Por Alejandra Villalobos
La Comisión de Constitución del Senado votará próximamente el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales: peligro de vida para la mujer, inviabilidad fetal incompatible con la vida y embarazo por violencia sexual. Este proyecto constituye uno de los ejes del segundo mandato de Michelle Bachelet, y se convirtió en la primera ocasión en que el Ejecutivo envía un proyecto de esta envergadura.
Actualmente, solo seis países penalizan la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia. En este grupo se encuentran Ciudad del Vaticano, República Dominicana, Malta, El Salvador, Nicaragua y Chile. La causal por violación es la que causa más controversia y la que ve más difícil su aprobación, pese a que en sondeos de opinión como la Encuesta Nacional UDP 2015, un 64,2% de las personas consultadas está de acuerdo con despenalizar el aborto en esta circunstancia.
En el escenario internacional, en el año 1985, España despenalizó el aborto en tres causales; las mismas que recién hoy están siendo discutidas en Chile. En este contexto, Miguel Lorente (54) médico forense español, docente de la Universidad de Granada y experto en violencia contra mujeres, conversó acerca de la vulneración de derechos de las mujeres y cómo la prohibición del aborto es un ejemplo más de que el machismo pone en segundo plano la decisión personal, sin tener un respeto real con la vida de ellas: niñas y mujeres.
Madre a la fuerza, violencia contra las mujeres
Representantes de diversas organizaciones, personas expertas en distintas ramas del Derecho, profesionales de la salud y testimonios de mujeres, tuvieron presencia en las comisiones del Congreso Nacional para aportar al debate. Dentro de los argumentos expuestos, se menciona que la penalización del aborto es una forma de violencia contra las mujeres, ya que se atenta contra su autonomía, capacidad de decidir; se atenta contra sus derechos sexuales y reproductivos. “Se quebrantan de manera integral, no hay una manera parcial de quebrantar los derechos humanos sino que cuando se toman decisiones por encima de la voluntad de la mujer en una conducta y en una situación tan trascendente como la de un embarazo no deseado, al final, lo que se está es situando a la mujer en un lugar totalmente secundario al plano de los hombres”, dice Lorente.
Lorente explica que el aborto no es una situación buscada por las mujeres y que las afecta a ellas, a su forma de vivir ese momento y a lo que será el resto de su vida. “No se puede reducir todo lo que significa para las mujeres al planteamiento sobre la interrupción voluntaria del embarazo, a lo que son esos nueve meses de gestación; puesto que estamos hablando del resto de las vidas de estas mujeres”.
En Chile, cerca de 66% de las mujeres que resultan embarazadas por violación son menores de edad. Sin embargo, no existe una ley que les permita, ni a ellas ni a ninguna, interrumpir el embarazo. “Si le imponemos a una mujer ser madre, estamos forjando algo que tiene mayores consecuencias que la imposición de una relación sexual, que la sociedad contempla como algo inadmisible y además penaliza por medio de la violación. Pero parece que no violenta tanto el hecho, o no se considera tan reprobable, que una mujer sea madre a la fuerza, es decir, sin necesidad de contar con su voluntad, con su consentimiento”, advierte Miguel Lorente.
Machismo y despenalización
Hasta el año 1989, en Chile se podían realizar abortos terapéuticos, bajo ciertas indicaciones. Como una de sus últimas acciones en el poder, la dictadura promulgó la Ley N° 18.826 que tuvo como consecuencia la prohibición total de cualquier práctica que provocase un aborto. “La no regulación del aborto, en ninguno de esos supuestos, durante muchos años, se ha traducido en mortalidad materna como consecuencia de abortos inseguros. Significa un desprecio a la vida, pero un desprecio a la vida de las mujeres”, sentencia el médico forense.
Para él, la defensa a la vida planteada por aquellos que se oponen a la despenalización (y prefieren mantenerlo en la ilegalidad) es solo una falsa pantalla, pues se permite que las mujeres fallezcan como consecuencia de la realización de abortos inseguros, lo que además, tiene directa relación con el machismo. “El hecho de que las mujeres acudan a abortos inseguros jugándose la vida, indica que no estamos ante un capricho de las mujeres, no estamos ante una opción de decir, «mira, hoy voy a abortar porque estoy aburrida«, no se puede ser tan simplista, estamos hablando de problemas graves que afectan a la vida (…) eso es consecuencia del machismo que siempre ha considerado a las mujeres en una posición inferior.”
Una violación sin resultado de embarazo posee un porcentaje de suicidio por sobre el 20%. “Estamos generando algo añadido de ese suicidio, entre otras muchas cosas, por lo tanto creo que deberíamos analizar mucho más seriamente y más fríamente lo que significa una violación, lo que significa un embarazo derivado de una violación”, plantea el profesor de medicina legal de la Universidad de Granada y autor de diversos libros sobre violencia machista como «Mi marido me pega a lo normal».
El proyecto de ley que se discute en el Congreso, establece que se podrá efectuar un aborto en caso de violación hasta las 12 semanas de gestación. Si la mujer es menor de 14 años, se considerará hasta las 14 semanas. «No tiene sentido que el conflicto sea un límite en el tiempo, no tiene por qué, estaríamos planteando problemas que trascienden lo que son los límites. Es decir, no puede ser que un embrión con 13 semanas y media, no sea problema y con 14 y medio sí lo sea, eso es absurdo y tenemos que volver a situar el problema no en el embarazo sino en la vida de las mujeres.”, dice Lorente.
Otro de los temas presentes en el debate en Chile es la objeción de conciencia de los médicos, ya que se contempla una indicación que les permite derivar a otros profesionales si existe una discordancia con su ética o principios personales. «Los médicos deben entender que son una parte de la respuesta clínica al problema de la interrupción del embarazo, no son quienes tienen que decidir. No es un problema de salud el embarazo no deseado, sino que es un problema social y por lo tanto, la parte de la medicina debe de posicionarse en aquello que exija una respuesta médica, que es el momento de la interrupción, del asesoramiento, del seguimiento, todo lo que haga falta”.
«Obligar a una mujer que ha sufrido una violación a que sea madre del hijo del violador es un trauma que puede generar consecuencias graves de por vida, incluso un factor que puede aumentar la tasa de suicidios que ya de por sí es alta tras una violación”, finaliza.
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