Patsili Toledo, abogada: “Forzar a las mujeres a denunciar cuando necesitan protección y acceder a recursos, no basta”

Patsili Toledo, abogada: “Forzar a las mujeres a denunciar cuando necesitan protección y acceder a recursos, no basta”

Por Catalina Arenas

Una reflexión que floreció en el cabildo autoconvocado de mujeres comunicadoras feministas, realizado el sábado 9 de noviembre, fue una de las demandas sociales por una vida digna. No es algo nuevo, anteriormente, ya se había consignado en el petitorio de la Huelga General Feminista del pasado 8 de marzo. En esta entrevista, la abogada y ex consultora del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Patsilí Toledo, explica por qué el foco que ilumina a las múltiples necesidades de las mujeres, se encuentra lejos de los sistemas judiciales de los países de América Latina.

Se han vivido tiempos turbulentos, en Chile, en el último mes. Manifestaciones por mejoras sociales que han exacerbado la violencia generalizada e interseccional en diversos territorios del país. En medio de una convocatoria a movilizarse hacia la Plaza de la Dignidad (ex Italia), por el bandejón del Parque Bustamante, ciudadanas y ciudadanos se congregan y avanzan al son de sus cacerolas. Entre ellos, conversamos con la abogada cuyo viaje por la región coincidió con el estallido social del 18 de octubre.

Actualmente, la diplomada en Derechos Humanos de las Mujeres de la Universidad de Chile y doctora en Derecho Público, reside en España donde ejerce como académica de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Fue consultora por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y Moldavia. En su currículo también se describe su rol en el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en temas de feminicidio y las demás violencias contra las mujeres.

Tipificar el femicidio no termina con la impunidad

De acuerdo con la estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) consignada en el último informe del Circuito Intersectorial del Femicidio (CIF), en 2017 la tasa de femicidios íntimos consumados en Chile es de 0,5 cada cien mil mujeres. Un número considerablemente menor en relación con Guyana que -con un 8,8- es el país con la mayor tasa de la región en esa categoría. “En el caso de Chile, el mayor problema no es la impunidad de los casos, sino que estos siguen ocurriendo”, asegura Toledo, argumentando que la restrictiva legislación que existe en el país no garantiza la solución a problemas vinculados con la manera en que opera el sistema de justicia chileno.

En ese sentido, Patsilí Toledo profundiza en la necesidad de hacerse cargo de falencias como la falta de formación y la prevalencia de los estereotipos de género y patrones que se perpetúan a través de las prácticas de quienes trabajan en el Ministerio Público, por mencionar un ejemplo. Por otra parte, Chile, al igual que Uruguay, Guyana, Colombia y Jamaica, no registran datos de femicidios no íntimos, desconociéndose el número total de asesinatos de mujeres por razones de género. “Tipificar el femicidio no significa más que agregar unas líneas adicionales a los códigos penales, tampoco termina con la impunidad. La tipificación no garantiza recursos serios para la prevención y protección, menos para decir que el país realmente está luchando por la erradicación de la violencia contra la mujer”, opina Toledo.

La abogada hace la diferencia y recalca que para el movimiento feminista latinoamericano, simbólicamente, ganar ese espacio para la condena judicial del femicidio/ feminicidio era una medida esperanzadora y muy visible. “Cuando vas a mirar esto, en términos de la realidad, a lo más, supone altas penas de prisión para los femicidas. Para mí, que existan más cárceles no es un beneficio para la lucha contra la violencia hacia las mujeres”, expresa quien desde la práctica, ha trabajado en procesos de sistematización de leyes sobre femicidio en Latinoamérica.

De los aspectos positivos a remarcar en esta década de normas para el abordaje del femicidio, Patsilí Toledo destaca dos: El primero, que efectivamente existen países que decretan conceptos más amplios en la interpretación posible de la ley, a propósito de las figuras penales del femicidio/feminicidio. Segundo, a nivel social y político, es el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como un fenómeno diferente y que tiene características específicas. “Creo que ya hay un cierto acuerdo social, más allá de lo legal, que responde a un fenómeno mucho más amplio que es contra las violencias contra las mujeres”, considera.

Una perspectiva binaria: víctima/ victimario

Para la investigadora, que una mujer verbalice una situación de violencia con un cercano o familiar y/o denuncie el abuso ante una autoridad, operador de justicia o agente policial, la enfrenta a un escenario adverso. Según un estudio de Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), el 72% de las víctimas de violencia (física o psicológica) no dejó constancia en Carabineros previo al femicidio (entre 2014 y 2018). “Cuando una mujer está muerta, automáticamente el caso entra a la justicia penal y, así también, se inician las diligencias que todavía, en muchos casos de femicidios íntimos, resultan muy fáciles de investigar para castigar a los responsables”, señala la abogada.

El argumento de la académica enfatiza acerca del momento que la evidencia de cada femicidio salta a la vista del sentido común, porque hay una ex pareja prófuga, antecedentes de mala convivencia y conflictos de otra índole que cruzan la realidad de estos casos. “Las violencias contra las mujeres no sólo son por razón de género. También se cruza con discriminación racial, de clase, por dedicarse al trabajo sexual o consumir drogas, incluso a veces cuesta identificar el problema de fondo por cada caso. Son escenarios muchos más complejos para las mujeres que pertenecen a los colectivos más marginalizados”, aclara.

Del mismo modo, sostiene que “hay violencia por razones de género que no es contra de las mujeres, también existe contra hombres gays, personas trans, contra hombres hetero pero amanerados y que no responden al ideal de masculinidad” y añade que “no toda la violencia en una relación de pareja de cualquier tipo es por razón de género”.

Cuando se da vuelta la linterna para descubrir quienes son  los responsables de estas  prácticas negligentes y automatizadas en torno a la violencia de género contra las mujeres, lo natural es apuntar la luz contra fiscales, abogados y jueces en los tribunales. “Existe un sesgo de insistir con que estos problemas no merecen la urgencia de estudiarlos y de formarse, así como también falta asumir que la gran parte de las personas que trabajan en el Poder Judicial o en organismos que les prestan servicios, son también personas cargadas de estereotipos y prejuicios”.

Con el objetivo de ejemplificar este argumento, la docente de la Universidad Autónoma de Barcelona describe que, paradójicamente, en México, han tipificado el femicidio de manera que el feminicida puede ser tanto hombre como mujer. Y, en la práctica, lo que se ha visto es que, en casos en que las parejas son de lesbianas, las penas más altas las han puesto precisamente a las mujeres que matan a su novia. En cambio, cuando un hombre mata a su novio es un homicidio común. “Es una discriminación evidente. No puede ser que un delito sea más grave si es entre mujeres lesbianas y menos grave si es entre hombres gays. Hay realidades como la violencia entre lesbianas que necesita un marco propio y una respuesta específica que solo se conocerá hablando con los colectivos implicados”, explica.

En cuanto a la solución estructural para la prevención de todas las violencias, Patsili Toledo sugiere que estos operadores del Estado, primero, se sometan a una deformación de estas cargas socialmente arraigadas, para luego formarse en todas estas materias en clave de derechos humanos de las mujeres. “Estamos dedicando enormes cantidades de recursos y esfuerzos a identificar los problemas como la falta de perspectiva de género y de la debida diligencia en la investigación, cuando los derechos de las mujeres no se limitan a la sanción y la indagación, sino a que las mujeres tienen derecho a la prevención, protección y, sobre todo, a la reparación que no debería estar condicionada a si hay o no un fallo en contra de los abusadores”, argumenta Toledo describiendo la acción estratégica que han diseñado distintos movimientos feministas para el abordaje de la violencia machista.

“El sistema de justicia penal tiene una perspectiva tan binaria que siempre necesita tener una víctima y un victimario. Mientras que a un agresor no lo van a castigar si no hay pruebas suficientes, una víctima sin pruebas no deja de ser víctima”.

Finalmente, apunta a que “hoy, el foco está en lo que el Estado pueda ofrecer y eso es el Poder Judicial. Por lo tanto, los movimientos feministas le exigen al sistema de justicia, que solo atiende a un minoría de las mujeres que sufren violencia por razones de género”.

La llave para la prevención

En la visión de Patsili Toledo, el femicidio es un concepto político que busca visibilizar y nombrar una manifestación de carácter letal de violencia contra las mujeres y que prevalece dentro de las sociedades. Gracias a esa sensibilidad, a la que algunas autoridades van adhiriendo, es que la violencia intrafamiliar ha sido estimada incluso como un tema de seguridad pública y de criminalidad. “La violencia ejercida por hombres en contra de mujeres es la más arraigada en nuestra sociedad. Un problema social e histórico que ha sido legitimado, permitido y avalado por el Estado durante siglos”.

Una manifestación institucional de este tipo de violencia, es en la denuncia. Especialmente cuando no se orienta a la prevención de hechos más graves o sistemáticos como la violencia psicológica, física y económica. “Forzar a las mujeres a denunciar cuando ellas necesitan protección y acceder a recursos, no basta. También hay mujeres en este país sin acceso a la vivienda y no me refiero a casas de refugio. Es más, en las situaciones de urgencia, ellas tampoco tienen  acceso a beneficios laborales. Todo esto es parte de proteger a las mujeres de la violencia”.

Para Toledo, entre las iniciativas poco efectivas  para garantizar los derechos de las mujeres, están las alertas de género que fueron establecidas por ley -a través de la institucionalidad- como un mecanismo gubernamental que se activa para adoptar medidas extraordinarias. Lo anterior, podríamos decir, equivalen a un estado de emergencia de género. “En México, se ha aplicado muy poco y nadie sabe bien qué es lo que supone exactamente”. Y agrega una crítica: “No porque se estén tomando medidas en alerta, está cambiando la realidad de las mujeres. El riesgo está en que esa alerta puede ser tomada por un agente de poder del Estado y declarar medidas que nosotras no pedimos”.

Este tipo de cuestionamiento  también se han dado en Chile , cuando a mitad de este año se instalaron cámaras de seguridad en los taxis colectivos como una medida reactiva a las denuncias de mujeres y adolescentes desaparecidas en la Región de Atacama, donde se activó un símil al llamado alerta feminista. Por último, profundiza su argumento diciendo que “el hecho que las mujeres tengamos derecho a una vida libre de violencia no es a costa de transformar nuestras vidas en una situación de alerta por el hecho de ser mujeres; podríamos pasar toda la vida así y no tiene sentido”.

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