Ser mujer inmigrante, la doble discriminación que duele

Ser mujer inmigrante, la doble discriminación que duele

Por Camila Carrasco Hidalgo, Administradora Pública Universidad de Santiago de Chile

Estas últimas semanas en Chile, hemos visto como mujeres de distintas generaciones se han organizado para decir basta a discriminaciones y abusos que hemos vivido. Es un momento histórico. Si bien la lucha por nuestros derechos viene de hace muchas décadas, con organizaciones feministas y lideresas que han permanentemente promovido la igualdad de género, han denunciado abusos y violencia de género, hoy por las condiciones materiales de nuestra sociedad se vive un proceso en el que las mujeres han dicho “es suficiente”. Tomas de universidades por abusos hacia las estudiantas, marchas para exigir educación no sexista, denuncias públicas de violencia que han sufrido mujeres en su vida pública y privada, violaciones a niñas, adolescentes y adultas (incluso adultas mayores), pequeñas violadas y golpeadas hasta morir, y para que decir la permanente discriminación por el sólo hecho de ser mujer (ejemplo: ganamos menos sueldo, pagamos más ISAPRE). Múltiples realidades son argumentos suficientes que generan una rabia, más que justificada y nos hace articularnos y salir a las calles desde distintos frentes, como se reflejó en las marchas del 11 y 16 de mayo.

Estos sí que son tiempos mejores, se acabó el silencio y naturalización cuando alguna mujer sufre un abuso. No se aceptará más el silencio frente a frases como “esta así porque le falta pene” o “Señorita qué hace con ese escote, ¿usted vino a dar una prueba oral o a que la ordeñen?”, o los apelativos en femeninos para descalificar en los partidos de fútbol (madre, zorra, monja), por nombrar solo algunas frases, ya que, si en esta columna citase cada típica frase machista o que ridiculiza el feminismo, terminaría siendo un glosario de miles de caracteres, y ese no es el objetivo que buscamos acá. Más bien, la puesta en primer plano de la agenda feminista es un buen contexto para pensar sobre cómo enfrentar la doble discriminación que sufren las mujeres inmigrantes, teniendo consciencia, además, de que al año 2016 el 53,3%[1] de la población migrante (con permanencia definitiva) son mujeres.

Recordé tres lamentables situaciones. Por ejemplo, la mujer haitiana que murió en un furgón en la comuna de Estación Central, esperando ser atendida en un SAMU; o la historia de Juliana Acevedo, mujer colombiana descuartizada y abandonada en el río Mapocho y; la muerte de Joane Florvil la ciudadana haitiana, que murió siendo acusada de un supuesto abandono de su bebé. Estas historias tienen rostros, pero no logro dimensionar cuantas historias de violencias más existen y sufren las mujeres inmigrantes producto de la xenofobia, el racismo y la segregación. Estas realidades, han hecho preguntarme sobre cómo el Estado se hace cargo, por una parte, de la situación que viven inmigrantes en Chile y por otra cómo toma medidas ante injusticias y vulnerabilidad que sufren mujeres inmigrantes, porque, en definitiva, las mujeres inmigrantes son más vulnerable aún más ante la violencia machista y la explotación.

¿Cómo resguardar la seguridad e integridad que viven ellas, excluidas y amenazadas en su vida pública y en su vida privada? ¿cómo las instituciones en nuestro país no son ciegos ante las problemáticas que sufren las mujeres inmigrantes?  Me refiero al tráfico de mujeres, violencia, abusos sexuales, condiciones de salud, femicidios, alimentación y discriminación laboral. Cuando pienso en una mujer inmigrante me hace reflexionar sobre el libro de Angela Davis “Women, Race & Class”, donde relata, en su primera parte, abusos vividos de las mujeres esclavas negras en Norteamérica. Se podría pensar que hacer el símil es una exageración, sin embargo, en muchas ocasiones la violencia que sufre la mujer inmigrante es la misma que sufrieron las esclavas negras: Violación de su patrón, abuso en su vida doméstica, y la deshumanización del trato hacia ellas, mirándolas como seres inferiores. Por ejemplo, si una mujer inmigrante no tiene sus papeles al día, corre riesgo de chantaje o aprovechamiento. “Si no haces lo que yo digo, denunciaré a la policía tu ilegalidad en este país”, o también la amenaza que un hombre hace a la mujer extranjera “Si no haces esto, te quitaré a tus hijos y me los llevaré de vuelta a su país”. Estas posibles realidades no son consideradas o no son enfrentadas por parte del Estado.

El presidente Piñera, anunció un nuevo proyecto que regule la inmigración en Chile “para poner orden en la casa” y, además la firma de un decreto presidencial para hacerse cargo de manera “más rápida” de la situación de inmigrantes en Chile. Esto último, según informan organizaciones y lo ha hecho públicamente el Servicio Jesuita Migratorio podría tener un carácter inconstitucional, porque se transgredirían normas de la actual Constitución[2]. Además, estos anuncios destacan la visa consultar de turismo simple para haitianos con derecho a ingresar a Chile y permanecer por un período máximo de 30 días, lo que podría pensarse como una restricción a la migración y que podría profundizar la crisis de la irregularidad en la migración. Entonces, estas medidas que han sido cuestionable en su legalidad, espíritu e intención, obligan a poner atención en los movimientos del Gobierno, respecto a iniciativas en materia de movilidad humana y al mismo tiempo se tiene que exigir la orientación de estas iniciativas, que no es sólo enfrentar temas legales y/o de tramitación burocrática, si no que también, se deberían tomar resguardos para avanzar en integrar y proteger a inmigrantes al interior de la sociedad chilena, pues es lamentable lo que viven en la calle, los trabajos, las escuelas y en los servicios públicos. El racismo y la xenofobia siguen presentes, ¿Cuáles son las iniciativas para terminar con ellos? Pero también, debemos poner especial foco, a través de medidas, protocolos y/o políticas púbicas que se orienten hacia el resguardo y amparo de la vida de las mujeres inmigrantes. Esta tarea es de las organizaciones feministas, organismos internacionales, de las instituciones y de los actores que queremos cambiar esta lamentable situación.

El gobierno debería hacer un levantamiento de información sobre la vulnerabilidad de la mujer inmigrantes, debería hacerse cargo a través de campañas educativas, protocolos, políticas públicas y/o alguna medida institucional sobre cuáles son los derechos que ellas tienen en nuestro país, porque en muchas ocasiones mujeres inmigrantes desconocen cuáles son los resguardos que tienen en Chile, no saben qué hacer si son maltratadas, cuáles son sus derechos laborales o simplemente cómo denunciar ante una vulneración. Además, también se podrían potenciar instancias de formación, de potenciar sus talentos, educar sobre sus derechos y así las mujeres inmigrantes tendrán espacios solidarios en los cuales resguardarse y asesorarse. Esto podría ser generando incentivos e inversiones institucionales hacia la sociedad, donde organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas o las propias juntas de vecinos, tengan herramientas suficientes para aportar en enfrentar esta realidad y colaborar para terminar con la discriminación que sufren las mujeres, en este caso, las mujeres inmigrantes.

Las mujeres debemos avanzar hacia concretar nuestros derechos, denunciar las injusticias y levantarnos cuando una compañera sufre, como también, debemos ampliar las demandas, que refleje que nuestra sororidad trasciende las fronteras. La sociedad chilena tiene que entender que la inmigración enriquece y tiene que asumir como una oportunidad esta multiculturalidad, como también, tiene que ayudar para terminar con una realidad social que duele, que muchas veces no queremos ver, pero llegó la hora de asumir la bandera y proteger a las mujeres inmigrantes y empoderarla para que sienta que nuestros derechos son también los de ellas.

[1] Reporte migratorio del Departamento de extranjería y migración, Ministerio del Interior y Seguridad Pública

[2] Fuente: Nicolás Guzmán. Diario La Tercera. 16 de mayo 2018.

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