Chile; uno de los pocos países en que el aborto terapéutico es ilegal

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Por Patricia Zamora Valdés, Colectiva Feminista Mujeres Públicas, integrante Observatorio de Género y Equidad.
Columna publicada 22/09/2008
Diario La Nación

Lo cierto es que nuestras abuelas se practicaban “remedios” sin problema de conciencia alguno porque no existían anticonceptivos modernos y el aborto terapéutico era permitido por el código sanitario (1931-1989).

Hoy en Chile se realizan muchos abortos clandestinos, en condiciones seguras e inseguras. En 1990 Alan Guttmacher Institute estimó 160.000 abortos anuales, y en la actualidad Bonnie Shepard y Lidia Casas estiman que esa cifra decreció un 22% al reducirse la mortalidad materna y las hospitalizaciones por aborto. Es difícil medir las dimensiones del fenómeno cuando no es posible acceder a datos confiables, no favorece el registro que las mujeres que se lo practican arriesguen ir a la cárcel.

En el mundo, el aborto es una práctica legal que no trae complicaciones físicas ni psicológicas. Es anacrónico ver que los artículos 342 a 345 del código penal lo castigan bajo el título de “Crímenes y Delitos contra el Orden Familiar y la Moralidad Pública”, ¿Qué resguarda la ley? no es la vida de las mujeres, ni su seguridad, menos todavía su condición de ciudadanas y personas con derechos.

Existen tres tipos de mujeres que abortan: las con dinero para una clínica privada en que abortar con tranquilidad y secreto; las clase media que compran pastillas para abortar o pagan mucho dinero por un aborto realizado por personal mal calificado; y las mujeres pobres que se introducen palillos y tallos, o sondas con sustancias que les permiten abortar bajo el riesgo de una perforación del útero o de llegar a un hospital público, en que médicos/as y personal paramédico las maltratarán o denunciarán basados en su propias creencias. Chile es un ejemplo de inequidad social, en que las mujeres pueden tener mayor autonomía sobre los eventos reproductivos de su vida mientras mejor situación económica tengan, así sucede con el aborto por libre demanda y terapéutico gracias a la dictadura militar, y también sucede con la pastilla del día después gracias a 36 diputados UDI y RN y el recurso que interpusieron ante el Tribunal Constitucional en alianza con el Opus Dei.

Las mujeres no abortamos porque nos gusta ni porque es fácil, es la última salida a una situación problemática como dice el Dr Aníbal Faúndez. Nos vemos enfrentadas a la imposibilidad de tener pleno control sobre nuestras decisiones reproductivas y quedamos embarazadas sin querer. Razones hay como que no podemos negociar con nuestro marido o pareja cuando tener sexo; que nuestro acceso a anticoncepción es limitado por barreras culturales o legales; que no tenemos acceso a información que nos permita conseguirla; que nos embarazamos y tenemos que asumir casi la totalidad de la carga; que no podemos mantener más hijos aún siendo felices y buenas madres; que tenemos otros planes como estudiar o trabajar; que a veces estamos solas; que no queremos criar el producto de una violación; que engendramos molas o fetos sin cabeza y no queremos esperar 9 meses para parir lo que nunca será un niño o niña; que algunas mujeres no queremos tener hijos, y que a veces fallan los métodos anticonceptivos.

Chile firmó y ratificó tratados internacionales como la CEDAW, cuyo comité expresó preocupación por la penalización vigente al ser un obstáculo para la equidad entre hombres y mujeres. La población de este Estado “laico hasta donde se puede” está cada vez más dispuesta a que se legisle sobre aborto y el acceso para todas/os a los anticonceptivos. Así lo indicaron amplias mayorías a favor de la despenalización del aborto terapéutico, eugenésico y por violación en los sondeos del 2007, y la movilización social de abril del 2008 por la píldora del día después.

Aunque no exista voluntad política clara que apoye a la ciudadanía en esta materia, en Chile, hombres y mujeres tenemos que dar un debate respecto del país que queremos tener ¿Queremos un Estado tutelado por la jerarquía de la Iglesia Católica y el Opus Dei? ¿O queremos un Estado laico y soberano, en que las políticas públicas de salud y otros ámbitos sean científicamente sustentadas como ocurriría en un Estado moderno y ciudadano?