Un tema de responsabilidad

A partir de ello, este anticonceptivo es recomendado para evitar embarazos no deseados cuando no se ha usado otro método antes del acto sexual, cuando el método utilizado ha fallado o cuando ha habido una violación. En ese sentido, represen-ta un aporte para quienes actúan responsablemente en relación a las consecuencias de la vida sexual. Ya el ano 2005, el 80% de las mujeres consultadas en una Encuesta National por la Corporación Humanas valoraba que estuviera a disposición de todas las mujeres. Su consagración en la normativa del MINSAL lo ha convertido en herramienta para ejercer los derechos reproductivos de mujeres y hombres en caso de emergencia. Para ello ha establecido que debe ser solicitado con una receta extendida por un medico responsable. En nuestro país son las farmacias las encargadas de poner a disposición aquello que la normativa oficial ha reconocido como una medida de salud publica. En ese sentido, las mujeres, en caso de necesitarlo, esperan encontrar en estos establecimientos dicho anti­conceptivo, al igual que los demás anticonceptivos hormonales, como sucede desde la década del 60, cuando se instalo el programa de paternidad responsable en el Servicio Nacional de Salud.

En años recientes la propiedad de las farmacias se ha concentrado en tres grandes cadenas a lo largo y ancho del país. Por primera vez, ante una norma del MINSAL, los propietarios de dichas cadenas parecieran levantar el argumento de la "objeción de con-ciencia" para no disponer de un anticonceptivo autorizado, faltando a su rol. Con ello se han puesto al margen de la ley y vulnerado el derecho a la salud y los derechos humanos de las mujeres. Cuesta imaginar que sean los químicos farmacéuticos de dichas cadenas quienes levantan dicho argumento, más aun cuando la solicitud del anticonceptivo se hace acompañada de una receta debida-mente extendida.

Es éticamente aceptable que el o los dueños de una cadena farmacéutica puedan anteponer su opción ideológica -no científica- al ejercicio de un derecho responsable por parte de una mujer que arriesga un embarazo no deseado? ¿Debe primar el poder económico frente al derecho reproductivo individual? El chileno es un Estado laico y debe velar por la salud pública de toda la población, poniendo a disposición de ciudadanos y ciudadanas una amplia variedad de productos desarrollados por la ciencia y la técnica para asegurar su bienestar físico, mental y social, es decir, su salud. No obliga ni impone el consumo de los mismos. Solo cabe esperar que el debate iniciado involucre ampliamente a las mujeres y que no se pretenda acallarlo. Seria lamentable que las cadenas de las farmacias impusieran una dictadura sobre la libertad de elegir en materia de salud y reproducción.