Por Valentina Silva Zambrano
La crisis sanitaria puso en la primera línea a médicas, médicos, enfermeras y enfermeros como el grupo humano que enfrenta la expansión del COVID-19. En Chile, un 74% de la población técnica y profesional de la salud son mujeres. Y recién en mayo de 2017, y luego de siete décadas, por primera vez el Colegio Médico de Chile cuenta con una mujer en la presidencia, Izkia Siches. Entre 1949 y 2017 “siempre los presidentes fueron hombres, blancos y en su mayoría conservadores. Y yo soy mujer, joven, de izquierda, morena, de Arica, medio Aymara, con los ojos achinados, crecida en Maipú, educada en un colegio picante que nadie conoce”, se auto reseñó Siches en una entrevista al diario La Segunda.
Cuando una pandemia como el COVID-19 paraliza al mundo y las rutinas que parecían costumbre se detienen, este grupo de personas trabaja exhaustivamente para ojalá detener la emergencia sanitaria: el personal de salud cuida a las personas contagiadas por la enfermedad, y día a día lucha por mitigar su impacto con la finalidad de evitar que los hospitales y otros centros de salud, colapsen.
De acuerdo a los datos de la Oficina de Información del Consejo de Estado en China, más del 90% de quienes trabajaron en Salud en la provincia de Hubei para responder a la pandemia, fueron mujeres. En Chile las cifras son similares. En la Encuesta Nacional de Empleo 2019, las mujeres predominan en los sectores relacionados con las labores de cuidados: un 93% en servicios domésticos y otro 74% en salud. Estos resultados no hacen más que comprobar la división por género de la fuerza laboral en salud y el riesgo que toman predominantemente las trabajadoras.
ONU Mujeres también lo advierte. A nivel mundial, las mujeres representan el 70% de quienes trabajan en atención en los sectores de salud y sociales. Mujeres que se encuentran largas jornadas en hospitales y clínicas, que también pueden ser responsables de otros cuidados; mujeres que por atender a las personas que dependen de ellas y el quehacer doméstico, igualmente se exponen perder trabajo. Por lo mismo, el organismo internacional le ha insistido a los estados contar con estrategias dirigidas específicamente a los efectos del COVID-19 en la salud y la economía de las mujeres. En el diseño y la implementación de esas respuestas, debieran estar al centro.
Mesa Social COVID-19 sin paridad de género
El Colegio Médico asegura que desde el inicio de la pandemia, le exigió al Ministerio de Salud contar con una instancia participativa para enfrentar la crisis sanitaria. Francisca Crispi, coordinadora de género y políticas públicas, asegura que en ese “primer momento nos vimos muy atadas. Pedimos instancias para reunirnos y que se nos entregaran los datos disponible por pacientes para que nosotras pudiéramos entender las decisiones que se estaban tomando y participar de ellas con nuestros equipos y médicos. Al final somos el gremio del personal de salud que va a ser la primera línea frente a esta enfermedad”.
Tras mucho insistir, el gremio logró abrir paso al diálogo con las autoridades y conformar la Mesa Social por el COVID-19 integrada por representantes de las Asociación Chilena de Municipalidades, rectores de universidades, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, la ex ministra de Salud, Carmen Castillo y el representante de la OMS/OPS en Chile, Luis Fernando Leanes, además del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, de Salud, Jaime Mañalich y de Ciencias, Andrés Couve, entre otras personas con conocimiento técnico.
Hasta ahí, la coordinación social no iría en línea con los estándares que recomienda Naciones Unidas ni el sistema interamericano de protección de derechos como la CIDH. Para Crispi «en la mesa hay una desigualdad de género, la composición no es paritaria, la integran alrededor de 15 personas y sólo están la doctoras Siches y Castillo. Esta falta de paridad afecta al final en la toma de decisiones y en la perspectiva de género que nosotras podamos tener.” Un asunto de desigualdad de género, pero también de discriminación. La representante del Colegio Médico dice que ven “ataques (contra Siches) que nunca le harían a liderazgos masculinos”, aludiendo principalmente a los comentarios que se hacen por plataformas digitales.
En la fotografía, Francisca Crispi, médica, coordinadora de género y políticas públicas del Colegio Médico.
“Como Colegio Médico y por la doctora Siches, hemos ganado una voz en esta pandemia al llamar desde el primer día a todos los actores sociales que no estaban siendo convocados por el gobierno. Llamamos a los colegios gremiales, a las organizaciones de estudiantes, a la sociedad científica y les explicamos lo que estaba sucediendo con la pandemia. Tuvimos muchas instancias de compromisos y de colaboración con las distintas organizaciones. Esa cercanía nos da la posibilidad de cumplir un rol de fiscalización”, explica Crispi.
Sin embargo, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Protección de la Familia, APROFA, Débora Solís asegura que no todas las organizaciones fueron convocadas ni por el gobierno ni por el Colegio Médico. “Es un gobierno que no conoce la manera de trabajar con las organizaciones sociales, que nos temen. Organizaciones como la nuestra, se transformaron más en una amenaza que en una posibilidad de ayuda, y mientras ellos nos miren así es imposible que nos sentemos a conversar. Respeto mucho el trabajo que está haciendo la presidenta del Colegio Médico, pero ella no nos ha invitado nunca a una reunión. Y creo que sería muy interesante poder mirar, profundizar y poder tener acciones concretas sobre cuánto impacta este virus a las mujeres”.
En la foto, Debora Solis, directora ejecutiva de APROFA.
Mujeres con menos derechos a decidir en la pandemia
Un estudio reciente del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) da cuenta de un grave retroceso antes de la amplificación de la pandemia del Coronavirus 2019. Cada vez más, las mujeres están perdiendo poder de decidir sobre sus cuerpos. Los datos globales recopilados en 57 países son definidos como “desalentadores”: un 25% de las mujeres no puede decidir acerca de su acceso a servicios de salud, otro 25% no puede negarse a tener sexo con su cónyuge o pareja y el 10% no puede tomar decisiones respecto al uso de anticonceptivos.
Si estas cifras se trasladan a un escenario de crisis como el que vive Chile y el mundo, el análisis podría ser aún peor. Por lo mismo, UNFPA y otras organizaciones a nivel local, insisten en que las pandemias agravan las desigualdades entre mujeres y hombres, y hacen un llamado a mantener una mirada alerta acerca de la salud y los derechos sexuales y reproductivos como un problema de salud pública que requiere una atención particular en medio de la emergencia.
Las organizaciones de mujeres y feministas y otras que trabajan en la protección de los derechos humanos, aseguran que las condiciones de aislamiento exacerba la violencia contra mujeres y niñas, que la violencia sexual conduciría a embarazos forzados, y enfatizan sus preocupaciones en los países donde aún los estados restringen o limitan el acceso a un aborto o anticonceptivos de emergencia.
La respuesta de emergencia al brote de COVID-19 también significa que los recursos para los servicios de salud sexual y reproductiva puedan desviarse con el propósito de hacer frente a la pandemia. Para UNFPA esta situación se traduce en un aumento en la mortalidad materna y neonatal, un incremento en las necesidades insatisfechas de planificación familiar y que se eleve el número de abortos en condiciones de riesgo y las infecciones de transmisión sexual, ITS.
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Las mujeres y el COVID-19, son una combinación peligrosa. Son ellas que dado el contexto lidian con problemas estructurales que se agravan producto del confinamiento. Por un lado, asumir una doble jornada de trabajo (o triple si se sumamos la modalidad de teletrabajo), dado que la sociedad patriarcal en la que vivimos, las mandata a realizar tareas domésticas y de cuidado no remunerados o mal pagados en algunos casos. Por otro, el encierro con el agresor que aumenta las posibilidades de vivir todo tipo de violencia.
Desde APROFA, Débora Solís asegura que su mayor preocupación está dada por lo que ha sido históricamente la relegación de estas temáticas en función de otros temas o problemas que se consideran más relevantes que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. «En general, los derechos humanos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas pero en particular los de la mujeres, siempre van a estar postergados por alguna u otra razón”.
Por ello la insistencia desde UNFPA. En su informe técnico llamado COVID-19 “Un enfoque de género proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover la igualdad de género”, entregan una serie recomendaciones para que los países reconozcan e incluyan los impactos diferenciados de las mujeres en esta pandemia. Entre ellas, que las acciones contra el COVID-19 no reproduzca o perpetúe normas de género nocivas, prácticas discriminatorias y desigualdades, actualizar las rutas de derivación en situaciones de violencia de género y priorizar la participación de las mujeres a nivel comunitario y en la toma de decisiones que prepara la respuesta.
Francisca Crispi del Colegio Médico asegura que en Chile no hay un plan de acción destinado a proteger la vida de las mujeres y niñas en esta dimensión. “No, no en este sentido. Ya se ha visto en otros países, las mujeres que viven violencia de género en contexto de cuarentena se exponen a un aumento de las agresiones. Desde el Ministerio de la Mujer hemos visto que han sacado unos lineamientos súper generales dando el número de ayuda (1455), pero no se ha abordado la violencia sexual y el acceso a anticonceptivos o aborto desde ningún punto de vista”.
Desde APROFA Débora Solís va más allá. Sostiene que las estrategias del Ministerio de la Mujer no son las adecuadas,. “Esas son estrategias tan probadas, tan evaluadas y tan conocidas como estrategias no pertinentes. La lógica es distinta, porque lo que están poniendo ahí es toda la responsabilidad en una mujer que está siendo víctima de una violencia de género. No es el Estado que va hacia esa mujer, si no que ‘espero aquí a que esa mujer me llame por teléfono y me diga no sé qué hacer’ … entonces eso no es suficiente, eso está probado que no es suficiente.”
El gobierno no ha presentado lineamientos para combatir la violencia de género en el aislamiento. Tampoco planes de acción para las situaciones de violencia sexual. Con cuarentena y desplazamiento restringido, las mujeres y niñas que vivan violencia igualmente deberían poder acudir a los servicios públicos o privados de salud para una primera acogida que evite la revictimización, recibir profilaxis para prevenir infecciones de transmisión sexual y anticonceptivos de emergencia. La respuesta del gobierno no tienen enfoque de género, pero las minutas con las recomendaciones del Colegio Médico presentadas a la Mesa Social COVID-19 tampoco. No hay sugerencias de acciones específicas para proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos de quienes sobreviven a la violencia de género en confinamiento.
La doctora Francisca Crispi aclara que “la píldora del día después sí está disponible en los servicios de urgencia por lo que mujeres podrían acceder sin problema, el colapso de los mismos afecta pero como afecta cualquier otra prestación. Pero no hay un plan específico para poder abordar la anticoncepción de emergencia en esta situación, por lo menos hasta el momento por parte de las autoridades sanitarias”.
APROFA advierte a la comunidad que la proximidad del encuentro sexual y el intercambio de saliva en los besos, sí podría ser un riesgo de contagio, pero que el Coronavirus 2019 no se transmite por fluidos sexuales. Recuerda de manera imperativa usar siempre preservativos y advierte que la ansiedad y el estrés del encierro puede disminuir el deseo sexual, por lo que el consentimiento frente a la decisión de tener o no, relaciones sexuales con una pareja sigue siendo un punto fundamental.
Débora Solís concluye, tajante: “Es tan deshumanizada la política pública en ese sentido, porque se hace tan poco cargo de lo que significa para una persona haber vivido una violación o estar en una situación de riesgo vital por vivir con un agresor, es tan fría la manera en que lo miran, que no tiene ningún impacto en la vida de esas personas, ninguno”.
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APROFA está atendiendo de manera remota a través del WhatsApp +56958122382 o el correo electrónico: Saludaprofa@gmail.com · El Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, ICMER, también cuenta con consulta en línea y despacho de anticonceptivos a domicilio.
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