El proceso constitucional, el “rechazo” y las organizaciones feministas

El proceso constitucional, el “rechazo” y las organizaciones feministas

0

Por Observatorio de Género y Equidad

Desde octubre de 2019, tras el “estallido social”, se repuso en la agenda nacional la elaboración de una nueva Constitución Política de la República. La Presidenta Bachelet había impulsado un proceso masivo de participación para la elaboración de esa nueva carta fundamental, pero el proyecto de reforma resultante había sido archivado por el entonces Presidente Piñera.

Exigida en las calles esa nueva Constitución, un sector político mayoritario firmó el “Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución” y las mujeres movilizadas trasversalmente lograron que la elección de una Convención Constitucional fuera paritaria, acuerdo aprobado ampliamente en el plebiscito de octubre de 2020. Las organizaciones y movimientos sociales presentaron numerosas candidaturas de mujeres, con la certeza de que habría igualdad de oportunidades de ser elegidas, y así se tuvo una Convención con mujeres electas por sobre la paridad.

Articuladas las mujeres en distintos espacios, propusieron un Reglamento Feminista y la consideración de la justicia económica de género, participaron en todas las instancias que abrió la Convención para recoger iniciativas (Iniciativas populares de norma, audiencias p, encuentros, etc.), acompañaron los debates y las propuestas de las convencionales feministas.

El texto resultante de un año de trabajo intenso -julio de 2021 a julio de 2022-  incluyó la agenda histórica de las mujeres, en los principios y los derechos fundamentales, en la forma del Estado, el sistema político y los poderes del Estado, el modelo económico y sistemas de conocimiento. Considera la paridad como principio en la política y la participación y en todos los organismos públicos, la igualdad sustantiva y no discriminación en todas las esferas económicas laborales y sociales, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, el derecho a una  vida libre de  violencia, los derechos sexuales y reproductivos, la transversalización de la igualdad de género en la justicia, en las políticas y programas públicos. Todo esto, además de derechos sociales como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, entre otros.

Dicho texto fue plebiscitado, con voto obligatorio el 4 de septiembre pasado, y fue rechazado por el 61,9% de las y los votantes, dando origen a negociaciones entre los actores políticos del Congreso Nacional para definir la continuidad del proceso constituyente comprometido en el plebiscito de 2020.

Hasta la fecha, los representantes de los partidos con representación parlamentaria en el Parlamento no han llegado a acuerdo respecto del mecanismo para la elaboración de ese nuevo texto constitucional a someter a la ciudadanía, aun cuando todos expresaron, en las campañas a favor y en contra del texto entregado en el mes de  julio, su voluntad de dar curso a un nuevo proceso en caso de ganar el “rechazo”. 

Las organizaciones de mujeres que reconocieron en dicha propuesta sus demandas y anhelos, se han detenido a evaluar lo sucedido, a analizar el nuevo escenario, a visualizar nuevas formas de acción para superar las dificultades del proceso anterior. Sin embargo, no está claro que las fuerzas políticas cumplan lo comprometido.

Desde la Plataforma “Nada sin nosotras” se convocó a conversar a distintas organización de mujeres en Punta Arenas, Arica y La Serena bajo la consigna “El proceso constitucional continúa”. Anotamos aquí parte de las reflexiones compartidas en esas ciudades.

En esas ciudades, las organizaciones de mujeres y feministas habían mostrado gran presencia en las calles, tanto en el estallido social de 2019 como el 8 de marzo de 2020. Después, ante el encierro por la pandemia habían desplegado distintas formas de apoyo comunitario en los territorios, en ollas comunes, panaderías populares y también ante el aumento de casos de violencia experimentados por mujeres. Se articularon en asambleas, redes locales y regionales, adquirieron peso y liderazgo en las instancias políticas y sociales.

El año 2021 estuvo cargado de procesos electorales, con campañas a las que se sumaron en forma individual o por cercanías políticas, bajo las formas tradicionales que validan prácticas machistas. La campaña presidencial absorbió el quehacer de la Convención y la instalación del nuevo gobierno dispersó las fuerzas de los sectores progresistas.

Es decir, desde 2019 muchas organizaciones y líderes han estado sobre-exigidas y reconocen un estado severo de cansancio.

Transcurridos casi tres meses del plebiscito de septiembre aún se siente la magnitud del rechazo al texto propuesto por la Convención Constitucional. Un resultado inesperado para la mayoría, si bien las visitas a las ferias libres, a las “coleras” en la línea del tren en Arica habían despertado la inquietud al constatar que la obligatoriedad del voto producía indignación en muchas de ellas. En los “puerta a puerta”, encontraban que la gente no había seguido el proceso, que había miedo instalado.

El trabajo durante el desarrollo de la Convención no fue fácil, se sentía lejano, sin fuentes de información de acceso rápido, con un canal único y veraz, sino mucha oferta en distintos medios, con informaciones confusas. Sintieron impotencia frente a las campañas de sectores interesados en el rechazo desde el inicio del proceso, porque no se respondía a las mentiras que instalaban. Además, había mucho que informar y era difícil ponerse de acuerdo sobre las prioridades. Era visible el financiamiento descomunal hacia el rechazo.

El texto propuesto encarnaba los consensos alcanzados en la sociedad en cuanto a un estado social y democrático de derechos, a las demandas de las mujeres y de sectores muy relevantes. Ahora les parece como un sueño lejano. “Le pusimos todo, está demasiado bueno”. Las expectativas eran muy grandes, pero se reconoce que hubo incapacidad de llegar a toda la población. “Fuimos ingenuas políticamente, por la épica, por los protagonismos”.

El “estallido social” había alentado la ilusión, estaban todas las demandas juntas, parecía incluso un momento revolucionario, pero no había un discurso unificador, hacia dónde iban las movilizaciones, y la salida política del Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución generó desconfianza. La participación en el proceso constitucional fue variable, influido por la tensión entre la autonomía de las organizaciones y la respuesta al acuerdo político del 15 de noviembre de 2019, con gran desconfianza por la pérdida de legitimidad de los partidos políticos. 

El éxito del apruebo en el plebiscito de entrada ejerció un efecto de sobre confianza y de “delegación” en las y los convencionales, a lo que se agregó cierta desafección, sentimiento de ajenidad e incluso rebeldía ante el centralismo -en Santiago- de las informaciones y debates, muchas sólo al final asumieron que la propuesta era buena. Muchas no entendieron la importancia de la Convención y la Constitución propuesta.

El resultado del plebiscito del 4 de septiembre produjo un verdadero shock, desolación, rabia, desesperanza, sentimiento de pérdida, de derrota, de desmotivación en las organizaciones. Tras el golpe inicial vino una paralización, pero paulatinamente días de análisis. Se asume que hubo cierta  soberbia por el resultado del plebiscito de entrada, y que por ello la derrota ha sido muy dolorosa, incluso con resentimiento hacia el pueblo que rechazó lo que realmente respondía a sus necesidades. 

Pero por sobre todo, se señala que faltó tiempo, tiempo para que se pudiera trabajar en forma más participativa y dialogada con la ciudadanía y poder así escuchar a los distintos sectores. La presión de los tiempos impidió dar vuelta opiniones que requerían mayor conversación o argumentación: la inmediatez, la consigna, la frase hecha. 

Destacan la falta de apoyo comunicacional a la Convención, la cobertura de medios de comunicación parcial, la falta de acceso a medios virtuales y la fragmentación en las redes sociales. No hubo una estrategia desde el inicio. Las comunicaciones fueron muy centralizadas, no se podía responder desde las regiones, donde hay pobreza de medios propios. No había recursos para difundir lo que se estaba preparando y explicarlo.

Evalúan que el texto sobredimensionó las demandas propias a nivel de interés colectivo, sin ver que lo logrado en la propuesta no es Chile, se quiso abarcar todo en un proceso tan corto, cada sector peleó por su lado, con los movimientos divididos. También se reflejó la crisis de la política, la distancia entre los partidos políticos y los movimientos sociales, y desde la Convención Constitucional, cierto divorcio en relación con lo que estaba pasando en la sociedad.

De hecho, consideran que se propusieron y desarrollaron conceptos en que faltó conexión con la vida real, que se produjo un efecto “burbuja” sin darse cuenta de que estaban rotas las comunicaciones. Se utilizaron conceptos que no se entendieron, por ejemplo, la Plurinacionalidad, que no se explicó hacia afuera. 

Consideran que faltó educación cívica y política de la ciudadanía, y faltó ponderar las consecuencias de la falta de esa educación. Apareció un pueblo desconectado de la realidad política y también la dificultad para construir identidad feminista dentro de los territorios, incluso, el discurso feminista en las regiones no era de fácil comprensión. Apareció el Chile racista, clasista, nada solidario, insensible al bien común.

Asimismo, falló la articulación, expansión o diversificación, la unidad en la diversidad, con menos protagonismos, lo que produjo dispersión del movimiento feminista. No se entendió que aprobar el texto propuesto era la madre de todas las batallas. Al mismo tiempo, las distintas elecciones de 2021 hicieron que se perdiera el foco de atención principal.

En la campaña del Apruebo, la forma tradicional de hacer política absorbió el proceso, impuso discursos y objetivos, al tiempo que se hizo presente la resistencia y rechazo a la política, cuando la magnitud de la campaña del rechazo hubiera exigido unidad y articulación. Liderada principalmente por varones, en las actividades no se instalaba el tema feminista. Destacan el rol de las iglesias pentecostales y su trabajo semanal, de la “familia militar”, de las empresas mineras y de los contratistas en el norte en el rechazo. 

Muchas organizaciones no trabajaron con los partidos en el proceso constituyente, trabajaron desde la autonomía, como movimiento horizontal, se restaron como colectivo, aunque no en lo personal. No se sentían representadas en el proceso y pesó la precariedad del activismo de las mujeres, con doble y triple jornada, en que no podían hacer más. Incluso algunas convencionales tuvieron dificultades para entrar a los espacios de mujeres y hacer campaña.

Tras el cansancio de la pandemia y la frustración por el rechazo del texto constitucional, las organizaciones se han apoyado en las propias compañeras, en las redes de organizaciones, en la historia y las memorias del movimiento de mujeres. El autocuidado y recomponerse a nivel personal es visto como prioritario, con espacios de reparación y duelo. Las activistas se reconocen precarizadas porque en el trabajo político no se considera la carga de cuidado que deben sostener. 

Se apoyan también en el desarrollo de nuevos proyectos, de formación, de fortalecimiento de la organización, para sumar a nuevas compañeras, nuevos liderazgos y así poder incidir. También, buscan recuperar las redes, el tejido social.

Piensan que, de abrirse un nuevo proceso constitucional, no saben si habrá interés y motivación, atendiendo a los costos que han pagado las que estuvieron en la etapa cerrada en septiembre, pero lo primero es que existan espacios de participación. Hay mucho temor de los posibles “amarres de las cúpulas partidarias”. Aspiran a que el órgano sea paritario y con escaños reservados y que no se cometan los mismos errores. 

Consideran necesario: trabajar en las bases territoriales, realizar educación cívica, educación popular desde todos los organismos de gobierno, crear redes de apoyo, trabajo y asociatividad. Proponen volver al método de educación popular Paulo Freire y profundizar en qué quieren las mujeres, qué les interesa; articular desde los territorios, desde lo simple, desde la educación y traducir las propuestas a las situaciones humanas. Visibilizar las demandas sociales en todas las esferas y abordar las necesidades de la vida versus un papel (el texto de la Constitución). La prioridad debe estar en el trabajo político y en el trabajo con las necesidades de la gente.

Asimismo, consideran que no deben esperar lo que diga Santiago para visibilizar y reconocer a sus líderes, que es necesario afincarse en lo propio, en el sentido de pertenencia, no en lo nacional. 

Al interior del movimiento de mujeres proponen generar encuentros que apelen a la memoria y de allí a la transformación, trabajar más unidas entre los diversos feminismos, cuidarse, protegerse para poder trabajar todas juntas, dejar los recelos y la competencia, las exclusiones y descalificaciones, generar complicidad. “Somos compañeras no amigas”, no nos juzgamos, no nos culpamos y desde lo personal a lo colectivo, en todo ámbito avanzar. Recobrar la porfía y confiar más allá de la derrota electoral. No soltarse.

El piso mínimo para el texto que se proponga debe ser: igualdad sustantiva y paridad, reconocimiento de los cuidados y el trabajo no remunerado, una educación laica, no sexista, los derechos sexuales y reproductivos, la salud integral, la vida sin violencia, las restitución de derechos, el reconocimiento de sujetos de derechos históricamente invisibilizados.

COMMENTS