Argentina, Brasil y Chile: alerta que camina la lucha feminista

La protesta feminista

La unidad de medida para mantener distancia entre manifestantes feministas -mientras el covid siga siendo un problema- son dos pañuelos verdes extendidos. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito sumó esa métrica a la gramática del autocuidado. A diferencia de años anteriores, este no hubo detenidas. El informe “Amiga, ¿llegaste bien? Cuidados y seguridad para mujeres en protestas en América Latina”, de la organización internacional Artigo 19 – oficina para Brasil y América del Sur, traza la diferencia entre esos dos términos: cuidados implica una red de protección, mientras que seguridad remite a las fuerzas de seguridad. El cuidado en nuestras marchas es autocuidado y cuidado mutuo.

Amiga, llegaste bien es la frase más dicha luego de terminada la protesta. Porque las manifestaciones comienzan antes de salir de casa, del barrio, de la escuela, involucran la organización de la protesta, la llegada al lugar, la activación en redes sociales, la ocupación del espacio público y la dispersión.

Cada vez más en la región los gobiernos conservadores buscan limitar el derecho a manifestarse. Las entrevistadas de Argentina, Chile y Brasil para esa investigación relataron diversas estrategias de cuidado, avisar que llegamos es el último paso. Antes hubo coordinación de la vigilancia territorial, un directorio de abogades por si hubiera detenciones, teléfonos con baterías y baterías externas, no movilizarse sola. El momento más crítico es la dispersión, volver a casa con las remeras que, fuera del acontecimiento de la protesta, parece un farol observado por no sabemos quién. La identidad política arriba del colectivo, del tren. Con más casos en Brasil, muchas activistas denunciaron ataques de fascistas que se mueven a sus anchas, con el visto bueno del gobierno.

En los tres países, ciertamente, las marchas a favor del derecho al aborto son las que reciben más amenazas. Uno de los casos más extremos, de acuerdo a la investigación, ocurrió en Chile en 2018, cuando tres mujeres fueron apuñaladas por atacantes encapuchados.

Las activistas chilenas aprendieron por las malas que denunciar ante las autoridades no funciona y que, incluso, hay que cuidarse de elles. En Chile florecen los nicks y la desidentificación, luego de que funcionarios municipales y carabineros se infiltraron en redes sociales para distinguir quiénes estaban detrás de las convocatorias a marchar. En Brasil, el caso del militar Willian Pina Botelho, infiltrado en las redes sociales de la organización de protestas en 2016, “pone una capa más de complejidad en la exposición a Internet, es decir, un espionaje que busca monitorear activistas”.

Argentina, entre las violencias y la sobreexplotación

No parece una asamblea. No hay nadie en la vereda. Una persona en la entrada indica seguir el pasillo de la izquierda hasta el patio de la sede del sindicato ATE Nacional, en la avenida Belgrano. Parece un domingo, pero es un martes. En el patio unas ochenta feministas en una ronda deforme, con distancia social, sin micrófono por el contagio, se reunieron para debatir la huelga internacional feminista de 2021 e intentar consensuar un pliego común de reivindicaciones.

Es que entre las asambleas para organizar este paro y las del año anterior, se impuso en el medio la lógica de la pandemia y nada más desmovilizador que el fantasma de la lluvia del Eternauta. Por eso este año, a las asambleas, asistió una persona por organización. Vimos ochenta, pero representaban miles y miles.

Este es el primer 8 de marzo que vivimos en la Argentina con aborto voluntario legal. Esta oración es párrafo e historia.

La huelga convierte a quienes participan de ella en trabajadorxs o, dicho de otro modo, solo quien trabaja puede hacerla. La huelga internacional feminista vino a mostrar en 2017 la participación de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries en una lógica económica que sostenía trabajos no reconocidos como tales y, por lo tanto, mostró la desigualdad que sostenía las otras desigualdades, con sus formas opresivas. Sin embargo, el femicidio de Úrsula Bahillo volvió a poner en el centro del debate asambleario a las violencias machistas. Pero, a diferencia de la agenda del paro del 19 de octubre de 2016, convocado tras la muerte de Lucía Pérez, esta vez el recorrido de los feminismos dio un salto propositivo: reforma judicial feminista. Porque cuestionar la justicia expresa un hartazgo, pero asume el desafío de construir, pensar e imaginar una justicia de otro tipo.

Para la socióloga feminista y referenta de Mala Junta, Victoria Freire, “el sistema de la justicia sigue estando retrasado en terminos de atender, asistir a tiempo, pero también en términos de desandar una lógica patriarcal basada en los privilegios de un sector social que no sabe lo que ocurre en los barrios, en los territorios y que incurre una y otra vez en la revictimización, en la falta de escucha, en la indiferencia”. Las numerosas ventanillas que golpeó Úrsula por cuidado, sin respuesta, “volvió a poner en discusión el tipo de justicia que necesitamos. Una justicia que sea accesible, que exista en todo el territorio, que brinde acompañamiento y patrocinio a familiares y víctimas, que escuche a quienes sufren distintos tipo de violencias, que pueda evaluar el riesgo y prevenir, que pueda centralizar la información y no exija a quienes transitan violencias que sean ellas quienes recorran los distintos organismos públicos, que dé respuestas integrales”.

Un poder judicial con esas características hoy es inexistente. Por eso el reclamo estuvo presente en el pliego de demandas del paro en la Argentina y no solo por femicidios, lesbicidios, travesticidios y transfemicidios, sino también porque en esta huelga faltan las presas: las de la criminalizante ley de estupefacientes y las de eventos obstétricos. También las que cumplen arresto domiciliario, como hoy recordaron desde YoNoFui y el CELS, muchas de ellas con hijes a cargo, con la responsabilidad de sostener la economía familiar con pocos o ningún recurso estatal, y con dificultades para tener un trabajo.

La deuda parece otro círculo de la violencia, pero se llama sistema capitalista. Fiorella Maranessi contó a LatFem que en la Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas, están muy preocupadas por el trabajo, por eso hoy llegaron frente al Congreso de la Nación. “Estamos necesitadas de recomponer el salario. Como trabajadoras formales vemos que nuestro salario se devalúa, pierde el valor, y como trabajadoras no reconocidas en los ámbitos de los cuidados, en los barrios, en las tareas de cuidado, pedimos que estas tareas sean reconocidas, valuadas y remuneradas como corresponde”.

La investigadora Luci Cavallero, del Colectivo Ni Una Menos, señala que desde 2017 se observa un fenómeno preocupante para la economía de las mujeres: el cobro de la Asignación Universal por Hijo como garantía para la toma de deuda. “A partir del ajuste económico del macrismo y la inflación, la AUH dejó de ser un ingreso que pudiera cubrir las necesidades básicas y, sobre todo las mujeres con hijes, jefas de hogar, empiezan a endeudarse para acceder a alimentos, a servicios básicos y a medicamentos. Esto en la pandemia se profundizó y extendió hacia el pago de alquileres y de servicios públicos. En la pandemia se generaron nuevas deudas, con eje en el ámbito doméstico, por eso deben ser politizadas y leídas desde el feminismo”. El sistema de equivalencias sería que a mayor trabajo no remunerado -la pandemia nos hizo cargo hasta de participar en la educación-, menos posibilidad de trabajar afuera, más endeudamiento.

Pero también hay trabajadoras perseguidas. Este 8 de marzo comenzó en la Legislatura porteña con una conferencia de prensa en la que las legisladoras Victoria Montenegro, Lucía Cámpora y Maru Bielli, anunciaban junto a la secretaria general de Ammar, Georgina Orellano, la presentación de un proyecto para derogar el artículo 86 del Código Contravencional de la CABA. Se trata del artículo que persigue la oferta de sexo en la vía pública y que en la práctica habilita el ordenamiento del espacio público a las policías.

La protesta en la Argentina fue multitudinaria pero no masiva como en años anteriores. La pandemia metió la cola. También un sector de los feminismos convocó a concentrar frente al Congreso y otro ligado a partidos de izquierda marchó desde la Plaza de Mayo. El consenso en porteñolandia quedó en el intento, pero en cada provincia argentina las calles céntricas se llenaron de carteles, cantos, barbijos y alcohol en gel.

Brasil: unidas en contra Bolsonaro 

Hay una canción de Chico Buarque cuya letra dice “apesar de você, amanhã há de ser outro dia” (a pesar de vos, el mañana será otro día). Este lema también serviría para explicar el espíritu de un manifiesto nacional que más de 80 organizaciones estuvieron preparando para marcar el 8M en Brasil.

La consigna es clara y se dirige hacia un destinatario específico: el actual presidente Jair Bolsonaro. “Mujeres en la lucha por la vida! Fuera Bolsonaro, Vacuna para toda la Población y Auxilio de Emergencia Ya!”, expresa la convocatoria para eventos virtuales que por primera vez se están organizando de forma unificada a nivel nacional. “Mas allá del movimiento feminista, todos los movimientos sociales, partidos de izquierda y organizaciones progresistas se están organizando al rededor del combate al gobierno de Bolsonaro y las políticas de muerte que viene implementando en nuestro país”, dice Jéssica Marques militante feminista del Psol (Partido Socialismo y Libertad) a LatFem.

Cuando asumió la presidencia, Bolsonaro dejó en claro que su gestión se concentraría en combatir lo que llama “ideología de género”. Fuertemente influenciado por la bancada evangélica y con un discurso conservador, el presidente brasileño definió el lugar que las mujeres ocuparían en su gobierno al crear el Ministério de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, puesto ocupado por la pastora evangélica Damaris Alves.

Sin embargo, mucho antes de que él fuese electo presidente en 2018, la campaña #EleNão tuvo como objetivo llamar la atención sobre los daños que el país podría sufrir en términos de quita de derechos para las mujeres y diversidades, en el caso de que el ex militar fuera electo. Luego, el movimiento ganó fuerza y se convirtió en la principal organización no partidaria en combatir las ideas del hoy presidente. Bautizadas como Mujeres Unidas Contra Bolsonaro, la organización incluye diversas identidades y hoy, por la pandemia, el activismo es ciberactivismo.

Lo que también ocurrió este 8M es que Brasil enfrenta su peor momento en la pandemia, con un promedio diario de cerca de dos mil muertes. Por eso, para evitar aglomeraciones las manifestaciones se volcaron a las redes sociales, aunque también hubo presencia en las calles. El calendario en Brasil bajo protesta se mantiene hasta el 14 de marzo, fecha del asesinato de la consejal de Río de Janeiro, Marielle Franco, cuyo auto fue acribillado en 2018 en condiciones hasta hoy no reveladas.

Brasil, el gigante sudamericano, ha superado las 260 mil muertes por coronavirus y los 10 millones de infectados. Luego de un período de calma, los números volvieron a crecer cuando en Manaos surgió una nueva cepa del virus, diez veces más transmisible que la cepa original. El desenfrenado aumento de los casos hizo colapsar el sistema de salud del país, que tiene el 80% de las camas de terapia intensiva ocupadas en la mayoría de las capitales. “Nuestras vidas están amenazadas por un proyecto de muerte, comandado por Bolsonaro y que cuenta con la complicidad y apoyo de fundamentalistas y sectores conservadores de los poderes jurídico, parlamentario y de los grandes medios a servicio del capital nacional e internacional”, dice un fragmento del manifiesto para el 8M.

“No lo entendemos como un descuido, sino como una política de exterminio de la población más pobre y periférica, y dentro de ella están incluidas las mujeres”, dice Jéssica Marques, quien inscribe la conducta del gobierno como necropolítica.

La pandemia dejó en evidencia las desigualdades de clase, raza y, en particular, de género ya que se puso en evidencia el trabajo esencial que hacen las mujeres en cuestiones de cuidado. “Hemos sentido en la piel el aumento de las jornadas laborales y la dependencia económica de la labor hecha por las mujeres”: este es el principal argumento para reivindicar que el gobierno continúe con el auxilio económico de emergencia. “El trabajo de las mujeres, sea en casa o fuera del hogar, está en el centro de aquello que necesitamos para vivir. La pandemia puso ese debate a la orden del día, aunque ya fuese un debate dentro del movimiento feminista”, explica Nalu Faria, del brazo brasileño de la Marcha Internacional de Mujeres.

Con la pandemia, los femicidios aumentaron un 22% y las denuncias por agresión crecieron un 40 % en Brasil. “Las mujeres vienen sufriendo mucho por estar en los grupos sociales que se ubican en la línea de frente del combate a la pandemia: en la salud, en la limpieza pública, en los supermercados, además de la quita de derechos luego del cese de programas que protegen a las mujeres y el aumento de la violencia de género”, analiza Jéssica.

“El movimiento feminista de São José dos Campos -interior de San Pablo- ha enfrentado ataques por muchos años, porque estamos en una ciudad muy conservadora”. En línea con el informe de Artigo 19, Jéssica cuenta que incluso durante la organización de las movilizaciones para el 8M, una reunión virtual fue tomada por militantes bolsonaristas. “Fue una situación muy traumática porque, además de infiltrarse, utilizaron mucha violencia verbal hacia nosotras”, recuerda.

“Las mujeres indígenas estamos al frente de varias organizaciones, dando pelea para que podamos posicionarnos a través de nuestras organizaciones, militancia, de nuestra propia espiritualidad”, explica Telma Taurepang, de la Unión de Mujeres Indígenas de la Amazonia Brasileña (UMIAB). Para Telma, que vive en Roraima, extremo norte de Brasil, la cultura del hombre blanco influyó en la dinámica de las aldeas, “especialmente a las que están en las fronteras, que presentaron un aumento de las violencias machistas”.

La militancia de las mujeres indígenas en Brasil tiene características distintas en cada territorio, con diferencias culturales y lingüísticas. “Hay mujeres que todavía hoy hablan poquisimo portugués. Nosotras estamos organizadas por aldeas, para proponer estrategias de combate a la violencia de género en los territorios indígenas”, dice Telma. Con la pandemia, toda la articulación quedó muy perjudicada y hubo enormes pérdidas, ya que muchos caciques y referentes de las tribus brasileñas murieron por el coronavirus. “Hoy los pueblos indígenas tienen que luchar en contra este sistema opresor que nunca nos vio con buenos ojos. Siempre fuimos vistos como un impedimento de lo que el presidente entiende por desarrollo, pero que es la imposición de un modo de vida que intenta exterminar nuestra cultura”.

Cuando hablamos del derecho a decidir en Brasil, la cuestión parece estar a años luz de sus vecinos Argentina y Uruguay, que lo tienen legalizado y garantizado por el sistema público de salud. Según cuenta la investigadora y autora del libro Acción feminista en defensa de la legalización del aborto: movimiento e institución, Carla Gisele Batista, la lucha hoy en Brasil sería para que no se prohíban los casos en que la interrupción voluntaria del embarzado está todavía permitida: violación, riesgo de muerte para la mujer y anencefalía. “No siempre las mujeres tienen acceso en esos casos tampoco”, dice, “primero, por falta de información, segundo porque son escasos los servicios que atienden esos casos. Muchas veces los profesionales se rehúsan a atender las pacientes alegando objeción de conciencia”.

El gobierno sacó hace poco dos ordenanzas para que los casos de violencia sexual sean judicializados, entonces en los casos de abortos por esta causa algunos médicos exigen órdenes policiales para hacer la práctica. Con esto, el gobierno logró su objetivo que es dificultar aún más el acceso de las mujeres al aborto legal.

La diputada Cris Tonietto, aliada de Bolsonaro, es quién más proyectos antiderechos presentó. Uno de ellos equipara el estatus del feto a una persona. “Las activistas venimos logrando frenar este avance, pero no sabemos cómo van a seguir las cosas ahora que los aliados del presidente son los nuevos líderes de las cámaras legislativas”. Si esta iniciativa fuera aprobada, las mujeres, los varones trans y las personas no binarias con capacidad de gestar perderían el derecho a acceder a los abortos que ya son legales.

En un país en el que las políticas de salud quedaron a cargo de un militar, no es difícil imaginar más retrocesos. Que hoy las mujeres brasileñas tengan que poner el cuerpo a la lucha contra el covid es tan solo una muestra más de la importancia del activismo feminista. “La manera como la pandemia se expande tiene relación con este modelo de capitalismo, heteropatriarcal, racista y colonialista bajo el que vivimos hoy. Por lo tanto, estamos viviendo un momento bisagra de el conflicto capital versus vida”, concluye Nalu Faria. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia -hermoso.

Chile, hacia una constitución popular, feminista y plurinacional

El 18 de octubre de 2019 se convirtió en uno de los hitos más relevantes de la historia contemporánea de Chile. El llamado estallido social aglutinó un movimiento transversal inédito que sin líderes de la clase política y con una convocatoria masiva logró, por un lado, la inminente redacción de una nueva Constitución y por otro, instalar de forma permanente la discusión sobre el modelo económico heredado de la dictadura.

El devenir del movimiento feminista chileno ha sido al mismo tiempo precedente y consecuencia de la gran revuelta social. Fue el antecedente inmediato de las protestas de octubre, cuando cientos de niñas y adolescentes saltaron los torniquetes del metro de Santiago, y a la vez, impulsado por ese nuevo brío, logró convocar a más de dos millones de mujeres y disidencias en la Huelga Internacional Feminista del 2020, que se convirtió en una de las marchas más masivas de la historia del país, bajo la consigna “contra la precarización de la vida”.

Este 8M en Chile estuvo marcado por varias particularidades. Por esos días, la expectativa popular es grande: el 11 de abril la ciudadanía elegirá a las 155 personas que conformarán la Convención encargada de redactar la nueva Constitución. La vida y la circulación en las ciudades se ha enrarecido ya que hace más de un año se decretó el toque de queda nocturno -primero por el estallido social, luego por las medidas de cuarentena- pero sobretodo, este 8M para las chilenas y chilenos se enmarcó en un contexto de denuncia contra la violación sistemática a los derechos humanos por parte de la policía. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado más de 2500 querellas por violación, tortura, asesinato y abuso de la fuerza por Carabineros.

“Nos parece central que una de las tradiciones más importantes del feminismo en Chile ha sido su permanente lucha contra la impunidad de la violacion a los derechos humanos en dictadura y también hoy cuando nos siguen matando, mutilando y abusando, tanto la policía como distintos agentes el Estado”, dijo a LatFem Javiera Manzi, vocera de la Coordinadora Feminista 8M, que este año levantó la consigna: “Contra el patriarcado y contra el terrorismo de Estado”.

En este 2021 marcado por la emergencia sanitaria, desde la Coordinadora 8M se divulgó la campaña “100 formas de participar en la huelga”, pensando en una jornada de interrupción de la normalidad que pudiese llevarse a cabo también dentro de los hogares y en los lugares de trabajo. La difusión de un conjunto de actividades y acciones para adherir al paro incluyó la huelga en las labores de cuidado, en el trabajo asalariado, dentro de las escuelas y en el consumo, que se sumaron a la tradicional jornada de visibilización y movilización en las calles. Aunque esta vez la concentración se planificó en bloques, llamando a una acción descentralizada en varios puntos y priorizando un itinerario de acción y la consigna “a un pañuelo de distancia”.

“Levantamos esta jornada en un contexto de revueltas sociales, de terrorismo de Estado y en la vispera de un proceso constituyente que sabemos va a estar marcado por este ímpetu popular, feminista y plurinacional. La motivación del movimiento social chileno es una transformación radical en la forma en que se organiza la vida y como feministas sabemos que en el corazón de ese proyecto está la forma en la que se ha precarizado durante más de 30 años de democracia, particularmente la vida de mujeres y disidencias”, explicó Javiera.

Delight Lab, el proyecto de arte lumínico que acompañó el estallido social proyectando mensajes sobre los edificios que rodean el centro de la ciudad, abrió la jornada durante la madrugada del 8M con una proyección en homenaje a las 10 víctimas de femicidio en lo que va del año y, durante la primera hora de la mañana, la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio convocó a una rueda de prensa donde exigió al gobierno de Sebastián Piñera justicia y reparación. Las estudiantes secundarias y las mujeres mapuche se encargaron de inaugurar la acción callejera en la avenida central de Santiago y durante el día, varias acciones autónomas se realizaron en sectores estratégicos. Entre ellas, las del feminismo anticarcelario frente a la Cárcel de San Miguel, el Colectivo contra el olvido que recordó a las desaparecidas en la dictadura militar y las acciones convocadas por las delegadas de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, que concentra alrededor de 500 personas con ojos mutilados por balas de la policía durante la revuelta social.

La demanda por el aborto libre -que en Chile es legal en 3 causales desde 2017- se levantó con un brío renovado por la reciente experiencia argentina: el proyecto volvió a discutirse desde enero en la Comisión de Equidad y Género. “Nos sumamos a la Huelga Feminista del 8 de marzo para garantizar el derecho al aborto en Chile y las maternidades deseadas. Constatamos cómo, a los deficits ya existentes en la ley del aborto en tres causales, se sumaron una serie de postergaciones. Sigue siendo escasa o nula la información pública sobre esta prestación garantizada por ley”, declaró en un comunicado la Mesa Acción por el Aborto en Chile. El debate renovado se da además en un momento especialmente sensible para el movimiento, cuando acaba de conocerse que más de 100 mujeres chilenas resultaron con embarazos no deseados por un lote de preservativos defectuosos repartidos en centros de salud públicos y que no tendrán derecho a interrumpir sus embarazos. “Las autoridades de Salud no han dado respuesta concreta a las mujeres que utilizaron anticonceptivos con fallas y que hoy sufren embarazos no deseados a causa de esta negligencia”, concluyó la Organización.

Ad portas de las elecciones de la Convención que desde este abril y en el plazo de un año tendrá la tarea de escribir una nueva Constitución mediante un órgano paritario, las preocupaciones del colectivo se vuelcan a cómo se verán representadas las mujeres y disidencias en la nueva carta magna y qué garantías debería otorgarles el Estado chileno. Las propuestas para una Constitución Feminista habían quedado plasmadas el año pasado en el Segundo Encuentro Plurinacional de las que Luchan que se proponía para esta nueva etapa “un proceso que integre las demandas de mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binaries y que sea intergeneracional, transterritorial y sin fronteras”.

Desde el Observatorio de Género y Equidad, Tatiana Hernández dijo a LatFem: “Para nosotras es super importante pensar una Constitución que permita la configuración de un Estado cuidador no solamente de las personas, también de la naturaleza y con una mirada que vaya desfeminizando, desfamiliarizado y desprivatizando el tema del cuidado, que lo ponga en una lógica colectiva, comunitaria y plurinacional. Las mujeres han logrado sostener la vida colectivamente, autogestionadamente, pero aquello no significa que no tenga que existir un Estado que vaya en la lógica de garantizar el bienestar para las personas. Tampoco pensamos en un Estado que tutele, sino que garantice”. Al mismo tiempo, Hernández recalcó la preocupación del colectivo por la alevosía en el actuar policial y llamó tanto al autocuidado de quienes se manifiestan como a la autoridad a “asegurarse de que se cumplan los protocolos, garantizar los derechos humanos de quienes protestan y no criminalizar la movilización”.

Sin embargo, como se esperaba, entrada la tarde la represión masiva de Carabineros con gases lacrimógenos y carros hidrantes copó el centro de Santiago y dispersó rápidamente la movilización de las miles de mujeres y disidencias que para esa hora ya se acercaban a la Plaza Dignidad. Cabe destacar que el día arrancó con la detención arbitraria de Emilia Schneider, mujer trans y candidata a la Convención Constitucional que al momento de su liberación declaró: “Esta es una situación que da cuenta nuevamente de que la crisis de Carabineros no da para más: hay que disolver Carabineros de Chile y fundar una nueva institución que tenga en el centro los derechos humanos y la seguridad de las personas, no la represión de quienes nos manifestamos”.

Las disidencias sexogenéricas son parte de los grupos más golpeados dentro del movimiento feminista en Chile. La intención de paridad tanto en la Constitución como en una cotidianeidad que asegure la participación y las condiciones de vida de todas y todes, incluidas las feminidades fuera de la norma, convocó a las disidencias en el 8M. “Nuestra preocupación tiene que ver con visibilizar las otras formas de ser mujer: soy mujer y soy disidente, soy mujer y soy negra, soy mujer y soy neuridiversa. La idea es representar todas esas formas que no están en la norma. Esperamos ser un puente entre los colectivos para visibilizarnos pero también para protegernos”, dijeron a LatFem Leda Canales, Tamara Mezquida y Demian Carrera, del Colectivo Disidencias en red, una plataforma joven en formato digital que busca aglutinar a varias organizaciones de disidencia sexogenérica.

Los crímenes de lesbo y transodio en Chile han sido prácticamente invisibles para los medios de comunicación masiva. En este 8M se convocaron nombres como el de Emilia Milen, conocida como Bau, mujer trans mapuche asesinada hace pocos días en el Wallmapu, o el de de Nicole Saavedra, cuya violación correctiva y posterior lesbicidio se convirtió en un caso emblemático no solo por los años que se tomó a la justicia en identificar al principal sospechoso aun sin juicio, sino por la criminalización de sus familiares y compañeras que por exigir justicia para ella hoy arriesgan tres años de cárcel. “En Chile hay muchas compañeras lesbianas asesinadas de las cuales no se tiene ningún dato. La idea de que hay cuerpos que importan y otros que no está muy presente. Al Estado chileno no le interesan las mujeres lesbianas”, denunciaron desde el Colectivo.

Algunos discursos que todavía parecen invisibles en la sociedad chilena han hecho sus esfuerzos por imponerse en el 8M. Elisa Alcaíno, parte de la Red Acción Carcelaria, una organización nacida en medio de la pandemia como respuesta a la desprotección en la que quedaron las presas al prohibirles sus visitas y con ello la obtención de implementos de limpieza básicos, dijo a LatFem: “En el movimiento feminista chileno sin duda que hay una variable de intersexionalidad pero notamos que incluso ahí las mujeres presas tienden a no figurar. Sobretodo en el norte de Chile, donde nos enfocamos más como organización, porque ahí hay más variables de esa desigualdad: un alto porcentaje de mujeres indígenas y migrantes. Para el 8 de marzo, nuestro principal desafío fue gritar fuerte que ellas faltan, visibilizar que el feminismo no es feminismo sin ellas. Y no solamente se trata de feminismo con mujeres privadas de libertad, sino con todas ellas. Con las migrantes, las indígenas, las mujeres trans que ahora están en cárceles de hombres. Las mujeres privadas de libertad también buscan una vida libre de violencia y muchas de ellas están ahí por consecuencia de una sociedad desigual y patriarcal, donde son víctimas de la cultura machista”. Así también estuvieron presentes las trabajadoras sexuales, cuyas condiciones de vida aun son un tema que no logra imponerse en la agenda pública chilena. Nancy Gutierrez, presidenta de Fundación Margen, que hace 22 años agrupa a las trabajadoras sexuales en una red de apoyo explicó: “Queremos que se regule el trabajo sexual y demandamos que se detenga la violencia policial contra las trabajadoras sexuales, sobretodo con las compañeras migrantes”. Las trabajadoras sexuales se movilizaron en el territorio con una acción callejera concreta: una campaña de información y entrega del preservativo femenino a quienes se manifestaban. “Nos gustaria que sobre el trabajo sexual se nos preguntara directamente a nosotras y no se favoreciera la especulacion ni la condescendencia. Nosotras somos autónomas y escogimos este trabajo, con todas sus dificultades, como otras escogen otro tipo de trabajos” agregó Nancy.

La desconfianza de la ciudadanía en los medios de comunicación masiva, que en Chile pertenecen a un duopolio blindado por dos empresas familiares, también es un síntoma agudizado por el Chile post estallido social. La Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas, agrupadas el año pasado al calor del plebiscito de octubre, se manifestó en las puertas de la Biblioteca Nacional para demandar una Constitución que garantice el derecho a la comunicación y donde prime la libre expresión, una prensa con enfoque de género y derechos humanos y la consagración de una ley de medios aún inexistente en el país. “Pareciera que el derecho a la comunicación solo quedara suscrito a quienes trabajan en medios y publicidad como si no fuese un derecho humano y de la ciudadanía”, dijo a LatFem Fabiola Gutiérrez, vocera de la Red. “Estamos concientes de que la discriminacion y la violencia de género son barreras para la libertad de expresión y el derecho a la comunicación que hoy no está consagrado constitucionalmente. El Estado debe garantizar ese derecho y comprometer un entorno mediático libre, plural e independiente, que incluya además la regulación de la concentración de la propiedad de medios y apueste a la distribución equitativa para medios regionales e independientes”.

La Coordinadora 8M calcula que en las calles de Santiago se movilizó al menos medio millón de personas y se espera que el inminente proceso constituyente este teñido de la agenda feminista. Antes del fin de la jornada, el colectivo declaró en sus redes: “Una vez más salimos a las calles para hacerlas nuestras, para gritar por todas las que no están, para continuar luchando por la vida digna que haremos nuestra. A pesar de la crisis que ahoga nuestras vidas, en la calle es que seguiremos transformándola”.

Publicado por Latfem