“La ruta de las mujeres es una ruta de obstáculos”, así lo demuestra el Monitoreo Social a la Ley de Aborto en 3 Causales, realizado por la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y Fondo Alquimia, a personal y usuarias del sistema público de salud en siete territorios del país: Antofagasta, Valle del Huasco, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco y Aysén.
En primer lugar, claramente la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es una prestación de salud no informada, tanto hacia la comunidad como hacia las mujeres que califican en alguna de las tres causales. Esto afecta especialmente a las niñas y adolescentes ya que, si sufren una violación y desconocen las opciones con las que cuentan, no se cumple el objetivo de la ley.
A esto se suma la falta de información y capacitación al propio personal de salud. Sólo se informa y capacita a quienes están directamente involucrados con la prestación de salud. No existe una política desde el Ministerio diseñada para superar los problemas asociados al desconocimiento y la desinformación, lo que crea inseguridad y temor, reduciendo el compromiso de los equipos y estigmatizando a quienes trabajan en el acceso a la IVE.
Otro gran problema es la objeción de conciencia (OC), declarada o no declarada, que constituye un obstáculo en la entrega de la prestación, contribuyendo a dificultar el acceso a un derecho establecido por ley. Pareciera que no hay costos para los médicos objetores, mientras el peso recae en las propias mujeres y en el resto de los equipos de salud. En la actualidad, con la cantidad de objetores existentes, contratados por la autoridad sanitaria, no es posible cumplir la ley.
De igual manera, tampoco se asegura que la decisión esté radicada en la usuaria. En muchos casos, en la primera y segunda causal la voluntad de la mujer desaparece ante la decisión de los equipos médicos. En la tercera causal la dificultad pasa por la constante sospecha sobre el relato de las mujeres adultas, con lo que muchas veces no se acredita la causal o se generan retrasos pueden terminar en situaciones críticas respecto a los plazos para interrumpir el embarazo.
El Estado debe asegurar la decisión de las mujeres en el momento oportuno y no exponerlas a riesgos innecesarios.
En suma, si bien la ley apunta a consolidar un nuevo paradigma centrado en la autonomía de la mujer y respeto a sus decisiones, este monitoreo demuestra que, en los territorios observados, sólo se han establecido los mínimos, con lo que no se materializa este estándar. Esto no es sólo un tema legal, incide directamente la salud y la vida de las mujeres.
En ese sentido las organizaciones que conforman la Mesa de Acción por el Aborto en Chile demandan de las autoridades competentes cumplir con la ley y adoptar medidas urgentes para que las niñas, adolescentes y mujeres en estas causales puedan hacer uso del derecho reconocido en condiciones dignas, contando con una atención oportuna y de calidad.
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