Documento de posición de la Campaña por una Convención Interamericana por los Derechos Sexuales y lo

38° Asamblea General de la OEA, Medellín, junio de 2008

Las personas y organizaciones integrantes de la Campaña por una Convención Interamericana por los Derechos Sexuales y los  Derechos Reproductivos expresan algunos puntos de preocupación sobre problemas que afectan la vida de las personas jóvenes en nuestro hemisferio y su derecho a disfrutar plenamente de la democracia. Especialmente, queremos llamar la atención sobre aquellas políticas públicas en el campo de la educación, la salud, el trabajo y la sexualidad.
 
Nos preocupa que los derechos sexuales y derechos reproductivos no estén comprendidos explícitamente como derechos humanos que deben ser respetados. Así mismo, que estos derechos no sean mencionados en la “Declaración de Medellín: Juventud y Valores Democráticos”, a pesar de que tienen gran importancia en la vida cotidiana de adolescentes y jóvenes, y su desconocimiento y violación puede afectar gravemente su desarrollo y participación social.
 
Aunque muchas veces las y los jóvenes tienen amplio acceso a la información,  la misma reproduce preconceptos y estereotipos sexistas y tienen enormes dificultades para una efectiva prevención de las ITS, el /VIH-SIDA, embarazos no deseados y sus consecuencias. En relación a esos temas, la población joven es más vulnerable y encuentra límites para su autonomía decisoria. Estos no son problemas de los y las jóvenes, sino de nuestras sociedades y gobiernos.

No basta que los y las jóvenes tengan  información sobre métodos de anticoncepción. Es necesario que tengan una educación sexual integral, laica y accedan a servicios de salud sexual y reproductiva, respetando la intimidad, confidencialidad y las elecciones personales. Los servicios en salud sexual y reproductiva deben ser diseñados con la participación de las y los jóvenes.

De acuerdo a los datos de ONU-SIDA y OMS sobre el SIDA, en los países de la región de 14.000 nuevos casos diarios por VIH cerca del 50% son personas de 15 a 24 años y de éstas cada vez son más mujeres. A pesar de eso, no hay un cambio de comportamiento significativo por parte de sectores juveniles en cuanto al uso de preservativos. Eso se debe a una conjunción de factores culturales y sociales que tienen que ser considerados. La salud es un derecho universal y el Estado tiene la tarea de garantizarlo para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Cambiar comportamientos no es fácil ni rápido, deconstruir siglos de una cultura que aún ve el cuerpo y la sexualidad de las mujeres como algo a ser controlado y asumir la responsabilidad de preservar la salud y las relaciones placenteras, pueden generar transformaciones positivas.

Es importante reconocer las diferentes formas de vivir la sexualidad, las diversas orientaciones e identidades sexuales y de género que abren un abanico amplio de posibilidades de relacionamiento humano. Es un gran desafío velar por el derecho de los y las jóvenes para que expresen libremente su orientación sexual, identidad de género, sus sentimientos y deseos, sin ser objeto de discriminación o persecución, tanto en los ámbitos doméstico, educativo, laboral y de salud, como en la plena participación social y política.

Así mismo se requiere preservar la integridad de personas intersex que sufren cirugías forzadas en los primeros años de su infancia lo que las transforma en víctimas de violencia.

El embarazo forzado es otra gran preocupación, pues lleva a un sector significativo de jóvenes y adolescentes a provocar el aborto de forma clandestina y acarrea muchas veces daños irreparables para la salud e incluso riesgos de muerte. Por otro lado encontramos en las periferias de nuestras ciudades y en los sectores rurales innumerables adolescentes que asumen con escaso apoyo la función de la maternidad.

Otro problema que afecta cotidianamente la vida de muchas jóvenes es la violencia de género física, sexual y psicológica. La cultura sexista ha dado permiso a los hombres para que traten a las mujeres como de su propiedad, dando lugar a la comercialización del cuerpo, la trata de personas, la explotación laboral y sexual. Frecuentemente el espacio doméstico es el lugar de mayor riesgo para la vida de las mujeres. Hay estudios que evidencian que en casos de violación, la mayoría de las veces el agresor es un miembro de la familia (padre, padrastro, marido y hermano). Es preciso no cerrar los ojos ante estas realidades que se agudizan en contextos de conflicto armado y diseñar políticas públicas que prevengan y sancionen esas situaciones. 

En el campo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, queremos llamar la atención sobre un aspecto fundamental que es el derecho al placer, al erotismo, a una vida sexual plena. Influencias religiosas mezcladas en la cultura, niegan la posibilidad de que los y las  jóvenes puedan tener una vida sexual libre y autónoma. Queda por tanto el desafío de respetar la sexualidad juvenil como un derecho que requiere condiciones objetivas para ser vivido.

Por último destacamos que para el pleno ejercicio de los derechos democráticos, es necesario reconocer a los y las jóvenes como actores concientes de sus necesidades físicas, sociales y emocionales, con capacidad para discutir y decidir sobre las políticas y programas que van a incidir en su vida sexual y reproductiva.

La Campaña por la Convención Interamericana por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos solicita a la Asamblea General de la OEA que visibilice estas preocupaciones y  derechos en la Declaración de Medellín.