto aún no se ha llevado a cabo. “El tema de la igualdad de género como tal perdió prioridad y visibilidad en el Estado y por eso ya no se prioriza”, señala.
En cuanto a la reforma educacional, Andrade espera que se discuta cómo poner fin al sexismo, “que es un tipo de segregación tan importante como las otras segregaciones”. Por otro lado, en materia constitucional, tiene la expectativa de que pronto se discutan los nuevos derechos que se van a incorporar a la nueva Constitución, como el derecho a una vida libre de violencia, a la igualdad jurídica y a la participación política, y que la discusión no se quede sólo en definir el método para crear una nueva Carta Fundamenta, como ha sido hasta ahora.
También afirma que existen otros temas en los que se está al debe, como en materia de violencia donde hoy existe un consenso de que la actual ley requiere modificaciones de caracter urgente; en materia de salud, donde se está discutiendo el tema del aborto. En asuntos vinculados con el acoso callejero y en el trabajo, que necesitan de una nueva ley o marco regulatorio.
“Es primera vez que tenemos una agenda de género así de explícita, que es parte del programa de gobierno, pero el mismo gobierno es el que debe hacer un esfuerzo para que ella sea asumida por los ministerios”, dice la socióloga. En su opinión, la Presidenta de la República es la única que puede alinear a sus ministros en torno a esta agenda y que ésta se pueda llevar a cabo en su totalidad.
Morena Herrera, activista feminista y Defensora de Derechos Humanos El Salvador.
Por Fabiola Gutiérrez
“La Nueva Mayoría tiene una responsabilidad ética y política con las mujeres chilenas, y con la iniciativa gubernamental”.
Desde 1998 la sociedad salvadoreña enfrenta, en materia de derechos sexuales y reproductivos, uno de sus periodos más oscuros y de persecución a las mujeres, especialmente a las que viven en situación de pobreza. Con la legislación penal vigente se impuso el cierre a cualquier posibilidad de realizar una interrupción de embarazos, aun así peligre la salud y vida de las mujeres.
El actual Código Penal es resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMNL), que sellaron los 12 años de guerra civil. Acuerdos que debieron haber sido más garantista de los derechos ciudadanos y de las mujeres, sentencia Morena Herrera. La norma impide al personal médico intervenir a sus pacientes ante embarazos inviables. Así pasa también con las mujeres que padecen enfermedades preexistentes o con niñas embarazadas por violencia sexual.
En la misma normativa se incluyó un artículo que se llama “inducción al aborto poco claro”. “Aunque se dice que quien proporcione información, medios o ayude de alguna manera a una mujer a realizarse un aborto será sancionado con varios años de cárcel. Este artículo generó mucho temor en varias organizaciones que se sintieron presionadas y amenazadas por la normativa”, explica Morena Herrera, Integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador
El temor aumentó con la dirigencia de los grupos conservadores y las jerarquías eclesiásticas controlando los medios de comunicación. En el propio movimiento de mujeres y feministas hubo una autocensura por varios años a no hablar del tema abiertamente. Desde el punto de vista de Morena Herrera, está decisión fue muy grave porque la problemática se seguía agudizando y costaba hablar en público de lo dolorosa que era la aplicación de esta legislación en la persecución que enfrentan las mujeres.
Por otra parte, la fiscalía salvadoreña se encargó de difundir en el mundo hospitalario la orden de denunciar por parte de todo funcionario público ante la observancia de la comisión del delito. La ex guerrillera y activista feminista precisa que hay una sospecha permanente de las mujeres que llegan por complicaciones a los hospitales siendo acusadas de inmediato de cometer aborto. “Esto ha llevado a que mujeres sean apresadas directamente desde las salas de urgencia mientras pelean por sus vidas”.
Morena Herrera se apura en explicar que las autoridades de salud no están de acuerdo con los procedimientos que castigan a las mujeres. “Es cierto que ha bajado el número de denuncias, pero no han parado y tiene que ver con el miedo instalado en el personal sanitario”.
Penalización absoluta del aborto, un atentado de derechos humanos
El Salvador fue uno de los primeros países en América Latina en tener un protocolo de investigación de crímenes de mujeres y femicidio, usando el desarrollo internacional de los Derechos Humanos de las mujeres.
Consultada por el uso del Derecho Internacional para denunciar que la penalización absoluta atenta contra los derechos humanos de las mujeres, Morena Herrera relata sobre las veces que han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2013 hicimos público el caso de Beatriz. Interpusimos una demanda por tratos crueles, inhumanos, degradantes, por violación al derecho a la salud y la intimidad. Beatriz estuvo 81 días esperando que le realizaran una interrupción del embarazo, sabiendo que el feto era inviable. Finalmente el caso se resolvió con una cesárea prematura y la bebé murió a las pocas horas porque no tenía cerebro.
Una segunda denuncia anterior tuvo lugar el año 2012 por el caso de Manuela, una mujer campesina perdió en etapa avanzada el embarazo, llegó sangrando al hospital, fue tratada como sospechosa de aborto y posteriormente fue condenada a 30 años de cárcel. Manuela, a casi dos años de estar recluida falleció por un cáncer linfático, es decir, murió como una asesina y no se le dio nunca un trato digno.
En el Sistema Universidad de Derechos Humanos no hemos litigado casos. No obstante, hemos presentado el estado de situación de las mujeres encarceladas por aborto, dando cuenta del usó que han dado a las herramientas internacionales.
Aborto y clase política
Morena Hererra, también cercana a los movimientos sociales de El Salvador, hace referencia al apoyo y compromiso de la izquierda en materia de derechos humanos de las mujeres.
“En estos momentos hay movimientos sociales que respaldan al movimiento feminista en esta demanda y que han llegado a comprender que es una violación a los derechos humanos que las mujeres no tengan acceso a interrumpir un embarazo en cualquier circunstancia que las pone en riesgo de salud o violación”.
El año 2014, como feministas presentamos ante la Asamblea Legislativa una solicitud de 17 indultos para mujeres que están injustamente encarceladas y condenadas por homicidio agravado, que al inicio fueron acusadas por aborto como una consecuencia de la prohibición absoluta del aborto en El Salvador. A nivel del Ejecutivo, la situación es más variada.
En el caso de Beatriz, el ex Presidente Mauricio Funes se pronunció a favor de su derecho a decidir. Sin embargo, este resultado fue por la presión nacional e internacional que dimos por el caso. Fuimos con un gran cartel que decía “Mauricio Funes, si Beatriz fuera tu hija, la dejarías morir”, cuenta Morena Herrera.
El actual gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén nos recibió de la mano de Amnistía Internacional. “Reunimos 300.000 firmas para denunciar la brutal prohibición del aborto y exigir un cambio en la legislación en nuestro país. La gran mayoría de políticos e incluso prestadores de salud y justicia todavía desconocen los efectos en las mujeres de la actual legislación penalizadora del aborto”.
Niñas, adolescentes, violencia sexual y suicidio
La violencia sexual como parte de la violencia contra las niñas y mujeres en general es altísima. La mayor cantidad de víctimas de violencia sexual son menores de edad y adolescentes. Esto ligado a la penalización absoluta del aborto obliga a las niñas llevar a término un embazo producto, en muchas ocasiones, de la violación por parte del progenitor. Así de dramática es la situación, relata Morena Herrera.
El 36% de los partos hospitalarios en el país son de niñas de 9 a 18 años. Sin una educación sexual adecuada, el acceso limitado a los métodos anticonceptivos y la prohibición total del aborto, las jóvenes se quedan sin salida. Esta situación se suma a los abortos clandestinos – alrededor de 35.000 al año – o el suicidio que representa el 57% de las muertes de adolescentes embarazadas. El suicidio es la segunda causa de muerte en mujeres menores de edad y generalmente provocados por insecticidas. Insiste que esto es el reflejo de la falta de salida.
Debate aborto en Chile
Para las organizaciones de mujeres y feministas salvadoreñas es muy importante el proceso que se está dando en Chile, en términos históricos e inmediatos. Desde el punto de vista histórico, comenta Morena Herrera, es claro que está fue una de las últimas medidas de la dictadura militar y quizá sea uno de los pilares más difíciles de remover.
En lo inmediato, sostiene, la Nueva Mayoría tiene una responsabilidad ética y política con las mujeres chilenas, y con la iniciativa gubernamental. Hay una responsabilidad con la construcción democrática de Chile.
Con relación a la situación de su país, Morena Herrera concluye que no importan los peritajes y pruebas de descargo, las mujeres acusadas por interrumpir un embarazo son condenadas a 30, 35 y 40 años de cárcel. Por eso nació el 2014 la Campaña de lucha Por la Libertad de LAS 17, ahora son más, y seguirán comprometidas con la libertad de cada una de ellas.
Gloria Maira, economista, feminista, ex subdirectora de SERNAM
“Los sectores conservadores tienen bloqueado el avance en el parlamento”
Por Mónica Maureira
Gloria Maira, ex subdirectora del SERNAM desde hace poco más de un mes, lista una serie de urgentes en materia de derechos humanos de las mujeres. Su renuncia a la secretaría de Estado la situó en un lugar clave para conjugar dos formas de mirar la actual situación de las chilenas: una, desde una dilatada trayectoria feminista de investigación y activismo desde la sociedad civil y organizaciones de mujeres; otra, desde su trabajo por dos años en el Servicio Nacional de la Mujer.
Reconoce que no es fácil hacer un orden de las prioridades. Mujer y trabajo, conciliación y corresponsabilidad, serían temas que debiesen estar en la agenda pública al menos en un par de años más. En lo inmediato, el proceso hacia una nueva Constitución, lo define “vital para las mujeres” y así “pensar un nuevo contrato social desde nuestras coordenadas”.
Pero al momento de las definiciones, Gloria Maira no duda: participación política de las mujeres con criterio de paridad, un nuevo marco legal para mitigar la violencia contra las mujeres y despenalización del aborto al menos en las 3 causales que impulsa el proyecto de ley que se debate en el Congreso Nacional, todos temas en la misma línea de urgentes.
En materia de participación y representación política está segura que el reemplazo del sistema binominal por uno proporcional fue decisivo para las mujeres. “Nos abre un camino para protagonizar la política, un sistema proporcional es más acorde a una democracia, abre las compuertas para que entre una diversidad de sectores no representados hasta ahora; mujeres pero también jóvenes e indígenas, por ejemplo”.
Un sistema proporcional con paridad en la ley de elecciones, dice Maira. Defiende la iniciativa, la separa de una definición tradicional de cuotas “es un criterio de paridad, ya que ninguno de los dos sexos puede tener una representación menor al 40% o mayor al 60%. No es matemático, ciertamente, pero estos porcentajes nos dan rangos de paridad y garantiza una participación efectiva, en este caso de las mujeres”.
Gloria Maira asegura que estos mecanismos no están exentos de desafíos para el gobierno y los partidos políticos porque se requieren de “señales significativas para que el sistema proporcional de elecciones y la paridad ganen legitimidad y efectividad”. Y si de signos políticos se trata, para ella lo que sucedió con el nombramiento del Consejo de Observadores Ciudadanos no es un buen ejemplo a seguir: “fue un error por la poca representación de mujeres en un grupo de 17 personas. Acá no cabían las típicas excusas que dan los partidos políticos a la hora de las designaciones de que ´no hay mujeres’. No había justificación, porque para esa nominación habían mujeres y de sobra”.
Imagina que ya entrado un nuevo año presidencial, con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina y un próximo proceso de renovación del Congreso Nacional, un nuevo ajuste ministerial “debiese ser una oportunidad para que la Presidenta Bachelet se encamine hacia la paridad, y su discurso se materialice”.
La violencia contra las mujeres, en el centro
Gloria Maira recuerda el 2015 como un año en que los femicidios y femicidios frustrados aumentaron, también los casos paradigmáticos de violencia sexual hacia niñas y adolescentes; un año en que la violencia hacia las mujeres en los espacios públicos estuvo en la agenda. “Un desastre”, resume.
Para mitigar este flagelo dice que una ley para combatir la violencia hacia las mujeres tiene que visibilizarla con un problema social y cultural, como un asunto “que está amalgamado en nuestra sociedad porque es estructural. La violencia es resultado de un mecanismo de subordinación y discriminación a las que están sometidas las mujeres en la sociedad”.
Así, insiste en que la violencia contra las mujeres debe ser un nodo central que permita “articular todos los tipos de violencias que se ejercen en nuestra contra, no sólo la que ocurre en la familia o en los espacios privados sino que también en lo público. Como feministas sabemos que una ley más integral no resuelve el problema, pero si define otras obligaciones y resguardos sobre los que el Estado se tiene que hacer cargo”.
Gloria Maira explica que desde la recuperación de la democracia esta demanda ha estado radicada en el SERNAM y en una sumatoria de políticas públicas. “El papel del Estado debe ser mucho más profundo, el desarrollo de la política pública no puede ser una sumatoria de iniciativas. La violencia debe estar al centro y desde ahí se debe articular la acción del Estado. Las políticas de igualdad tienen que dar un salto cualitativo. De la capacitación perenne a la construcción de experticia en género y derechos humanos de las mujeres al interior de las instituciones del Estado”.
En su opinión, esa sería la vía para que toda la institucionalidad del Estado asuma la desigualdad y la violencia como un problema propio. “Los ejecutores de esas políticas públicas deben aprpiarse de ellas para que cuando ocurra otro femicidio en una determinada comuna, no sea solo la ministra la que condene el hecho públicamente sino también el alcalde, el gobernador o el intendente”, ejemplifica.
Aborto: “no hay defensa, no se han puesto la camiseta”
Un año cumplió la tramitación del proyecto sobre despenalización del aborto en tres casos excepcionales. Para Gloria Maira en el corto plazo, este debiese ser la puerta de entrada a una ley que permita abrirse a otras situaciones también urgentes para las mujeres en materias de sexualidad y reproducción. Su argumento lo basa en que “se trata de un proyecto construido sobre la autonomía reproductiva de las mujeres y en su derecho a decidir”, enfatiza.
Para describir ese pilar que considera clave del proyecto, se refiere al principio de confidencialidad. “El deber de confidencialidad es respecto de cualquier interrupción del embarazo que llegue al sistema de salud. Se le dará prioridad a la atención en salud de la mujer y adolescente antes que a la persecución penal. No debiese haber más discrecionalidad ni arbitrariedad”. Sobre lo mismo, en Maira resuenan las palabras del rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez en la Comisión de Salud de la Cámara. “Ante la pregunta (a Sánchez) sobre qué privilegiar, la denuncia o la atención, él fue categórico y dijo que prima el deber de confidencialidad».
Respecto de la prolongación del debate y su votación en la Comisión de Constitución para marzo, Gloria Maira apunta a los partidos políticos y particularmente a quienes están en el parlamento. “Las diputadas de la derecha, pero principalmente los diputados han sido reactivos a los cambios en materia de libertades individuales y más aún si se trata de las mujeres. Se configuran campos de disputasobre los que no hay acuerdo. Se confrontan visiones sobre lo que son los hombres y lo que somos las mujeres. Los sectores conservadores tienen bloqueado el avance en el parlamento ”.
Reconoce que es más notoria la ofensiva de los parlamentarios de derecha, pero que el bloque de la Nueva Mayoría “está al debe con el proyecto por la resistencia de algunos sectores de la DC, pero no sólo ahí. Muchos diputados no defienden el proyecto de ley, no se han puesto la camiseta. A pesar de que fue una medida con plena unanimidad de las mujeres políticas y partidarias que integraron la comisión para el programa de gobierno. Una manera de defenderlo es que el proyecto avance, y yo veo al diputado Soto (presidente de la Comisión de Constitución) muy solo”.
Paula Poblete, Directora de Estudios de Comunidad Mujer:
“Esto no es una reforma laboral, esto es una reforma a un aspecto de nuestro mercado laboral”
Por Nancy Muñoz
Actualmente, Chile se rige bajo el modelo del Plan Laboral de 1979 ideado por José Piñera, ministro del Trabajo y Previsión social de la época. Este modelo se basa en cuatro pilares fundamentales: negociación colectiva de nivel de empresa, reemplazo de trabajadores- por lo que una huelga no paraliza a la organización-, paralelismo de agrupaciones, debido a la competencia entre los sindicatos que una empresa puede tener y, por último, despolitización sindical, restringiendo así la función y el poder que podría tener este grupo dentro de una posible negociación.
En diciembre de 2014, la presidenta Michelle Bachelet anunció importantes cambios en materia de derecho y deberes de empleados y empleadores, una Reforma Laboral. Con este proyecto, el Ejecutivo pretende saldar una deuda histórica con los trabajadores chilenos que va desde fortalecer y reivindicar el poder de los sindicatos hasta ampliar la negociación colectiva. La prohibición de reemplazos en caso de huelga, la integración de al menos una mujer a la comisión negociadora, un piso mínimo para cada negociación colectiva y la existencia de un sindicato titular, son algunos de los objetivos del proyecto de ley.
Paula Poblete, directora de Estudios de Comunidad Mujer, considera que una reforma laboral en todo su esplendor debiese hacerse cargo de diversos ámbitos que, en este proyecto, aún están ausentes. Para ella la modificación que se pretende realizar al Código de Trabajo tiene que ver única y exclusivamente con los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras, que debiesen estar presentes desde siempre. “Creo que el gran error fue ponerle un título muy pretencioso (a la propuesta de ley), esto no es una reforma laboral, esto es una reforma a un aspecto de nuestro mercado laboral”, dice.
La economista de la Universidad Católica y máster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, cree que esta reforma, a pesar de tener como uno de los puntos centrales ampliar las materias de negociación colectiva, lo que podría traducirse en la creación de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, aún carece de lineamientos específicos para que el proyecto tenga enfoque de género. “Si alguien quisiese efectivamente implementar medidas en cuanto a la reducción de brechas salariales entre hombres y mujeres o corresponsabilidad, claramente esta reforma no lo hace, tendría que ser otro tipo de cambio, en el Código Laboral, para poder apuntar a eso”.
En cuanto a corresponsabilidad, Paula Poblete asegura que la reforma no se hace cargo de las demandas que Comunidad Mujer y otras entidades han intentado impulsar en materia de maternidad en el ámbito laboral. En lo que se refiere al post natal parental, actualmente, el traspaso de éste a los padres es una opción que tiene la madre durante las últimas 6 semanas, por lo que la obligatoriedad del cuidado del hijo o hija recae completamente en ella. Por lo tanto, para la economista “la primera reforma que habría que hacer en ese sentido es que los papás estén obligados a cuidar a sus hijos”.
Por otro lado, el proyecto de ley pretende asegurar el acceso a la información financiera de las empresas por parte de los sindicatos, lo que llevaría a tener una nómina de los trabajadores y sus respectivos sueldos. Para la economista esto es un inicio que detendría la brecha existente en términos salariales. Sin embargo, cree que la única manera de disminuir esta diferencia de género es a través de un cambio en el código laboral en materia de la responsabilidad que se le asigna tanto a hombres como a mujeres.
La economista hace especial énfasis en que actualmente los costos de contratación entre hombres y mujeres no son igualitarios, ya que una mujer es más cara para el empleador, debido a que en ella recaen los costos de la maternidad tales como sala cuna, pre y postnatal, permiso de alimentación, entre otros asuntos. Paula Poblete cree que las desigualdades entre hombres y mujeres en materia laboral no son sólo un tema de cultura sino que también de legislación. “Si no se equiparan los costos de contratación y no se iguala la responsabilidad del cuidado de los niños y niñas en el código laboral, las brechas salariales jamás van a disminuir”, dice.
Cuotas de género en los sindicatos
En materia de género, la Reforma Laboral pretende garantizar que a lo menos una mujer trabajadora de la organización integre la comisión negociadora de la empresa. Es decir, independiente de que un hombre se encuentre en la negociación en calidad de representante a la hora de negociar, una mujer también lo debe estar. Para este fin, se deberá elegir una representante mujer que deberá integrarse a esta mesa de trabajo.
Paula Poblete dice que este punto es un avance hacia la igualdad de oportunidades y que simbólicamente servirá como modelo de rol, pues habrá mujeres que verán cómo otras forman parte de las decisiones, se generarán otras conversaciones al interior de una organización. Sin embargo, afirma que la inclusión de una mujer sigue siendo reducida. Para ella la división sexual del trabajo está extremadamente arraigada por lo que las únicas que pueden llevar la voz en cuanto a responsabilidad familiar e igualdad salarial son las mujeres. “No estamos de acuerdo que sea sólo una mujer en la mesa negociadora. Nosotros creemos que debiese haber cuotas de géneros en los sindicatos, porque una no es ninguna”, afirma.
La directora de Estudios de Comunidad Mujer cree que Chile carece de igualdad en derechos laborales y que le falta un gran camino por recorrer para estar en línea con los acuerdos internacionales. Asegura que la mayoría de los indicadores que comparan a Chile con otros países, arrojan un pésimo resultado sobretodo en puntos como participación laboral, brecha salarial, envío de niños a sala cuna, entre otros.
Paula Poblete reconoce que su intención no es “aportillar” el proyecto de ley de la Reforma Laboral, pero reitera que es una propuesta deficiente. “Creo que esta reforma es necesaria, es una deuda que tiene el estado de Chile hace más de 30 años. En dictadura se eliminaron todos los derechos colectivos y un país no puede avanzar con uno de sus actores tan debilitados. Una reforma sobre el sindicato y sobre la negociación colectiva es fundamental para nuestro país”.
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